Introducción
Constituye éste Artículo el primero de una serie de Ensayos, por cierto condensados, cuya unidad conceptual y metodológica la dará el examen, como inquietud central, de distintas opciones de reforma del Estado y del Régimen político, aunque teniendo siempre como referente fáctico la preocupación teórico práctica dominante en cada coyuntura; en este caso el problema de la reforma política en general y el del referendo en particular. Como lo sugiere la forma de presentación del escrito, para sus posibles lectura,discusión y uso social se buscará darle a cada cuadro conceptual analítico cierta independencia de tal forma que conserve su sentido aún por fuera del texto general del que hace parte.
Entre la ideología y el ensayo, en la mejor línea de Edgar Morin (1), estas anotaciones tienen como objetivo específico la exploración de los profundos cambios que se están insinuando tanto en la forma de Estado como en el régimen político en Colombia; en lo metodológico, del examen de acciones gubernamentales concretas orientadas a darle forma al Estado comunitario (nueva forma del Estado capitalista en Colombia, en lo programático planteada y buscada por Uribe), así como de la bifurcada reforma política (vías Congreso nacional y referendo) y de la Política de orden publico en sus impactos sobre los derechos ciudadanos y sobre las dinámicas de las organizaciones democráticas y del movimiento social en general, proporcionan elementos valiosos para evaluar, en una primera aproximación, la naturaleza, sentido y alcances de esos cambios.
Sea la que sea la índole de su proyecto de reforma estatal, por fin un presidente en Colombia se ha convencido de que en este país con el Estado históricamente instalado, resulta utópico, como decimos los paisas, aspirar a llegar a algún "Pereira"; tal como veremos la Constitución de 1991 definió las directrices prescriptivo-normativas de un nuevo Estado, entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, ente lo público y lo privado, entre el Estado social de derecho y el mercado, pero dejó la puerta abierta para que su específica configuración institucional quedase a merced, primero, de la Política "política"del gobierno de turno, segundo, de las correlaciones de fuerzas en el Congreso nacional y tercero, de la participación o no participación ciudadana; el problema de los movimientos sociales como constructores y de-constructores de institucionalidad, en cambio, quedó completamente por fuera del espíritu de la Constitución de 1991.(2)
Constituye la anterior una primera hipótesis de orientación de esta reflexión.
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