Inundación, desplazados y derechos humanos en la costa atlántica

"El progreso humano no es ni automático ni inevitable, el futuro ya está aquí y debemos hacer frente a la cruda urgencia del ahora. En esta encrucijada constante que es la vida y la historia, existe la imposibilidad de llegar tarde. Podemos rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas y seguirá su curso. Sobre montañas de blancas osamentas y desperdicios de múltiples civilizaciones se observan las terribles palabras: demasiado tarde". Martin Luther King:

Desplazados en Sabanagrande (Atl.) 1

La tragedia del Sur del Atlántico no es solo la del sur del Atlántico: es la tragedia de decenas de miles de seres humanos de la Costa Atlántica, igual que la de millones de colombianos que a diario viven sintiendo como pisotean su dignidad, su autoestima y sus más elementales derechos.

La tragedia que hoy vemos es solo una parte de la misma que la naturaleza ha puesto al descubierto. Cuántas promesas incumplidas, cuántas palabras vacías y huecas, cuántas obras inconclusas o que nunca se iniciaron debido a partidas presupuestales que nunca fueron giradas o que nunca llegaron a su destino simplemente porque no hubo políticas públicas para ello o, simplemente, porque las partidas presupuestales giradas desde el gobierno central se quedaron en los bolsillos de un gran número de corruptos gobernantes que la Costa Atlántica ha tenido durante toda su historia.

Esta tragedia que azota hoy a un poco más de un millón quinientos mil habitantes de las poblaciones de Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí, Repelón y Suán y de los corregimientos de Algodonal, Arenal, Puerto Giraldo, San Cristóbal, Gambote, La Peña, Hato Viejo y varios más pone al descubierto lo que todo el país conoce pero que todo el mundo calla en un silencio cómplice e hipócrita que envuelve las conciencias de los impotentes y de los indiferentes del país. Ellos, los desplazados por esta tragedia, son apenas unos cuantos miles de personas más que se suman a la corriente de desplazados internos que en Colombia se viene dando por culpa de la violencia, la pobreza y el cambio climático. Pero, frente a este caso, bien puede hablarse, como la manifiestan los gobernantes de turno, de una culpabilidad que recae en la naturaleza, pero quizás también, es posible convenir alrededor de una culpabilidad que recae en muchos de los dirigentes políticos que por años y años han dirigido los destinos de esta región. En este caso, cabe preguntarse: ¿quiénes son los verdaderos culpables de estos hechos?

La violencia, la pobreza y el cambio climático no era algo desconocido para los dirigentes políticos, las grandes empresas y las organizaciones aliadas o conexas del país. ¿Quiénes promovieron la violencia el desplazamiento de miles de campesinos costeños, quiénes son los culpables de la vergonzosa concentración del ingreso, quienes los responsables del daño al ecosistema? ¿En dónde están los instrumentos de los derechos humanos a escala nacional para mitigar la penosa situación delas víctimas?

Como verdaderos fariseos hoy los vemos rasgarse las vestiduras clamando al cielo y diciéndole al país que frente al desastre no hay solución posible. Para este desastre no hay solución posible, pero, en cambio si la ha habido solución pronta y generosa para crear uno de los ejércitos más grande del mundo para salvaguardar la riqueza de unos pocos. También ha habido solución posible y pronta para los dueños de los bancos en momentos de crisis, también para muchos terratenientes ricos a través de Agro Ingreso Seguro, para los floricultores y para otros tantos afectados por la revaluación del peso frente al dólar, en su momento.

Cambio climático y desplazados

Héctor Alejandro Sarmiento, campesino de 90 años, llegó proveniente de Campo de la Cruz, junto con dos personas más, a un albergue en Sabanagrande. Cuando llegó a esta población, él dijo que era agricultor y que no ha conocido otra actividad diferente a lo que siempre ha hecho: cultivar la tierra. El traslado, a sus años, lo ha traumatizado hasta el punto que, una semana después de haber llegado, no recordaba nada de lo ocurrido ni de su pasado. Tampoco tiene familiar alguno a su alrededor que le brinde una mínima protección. Nury Medina, también llegó a este pueblo desplazada con tres de sus pequeños hijos y tres más que, aunque no los conocía, los recogió en la carrera del desplazamiento. Se siente feliz de haber salvado la vida de seis pequeños, pero la tristeza envuelve su rostro al pedir que busquen o reubiquen a su madre que al parecer fue enviada a otro lugar. Ella no sabe a dónde. Estas son dos pequeñas historias que comienzan a alimentar la nueva situación de los desplazados.

La Cumbre sobre Cambio Climático reunida en Copenhague en diciembre del 2009, estuvo de acuerdo en señalar que los desastres naturales causados por el clima, el calentamiento y la degradación medioambiental están causando el desplazamiento masivo de personas que quedan al margen sin ninguna medida de protección. Estos desplazamientos se dan tanto a nivel interno, como también hacia otros países. Los desplazados, por estos fenómenos enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema que se acrecienta con el paso de los días en el momento de enfrentar la nueva condición. Difícilmente encontramos en el país la efectividad cierta de alguna institución, norma o instrumento que obligue o brinde la protección plena de los derechos de los desplazados.

La base real de todo derecho humano es la dignidad de la persona. La base moral y política para el Estado descansa en garantizar dignidad y libertad a sus ciudadanos igual que los derechos humanos de todos los habitantes. Si esto es así, entonces nos preguntamos: ¿En dónde estaba el Estado cuando la violencia paramilitar hizo de las suyas en esta región?; ¿En dónde estaba cuando la expansión de la pobreza y el menoscabo de los derechos humanos se campeaban en la Costa Atlántica por cuenta de los violentos, los políticos y las entidades que la promovieron y la respaldaron?

Hoy, con certeza, vivimos un mundo en transición, pero a los mismos viejos problemas de ayer han de sumársele las nuevas exigencias de hoy en un contexto distinto. La reciente Ley de Víctimas aprobada en el Congreso, brinda solución limitada y parcial para no lastimar a muchos culpables directos e indirectos de los años setenta y ochenta y aun los más reciente. Por otro lado se dice que el equilibrio fiscal no lo permite. ¿Acaso ha habido preocupación por el equilibrio fiscal cuando de salvar a las instituciones financieras o a otros sectores cercanos al poder central se trata?

Los municipios albergues y la clase política

Hasta el momento, algunos municipios de Atlántico, Bolívar y Magdalena han escapado de la tragedia aunque también la conocen de tiempo atrás. Sin embargo, la previsión y el buen sentido de la administración pública brillan por su ausencia frente al drama que se vive. La capacidad de estos pueblos que han servido de albergue a los desplazados se ha rebasado también: hasta el momento de escribir estas líneas los lugares de alojamiento escaseaban, al igual que la alimentación, las cobijas, los medicamentos. No había asistencia médica y mucho menos programas especiales para niños y adultos mayores y de la tercera edad. Tampoco para las mujeres embarazadas.

Muy pocos alcaldes y resto de autoridades responsables de estos municipios se han destacado por hacer suya la tragedia y hombro a hombro, día a día, sin desmayo alguno han brindado su ayuda personal y tratan de mitigar la penosa situación compartiendo el trabajo diario de la defensa y de la recuperación. Para destacar están los hombres y el alcalde Suán que se resisten a salir y a abandonar el municipio, y sin descanso y con la poca ayuda que les llega construyen minuto a minuto las nuevas defensas del pueblo. Otros alcaldes, sin embargo, tal vez la mayoría se han dedicado solo a esperar a que el dinero y las ayudas humanitarias les lleguen. No han visitado los albergues y poco conocen de la condición que allí se vive. Para aliviar la situación un puñado voluntarios y orientadoras del SISBEN 1 y de desplazados recurren a la acción caritativa y voluntaria de la población, pero esta es limitada y cada vez es menor. Sin embargo, para empeorar las cosas, grupos de desadaptados sociales han tratado de derribar los muros de contención de algunos municipios, entre ellos el de Sabanagrande, para provocar la inundación y reclamar luego las ayudas y aunque las autoridades lo saben, poco han hecho para evitar que esto suceda y se extienda la tragedia.

Cierto es que es muy poco lo que se puede hacer sin dinero, pero desconfía de aquel que cree que todo se resuelve con dinero. Estas administraciones de los municipios de la Costa Atlántica, en muchas ocasiones, las cubre un manto de dudosa reputación ya que han venido siendo orientadas y realizadas por cuenta directa de los políticos mayores – senadores y representantes a la Cámara- que, desde sus sedes centrales y sin moverse de allí, dirigen y orquestan la extensa y milimétrica red que los liga a la comedia electoral. Muchos de ellos son especialistas en el mercado electoral y en el trasteo de votos.

Por cuenta de esta farsa electoral (dolosa por cierto), se ha evidenciado que casi todos los famosos personajes políticos de la región, tanto como los que hoy ocupan una curul en Senado y Cámara, como los de ayer, desconozcan por completo la situación que se vive en estos municipios o vivan de espalda a la tragedia diaria de millones de costeños que ven pisoteada su dignidad y vulnerados sus derechos en medio de la tragedia y de la comedia electoral. Nada o muy poco saben de ello.

Estos importantes políticos, que siempre han desestimado el acercamiento cara a cara con el pueblo raso, ese mismo de carne y hueso que vive hoy la tragedia del desplazamiento forzado, no hay duda de que conocen a la perfección y mejor que nadie como funcional el oprobioso sistema electoral de la Costa Atlántica a través de una intrincada red de mercaderes de votos, pero nada han hecho para acabar con ese delito. El sur de las tres perlas es triste y a su tristeza han contribuido, de cierta manera, un puñado de corruptos, ineptos y rapaces dirigentes y su extensa red de funcionamiento electoral. Lo evidente hoy es que la tragedia ha desnudado el panorama social, político y económico del sur de las tres perlas del caribe colombiano y ha puesto sobre el tapete una desgarradora escena en la que la ausencia de políticas públicas en favor de la vida y del bienestar de la población es lo corriente y que en el horizonte político no se vislumbren acciones efectivas y presupuestales en favor de los desplazados, no solo por el cambio climático, sino por la violencia y la pobreza.

Ideas mínimas para un plan de recuperación de la región y de la crisis

Es indiscutible que la acción de las autoridades nacionales y regionales y la de otros actores de control, entre ellos la de la dirigencia política, para influir en favor y pro de un mejor estado de cosas en el curso de la vida de los habitantes del sur de las tres perlas del caribe colombiano ha sido nula o, en el mejor de los casos, muy escasa.

Desde un pasado lejano, las principales áreas sobre las que ha debido recaer la acción de las políticas públicas muestran un alto grado de deficiencia: el desarrollo social, la economía, el empleo, la política agraria, la infraestructura vial y de las comunicaciones, la salud, la seguridad pública, la distribución del ingreso y los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, muestran una deficiencia crónica o un grado de visible postración o, simplemente, no existen.

En esta extensa planicie, la cohesión social es débil y la cooperación y la interacción entre el Estado y otros actores muestra grietas insoslayables. La coordinación de acciones entre el alto gobierno, los organismos estatales y la comunidad se encuentran en una situación de sospechosa solvencia o fortaleza. Por todos estos aspectos es evidente una CRISIS – así, en mayúscula – que combina la economía, lo social, lo político y lo cultural. Es una crisis que no es de ahora, del presente, ni es pasajera. No es la crisis del boquete que la "naturaleza inclemente abrió en la carretera oriental". Tampoco es una crisis superficial. Ella evidencia una situación caótica que conjuga lo viejo con lo nuevo y la condición de una contradicción entre un capitalismo avanzado súper explotador notorio en las tres ciudades principales de la Costa y un sistema político perverso incapaz de resolver lo esencial de los derechos humanos de una población y de darle salida a los puntos más esenciales de la sociedad.

Nadie pone en duda la pérdida de confianza en los líderes políticos, empresariales y sociales de la región. A la par, existe una ausencia total de mecanismos y de instrumentos políticos y sociales que ofrezcan salida a los efectos perversos de la ausencia de una sociedad civil fuerte pero, a la vez, real y las más elementales condiciones de un estado democrático. Un predicado esencial de la democracia es el de la oportunidad para todos. Este sentido de la oportunidad allí en el sur de las perlas del caribe colombiano se ha perdido por completo. No existe, existen los padrinos políticos para unos cuantos, pero es todo.

Luciano Tomassini, infiere que la gobernabilidad depende entre otros aspectos del fortalecimiento de la sociedad civil, la evolución de la cultura política, la orientación y el comportamiento de la economía y la integración de nuevos sectores de la sociedad en el sistema productivo. Apoya el paradigma de que la gobernabilidad se relaciona con el ejercicio del gobierno y todas las otras con causas necesarias para que el gobierno pueda desempeñarse con eficiencia, legitimidad y respeto social. Estos aspectos que hacen parte de la agenda mundial para el desarrollo humano y se constituyen en patrimonio de la humanidad, no sólo se encuentran en pañales en amplios sectores de la Región Caribe, sino que la situación específica en la región afectada hoy por la tragedia se encuentra en franco retroceso.

Para este autor (1994) y otros más, como Coppedge (1994) al definir la gobernabilidad, concuerdan en señalarla como aquel grado en que las relaciones entre los actores estratégicos obedecen a unas fórmulas estables y mutuamente aceptadas. Los actores estratégicos son aquellos grupos que controlan uno o más recursos políticos como: los cargos públicos, asociados al gobierno; la información, asociados con los tecnócratas y los medios de información; los factores de producción, asociados con las empresas; la fuerza violenta, asociada al ejército y a la policía; los grupos activistas, relacionados con los partidos políticos y la autoridad moral, relacionada con la iglesia. Todos estos aspectos, para el caso que nos ocupa, se encuentran en la vía a ser reconsiderados a plenitud en una acción conjunta y estrecha con la población, si se desea realmente contribuir al desarrollo del sur de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Unido a lo anterior, es urgente que no se dilate más ni se tergiverse hacia otro tipo de análisis la necesidad existente en esta crisis para utilizar convenientemente la capacidad del Estado para actuar con decisión en la dirección de mantener el orden público visiblemente deteriorado; proceder con una reforma tributaria que conduzca a gravar las 200 empresas más grandes del país, la inversión extranjera, las grandes extensiones de tierra de todo el país y al sector financiero; regular la actividad comercial para evitar los brotes especulativos y, sobre todo, salvaguardar el estado social de derecho.

Para cumplir con las funciones anteriormente citadas y hacer frente a futuras situaciones similares a las que actualmente se viven, tanto en la Costa Atlántica como en gran parte del resto del país, se precisa de mayores recursos, lo que infiere que a mayor cantidad de recursos tenga el Estado, mayor será su capacidad de gobernabilidad. Para ello, es preciso que la sobrecarga presupuestal a la que es sometido el Estado como consecuencia de un excesivo número de congresistas con altos salarios y prestaciones, la financiación de los partidos políticos y unas fuerzas armadas sobredimensionadas, sea sometida a una revisión juiciosa, pero racional y acorde a la realidad nacional.

La insuficiencia de poder de intervención así como de la capacidad de dirección del aparato estatal que conlleva irremediablemente a que el Estado no sea capaz de responder eficazmente a las expectativas y exigencias, se traduce en una manifiesta falta de garantías de las libertades económicas y políticas y en un abuso y concentración del poder.

El PNUD y la Crisis de la Región al sur de las tres perlas del Caribe

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo líder en materia de gobernanza democrática del sistema de la ONU, ayudando a 166 países a través de 135 oficinas de país en todo el mundo. Invierte 34% de sus recursos totales en programas y proyectos de gobernanza democrática cada año, respondiendo a las inquietudes inmediatas de los países y a los objetivos de desarrollo humano para el largo plazo, incluyendo el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

A través de ayudas directas el PNUD ha demostrado que puede trabajar sobre el terreno en todas las regiones, generalmente bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. Los esfuerzos de gobernanza democrática de la organización, como bien se conoce, están centrados en cuatro áreas principales:

• Extender las oportunidades de las personas para que participen en la toma de decisiones políticas, especialmente las de las mujeres y los pobres. El PNUD presta su asistencia a elecciones en alguna parte del mundo cada tres semanas, en promedio, alienta a que más mujeres entren en la política e invierte en medios de comunicación libres e informados.

• Hacer que las instituciones democráticas sean más responsables y sensibles a los ciudadanos: El PNUD apoya uno de tres parlamentos nacionales en el mundo, ayudando a las administraciones públicas a prestar los servicios básicos y asegurando que las leyes se apliquen a todos.

• Promover los principios de gobernanza democrática – especialmente la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, el fortalecimiento de la mujer y la igualdad de oportunidades.

• Apoyar las evaluaciones del país de su gobernanza democrática, lo que permite a los países evaluar sus necesidades, monitorear sus progresos y alcanzar sus metas, y crear las capacidades de los diversos actores para recabar y analizar la información necesaria para tomar las decisiones correctas.

Todas las personas de un país esperan que sus líderes protejan de una manera efectiva y real a los ciudadanos más vulnerables, mantengan el orden y planifiquen el futuro. Estos aspectos, caros al sentimiento humano y al quehacer democrático, se muestran afectados negativamente y en grado sumo en la región afectada hoy y en muchas otras zonas de Colombia, con un aumento de la pobreza, la desigualdad social y el malestar social. Pretender, en estos momentos, aumentar las expectativas del país en torno a la penetración de la protesta social por fuerzas violentas, es simplemente un desafuero político que busca allanar el camino para criminalizar la protesta social.

Lo que las personas afectadas por la degradación medioambiental y el cambio climático, la violencia y la pobreza reclaman hoy es una acción decisiva del Estado para impulsar lo que desde siempre se le ha negado a la región sur del Caribe colombiano. Hacer que el Estado funcione y extender las oportunidades democráticas es lo urgente, el resto es simple y llanamente basura demagógica.

Autor:

Leonardo Gutiérrez Berdejo,

Economista

Sabanagrande, Diciembre de 2010