De lo dicho hasta aquí, se puede constatar la complejidad y tensiones de las relaciones entre magistrados y poder político (militares) que han marcado nuestra historia nacional desde la época de la Independencia y hasta nuestro pasado reciente, desde un San Martín delineando al Poder Judicial como un pilar esencial del modelo republicano de gobierno, pasando por un Velasco que convirtió al Poder Judicial en apéndice de su gobierno de facto y continuando con sus seguidores de la década del noventa.
Relaciones conflictivas que no ha sido más que el reflejo de una de las líneas tendenciales de nuestro constitucionalismo histórico que acentuó el predominio del Poder Ejecutivo y el régimen presidencialista, cuya exacerbación dio paso, durante los siglos XIX y XX, al fenómeno del "caudillismo" y "militarismo", bajo cuyo mano se dieron muchos períodos dictatoriales, autoritarios y despóticos; situación que determinó que uno de los rasgos característicos de las Constituciones de 1979 y 1993 sea su impronta antimilitar, enfatizándose el sometimiento del poder militar al poder civil, incluso en el ámbito judicial, carácter de nuestra institucionalidad que no tuvo un correlato en la realidad como es fácil de constatar en las páginas recientes de nuestra historia.
Sin perjuicio de lo constatado anteriormente, el Decreto Ley N° 18918, aparte de designar el 04 de agosto como "Día del Juez", dispuso que anualmente las Cortes Superiores de Justicia realizarán en esa fecha sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de los Magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de Justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República.
Como se puede apreciar, la valla impuesta por dicha norma legal deviene en sumamente alta como para que se la pueda superar con facilidad.
Sin desmerecer el valioso desempeño de innumerables magistrados, hombres y mujeres, en los distintos lugares del país, en el cumplimiento de la misión encomendada por el Estado para brindar el servicio de administrar justicia; es preciso indicar que la historia judicial no es rica en el registro de magistrados ejemplares, héroes civiles de la magistratura, que hayan contribuido sustantivamente a la correcta administración de justicia, al progreso de la cultura jurídica y a la emancipación de la República, tal como lo exige el Decreto Ley N° 18918.
Así, resulta evidente que la falta de independencia del Poder Judicial ante la injerencia y presión del poder político, junto a la ineficiencia y la corrupción, han constituido problemas que históricamente han afectado al servicio de administración de justicia del Perú y la moral de los magistrados, mucho más que la insuficiente autonomía presupuestaria, deteriorando la imagen y credibilidad de la judicatura ante la opinión pública, generando un sentimiento de desconfianza frente a la justicia oficial y su desaprobación social.
A pesar de ello, es posible mencionar a algunos magistrados emblemáticos del Poder Judicial y del Ministerio Público cuyo desempeño funcional se enmarcó en los parámetros normativos indicados, entre otros, tales como el fiscal supremo Guillermo Seoane, el vocal de la Corte Suprema de la República Domingo García Rada, el primer Fiscal de la Nación Gonzalo Ortiz de Zevallos, el vocal de la Corte Suprema de la República Carlos Ernesto Giusti Acuña, la jueza Antonia Esther Saquicuray Sánchez que en el caso "Barrios Altos" declaró inaplicable por inconstitucional una ley de amnistía, la jueza Inés Villa Bonilla al enfrentar la complejidad de los casos de corrupción generalizada de las últimas décadas, la vocal suprema Elcira Vásques Cortez Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, etc.
Finalmente, en atención a los aspectos mencionados anteriormente, es posible afirmar que reconocer y rememorar la valiente actitud de los y las magistradas mencionadas para resistir las presiones del poder político y militar, evitar la quiebra de la institucionalidad del Poder Judicial y priorizar el respeto de los derechos fundamentales de los justiciables previstos en la Constitución, los convierten en figuras emblemáticas por su contribución a la correcta administración de justicia y al desarrollo de la cultura jurídica del país, reflejo de sus convicciones éticas, de su independencia de criterio y de su estatura moral, que puede servir para elevar la autoestima de la magistratura, esencialmente porque su legado será el de permitirnos concebir optimistamente a los y las Jueces, no solo como pilares de la justicia, sino como defensores de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas de la República del Perú, tal como la soñó el Libertador don José de San Martín hace más de siglo y medio.
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J. Fernando Bazán Cerdán
Juez Especializado Penal de Cajamarca (Perú)
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