- ¿De qué viven las Escuelas de Gobierno?
- Caso Mexicano
- Subsidio directo a la oferta
- Músico pagado toca mal son
- Subsidio contra Autonomía
- Propuestas
Poca importancia se le ha dado al estudio de los efectos que genera el esquema de financiamiento de las instituciones educativas. Por esquema de financiamiento me refiero al mecanismo para obtener ingresos que permiten solventar sus gastos. Por ejemplo, en los casos de un obrero y de un empresario, los ingresos provienen del cliente que compra servicios o productos. Ambos casos se ubican en un sistema de riesgo, ya que si no dan un servicio o un producto del gusto del cliente, perderán los ingresos. Este sistema obliga al obrero y al empresario a actuar de la mejor manera posible para recibir el favor del cliente.
¿De qué Viven las Escuelas de Gobierno?
Pero en las escuelas de gobierno el sistema de financiamiento es muy diferente. La escuela recibe recursos directamente del gobierno. El personal recibe su cheque de la Federación. Este es un esquema de financiamiento denominado de "riesgo cero", ya que no importa si el cliente (los alumnos) queda satisfecho o insatisfecho pues no hay riesgo de que la institución o la burocracia que la dirige, pierdan ingresos ya que los alumnos no tienen influencia en ellos, pues no pagan nada ya que disfrutan de un sistema de "educación gratuita". De cualquier manera los cheques llegarán seguros y puntuales y todos los trabajadores cobrarán su quincena. Los profesores tienen garantizado el sueldo con plazas sindicales vitalicias y los directivos, además de sus sueldos, dispondrán de los recursos adicionales que envía el Estado; la escuela seguirá funcionando sin mayor preocupación.
¿Es Importante Saber de dónde Viene el Dinero?
Saber de qué vive una persona o una institución es de vital importancia. Hay países que viven del petróleo que extraen y con el producto de la venta del petróleo el gobierno construye escuelas "gratuitas", hospitales "gratuitos", casas "gratuitas" y "regala" despensas para que toda la gente no sufra de hambre. Crean así una economía ficticia basada en el subsidio. Esos países fracasarán tarde o temprano y sufrirán hambres cuando se agoten sus pozos, porque no usaron el petróleo de manera constructiva y productiva para desarrollar una economía sustentada en el esfuerzo y talento personal de sus ciudadanos. Transforman así la riqueza en desgracia de todo un pueblo. ¿Acaso no tenían alternativa?
Podemos decir que los esquemas de financiamiento poseen más importancia de la que solemos otorgarles.
El sector educativo mexicano está conformado por escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, bachilleratos, vocacionales, normales, escuelas de artes y oficios, universidades, tecnológicos, y asociaciones civiles y estatales dedicadas a la educación e investigación. Hay escuelas de gobierno, de la Iglesia y privadas.
El 80 por ciento de las escuelas son de tenencia gubernamental, el 15 por ciento están bajo administración de la Iglesia (y por lo tanto del Estado) y solo 5 por ciento son de propiedad privada. Empero, en el aspecto académico, todas las escuelas tienen, por ley, que estar bajo el control, autorización y supervisión del Estado.
¿Cómo sobreviven estas escuelas? Las escuelas de gobierno sobreviven por el subsidio que les otorga el gobierno. Los recursos para subsidiar al sector educativo gubernamental provienen básicamente de cuatro fuentes: Impuestos, petróleo, empréstitos y señoreaje derecho del soberano para imprimir dinero.
Sea por petición de la gente, por una promesa de campaña o porque los diseñadores de las políticas educativas del estado así lo consideran, el gobierno decide construir una escuela en determinado lugar. Para ello cuenta con las facultades constitucionales de expropiar terrenos, comprarlos o rentar algún lugar. Para la edificación de escuelas el Estado posee sus propias constructoras que estudian el terreno, diseñan el plan arquitectónico y entregan finalmente un edificio que será administrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La SEP nombra a un funcionario quien fungirá como director del plantel. Para llenarlo con personal docente, solicita al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que le envíe profesores. El sindicato también se encarga de enviar secretarias, vigilantes, prefectos, barrenderos, etc. Ya con todo el personal se abren las puertas para aceptar a los alumnos.
El aspecto digno de resaltarse aquí es que la escuela de gobierno se verá sometida a un esquema financiero que consiste en que el personal quedará integrado a la nómina del gobierno, se les considera trabajadores del estado y recibirán los beneficios que otorga el gobierno a todos sus trabajadores. No sólo serán parte de la burocracia gubernamental sino que pertenecerán al sindicato más grande de América Latina (más de un millón de miembros). Todo este esquema se establece con la finalidad de que los padres de familia no paguen de manera directa por la educación de sus hijos. En realidad sí lo hacen, pero vía impuestos, con la parte de petróleo que les corresponde, con deuda o con emisión de billetes. A todo este esquema le podemos llamar sistema de subsidio directo a la oferta.
Las escuelas bajo administración de la Iglesia son, en general, escuelas construidas por alguna orden religiosa apoyada por donaciones diversas. Sus locales, según la ley, no pueden ser propiedad de la Iglesia ya que ésta no puede ser propietaria de bienes inmuebles. Por tanto, pasan a ser Propiedad Federal. Sin embargo, la Iglesia cuenta con ciertas prerrogativas. Por ejemplo, las órdenes religiosas tienen la capacidad de nombrar directores de las escuelas, contratar profesores, determinar sus sueldos y salarios, decidir, con mayor autonomía, su propio crecimiento, etc. Por lo general estas escuelas solventan sus gastos de las cuotas que se cobran a los alumnos y de donaciones de gente altruista.
Las escuelas privadas laicas tienen por dueño a alguien que arriesgó su capital para comprar el terreno y edificar, o rentar el inmueble. Estos particulares tienen el derecho de contratar a sus profesores, decidir el nivel de sus sueldos, y cuentan con cierta libertad para decidir el monto de las colegiaturas. No reciben subsidio de gobierno, pero tienen que obtener el permiso del Estado para funcionar y sus planes y programas, deben ser los que le otorgue el mismo, y deben aceptar la supervisión continua de la SEP.
Así, en esencia, hay dos modelos básicos: el de las escuelas que viven de impuestos y el de las escuelas que viven de las cuotas que pagan los clientes. ¿Existe alguna diferencia significativa entre ambos?
Podría pensarse que este aforismo sólo vale para los mariachis, pero no es así. Si usted contrata a alguien para que pinte su casa, seguramente le pagará hasta que termine su trabajo. ¿Qué pasaría si paga todo por adelantado? El pintor, con el dinero ya en el bolsillo, se comportará de manera diferente que si no le ha pagado. Pagar por adelantado implica reducir a cero el riesgo de que el pintor no gane. Pagar hasta que termina hace que el pintor sienta que si no hace bien su trabajo puede ser que no le paguen. La clave de estos distintos comportamientos se encuentra en la generación de sistemas de riesgo cero o de riesgo al 100 por ciento.
Cuando una persona penetra en un sistema de riesgo cero, desempeña el papel de un burócrata cuyo ingreso es seguro. Pero si la persona está inmersa en un ambiente de riesgo al 100 por ciento estará fungiendo como empresario.
Si una entidad vive de subsidios del gobierno carece, naturalmente, del riesgo de perder ingresos, pues ya están otorgados. Esta es la gran diferencia que tienen con relación a una empresa privada cuyos ingresos dependen de la satisfacción del cliente.
La crisis educativa de las escuelas de gobierno se debe sobre todo al sistema de subsidio directo. Este transforma a todo el personal educativo en burócratas del Estado, que no necesitan preocuparse por mejorar el servicio educativo; recibirán su salario simplemente con desarrollar los planes y programas del gobierno. Esta situación inhibe la creatividad, la innovación y el mejoramiento de la educación ya que se genera un ambiente carente de la necesidad de competir con las demás escuelas.
Por otro lado, el que los profesores reciban su salario del gobierno también genera conductas inconvenientes hacia los alumnos y padres de familia. Poco pueden hacer los padres de familia ante un profesor irresponsable. Si se quejan con el director y éste pretende llamarle la atención al maestro es posible que tenga que enfrentarse con el sindicato que siempre se pone del lado del profesor. Además el director será mal visto por el resto de los profesores así que opta por no mover el agua. Lo mismo ocurre con un mal director de escuela: los padres de familia tienen poco poder para despedirlo, y si acaso ocurre, es posible que sólo se le cambie de escuela; las autoridades enviarán entonces otro que quizá termina siendo peor que el anterior.
Ni los alumnos, ni los padres de familia, ni los profesores pueden ejercer influencia alguna para corregir conductas inadecuadas del personal, del director, del sindicato o de mafias que se forman en el interior del plantel. Si un grupo de profesores decide cerrar la escuela en protesta por cualquier motivo, los padres de familia se ven impotentes y con resignación tienen que esperarse hasta que los profesores decidan volver a trabajar.
Los profesores carecen de la posibilidad de introducir cambios a los planes y programas pues todo se debe de hacer de acuerdo al plan oficial. Más aún, si algún profesor tiene buenos motivos para promover cambios, es posible que en castigo se le congele con su bajo salario durante muchos años.
No es un secreto que el mecanismo para que el gobierno tenga control casi absoluto sobre las escuelas se ejerce a través del presupuesto gubernamental. Las mismas autoridades educativas se han percatado del daño que provoca un sistema educativo tan centralizado y de allí ha surgido la idea de dejar en manos de las entidades estatales la responsabilidad de la educación. Sin embargo, aunque la intención parte de una preocupación legítima, no tiene consecuencias muy profundas debido a que el gran monopolio se transforma en 32 monopolios más pequeños, pero monopolios al fin. Además, el hecho de que los recursos siguen saliendo del gobierno central se incurre nuevamente en un inevitable centralismo vía subsidio, "el que paga manda".
Se requiere una estructura educativa fundada en un esquema financiero sano que permita a cada escuela ejercer una auténtica autonomía para innovar, mejorar y desarrollar mejores planes y programas.
El nuevo esquema de financiamiento que propongo consiste en cambiar los flujos financieros de manera que en lugar de que las escuelas vivan del subsidio gubernamental, vivan de las cuotas y colegiaturas que paguen los alumnos y padres de familia.
Para ser más preciso, quiere decir que ninguna escuela gubernamental debe recibir fondos públicos directos. El gobierno, en lugar de dirigir los subsidios a las escuelas, lo hará hacia los alumnos. Por ejemplo, a través de alguna institución bancaria el alumno recibe un bono intransferible para que lo coloque en la escuela primaria que libremente haya elegido.
Con esta propuesta no se está eliminado el sistema de educación gratuita ya que el alumno, a pesar de que paga en la escuela de su preferencia, en realidad no le cuesta, pues está recibiendo el bono del gobierno. Aquí lo importante es que la escuela empieza a tratar al alumno como un cliente importante al cual debe dar un buen servicio educativo pues de otra manera el cliente se va a otra escuela y con ello la primera pierde recursos.
Esta propuesta lleva toda la intención de transformar en juez al alumno y al padre de familia, de manera que pueden castigar o premiar a la institución educativa que hace mal o bien su trabajo. Con este sistema, en realidad se está creando un sistema de riesgo donde la escuela sabe que para vivir bien tiene que hacer mejor su trabajo. En otras palabras, se introduce un sistema de sana competencia. Todas las escuelas estarían interesadas en recibir y retener a la mayor cantidad de alumnos y para ello intentarán ser mejores que las demás. De esta sana competencia los clientes, es decir, los alumnos, serían los más beneficiados. Por supuesto, este no es más que el primer paso para lograr una revolución educativa en la educación básica.
En el pasado, cuando se logró romper el monopolio educativo de la Iglesia se logró una gran revolución educativa. Infortunadamente pasamos del monopolio religioso al estatal de la educación. Hoy se hace necesario romper este monopolio para dejar la educación en manos de la sociedad, de todos aquellos que deseen aportar el mejor de sus esfuerzos y talentos para construir un buen sistema educativo mexicano.
Para ello se requieren las siguientes reformas financieras.
a) Si se ha de mantener el sistema de "educación gratuita", que no sea subsidiando a la burocracia sino al alumno.
b) Se debe crear un fondo para financiar a todos aquellos que deseen fundar escuelas privadas de todo nivel. Es necesario preocuparse por el desarrollo del sector privado para incrementar el nivel de competencia entre estas escuelas y con ello el mejoramiento de la calidad así como el establecimiento de cuotas y colegiaturas más accesibles a la población. Además, con la creación de este fondo, en realidad se estaría destinando más recursos a la educación pero sin gastar un sólo centavo, ya que con el tiempo se cobraría el dinero con su correspondiente interés.
c) Es necesario crear un fondo para financiar mediante créditos a los alumnos para que compren sus libros, computadoras o lo que necesiten. Que el alumno pueda disponer de recursos financieros de manera inmediata y que el pago lo pueda hacer cuando termine su carrera y con plazos adecuados.
El buen manejo del dinero federal puede ser un factor detonante y constructivo de una gran revolución educativa en México. Bajo mejores esquemas de financiamiento los dineros pueden transformarse en una gran palanca para lograr un sistema educativo de calidad, a la altura de los retos que nos impone el mundo moderno. Las cartas están sobre la mesa: continuar con un sistema educativo burocrático de monopolio gubernamental o construir un sistema educativo justo, dinámico y competitivo en manos de la sociedad.
Por
Santos Mercado-Reyes