La prensa escrita y su cobertura de los conflictos por la libertad de prensa en Puerto Rico: 1994-2004

Durante gran parte del siglo XIX la prensa puertorriqueña enfrentó la censura oficial bajo el régimen español y bajo el gobierno militar estadounidense.[1] Esto se debió principalmente a los intentos del estado por influenciar o controlar lo publicado por los medios de comunicación. Durante el siglo XX la situación mejoró, sin embargo aún ocurrieron intentos de censura oficial en la década de los cuarenta, como lo fue la llamada "Ley de la Mordaza" de la época del gobernador Luis Muñoz Marín.[2] Luego de esto, los últimos intentos oficiales de censurar la prensa de la Isla lo fueron las iniciativas del gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) para controlar el acceso a la información gubernamental a principios de los años noventa.[3]

A mediados de la década de los noventa los conflictos entre la prensa y el gobierno de Puerto Rico tomaron otro cariz. Los intentos del estado por influenciar los medios noticiosos se apartaron de la via directa o censura y se tornaron indirectos. Entre estos medios "indirectos" se encontraban las críticas a los medios y principalmente la presión económica. Es importante destacar la importancia de las presiones económicas como medio de influenciar los medios, ya que se debe tener en cuenta que los medios de prensa son empresas que persiguen una ganancia económica.

En este trabajo investigo una de las situaciones de conflicto entre el gobierno de Puerto Rico y uno de los medios de prensa en la Isla a finales de la década de los noventa. Dicha situación lo fue la pugna entre el periódico El Nuevo Día y el gobierno de Puerto Rico entre los años de 1997 a 1999. Es de mi interés analizar la cobertura periodística que recibió este conflicto y las posturas asumidas por una de las partes envueltas, El Nuevo Día, y su principal competidor el periódico El Vocero, durante el transcurso del conflicto. Para ello analizo las noticias que ambos diarios publicaron sobre la pugna entre 1997 y 1998, intentando en la medida que sea posible comparar sus posiciones y los factores que las influenciaron.

El gobierno de Puerto Rico y la prensa en los años noventa

Una vez pasada la controversial época del gobierno de Rafael Hernández Colón (PPD), la nueva administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), que asumió el gobierno en 1993, planteó una política de apertura con la prensa del país en donde el gobierno trataría a los medios como un colaborador. En esa administración se nombró al publicista peruano Alberto Goachet como director de la Oficina de Comunicaciones de la Fortaleza, quien se comprometió a mejorar el acceso a la información gubernamental y "mejorar" la imagen del gobierno y del gobernador Pedro Rosselló González.[4]

Sin embargo, a pesar del panorama alentador para la prensa, las cosas no marcharon tan bien como se esperaba. Las discrepancias entre varios medios y el gobierno se iniciaron con la creación de la Oficina Central de Comunicaciones. Dicha oficina, que estaba destinada a proveer información a la prensa, fue cuestionada por el periódico El Nuevo Día alegando que ésta podría limitar la información a los medios que no estuvieran en sincronía con la política pública del gobierno.[5] La tirantez entre el gobierno y la prensa se acrecentó luego de que varias gestiones de la administración se mantuvieron secretas y fueron cuestionadas por los periódicos.[6] Estos incidentes causaron que Alberto Goachet se manifestara de forma negativa sobre la prensa[7]lo que provocó una reacción crítica de las organizaciones periodísticas del país y otros medios noticiosos. Ante los reclamos de la prensa, que pedían la destitución de Goachet, el gobernador calificó las expresiones de este como "normales" y descartó pedirle que se disculpara por ellas.[8]

Entre los años de 1994 a 1996 las relaciones entre el gobierno y la prensa estuvieron plagadas de encontronazos, muchos de ellos reseñados en las páginas de El Nuevo Día. Si bien fue cierto que el gobernador Rosselló firmó en octubre de 1994 el llamado "Acuerdo de Chapultepec", apoyando los principios de una prensa libre,[9] en la práctica muchos de estos principios se vieron violentados en diversos incidentes públicos entre funcionarios de la administración y los medios noticiosos.[10] Entre las columnas publicadas por El Nuevo Día en esas fechas se destacó una de María Judith Luciano[11]en la sección "Perspectiva", en donde la periodista hace un recuento de los ataques personales y profesionales a los periodistas por parte de un grupo de funcionarios del gobierno "a quienes les incomoda la manera en que la mayoría de los periodistas enfoca la noticia".[12] El artículo de Luciano criticaba estos incidentes calificándolos como "artimañas contra la prensa para hacer sentir la conquista del poder".[13]

Los incidentes de los años 1994 al 1996 prepararon el escenario para lo que vendría más tarde, la pugna entre El Nuevo Día y el gobierno. Este hecho, que si bien estuvo perneado por intereses de tipo económico, se planteó públicamente como una lucha por la libertad de prensa en Puerto Rico, y en palabras de un periodista, "no tenía precedente en una larga trayectoria de enfrentamientos entre el periodismo puertorriqueño y el poder del Estado".[14]

Inicio y desarrollo del conflicto

El conflicto entre El Nuevo Día y el gobierno de Puerto Rico se inició durante los primeros cien días del segundo cuatrienio de la administración del gobernador Pedro Rosselló y el PNP. Durante los meses de enero hasta abril del 1997 las noticias publicadas por el periódico de la familia Ferré plantearon múltiples denuncias de fraude, irregularidades y conflictos en la administración gubernamental.[15] Esta serie de denuncias provocaron una reacción negativa en las altas esferas del gobierno y para mediados de abril del 1997 se emitió una orden para que dieciséis agencias del gobierno y corporaciones públicas cancelaran sus anuncios publicitarios en El Nuevo Día.[16] Inmediatamente el periódico calificó la acción como un "atentado contra la libertad de prensa", y publicó un editorial de su presidente Antonio Luis Ferré, y varios artículos en los que entre otras cosas se acusaba al gobernador de haber violado la "Declaración de Chapultepec" sobre la libertad de prensa y se planteaba que El Nuvo Día combatiría ese "intento de evitar que un medio independiente le informe al país".[17]

En los días que siguieron a la cancelación de la publicidad gubernamental en El Nuavo Día, este diario publicó varias notas en las que planteaba que el gobernador negaba haber ordenado la cancelación de los anuncios, pero defendía la decisión de las agencias que lo hicieron.[18] Además, el periódico publicó las opiniones de otros medios de comunicación que también habían enfrentado censura y presión del gobierno por medio de "retirar" anuncios gubernamentales. Entre las opiniones presentadas resultó interesante la del presidente del periódico El Vocero, Gaspar Roca, quien se reservó sus comentarios para un futuro editorial, ya que según él, no quería "complicar el asunto".[19]

De acuerdo con algunos periodistas, fue difícil en aquel momento coincidir en cuanto a las verdaderas razones para la pugna entre el Nuevo Día y el gobierno. Sin embargo, estaba claro que la acción del gobierno era una "nueva técnica" que representaba un peligro para la prensa.[20] Ante la situación, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y algunos periodistas independientes recibieron duras críticas por apoyar los reclamos de El Nuevo Día.[21]

Durante los meses de abril a agosto del 1997 los dos periódicos principales El Nuevo Día y El Vocero asumieron posturas muy particulares sobre el conflicto desatado entre la prensa y el gobierno. El Vocero continuó publicando anuncios del gobierno[22]y mantuvo silencio sobre la pugna entre El Nuevo Día y el gobierno.[23] Por su parte El Nuevo Día desplegó sus "armas" en las páginas del diario y publicó múltiples noticias que servían de apoyo a sus reclamos. Salieron artículos en los que periodistas del país criticaban la posición de algunos periódicos de la competencia[24]y se reportó el que varios periódicos de los Estados Unidos criticaban la acción del gobierno de la Isla.[25] Es importante señalar que a pesar de los alegatos de "independencia" entre la línea editorial de un periódico, su postura política, y lo que escriben sus periodistas, en ocasiones, los directivos de un diario utilizan las noticias y fotos que publican para influenciar la opinión pública y establecer unas posiciones. Esto se hizo bastante evidente a medida que se intensificó la pugna entre el gobierno y El Nuevo Día.

En el mes de diciembre del 1997 la prensa puertorriqueña fue duramente criticada por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José A. Andreu García, quien se quejó de las "críticas exageradas" que los periodistas hacían a las actuaciones de los tribunales.[26] En esta ocasión, el periódico El Vocero publicó un editorial criticando las expresiones de Andreu, señalando la mala opinión del juez sobre la labor periodística e indicando que los argumentos de éste eran una "mordaza disimulada".[27] Sin embargo, pese a esta defensa a la libertad de prensa, este periódico hasta esa fecha no había publicado nada relacionado con el caso del Nuevo Día, y continuaba publicando anuncios del gobierno.[28]

El punto culminante en la pugna entre El Nuevo Día y el gobierno de Puerto Rico ocurrió en diciembre del 1997, luego de varios meses de hostigamiento por parte del gobierno contra las empresas Ferré e intentos fallidos por zanjar la disputa[29]cuando Antonio Luis Ferré entabló una demanda en el Tribunal Federal contra el gobernador Rosselló y siete funcionarios de su administración. En dicha demand, El Día Inc., la Puerto Rican Cement y su subsidiaria Desarrollos Múltiples Insulares, reclamaban acción legal por violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa y expresión, a la Quinta y Decimocuarta Enmiendas, que garantizan el debido procedimiento de ley, y a la Ley de Derechos Civiles. En este proceso las empresas de los Ferré pedían protección al tribunal contra el "abuso de poder gubernamental" para "tratar que el periódico cambie su línea editorial y publique reportajes que den trato un preferencial o favorezca la administración Rosselló".[30]

La batalla legal iniciada con la demanda de El Nuevo Día, a pesar de envolver aspectos económicos, se transformó en una lucha por mantener la prensa libre del control del gobierno, y según Antonio Luis Ferré, para detener "al abuso, la persecución y al acoso de manera directa o indirecta, por medios sutiles y no sutiles para doblegar al periódico".[31] En un editorial publicado en esas fechas el presidente y editor de El Nuevo Día reafirmó que su decisión de demandar al gobernador no respondía a motivaciones personales, políticas o económicas sino, al interés por defender un principio democrático en Puerto Rico.[32]

La respuesta del gobierno a la demanda no se hizo esperar y es claramente observable en varios artículos de El Vocero.[33] Dicho periódico se dedicó en esas fechas a publicar las reacciones de varios miembros del gabinete que restaron meritos a la demanda y alegaron "agendas escondidas" tras la movida de las empresas Ferré.[34] El gobernador Rosselló calificó la demanda como una "acción estrictamente económica" de "un empresario para proteger sus bienes privativos".[35] En varias ocasiones el gobernador negó que la cancelación de la pauta publicitaria fuera una represalia contra El Nuevo Día, sino una decisión gerencial para buscar mejores opciones de comunicación y señaló que mas bien él era la víctima de una persecución del diario, que ahora utilizaba la demanda como "un medio para tratar de intimidar y coaccionar al gobierno".[36]

Desenlace del conflicto

En enero de 1998 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió un comité investigativo para analizar el caso de El Nuevo Día y tan pronto como se iniciaron las audiencias de dicha comisión, El Nuevo Día y El Vocero reafirmaron sus posturas sobre el conflicto, hecho que se puede percibir en los artículos publicados.[37] El Vocero, que se había mantenido publicando noticias favorables sobre la gestión del gobierno, presentó el inicio de los trabajos de la SIP en una noticia donde se calificaron de "supuestos" los atentados contra la prensa y se destacaba la opinión del gobernador de que Antonio Luis Ferré estaba "defendiendo sus intereses…porque el gobierno optó por ser cliente de otros diarios".[38]

La visita de la comisión de la SIP y la ponencia del gobernador Rosselló ante ésta fueron eventos llenos de controversia.[39] El Nuevo Día publicó los sucesos de dicha ponencia y destacó los alegatos del gobernador sobre las supuestas motivaciones económicas y "políticas" de la demanda del periódico y las críticas que hizo Rosselló a la prensa de la Isla.[40] Por su parte El Vocero hizo lo mismo pero destacando la forma en que el gobernador cuestionó las acusaciones en su contra y la defensa que hizo de sus decisiones. El Vocero también destacó el tenso enfrentamiento que surgió cuando el presidente del comité de la SIP, Danilo Arbilla hizo alusión a una "dictadura" en Puerto Rico y la respuesta del gobernador Rosselló quien dijo que "no permitiré que insulten al pueblo".[41]

El día en que se reportaron los incidentes de la ponencia del gobernador Rosselló ante el comité de la SIP, el periódico El Vocero publicó una "Carta abierta a la SIP"[42] en la que hacía públicos comentarios que dicha institución le había solicitado para la investigación del caso del Nuevo Día. Esta carta abierta planteó la posición de El Vocero ante la pugna y presenta sus dudas sobre el caso. El documento comienza haciendo críticas a la SIP y cuestionando el que la comisión haya investigado el caso sin escuchar otras versiones de personas que no fuesen ejecutivos de El Nuevo Día, añadiendo que el comité daba la impresión de que investigaba "lo que ya se concluyó hace ya varios meses".[43]

En su carta abierta, los directivos de El Vocero destacaron la trayectoria de su periódico como investigador y su militancia contra la corrupción y la secretividad en el gobierno, y conjuntamente con ello cuestionaban la legitimidad de los reclamos de El Nuevo Día. Según El Vocero, ellos habían publicado noticias contra el gobierno desde antes que El Nuevo Día y la administración Rosselló no tomó represalias en su contra.[44] Además, El Vocero planteó que las demandas de persecución hechas por las empresas de los Ferré carecían de legitimidad, ya que la negación de permisos gubernamentales a éstas respondía a que dichas empresas operaban de forma "irregular" al margen de la ley. Finalmente el documento de El Vocero culminaba cuestionando la confiabilidad de la investigación de la SIP, algo que "preocupaba" al periódico, ya que éste era miembro de dicha asociación.[45]

Al analizar esta "carta abierta" de El Vocero puede percibirse claramente que el diario, supuestamente en aras de mantener la credibilidad de la SIP, hace señalamientos de "parcializacion" y siembra dudas sobre el proceso investigativo de la institución. Además, el periódico levanta argumentos para intentar exonerar al gobierno de cometer persecución contra los medios de prensa que le critican.[46] Sin embargo, esta postura del periódico viene a plantearse luego de haber estado varios meses beneficiándose de los anuncios del gobierno, que habían sido retirados de El Nuevo Día, y de estar publicando noticias favorecedoras a la gestión gubernamental. Gestión esta que claramente beneficiaba comercialmente al diario, ya que aumentaba su pauta de anuncios gubernamentales y debilitaba la posición económica de su rival comercial.

Junto a la publicación de la "carta abierta" de El Vocero, este diario también publicó noticias de seguimiento que arrojaban dudas sobre el proceder de la SIP.[47] Al presentarse el informe de la SIP sobre el caso, El Vocero publicó una noticia donde decía que se había "formalizado lo que ya todos esperaban"[48], que el comité de la SIP reafirmaba el gobernador había atentado contra los derechos de la prensa al paralizar las pautas publicitarias del gobierno en El Nuevo Día. En esta noticia también se señalaba que el informe de la SIP se había preparado en una "cena" entre el presidente del comité y la Junta Directiva de El Nuevo Día.[49]

El caso en los tribunales entre El Nuevo Día y el gobierno de Puerto Rico vino a resolverse a finales del 1998 y mediados de 1999.[50] El Juez del Tribunal Federal José A. Fusté, quien vio la demanda de El Nuevo Día, determinó que el caso se vería antes de las elecciones generales del año 2000. Además, el juez determinó en agosto de 1998 que a los demandados, incluido el gobernador Rosselló, no les asistía el privilegio de inmunidad y por ello podían responder personalmente por las reclamaciones hechas por El Nuevo Día. Entre los argumentos citados por el juez en su resolución se encontraban casos en los Estados Unidos que habían establecido precedentes sobre cómo los periódicos debían estar libres de represalias por parte del gobierno, incluido el retiro de la publicidad gubernamental.[51]

A comienzos del 1999 el gobierno, que había apelado su caso al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, recibió un revés cuando dicho tribunal ratificó la decisión del juez Fusté. Quedaba establecido que el uso de la publicidad gubernamental para coaccionar a los medios de prensa violaba la libertad de prensa. Además, se hacía claro que ante un fallo adverso en un juicio, los demandados responderían con sus bienes "personales". Ante esta situación se transó la demanda y entre enero y mayo del 1999, luego de dos años de litigio, se llegó a un acuerdo "sin precedente en Puerto Rico y los Estados Unidos".[52] Dicho acuerdo conllevó que el gobernador firmara una orden ejecutiva estableciendo criterios uniformes para la pauta comercial oficial en la prensa y otros medios de comunicación. Además, se estableció que el Juez Federal Fusté mantendría su jurisdicción sobre el caso y de surgir alguna violación a lo suscrito, el periódico podría pedir al juez que ordene al gobierno cumplir con su parte.[53]

Hostigamiento y violencia contra la prensa después del 1998

Pese a que la demanda de El Nuevo Día resolvió el problema sobre los intentos de coacción del gobierno sobre la prensa puertorriqueña, la situación del periodismo en la Isla no mejoró tanto como era de suponerse. En el periodo en que se dilucidaba el caso se suscitaron diversos incidentes de hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales contra periodistas que denunciaban la corrupción gubernamental.[54]

Entre los años del 2000 al 2004 los incidentes contra la prensa fueron de "variada intensidad" y asociados con la labor fiscalizadora de los periodistas sobre las acciones de los líderes políticos. Los incidentes fueron desde rotundas negativas de la gobernadora Sila María Calderón a contestar preguntas de la prensa, hasta serios enfrentamientos entre periodistas, lideres políticos y ciudadanos. En estas dos últimas instancias cabe destacar los incidentes de de junio y julio del años 2004, en los que durante la preparación para la campaña electoral de ese año, un alto líder del PNP protagonizó un violento ataque verbal contra un periodista. Esta acción fue muy criticada por diversos sectores del país, en especial por las asociaciones periodísticas, quienes exigieron disculpas públicas.[55] Sin embargo, este incidente fue el inicio de para un mayor ataque a la prensa que ocurrió a mediados de junio de 2004 en medio de una manifestación convocada por lideres del PNP. En dicha ocasión decenas de manifestantes gritaron insultos a los periodistas que fueron a cubrir el evento, llegando en ocasiones hasta la violencia física.[56] Este incidente fue duramente criticado por diversos sectores de la sociedad y calificado por algunos como una "estrategia" para desviar la atención y proyectar a los periodistas como adversarios.[57] Ante la situación, diversos organismos periodísticos del país, así como otros de carácter internacional, repudiaron y denunciaron oficialmente el ambiente de hostilidad verbal contra los periodistas, que se había fomentado oficialmente en diversas entidades como el PNP.[58]

Conclusión

Durante la década del 1990 los intentos del estado por influenciar la prensa puertorriqueña asumieron un carácter indirecto, diferente a los de otras épocas en la historia de la Isla. Si bien fue cierto que en los noventas el gobierno de Puerto Rico se declaró partidario de la libertad de prensa, en la práctica resultó ser todo lo contrario. La presión económica y las criticas a los medios fueron las formas para intentar doblegar a aquellos que no estuvieran en sincronía con las decisiones del gobierno y criticaran sus acciones.

La pugna de El Nuevo Día puso de manifiesto las actitudes y posturas de los periódicos principales ante la nueva técnica de intimidación del estado. El periódico El Nuevo Día utilizó sus columnas para denunciar sus reclamos y fiscalizar al gobierno. Esto como forma de mostrar a la opinión pública, que retirarle la publicidad gubernamental no era una simple decisión gerencial, si no un claro intento por controlar su línea editorial. El Nuevo Día mediante sus reportajes y fotos constituyó una defensa ante los ataques del gobierno de Pedro Rosselló y de sus rivales periodísticos, entiéndase el periódico El Vocero.

La posición del periódico El Vocero ante el conflicto de El Nuevo Día fue una acomodaticia, en la que se mantuvo recibiendo los ingresos de la publicidad retirados a su competidor y no emitió comentarios sobre la situación. Al contrario, al analizar lo publicado por El Vocero en esas fechas, se percibe un intento por resaltar la imagen de la administración gubernamental, mientras se guardaba silencio ante la situación de su competidor. Además, en el momento en que El Vocero hace pública su posición sobre el asunto, lo que hace es prácticamente respaldar la posición del gobierno.

La lucha en los tribunales de El Nuevo Día contra el gobierno tuvo el efecto de transformar la pugna entre ambos. Si bien fue cierto que dicha pugna envolvía asuntos económicos, lo que el gobierno y El Vocero sostenían como la principal motivación, las acciones de la administración Rosselló contra los Ferré demostraron un claro intento de intimidación. Ante la opinión pública, este elemento poco a poco convirtió la pugna en una lucha por mantener a la prensa libre del control del gobierno. Con ello quedaron validados los reclamos de El Nuevo Día, de que el gobierno intentaba doblegarlos por la vía económica.

La resolución de la demanda judicial de El Nuevo Día logró que se fijaran unas normas para pautar la publicidad gubernamental. Esto. En opinión de muchos, logró controlar los intentos de dominio económico del estado sobre la prensa. Sin embargo, los problemas de la prensa no terminaron ahí. Los incidentes ocurridos a partir del 1998 demuestran que el hostigamiento a los medios continuó viniendo de instituciones y ciudadanos, motivados por la política partidista. Esto presenta un nuevo panorama en el futuro de los medios y la libertad de prensa en Puerto Rico.

Bibliografía

Fuentes primarias

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5 de julio de 1994.

2 de agosto de 1994.

4 de octubre de 1994.

26 de junio de 1995.

29 de junio de 1995.

9 de octubre de 1996.

10 de octubre de 1996.

16 de abril de 1997.

17 de abril de 1997.

18 de abril de 1997.

26 de julio de 1997.

2 de agosto de 1997.

3 de agosto de 1997.

10 de diciembre de 1997.

13 de diciembre de 1997.

13 de enero de 1998.

14 de enero de 1998.

12 de junio de 2004.

17 de junio de 2004.

18 de junio de 2004.

El Vocero

17 de abril de 1997.

3 de diciembre de 1997.

4 de diciembre de 1997.

5 de diciembre de 1997.

6 de diciembre de 1997.

10 de diciembre de 1997.

11 de diciembre de 1997.

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12 de enero de 1998.

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14 de enero de 1998.

15 de enero de 1998.

Fuentes secundarias

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___________, "Un año de enfrentamiento con la prensa", Diálogo, diciembre de 1998.

Asociación de Periodistas de Puerto Rico, "Resolución en contra de la violencia contra periodistas", 10 de julio de 2004, www.asppro.org

Baralt, Guillermo A., Historia de El Nuevo Día 1909-2000, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 2002.

Dávila Colón, Luis, La dictadura de la prensa, San Juan, Editorial El Mundo, 1999.

Del Castillo, Nelson, "Intervención de Nelson Del Castillo en el XIII Congreso de Derechos Civiles", 29 y 30 de junio de 2004, San Juan P.R., www.asppro.org

Pedreira, Antonio S., El periodismo en Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Edil, 1982.

Autor:

Luis A. Reyes Rodríguez

Diciembre 2004

[1] Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto Rico, R?o Piedras, Editorial Edil, 1982. El autor menciona varios de los casos de peri?dicos y periodistas que enfrentaron la censura oficial durante ambos reg?menes.

[2] Guillermo A. Baralt, Historia de El Nuevo D?a 1909-2000, San Juan, Publicaciones Puertorrique?as, Inc., 2002, pp. 232-235.

[3] Leila Andreu, ?Prensa, persecuci?n y censura?, en Asociaci?n de Periodistas de Puerto Rico (eds.), Dos siglos de periodismo puertorrique?o, San Juan, Casa de Periodistas Editorial, s.f., Baralt, op. cit., pp. 505-521. Andreu presenta una s?ntesis de la censura enfrentada por los medios en Puerto Rico durante el siglo XX.

[4] Baralt, op. cit., 547 y 548.

[5] Ibid., p.549.

[6] Ibid., pp. 550-551

[7] Ibid., p.552.

[8] El Nuevo D?a, 5 de julio de 1994, p.5; 2 de agosto de 1994, p.3. Ante latensi?n entre el gobierno y la prensa, el Secretario de Estado Baltasar Corrada del R?o inst? a que se mantuviera el respeto entre ambos sectores y se ampliara el acceso de la prensa a la informaci?n gubernamental.

[9] El Nuevo D?a, 4 de octubre de 1994, p.4.

[10] El Nuevo D?a, 5 de Junio de 1995, p.5. Se rese?aron las cr?ticas del partido de oposici?n, el PPD a la costosa campa?a publicitaria de las agencias del gobierno. 29 de junio de 1995, p. 10. Se report? el desenlace del incidente entre el representante cameral Jos? N??ez y sus ataques a la periodista Mar?a Judith Luciano. Adem?s, se recogieron las cr?ticas de periodistas a funcionarios del gobierno que cuestionaban la labor de la prensa por no apegarse a la ?verdad oficial? del gobierno. 10 de octubre de 1996, p. 8. Se rese?? la controversia surgida cuando el Secretario General del PNP Marcos Morell declar? que su partido prepar? un ?cat?logo? de periodistas ?vendidos? con la oposici?n.

[11] El Nuevo D?a, 9 de octubre de 1996, p.63.

[12] Loc. cit.

[13] Loc. cit.

[14] Andreu, op. cit., p.179.

[15] Baral, op. cit., pp. 561-564.

[16] El Nuevo D?a, 16 de abril de 1997, p.4.

[17] Ibid., pp. 1-6. Se publicaron reacciones de varias agencias y organizaciones period?sticas locales e internacionales que condenaron la actuaci?n del gobierno como una de intimidaci?n a la prensa. Adem?s, en una peque?a nota se report? c?mo el gobernador y los presidentes legislativos evadieron comentar sobre la acci?n tomada.

[18] El Nuevo D?a, 17 de abril de 1997, p. 6. En otra noticia se se?al? que los secretarios de las agencias p?blicas negaron haber recibido o dado ?rdenes para cancelar los anuncios y dijeron que fueron las agencias de publicidad las que tomaron la decisi?n.

[19] Ibid., p.7.

[20] Andreu, op. cit., p.179.

[21] Ibid., p.180; Luis D?vila Col?n, La dictadura de la prensa, San Juan, Editorial El Mundo, 1999, pp.22, 23 y 30. A?n el periodista Luis D?vila Col?n, quien ha sido se?alado como cr?tico ac?rrimo de la prensa, reconoci? la defensa p?blica que ?l mismo hizo de El Nuevo D?a contra lo que ?l llam? los ?intentos de castigo del gobierno?.

[22] El Vocero, 17 de abril de 1997, p.17. Se public? un suplemento del gobernador Pedro Rossell? titulado ?Rindiendo cuentas a 100 d?as del segundo cuatrienio?.

[23] Al revisar la prensa durante ese periodo pude observar que durante todo el mes de agosto del 1997 El Vocero no public? ninguna noticia relacionada al conflicto de El Nuevo D?a.

[24] El Nuevo D?a, 18 de abril de 1997, p.8. En una noticia se reprodujeron las cr?ticas del periodista Manny Su?rez condenando la pol?tica editorial del diario donde ?l laboraba el San Juan Star. Su?rez alegaba que el San Juan Star hab?a adoptado una postura favorecedora al gobierno ya que se beneficiaba de la publicidad de ?ste.

[25] El Nuevo D?a, 26 de julio de 1997, pp.12-14; 2 de agosto de 1997, pp. 3 y 8; 3 de agosto de 1997, p.24. En algunos de estas noticias se reportaba el que varios periodistas del pa?s hab?an informado a congresistas de los Estados Unidos y a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situaci?n del Nuevo D?a.

[26] El Vocero, 3 de diciembre de 1997, p.27; 4 de diciembre de 1997, p.67.

[27] El Vocero, 5 de diciembre de 1997, p.36; 6 de diciembre de 1997, p.8. Adem?s, se public? una noticia de seguimiento en la que varios periodistas reaccionaban a las expresiones del juez Andreu.

[28] El Vocero, 13 de diciembre de 1997., p.10.

[29] Baralt, op. cit., pp.571-574; Andreu, op. Cit., p181. El gobierno congel? permisos a las empresas Ferr? para operaciones y orden? investigar contributivamente al Nuevo D?a. En varias reuniones entre las partes, el gobernador se neg? a transar en el conflicto, alegando que El Nuevo D?a deb?a retractarse p?blicamente. Adem?s, el gobierno y el PNP desataron una campa?a indirecta contra El Nuevo D?a boicoteando la compra del diario.

[30] El Nuevo D?a, 10 de diciembre de 1997, p. 4; Baralt, op. cit., p.574.

[31] El Nuevo D?a, 10 de diciembre de 1997p.5.

[32] Loc. Cit.

[33] El Vocero, 10 de diciembre de 1997, p.7, 18 y 21; 11 de diciembre de 1997, p.2

[34] El Vocero, 10 de diciembre de 1997, p.7. Estas expresiones fueron hechas por el entonces Secretario de la Gobernaci?n ?ngel Morey, quien adem?s sostuvo que ?no se puede reclamar libertad de prensa mientras se exige una dependencia econ?mica de los anuncios del gobierno?.

[35] El Vocero, 11 de diciembre de 1997, p.2.

[36] Andreu, op. cit., p.180; El Nuevo D?a, 13 de diciembre de 1997p.8. Para esa fecha la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hab?a aprobado una condena al gobierno de Puerto Rico por violar la libertad de prensa.

[37] El Vocero, 12 de enero de 1998, p.10; El Nuevo D?a, 13 de enero de 1998, p.8.

[38] El Vocero, 13 de enero de 1998, p.5. en una noticia se inform? que al pregunt?rsele al gobernador si confiaba en una decisi?n objetiva de la SIP, ?ste respondi? que en quien confiaba era en el pueblo de Puerto Rico que lo hab?a elegido.

[39] Andreu, op. cit., p.182. La autora se?ala que a?n antes de la ponencia de Rossell?, simpatizantes del PNP hab?an protestado frente al hotel donde se hosped? la delegaci?n de la SIP, en un intento por manipular la opini?n p?blica.

[40] El Nuevo D?a, 14 de enero de 1998, p.5. En otra noticia se reportaron las cr?ticas de varios periodistas al comportamiento inadecuado de miembros del gabinete durante la ponencia y al ?montaje? publicitario que se desarroll? en el evento, ?para hacer ver bien al gobernador?.

[41] El Vocero, 14 de enero de 1998, p.2.

[42] Ibid., pp. 8y 9.

[43] Ibid., p.8. El peri?dico tambi?n cuestion? el por qu? la comisi?n investigadora rindi? un informe confidencial a la Junta Directiva de la SIP, en vez de hacerlo p?blico.

[44] Ibid., p.9.

[45] Loc. Cit.

[46] El Vocero, 14 de enero de 1998, p.8. En este art?culo se dijo que ?el periodista o medio que se dedica al reportaje de fondo y las posturas editoriales divergentes, deben esperar las fricciones con el adversario escogido?ese es el marco tradicional del ejercicio de la libertad de prensa en puerto rico?.

[47] Ibid., p.12. Se report? sobre una reuni?n entre los miembros del comit? de la SIP y el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jos? Andreu Garc?a, en la que ?ste inform? a los a los comisionados acerca de la jurisprudencia puertorrique?a sobre la libertad de prensa. En la noticia se destac? en m?ltiples ocasiones la palabra ?orienta? entre comillas y se recogi? las cr?ticas de legisladores del PNP hacia la acci?n del juez Andreu.

[48] El Vocero, 15 de enero de 1998, p.2.

[49] Loc.cit. En la noticia se indicaba que hab?an circulado informes de que parte de los gastos de la SIP en Puerto Rico hab?an sido pagados por la gerencia de El Nuevo D?a.

[50] Baralt, op. cit., p.584. A mediados de marzo de 1998 una empresa de los Ferr?, la Puerto Rican Cement, se apunt? una victoria en corte al archivarse un caso contra ella, ya que el tribunal determin? que ?sta no violaba ninguno de los reglamentos operacionales establecidos en Puerto Rico.

[51] Ibid., p.585.

[52] Andreu, op.cit., p. 181. En este caso El Nuevo D?a gast? m?s de dos millones de d?lares, mientras que el gobierno tambi?n gast? varios millones de d?lares de fondos p?blicos.

[53] Ibid., p. 181; Baralt, op.cit., p.586.

[54] Leila Andreu, ?Un a?o de enfrentamiento con la prensa?, Di?logo, diciembre de 1998, p.10; Andreu, ?Prensa, persecuci?n??, p.183. La autora resume m?ltiples incidentes contra la prensa durante el a?o 1998, en especial los incidentes durante la huelga de la Compa??a Telef?nica en aquel a?o.

[55] El Nuevo D?a, 12 de junio de 2004, p.28. El incidente se suscit? cuando el periodista Oscar Serrano del diario Primera Hora cuestionaba al portavoz del PNP Tom?s Rivera Schatz sobre la documentaci?n presentada para refutar las alegadas irregularidades sobre la pensi?n del ex gobernador Pedro Rossell?.

[56] El Nuevo D?a, 17 de junio de 2004, pp.30 y 31. En la manifestaci?n, organizada para protestar contra la pesquisa sobre la pensi?n del ex gobernador Rossell?, l?deres pol?ticos del PNP justificaron los ataques de los asistentes hacia los periodistas argumentando que se trataba de su derecho a la libre expresi?n y de manifestaciones fuera de su control.

[57] El Nuevo D?a, 17 de junio de 2004, p. 31; 18 de junio de 2004, p.35.

[58] Asociaci?n de Periodistas de Puerto Rico, ?Resoluci?n en contra de la violencia contra periodistas?, 10 de julio de 2004, www.asppro.org, p.1; Nelson Del Castillo, ?Intervenci?n de Nelson Del Castillo en el XIII Congreso de Derechos Civiles?, 29 y 30 de junio de 2004, San Juan P.R., www.asppro.org, pp. 3 y 4.