Diagnostico de la educación superior en la Republica Dominicana (página 3)

Si a través de esos mecanismos se logra, además, generar un ambiente en que las universidades se esmeren sistemáticamente por elevar la calidad académica, entonces mucho mejor. Si en adición a todo lo anterior, se logra que por esos mecanismos se garantice que el dinero del Estado subsidie preferentemente a los jóvenes talentosos provenientes de aquellos hogares de ingresos bajos y medio bajos, que no están en condiciones de financiar los altos costos de la formación universitaria por sus propios medios, entonces se habrá logrado una gran cosa.

En esta economía globalizada de hoy, crecientemente el motor que impulsa en todo el mundo las decisiones de inversión y los planes de producción de las unidades económicas es la competencia, tanto al interior de cada economía como hacia el resto del mundo. Ya para cualquier agente productivo, el destinatario potencial del fruto de su trabajo no es necesariamente su vecino más cercano, sino alguien que puede estar localizado al otro lado del planeta. Pero lo mismo puede decirse del productor con el cual tiene que disputarse el mercado interno. Ahora tienden a reducirse los mercados cautivos. En este mundo ya no se crece al amparo de la protección, sino de la eficiencia, de la creciente productividad, de la capacidad para hacer cosas nuevas y para hacer de manera novedosa las viejas. La clave para todo ello es el recurso humano, a diferencia de épocas anteriores en que las economías competían en base a la dotación de recursos naturales.

Una de las áreas en que más avances ha tenido el pensamiento económico en los tiempos recientes es la de los diseños institucionales, es decir, cómo lograr que las leyes, las disposiciones administrativas, la organización de las instituciones y los mecanismos de asignación de los recursos, potencien la fuerza creativa del mercado en la producción de bienes y servicios, al tiempo que confieran eficacia y eficiencia a la función reguladora del Estado y justicia a su función redistributiva. Esto es, cómo condicionar el comportamiento de los agentes hacia la consecución de fines socialmente favorables.

Como resultado, el financiamiento y la provisión de servicios públicos por parte del Estado, en particular de los llamados servicios sociales, tales como salud, educación y seguridad social, han venido experimentando cambios trascendentales en su ordenamiento institucional durante los últimos tiempos. Tales cambios se orientan en función del logro de una sociedad más democrática y participativa, una mayor eficacia en el logro de los objetivos propuestos, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en la prestación de los servicios y una mayor justicia distributiva.

La focalización

Uno de dichos cambios en el ordenamiento institucional es la focalización, la cual constituye el medio más efectivo para hacer que cualquier programa que implique subsidio estatal alcance el propósito de beneficiar a los más necesitados. Consiste en definir de antemano quién tendrá acceso al mismo y quién no. La focalización surge en oposición a la universalidad, que supone que la acción estatal beneficie por igual a todos, independientemente de que se sea merecedor del subsidio fiscal o no.

La focalización es el instrumento más justo, el de mayor eficacia para llegar a los pobres. Sin embargo, para muchos de los programas sociales ofrece una serie de dificultades, que se derivan de la escasa capacidad administrativa de las instituciones, la ausencia de un efectivo sistema de información y control y los riesgos de corrupción. La focalización demanda de un buen sistema de estadísticas que permita identificar quiénes son los reales necesitados, y medir y evaluar los impactos de cada acción; demanda también una administración pública capaz de diseñar programas apropiados para dar respuestas a las reales necesidades y de ponerlos efectivamente en ejecución, así como la definición de criterios científicos y objetivos para asignar los recursos y administrarlos bien, ajenos al clientelismo político y al favoritismo personal, y mecanismos de control y fiscalización que prevengan y desalienten la corrupción,

Por esas exigencias, a pesar de los progresos que conoce la humanidad en materia de diseño institucional y organización industrial de la provisión de servicios, se mantiene vigente la vieja práctica de la prestación universal y gratuita de muchos servicios sociales. Y no hay dudas de que en algunos programas públicos la universalidad se seguirá requiriendo de todas maneras, como los servicios primarios de salud y de educación, lo que no implica que no se pueda innovar en su producción y suministro.

No obstante, hay otros programas gubernamentales en que la focalización es factible e imprescindible, y uno de ellos es la educación superior. Es factible, debido a que los que acceden constituyen un número limitado, y se puede determinar fácilmente su ubicación social, aún con estadísticas precarias. Y es imprescindible, debido a que el costo unitario de formar un profesional universitario suele ser tan elevado, que resulta prácticamente inhumano que la sociedad permita que el subsidio gubernamental asociado a su producción sea aprovechado preferentemente por los más privilegiados. Por eso, se propone como un eje central del cambio en el financiamiento fiscal a la educación superior que el subsidio sea focalizado.

El subsidio a la demanda

Otro cambio fundamental que registra la organización institucional reciente en la provisión de servicios es el desplazamiento del subsidio desde la oferta hacia la demanda.

El mecanismo tradicional de subsidiar la oferta significa que, una vez definida la entidad responsable de la producción del servicio, se le entregan los recursos sin considerar sus resultados en términos de cantidad y calidad. El consumidor no tiene opciones. Asiste a procurar el servicio que esa institución le presta con la convicción de que eso es lo que el Estado le ofrece.

Por el contrario, subsidiar la demanda implica dar al consumidor la libertad de elección entre un amplio conjunto de opciones. Lo que está definido de antemano no es la entidad, sino el servicio. El Estado pone a disposición del consumidor los recursos para que él escoja el prestador que más se acomode a su conveniencia, y los fondos públicos siguen al usuario. Los proveedores compiten por atraer al usuario, como medio de acceder a los fondos públicos.

La perspectiva de los proveedores cambia radicalmente: en vez de tratar con un "beneficiario", ahora están tratando con un "cliente". Y se establece una competencia por la atracción de los clientes en la cual el mercado juega su papel: o aumenta la calidad o baja el precio. Pero, como en este caso el precio está definido a priori en función de cuánto está en condiciones de aportar el Estado, el resultado es una competencia por mejorar la calidad.

RECOMENDACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REPUBLICA DOMINICANA

En el Financiamiento

Propuesta de cambio

Es en este sentido que se propone un mecanismo mediante el cual se iniciaría un proceso para que el financiamiento fiscal a la educación superior se canalice crecientemente a través de un sistema de becas y créditos estudiantiles.

Pero como todo gran cambio, éste debe ser gradual, por dos razones: para evitar los traumas y las fuertes resistencias a los cambios bruscos, y para viabilizar que concomitantemente se vayan realizando las adaptaciones institucionales. Por ello, se propone que el tránsito del esquema actual al propuesto se desarrolle durante un período de cuatro años. Incluso, el cambio no tendría que involucrar la totalidad del financiamiento. Una parte podría seguirse otorgando como presupuesto básico a la UASD conforme al patrón histórico, es decir, canalizado sin ningún criterio de racionalidad.

Al ponerse en marcha el cambio, tanto la UASD como las universidades privadas, bajo la acción reguladora y el ojo fiscalizador del CONES, tienen que adaptar su modus operandis a las nuevas circunstancias. Para que el sistema pueda potenciar sus resultados positivos, tiene que contar con cierta participación de la comunidad universitaria, la cual no debería oponerse cuando conozca bien la propuesta.

Por otro lado, los estudios económicos realizados en múltiples países han demostrado que el gasto en educación superior es altamente rentable, no sólo socialmente, sino más que nada a nivel privado. La formación universitaria constituye una inversión que ofrece la perspectiva de una gran rentabilidad, social y personal. Por eso se plantea que el financiamiento público a la formación de profesionales no necesariamente tiene que ser gratuito, por lo menos no sin algunas condiciones. En función de lo anterior, se propone que en el mediano plazo el crédito estudiantil debe ser el criterio prevaleciente, más que la beca.

Durante el período de tránsito propuesto, la transformación del sistema de financiamiento de la educación superior se llevaría a cabo en dos etapas.

Puesta en marcha de la nueva modalidad

En la primera etapa, el mecanismo de focalización a ser aplicado debe ser lo más sencillo y automático posible, acorde con el escaso desarrollo institucional con que se cuenta y con la debilidad de la información estadística, pero debe irse perfeccionando en el futuro, con vistas a ir eliminando posibles fuentes de ineficacia e injusticias que se deslicen al inicio. Intentar comenzar con algún diseño muy perfecto puede implicar posponer por largo tiempo decisiones que alentarían la inercia actual y, mientras tanto, todo seguiría funcionando mal.

Para comenzar, el sistema funcionaría como sigue:

Se estima que el sistema educativo dominicano gradúa anualmente unos 50,000 bachilleres. A falta de un régimen uniforme de exámenes de admisión a la educación superior, se partiría de los resultados de las pruebas nacionales que aplica la SEEC para el cuarto año del bachillerato.

La computarización de los resultados debe permitir segregar la cantidad total de graduados en dos mitades, en función de la calificación media obtenida.

El 50% con puntuación más baja (25,000 bachilleres) quedarían automáticamente descartados para recibir financiamiento estatal para sus estudios superiores. No es que se les niegue su ingreso a la universidad. Pero se entiende que, dadas sus bajas calificaciones, no son merecedores de que el Estado, con sus limitados recursos, les financie su formación universitaria.

Del otro 50%, el que obtuvo las mejores puntuaciones, se excluiría una parte, que estimamos podría ser un quinto (5,000 bachilleres), al entender que se ubican en los estratos de más alto ingreso familiar, y que no necesitan del financiamiento gubernamental para acceder a una carrera universitaria. De modo que el apoyo oficial a la educación superior procuraría abarcar a hogares localizados en el 80% inferior de la estratificación social (los cuatro primeros quintiles.

Como no se trata en esta etapa de incluir a los pobres, sino de excluir a los más acomodados, que son menos (el quintil superior), el ordenamiento institucional debe permitir identificarlos y excluirlos en un plazo muy breve. Normalmente viven en sectores considerados de clase alta y media alta y provienen de los mejores colegios privados. La ocupación o profesión de sus padres podría ser un criterio adicional a tomar en cuenta para la exclusión

Es previsible que, aún así, en la primera etapa persistan algunas distorsiones que generen injusticias, las cuales se irían corrigiendo después; pero como en ningún caso dichas injusticias podrían ser mayores que la carencia total de criterios vigente en la actualidad, este sistema constituiría un progreso formidable.

Quedarían pues unos 20,000 jóvenes que cumplen con el doble criterio de tener buen rendimiento académico y provenir de hogares de modestos recursos económicos, lo que implica que merecen y necesitan apoyo fiscal para acceder a la formación universitaria. A ellos el Estado les asignaría un monto de, digamos, RD$20,000 per capita al año, que no serían transferidos directamente al alumno, sino al establecimiento educativo escogido por ellos. Esto implica un aporte fiscal de RD$400 millones cada año, que se elevarían a RD$1,600 millones en cuatro años, al término de los cuales, el Estado estaría financiando por esta vía la educación superior de 80,000 bachilleres. Esta cifra tendería a estabilizarse a partir de ese momento, pues comenzarían a graduarse los primeros[1]

El alumno financiado por el Estado se compromete con los estudios mediante dedicación exclusiva y el mantenimiento de un índice académico predeterminado.

Al mismo tiempo, la UASD establecería el cobro de una matrícula cercana a los RD$20,000 anuales para todo nuevo alumno que ingrese, manteniendo el sistema de cobros vigente para los alumnos antiguos. Esta matrícula sería pagada por el Estado a los nuevos ingresantes que califiquen. Los que no califiquen, si quieren ingresar, tendrían que costear la matriculación de su presupuesto familiar.

Aunque no hay seguridad de que los nuevos alumnos se inscriban masivamente en la universidad estatal, no hay dudas de que la posición inicial de ésta para competir con las privadas es bastante privilegiada, pues además de la tradición, de un nombre forjado a lo largo de siglos y de sus recursos humanos, la UASD cuenta con el más amplio abanico de opciones para la escogencia de carreras.

Más importante aún, ninguna institución privada con el prestigio académico requerido para competir con la UASD tiene capacidad productiva instalada para recibir de golpe miles de nuevos alumnos, mientras que ésta dispone de una formidable infraestructura física, prácticamente sin costo, ya que procede por completo de subsidio estatal.

Puesto en marcha el nuevo sistema, cada año el Gobierno le iría reduciendo a la UASD su asignación fija anterior, de modo que, con el tiempo, el presupuesto de la universidad para docencia pasaría a descansar cada vez más en el cobro de matrícula. Al cabo de cuatro o cinco años prácticamente toda su población estudiantil estaría acogida al nuevo sistema de financiamiento. De todas maneras, para no hacer muy radical el cambio, se propone que se le mantenga un presupuesto fijo, para gastos de desarrollo institucional, así como para los demás programas no docentes.

Las universidades privadas tenderían a estabilizar sus costos, de modo que el grueso de los alumnos cubran su matrícula con los RD$20,000 aportados por el fisco. Para atraer masivamente nuevos alumnos tendrían que ir ampliando su capacidad productiva, pero la base de su competencia sería esencialmente su oferta curricular y su prestigio académico. De todas formas, estos elementos pudieran contribuir a un sano proceso de diferenciación del mercado, en que las universidades de mayor excelencia puedan cobrar tarifas más elevadas, que tendrían que ser costeadas total o parcialmente por la familia. Naturalmente, la libertad de elección por parte del estudiante no puede ser total, sino que el Estado le ofrecería un abanico de los centros más prestigiosos de educación superior, y cuyo patrón de funcionamiento los asemeja al concepto de universidades públicas, en el sentido de que no operan como negocios.

El aporte estatal a la formación de los estudiantes queda definido, por principio, como un crédito estudiantil. La experiencia de FUNDAPEC pudiera ser aprovechada para la administración de todo lo concerniente a la formalización, el proceso de contabilidad y cobros.

Para alentar la excelencia, se propone que dicho crédito se convierta automáticamente en beca para todos aquellos alumnos que mantengan un índice académico superior a los 85 puntos, en una escala del cero al 100. Al mismo tiempo, el crédito se pierde si el índice académico baja por debajo de 70 puntos o si el alumno no aprueba un mínimo de 40 créditos académicos en el año, excepto cuando alguna contingencia justifique lo contrario. El CONES debería entonces definir con precisión el concepto de crédito académico, que tendría que ser uniforme y de aplicación obligatoria para todas las universidades.

Perfeccionamiento del sistema en una segunda etapa

Desde un principio, con la puesta en marcha de este programa, el CONES tendría que acreditar las universidades. No se supone que el financiamiento estatal llegue a cualquier universidad sólo porque el bachiller la seleccionó.

Pero si no es posible, al menos en el segundo año debería estar en condiciones de suministrar a los alumnos una lista de instituciones elegibles, las cuales se escogerían sobre la base del criterio fundamental de solvencia académica.

Más adelante, en la medida en que el país esté mejor preparado para priorizar carreras, se propone que la elegibilidad definida por el CONES no sólo sea del centro académico, sino también de la carrera seleccionada. Podría haber algunas carreras que al Estado no le interese financiar, y otras que le interese incentivar prioritariamente. Pero eso se puede ir definiendo sobre la marcha.

Por razones de justicia, otro cambio futuro sería dar alguna oportunidad a aquellos alumnos que, si bien no calificaron al principio para ser financiados por el fisco, aún así han ingresado, y su posterior índice académico los torna elegibles.

En la medida que el CONES vaya avanzando en el desarrollo institucional, los mecanismos de asignación, promoción y baja del sistema de créditos y becas deben irse perfeccionando, a fin de alentar la excelencia. Becas más elevadas para los más meritorios y diferenciaciones de monto sobre la base de otros criterios, como geográfico (la distancia entre el lugar de origen y la universidad a que asiste), el tipo de carreras, etc. puede ser establecidas.

La propuesta incluye también la creación de un fondo fiscal separado para financiar la investigación científica, a la cual las universidades accederían por medio de la presentación de propuestas que serían evaluadas por sus méritos. Pero el proceso de recuperación de los créditos estudiantiles a partir del quinto año generaría recursos adicionales para fines de investigación y para estudios de postgrado, así como para ampliar la cobertura del sistema.

Beneficios esperados

Los beneficios sociales de adoptar un sistema de financiamiento de este tipo son inmensos:

• 1 Los beneficios se sentirían desde un principio, comenzando por mejorar el esfuerzo estudiantil en la educación media. El estudiante de bachillerato procuraría un mejor desempeño, debido a que entiende que de eso depende su oportunidad de acceder a financiamiento fiscal para su formación universitaria. Sabe que tiene que quedar en la mitad superior de las calificaciones.

• 2 Aún aquellos que no tienen la intención de optar por el financiamiento estatal, por evitar la afrenta de que el sistema los deje fueran, resultarán estimulados a lograr buen rendimiento.

• 3 Esta competencia se mantendría en el nivel de educación superior, por la necesidad de mantener el crédito, o de convertirlo en beca el que pueda obtener calificaciones excelentes. Y esta lucha por ser cada uno el mejor ayudaría mucho al sistema educativo dominicano.

• 4 Independientemente de la competencia entre estudiantes, la universidad dejaría de ser un espacio de tandas nocturnas, al que se dedican los ratos libres, pues el estudiante asume el compromiso de dedicación exclusiva al estudio.

• 5 El criterio del talento usado en la focalización impediría que se sigan desperdiciando recursos públicos en financiar a personas cuyas oportunidades de progreso no vienen dadas por el título universitario. Cada uno reconocería sus limitaciones y potencialidades, y tendería a desaparecer el fenómeno del estudiante-profesional, que pasa décadas en aulas y pasillos universitarios sin llegar a graduarse.

• 6 Mejoraría el impacto distributivo de la acción fiscal. La focalización inclinaría el gasto público en educación superior hacia aquellos sectores sociales que realmente necesitan el apoyo estatal para su formación.

• 7 Como se admite que la formación universitaria es privadamente rentable, aunque se reconoce lo crucial de que el Estado la apoye financieramente, la modalidad de crédito estudiantil mejora también la equidad fiscal.

• 8 La conversión automática del crédito en beca para los que superen determinado índice académico, constituye un paso trascendental para alentar la excelencia estudiantil.

• 9 La libertad de elección por parte del alumno financiado por el fisco obliga a las entidades a competir por el recurso público sobre la base del desempeño. En la competencia entre los proveedores por la atracción de clientes, el mercado obligará a mejorar la calidad, y el sistema universitario dominicano se irá adecuando a los requerimientos académicos del mundo actual.

En resumen, el sistema propuesto contribuiría a despertar en los estudiantes de bachillerato y universitarios una lucha tenaz por mejorar su rendimiento, en las universidades una competencia por elevar la calidad de su oferta académica, facilitaría la dedicación del estudiante a tiempo completo y potenciaría el impacto social del gasto público, haciendo que el subsidio gratuito deje de ser un derecho adquirido sin atención al mérito, eliminando el concepto de gratuidad de una inversión que es por esencia rentable, pero manteniendo la gratuidad como un medio de alcanzar calificaciones excelentes.

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA

• Incrementar la calidad y el nivel de formación de los graduados

• Solucionar el bajo rendimiento académico,

• Renovar los mecanismos de admisión y de vinculación con el nivel medio

• Diseñar y utilizar un sistema de información para la educación superior

• Diversificación de la asignación de los recursos estatales.

• Fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y la sociedad.

• Aplicar una normativa común para el nivel superior

LAS GRANDES METAS

La formulación de una política universitaria, dirigida a establecer y desarrollar la reforma del sistema de educación superior parece ser la meta prioritaria dentro del sistema de educación superior dominicano.

Dentro de esta política los puntos fundamentales son:

• La diversificación de la oferta con garantías de calidad y de cara a las necesidades de la sociedad actual.

• La renovación de los estilos de gestión.

• Una adecuada distribución de los recursos públicos entre las instituciones;

• Una incremento de los mecanismos de coordinación entre las instituciones y con los otros niveles educativos.

• Un ejercicio más responsable de la autonomía de las instituciones universitarias.

• El establecimiento de una relación entre el Estado y las Universidades, a través de una modernización del Consejo Superior de Educación Superior.

• La conformación de las instituciones para formar un verdadero sistema.

LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS

Una nueva Ley de Educación Superior

El establecimiento de un programa de aseguramiento de la calidad.

Un sistema de evaluación y acreditación.

Un nuevo sistema de asignación de los recursos públicos a través del crédito educativo

Autor:

Roberto E. Liz

Enviado por:

Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"?

Santiago de los Caballeros,

República Dominicana,

2015.

"DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH – POR SIEMPRE"?

[1] Los n?meros que aparecen aqu?, tanto en t?rminos de la cantidad anual de estudiantes, como el monto que el fisco les asignar?a son n?meros ilustrativos, para fines de ejercicio acad?mico, pero podr?an ser distintos dependiendo de la capacidad financiera del Estado.