Santiago del Estero
Enviado por Agustín Garrido
Santiago del Estero, es una de las tantas provincias de nuestro país que actúan como "feudos" donde pocas familias y caudillos son al mismo tiempo dueños de la mayoría del poder económico y político. El aparato que estas familias montan en sus provincias es muy difícil de desmantelar y logran con el garantizarse su continuidad en el poder. En caso de Santiago, era la familia Juarez, un matrimonio de 70 años la que venía manteniendo la hegemonía de la provincia hace años. Sin embargo, los casos de corrupción y malos manejos aceleraron el deterioro institucional provincial.
Los Juarez fueron acusados de asociaciones ilícitas, irregularidades en la ANSES, utilizaban los fondos provenientes de la nación para obtener intereses. Esta situación fue agravada por la expulsión de muchos campesinos para ganar terrenos de plantación de soja. El "crimen de la dársena" fue la gota que rebalzó el vaso.
Ante esta situación el gobierno nacional se vio obligado a utilizar el recurso constitucional de la intervención federal haciéndose cargo directamente de los destinos de la provincia. De esta forma el poder ejecutivo elevó el proyecto al Congreso y tras ser aprobado, se designó mediante decreto a Pablo Lanusse, en ese entonces funcionario nacional, como interventor de la provincia, haciéndose cargo de los tres poderes por 180 días.
La intervención Federal llegó con un amplio crédito a la provincia. Por supuesto nadie esperaba que de un plumazo se resolvieran desgracias centenarias, pero el desgaste del sistema juarista y el perfil del interventor, encajaba justo con las aspiraciones de buena parte de la sociedad provincial. La respuesta del nuevo gobierno a estas expectativas (luego de superar una primera prueba que significó estabilizarse en el poder) fue el lanzamiento de una agenda de trabajo centrada en la reforma de las instituciones políticas provinciales.
No era un desafío menor. Se enfrentaba a una estructura política que se había retirado intacta y que pervivía en innumerables redes informales de soporte y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa.
Pero antes de analizar este tema, mencionaremos muy brevemente otra batalla que se libra en Santiago del Estero por estas horas: la porfía desarticular una alianza perversa entre el poder político y el poder económico, representado emblemáticamente por el grupo de empresas de Néstor Ick, que había sabido construir un verdadero imperio bajo el ala del juarismo.
La pelea con el poder económico
A poco de llegar al gobierno la Intervención Federal se propuso desmontar la articulación parasitaria que el poder económico construyó en su relación con el poder político. Dicho en palabras del Ministro de Salud Donato Spaccavento: "Hay que hablar claro, con nombres y apellidos. Aquí (Carlos) Juárez encabezó un régimen que respondió a los sectores económicos más altos, a la concentración económica, y nunca fue un fenómeno a favor de la gente (…) Operaban con esta alianza entre políticos y empresarios. La plata que venía de la Nación para atender los requerimientos más indispensables de la población, la dejaban en un banco donde daba intereses (…) Santiago del Estero fue empobrecida y la mayoría de sus habitantes en el interior padecen enfermedades del Medioevo" (El Liberal, 01 y 08/08/2004). Dentro de las numerosas medidas que se tomaron en este sentido, destacaremos algunas, particularmente simbólicas. En primer lugar, la nulidad del contrato con el Banco de Santiago del Estero S.A. Otra medida a destacar es la revocatoria de las contrataciones de seguros con la Empresas Hamburgo S.A., que esgrimió "razones de urgencia" para realizar una contratación directa por el periodo 1996 – 2012 (Decreto Nº 112/04). Es claro que una vinculación que plantee semejante plazo de duración no puede justificarse en la premura con que se requieren de los servicios. Por último, se resalta la reformulación de un nuevo sistema de códigos de descuentos sobre el salario de los empleados públicos provinciales. Para quien no vive en la periferia, no sabe la importancia que tienen estas operatorias, que se basan en la asignación de créditos a cambio del descuento automático sobre el salario. Con el nuevo régimen sólo permanecerá vigente el sistema automático de débito para las Instituciones sin fines de lucro – Sindicatos, Mutuales y Cooperativa – garantizándose que el trabajador no podrán tener afectado más del 20% de su salario bruto (Ley Nº 6.658).
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