Es claro que en esta pelea contra el poder económico la Intervención Federal inaugura una línea de trabajo que deja batallas judiciales y políticas para el próximo gobierno. Es mucho lo que se podrá avanzar, pero la continuidad de este proceso está indisolublemente atada al surgimiento de un poder político de base diferente al que primaba hasta marzo del 2004 .
La pelea política
Todos los objetivos, entonces, terminan apuntando sobre el mismo elemento: construir una nueva forma de hacer política en la provincia. Ahora bien, aun acordando en este objetivo común, surgieron estrategias con matices diferentes en un gabinete de gobierno que articulaba dos tipos de funcionarios; por un lado, un núcleo más estrechamente ligado al Interventor Federal, de perfil juridicista y sin pasado político-partidario, por otro cuadros políticos con amplia trayectoria en el Partido Justicialista.
El ajuste entre estos dos grupos fue bastante satisfactorio hasta la salida del Ministro de Justicia del Gobierno Nacional (el Dr. Gustavo Béliz), que sacó a la luz ideas diferentes sobre la forma en que el gobierno debía relacionarse con distintos actores políticos provinciales. En este aspecto, uno de los puntos de mayor fricción fue el de la relación con los intendentes y los comisionados municipales quienes, en la mayoría de los casos, habían sido el canal por el cual se expresaba el poder territorial del juarismo.
Por un lado estaban los que querían intervenir todos los gobiernos locales con el objetivo de romper los hilos en donde podía sobrevivir o recomponerse la vieja estructura política.
Por otro lado estaban los que, haciendo el mismo diagnóstico, consideraban que la provincia tenía mil maneras de disciplinar estas estructuras, mientras que su intervención sólo lograría que estos aparatos políticos pasaran homogéneamente a la oposición.
Estaban los que consideraban que había que sumar abiertamente a aquellos dirigentes que habían sido antijuaristas o a los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban apoyar los procesos de cambio. Otros, proponían una política de prescindencia: no hacer nada en particular hacia el PJ distinto de lo que se hacía con otros partidos. En distintos momentos, y frente a diferentes cuestiones prevaleció una u otra línea de trabajo.
La Reforma Constitucional
El elemento central alrededor del cual giró la coyuntura política en estos meses fue la reforma constitucional impulsada por el Interventor. Su justificación conceptual no era difícil de armar: existe una obvia relación entre la estructura constitucional vigente y el carácter autoritario del régimen político que motivó la Intervención Federal. El punto neurálgico de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales que reducían importancia electoral de las Ciudades de Santiago del Estero y de La Banda – las dos jurisdicciones en donde tenía más peso la oposición – a la vez que garantizaban un piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior – como era el caso del juarismo – lograba con el 35% de los votos el 70% de los diputados provinciales.
Por su parte diferentes sectores de la sociedad civil reclamaban que la nueva Constitución prohibiera, de una vez y para siempre, la ley de lemas. Es que tal instrumento estaba fijado en la historia como la manera en que los partidos políticos – en especial el PJ y la UCR – habían manipulado en su provecho el sistema electoral.
El llamado a Reforma Constitucional deparó una primera sorpresa cuando el interventor del Partido Justicialista, el Diputado Nacional por el Chaco Rafael González, consideró que el interventor no tenía potestades para convocarla. Este posicionamiento causó extrañeza ¿A qué jugaba el interventor del partido? Era claro que para un cuadro que venía del más crudo pragmatismo las cuestiones doctrinarias del Derecho Constitucional no eran precisamente una prioridad.
En sus cercanías se justificaron sus posiciones en la necesidad de reunir a un justicialismo totalmente desperdigado, lo que causó más alarma, porque si era así, el aglutinamiento iba a ser contra el gobierno. Más sensatamente, los medios explicaron su accionar a partir de la interna Kirchner – Duhalde y sus múltiples derivaciones. El propio proceso hacia la constituyente sepultó este primer debate.
Todo el espectro político, social y cultural – con excepción del aparato del PJ y el Intendente de la Ciudad de La Banda – se pronunció con inusitada energía por la necesidad de la Reforma.
Más significativo fue que el proyecto de reforma constitucional recibió el apoyo de los intendentes peronistas, quienes – alineándose con el gobierno – dijeron que se trataba "de una prioridad" y que debía realizarse "antes de las elecciones generales a gobernador, vice, y diputados provinciales".
En el orden Nacional, el proyecto de la Reforma Constitucional recibió el explícito respaldo del presidente Néstor Kirchner y de varios de sus ministros. Hacia Julio, el interventor del PJ no tuvo más remedio que variar su posición e incorporar el partido al proceso reformista.
Pero estos fueron sólo los primeros escarceos. En ocasión del cierre de la presentación de las listas a constituyentes volvieron a surgir tensiones de todo tipo y la lista del PJ se partió en dos. Para enrarecer más el ambiente, todos estos hechos sucedían cuando la justicia federal de la provincia, reiteradamente acusada de connivencia con el juarismo, excarcelaba al "protector ilustre".
En medio de este clima enrarecido, La Corte suprema de justicia suspendió el 21 de Septiembre el llamado a elecciones para convencionales constituyentes que había convocado el interventor federal, Pablo Lanusse, para el 31 de octubre. La Corte, por unanimidad, hizo lugar a una medida cautelar pedida por el líder del radicalismo local, el senador nacional José Luis Zavalía, quien cuestionó las facultades de Lanusse para impulsar una reforma constitucional.
De todas formas, los partidos organizaron una marcha a favor del interventor, lo que evitó una posible renuncia. Unos días más tarde, Kirchner reafirmaba a Lanusse en el puesto y decretaba la prórroga de la intervención por 180 días más. Las elecciones para gobernador se realizarían el 20 de febrero.
Ahora bien, los objetivos del interventor habían cambiado: su misión ahora era reducir el poder de los juaristas para garantizar una victoria oficialista o bien alternativa en las elecciones. Para lograr este objetivo, se buscó una alianza con el intendente radical Gerardo Zamora que constituiría fórmula con el diputado kirchnerista Fernando Salim. A su vez, el gobierno propuso a Lanusse la iniciativa de intervenir en los tan ansiados municipios ya que el gobierno nacional solo confiaba en 5 de los 27 gobernadores. De esta manera, suponían los operadores oficialistas, el juarismo perdería la base clientelista de sustentación que tiene en el interior provincial, en el que la maquinaria electoral del justicialismo ha funcionado siempre como un reloj, en cuanta elección le haya tocado jugar. Una medida importante tomada a mediados de octubre fue la derogación de la ley de lemas.
Por estas épocas se produjo una fractura en el gabinete del interventor, problema que se trasladó al seno del gobierno nacional ya que Alberto Fernández lo continuó apoyando mientras que Aníbal Fernandez le quitó apoyo. Las disidencias internas del PJ provincial aumentaron y con ellas, la inestabilidad. Estas disidencias llevaron al PJ a solicitar a Kirchner que "voltee" las internas abiertas dado el liderazgo de Zamora en las encuestas. También solicitaron que la intervención se extendiera hasta octubre para unificar los comicios con los nacionales.
El 6 de NoviembreEl Superior Tribunal de Justicia de la provincia suspendió las elecciones internas abiertas y simultáneas previstas para el 12 de diciembre y las generales en las que se iban a elegir gobernador, vice y 50 diputados en esta provincia, previstas para el 20 de febrero. El alto cuerpo de justicia hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el defensor del pueblo de la provincia, Enrique Hisse, que planteaba la inconstitucionalidad del sistema de elección de diputados por circunscripción y pedía que antes de realizarse elecciones, se reformara la Constitución provincial. Los interventores aseguraron que la provincia se va a "allanar al fallo" porque los miembros del Tribunal dijeron que van a resolver la cuestión de fondo, es decir los "vicios que hay que subsanar en la Constitución", en cuanto a la elección de diputados por el sistema de circunscripciones. Actualmente el Gobierno Nacional especula con extender aún más la intervención para lograr una fuerza política oficialista viable en la provincia.
Situación actual y opinión personal
La situación actual es complicada e incierta. Nadie sabe a ciencia cierta como debe procederse en la intervención federal, y los problemas no son solo entre bandos opositores sino que la duda surge del mismo seno del gobierno nacional. La intervención federal, a mi entender, no a podido desmantelar un aparato político que ha funcionado los últimos 30 años sin fisuras. Y esto es completamente comprensible. El problema es que tampoco se podrá lograr esto por más que la intervención se prolongue cada vez por más tiempo.
Las iniciativas oficialistas por lograr un poder político en la provincia tampoco son el camino adecuado. Si hay algo que Santiago no necesita es un gobierno adicto. Si bien la reforma constitucional era una buena medida previa a las elecciones, su inviabilidad no debe desalentar al pueblo y no debería ser un factor decisivo en la reconstrucción institucional.
Con todo esto quiero decir que es la responsabilidad del pueblo la de reconstruir su propia provincia. El compromiso y el trabajo deben surgir desde y para el pueblo. La intervención federal no ha logrado eliminar a los jueces corruptos ni a la influencia política del poder económico, pero ante la imposibilidad de reformar la constitución, solo debería garantizar unas elecciones limpias para que así el pueblo de Santiago pueda poco a poco volver a ser el artífice de su propio destino.
Autor:
Agustín Garrido
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