- Argumento
- Gobernabilidad, sociedad civil y sistema político
- Sociedad civil
- Sociedad civil y nueva gestión pública
- Gobernabilidad democrática y nueva gestión pública
- Conclusiones
Este ensayo se centra en la sociedad civil y la gobernabilidad concebidas como redes y espacios de relaciones democráticas dentro de las cuales se deben entender los flujos de la sociedad para con el régimen político (demandas y apoyo); los del régimen político hacia la sociedad representados por las políticas públicas y la relación que se teje entre estos flujos a la luz de las condiciones actuales del sistema político luego de primera generación de reformas administrativas.
Presenta una descripción analítica del contexto político latinoamericano en relación con las experiencias de reforma administrativa de "primera generación", así como de los conceptos de gobernabilidad y sociedad civil, caracterizados como dos conceptos fundamentalmente relacionales y estrechamente vinculados a las reformas de segunda generación en su versión más democrática y menos neoliberal.
Finalmente, concluye en que la gobernabilidad democrática implica tener en cuenta que la expansión de la democracia en América Latina ha llevado consigo una mayor pluralización y multiplicación de los actores y que, por lo tanto, el resurgimiento de la sociedad civil se encuadra en el marco formado por el nuevo papel del Estado a desarrollar en América Latina, una amplia inclusión de intereses desde la sociedad civil, una intermediación más eficaz y auténtica por parte de los partidos en los diferentes niveles de decisión, la extensión de una nueva cultura política en la ciudadanía y nuevas formas de articulación entre actores sociales, partidos, instituciones públicas, empresa privada y gestores de la opinión pública.
Del equilibrio entre el Estado y la sociedad civil depende en gran medida el buen gobierno democrático de cada país y, por ende, la gobernabilidad de su sistema político. El estudio de la gobernabilidad puede realizarse teniendo en cuenta los elementos mínimos integrantes del sistema político: el régimen político, los actores sociales, la cultura política y el escenario internacional, sus interacciones y la lógica de actuación.
Dentro de este marco conceptual, he centrado mi atención, de una parte, en los flujos de la sociedad para con el régimen político (las demandas surgidas de cualquier fuente y condicionadas a la naturaleza del régimen y el apoyo a este mismo que es de particular relevancia en tanto su variación afecta el destino de las autoridades políticas, al propio régimen y a la sociedad; y, de otra parte, en los flujos de régimen político hacia la sociedad que representan las políticas públicas.
Asimismo, me he centrado en la relación dinámica de estos flujos que, en el caso actual de las sociedades peruanas y latinoamericana, adquiere particular importancia luego de una primera generación de reformas administrativas que enfatizaron la dimensión económica financiera de los problemas nacionales, no brindaron una solución permanente a los problemas de desempeño y se convirtieron en sí mismas en una manifestación de la informalidad en la administración pública y en un obstáculo para la gobernabilidad democrática.
El ajuste neoliberal de los 90s , creó un sistema político caracterizado por una acción colectiva débil, una ciudadanía y un espacio público restringidos, un sistema de partidos en crisis y una intermediación política inexistente; a lo que se suma una vida cotidiana marcada por demandas que tienen su origen y justificación en las situaciones de precariedad e inseguridad, una mercantilización generalizada y una política social neo-asistencialista. Los procesos de modernización latinoamericanos han integrado a la minoría y excluido a la mayoría, aumentando la diferenciación social e impidiendo condiciones mínimas de desarrollo para importantes grupos.
La reforma del Estado en América Latina era ciertamente imprescindible en América Latina a comienzos de los años ochenta. Pero la forma en que se llevaron a cabo las reformas, en parte por la debilidad estructural de las administraciones, en parte por la presión de la situación económica, y en parte por decisión o estrategia de los gobernantes, condujo a modelos de sociedad en los que los ciudadanos dependen mucho más del mercado y cuentan con mucho menos apoyo público y con recursos sociales mucho más escasos que en cualquier otra sociedad conocida.
Las sociedades latinoamericanas, particularmente la peruana, aún se debaten en una suerte de incapacidad de lograr un desarrollo político, económico y social sostenido e integral. Los Estados se han tornado vulnerables a los flujos trasnacionales de bienes y capitales, han visto erosionada su capacidad de gestionar la economía nacional, de gestionar gastos públicos, y tienen que lidiar con procesos dramáticos de ajuste estructural, signados por políticas de privatización, desregulación y descentralización, que vienen modificando la arquitectura de la estatalidad en los niveles municipal, provincial y nacional.
Actualmente la economía no proporciona la respuesta a estos problemas, sino que se hace parte del problema y el Estado no es capaz de responder, de allí que las miradas se vuelven hacia la sociedad civil y hacia las reformas de segunda generación que emergen como una necesidad frente a los cambios continuos, de adaptación espontánea y de carácter periférico, que no cuestionan la lógica dominante o la identidad del Estado en sus formas y actuaciones, y que se manifiestan inadecuadas.
En él Perú y América Latina siguen siendo cuestionadas las funciones del Estado en la sociedad, esto es, la extensión socialmente legítima del Estado; así como respecto a los sujetos a los que se dirige la acción del Estado, la legitimidad de esa direccionalidad; cuestionado el aspecto burocrático del Estado y sus niveles de rendimiento; al igual que la relación del aparato administrativo del Estado y la sociedad (participación democrática de la sociedad).
Los desempeños gubernamentales y, más aún, los sistemas políticos siguen estando caracterizados por crisis de legitimidad y de credibilidad. La corrupción y la ineficacia siguen siendo atributos de los gobiernos y los métodos para paliar esta realidad siguen dirigidos a la minimización del rol del estado y la preponderancia de los actores privados, como vía para disminuir el peso de la ineficacia gubernamental, y alcanzar así la proclamada gobernabilidad.
Los gobiernos latinoamericanos se enfrentan, entonces, al tema de cómo estructurar el proceso interno de toma de decisiones de tal manera que equilibre democráticamente la eficiencia gubernamental con la necesidad de frenos suficientes a la autoridad central para prevenir las arbitrariedades.
- GOBERNABILIDAD, SOCIEDAD CIVIL Y SISTEMA POLÍTICO.
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