II. La Informática Jurídica como Elemento Esencial de Toda Reforma en la Administración de Justicia.-
El ciudadano no se identifica con sus autoridades judiciales porque las considera corroídas por la corrupción y la capacidad de respuesta a la petición de justicia por parte del sistema genera un sentimiento de desolación escalofriante. El retorno a medidas de venganza privada se hace común día con día.
Previamente a continuar con nuestra reflexión creo que debemos hacernos el siguiente cuestionamiento. ¿Existe a nivel gubernamental un adecuado sentido de la importancia de enfocar sistémicamente la burocracia judicial?.
La respuesta es que no, que no existe un nivel adecuado de interés. Lo cual resulta fatal ante el avatar de la necesidad de simplificar trámites, focalizar recursos y garantizar cada acto burocrático. Y esa respuesta negativa no se debe a una situación voluntaria en las instancias máximas del poder judicial sino que otorgamos el beneficio de la duda y diremos que la carencia de políticas de estado en materia de administración pública en general, en si misma, produce un resquemor a la utilización de las herramientas tecnológicas. Y el no hacerlo a estas alturas es equivalente a un suicidio a la luz de las necesidades en el servicio público, cada vez más ostensible. Veamos.
Respecto de los enfoques sistémicos y su importancia estimo que lo podríamos graficar de la siguiente manera utilizando un símil en el ámbito deportivo. El juego del fútbol, desde su creación a pasado por una serie de modificaciones y variantes relativa a las reglas de juego como número de jugadores, once por cada lado, medidas oficiales de la cancha con los límites máximos y mínimos permisibles, una sola pelota, etc. La evolución se genera por cuestiones integración de los siguientes elementos como de mejora en dinámica, apreciación visual, explotación de configuración atlética de los jugadores, luego el elemento comercial, en fin. ¿Qué sucede si a ultranza se agrega una regla para que jueguen catorce jugadores por lado y se autoriza el uso de dos pelotas y además reducimos las medidas del campo de juego?. Pues la respuesta simple y llanamente sería que nos encontramos ante cualquier cosa menos ante un juego de fútbol o soccer. Es decir, se alteró el sistema a tal punto que todos los elementos comienzan a decaer a degenerar. Pues lo mismo pasa en materia de sistemas. En una palabra, podemos decir, que el sistema genera sus propias necesidades y las formas de satisfacerlas, asimismo proporciona las herramientas para decantar las cosas de no necesita erradicando las apéndices que vayan quedando. En el sistema de administración de justicia también pasa lo mismo. No es suficiente en modo alguno solo el cambiar la máquina de escribir por un ordenador. La secuencia de sistemas obligará a que ese ordenador que es un sistema en si mismo este integrado en red a un sistema mayor para viabilizar el mejor trámite de los expedientes que se asignen a ese juzgado, lo que se denomina informática jurídica de gestión. Integrar a su vez el sistema judicial al sistema de gobierno electrónico en general es por último ineludible.
No solo en el Perú sino en casi toda la América al sur del Río Grande, la falta la voluntad política para que la abulia social no impere y de una vez por todas establecer un esquema de trabajo serio con la finalidad de asumir compromisos que coadyuven a una administración de justicia dinámica por parte de los operadores de justicia. Dicho plan de mediano y largo plazo, debe asumir la tarea de los próximos diez a veinte años pero iniciarse inmediatamente. Las inversiones generadas por el fenómeno de la globalización en esta parte de Latinoamérica requieren estabilidad jurídica y siguiendo el mismo razonamiento, de esa seguridad depende las nuevas inversiones. Bien señala Oppenheimer que Latinoamérica para el año 2018 tiene una perspectiva incierta si es que desde ya no nos ponemos finalmente de acuerdo en cuestiones básicas como la seguridad, que afirmamos se entiende por seguridad jurídica y seguridad poblacional.
III. LAS TICS Y EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ.–
Ahora bien en el ámbito estrictamente nacional peruano, tenemos que no se instrumentalizan adecuadamente instituciones relativas a la aplicación de las tecnologías de la Informática y las comunicaciones pese a que resulta esencial su importancia en la visión de un Estado moderno.
Como ejemplo podemos comentar el hecho de que un documento tan importante como el Acuerdo Nacional no tenga previsto dentro de sus acápites sobre políticas de Estado un lineamiento sobre este aspecto. Tal vez por ello y el infaltable sentido de refundación de los gobernantes de turno, ideas como el Proyecto Huascarán se encuentran mediatizados y no lamentablemente no se logró aplicar la informática a la estructura educativa, aun inerme, en el país.
Se mantiene la cultura del secreto en contraposición con la necesidad de transparencia en las decisiones de la administración. Por ejemplo los cambios y afectaciones de la competencia funcional que hace la corte suprema como se da en el caso de delitos de terrorismo, que, afectando el principio de la competencia natural deriva los casos de delitos aduaneros a la capital de la república precisamente a esos ex juzgados de terrorismo, en lo que resulta un problema para un elemental principio de legítima defensa y la institución del juez natural. Esto encarece la comparecencia del justiciable y retrotrae nuestra memoria a prácticas propias de la dictadura. Y si deshuesamos cualquier atisbo de mala fe, el problema se presente básicamente porque los desactivados juzgados de terrorismo se quedaban sin "laburo".
Casi lo mismo sucede con los procesos contenciosos administrativos contra entidades determinadas (SUNAT, ESSALUD, TRIBUNAL DE INDECOPI, CONSUCODE TRIBUNAL FISCAL etc.) y que son derivados por competencia funcional a las salas especializadas de Lima generando aun mayor indefensión en materias tan delicadas como seguridad social, adquisiciones del Estado, derecho del consumidor y tributación por ejemplo.
No se puede pretender mediatizar la capacidad de los jueces de provincias con una pésima concepción de los juzgados o salas "especializadas". Sin que se entienda que nuestra óptica va en contra de la especialización de los magistrados en diversas materias legales, sino por el contrario que dicha concepción debe paradójicamente generalizarse aplicando para ellos las TICs como herramienta fundamental de desarrollo y justicia social en un Estado auténticamente democrático.
La falta de una ley de informática, la falta de una implementación, enriquecimiento y mejoramiento progresivo de la denominada agenda digital peruana, la desarticulación de las normas de seguridad jurídica y de telecontratación con el Estado son tareas urgentes que debe asimilarse dentro de las TICs en el Poder judicial y los operadores de justicia (Ministerio Público, Policía nacional y los gabinetes de criminalística en materia penal, y los colegios profesionales, las universidades en materia civil y social).
Carlos Alberto Pajuelo Beltrán
Catedrático Universitario Informática Jurídica.
Miembro de la Orden.
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