Mayo 2003 en Francia: ¿Qué decir hoy de un movimiento social multiforme?

A no ser que se quiera dar explicaciones tan generales que se convertirían en banales por su evidencia, no es posible hacer muchas comparaciones entre los enfrentamientos de hoy y los de un pasado reciente a escala nacional, por ejemplo 1968 y 1995.

 En primer lugar es preciso situar el movimiento actual en el marco de la situación económica mundial del capital. No hacen falta muchas estadísticas para comprobar que el capitalismo está en crisis y que esto repercute en todas los campos. Hablando sólo de Francia hacia la integración europea, esta crisis se manifiesta por la necesidad de reestructuraciones que tienen consecuencias sobre las condiciones de trabajo. A ello se añade la disminución de la producción y, por tanto, de la plusvalía que del trabajo extraen las empresas, y de la parte de esta plusvalía que se redistribuye a los trabajadores y que el Estado deduce para sus gastos de funcionamiento y para la articulación social (represión para mantener la paz social). El resultado global consiste en una presión cada vez mayor para reducir esta parte de la plusvalía que escapa a las empresas, tanto más cuando las consecuencias de la crisis aumentan la demanda de la ayuda social en todas sus formas y la exigencia de represión para contener la presión social. En resumen, el capital necesita dinero para hacer frente a la crisis y para intentar conservar sus beneficios, y no hay más que una fuente: los actuales trabajadores, estén trabajando, en el paro, jubilados, o esperando su turno, escolarizados.  

Es frecuente hacer referencia a las huelgas del otoño de 1995. Como entonces, con un trasfondo de reestructuraciones económicas y sociales, nos encontramos ante un conjunto de luchas localizadas y diversas. Pero, hasta ahora, no estamos, como en 1968, ante un movimiento generalizado que ataña a todas las estructuras del sistema y represente un intento de puesta en cuestión de la misma organización social. Como en 1995, un gobierno conservador enfrenta un problema global que se refiere a las garantías sociales, sobre todo de ciertas categorías de trabajadores: los servicios públicos y semipúblicos. Pero, como veremos, la manera de abordarlo será distinta, a la vez más global y más diferenciada. En 1995, el desencadenante de la huelga fue un ataque frontal dirigido a la supresión de estos regímenes especiales y su alineación en el régimen general de la seguridad social, especialmente por lo que se refiere a la edad de la jubilación. Esta especificidad limitaría el movimiento pese a la fuerza de su extensión y a sus tendencias autónomas: todos los esfuerzos para extenderlo al sector privado, que no estaba directamente concernido, fracasaron. Los huelguistas afirmaban que hacían la "huelga por procuración", pero esto fue contradicho rápidamente por la vuelta al trabajo, fuertemente apoyada por los sindicatos que habían quedado sobrepasados cuando el gobierno abandonó su proyecto por temor precisamente a esta extensión. Una de las razones de esta no extensión al sector privado fue que a los trabajadores de este sector económico, el más importante, tal medida no les concernía, una vez que ya unos años antes les afectó la medida del paso a los 40 años de cotizaciones para poder tener la pensión por jubilación íntegra. Sin que ello motivara una reacción de las centrales sindicales o del movimiento de base. La misma ruptura va a producirse en mayo de 2003.

En 1995, la retirada de las medidas gubernamentales y el final del conflicto no arreglaba sin embargo el fracaso político. Podemos observar que siempre que un gobierno, al implantar unas medidas requeridas por el capital, provoca un conflicto que perturba seriamente el funcionamiento de la economía capitalista, ha de pagarlo políticamente: el conflicto social, sea el que sea su origen, es transferido y apaciguado mediante una "solución" política, ciertamente transitoria. De Gaulle pagó en abril de 1969 el fracaso político que representó mayo del 68, aunque se podía beneficiar entonces de una mayoría ampliamente suficiente para gobernar. Los coletazos del fracaso del otoño de 1995 se concretaron con la elección, en la primavera de 1997, de una mayoría de izquierda socialdemócrata. Claro ejemplo de la desviación de un movimiento social hacia una solución política pretendiendo resolver los problemas que había provocado el enfrentamiento social. La tarea de este gobierno de "izquierdas" era la de hacer colar las reformas que necesitaba el capital en Francia, y para ello podía disponer de un capital de confianza –relativa- que los trabajadores aún podían conceder a un tal cambio político.

Se ha convertido en un lugar común decir que la izquierda socialdemócrata no abordó, durante sus cinco años en el poder, los problemas que el gobierno de "derechas" le había legado, es decir, las reformas que necesitaba el capital, sobre todo la cuestión de las jubilaciones. Se olvida, en general, que cumplió perfectamente su tarea de gestor del sistema en lo que respecta a la paz social y al aumento de la productividad del trabajo, un arma esencial en la competencia capitalista internacional. Durante estos cinco años se alcanzaron resultados esenciales en detrimento de los trabajadores:

– Con la falaz etiqueta de la reducción del tiempo de trabajo con las "35 horas", las empresas en Francia ganaron una total flexibilidad del trabajo y un bloqueo de los salarios, y con subvenciones enmascaradas. Una consecuencia importante de la aplicación de esta legislación fue la transferencia de la fijación de las relaciones laborales de nivel global (Estado o convenios por ramos de industria) a nivel local de la empresa o incluso de cada una de las empresas del mismo trust, lo que representa la abolición de una igualdad territorial que unificaba, y el localismo diferenciador con lo que conlleva de divisiones y de debilidad. En estas condiciones el capital en Francia puede vanagloriarse de tener la productividad horaria por trabajador más elevada de los países industrializados. Y vanagloriarse también de haber transformado profundamente las condiciones de vida de los trabajadores, aumentando su "individualización".

– Esta transformación de las condiciones de trabajo y de vida fue acompañada de una reestructuración industrial, motivada en parte por las privatizaciones del sector público, cuyos despidos fueron favorecidos por un aligeramiento de los controles y por una reforma de los subsidios de desempleo. Los despidos fueron enmascarados por importantes contratos basura, especialmente de jóvenes.

– Esta forma específica de precarización no fue más que uno de los aspectos de una precarización general comprendiendo todo el conjunto de la economía, consecuencia, en parte, de la reducción del tiempo de trabajo y de la flexibilidad, y en parte por la contratación en algunos servicios públicos de trabajadores sin estatuto garantizado; y por otra parte como consecuencia de acuerdos internacionales (por ejemplo la entrada de china en la OMC) o del abandono de acuerdos proteccionistas de industrias nacionales (por ejemplo el fin del acuerdo multifibra en la producción textil).

– En todos los campos de las garantías sociales o de los estatutos preservados, la práctica llevada a cabo durante estos años consistió, para evitar una explosión social global, en parcelar hasta el extremo mediante reformas puntuales por categorías limitadas. Una parte de estas reformas "parcelares" y que se encuentra en el centro del conflicto en la Educación Nacional es la de la "regionalización", es decir, la transferencia de los servicios que dependen del Estado central hacia las colectividades locales. Esta reforma de las estructuras del Estado, empezada por el gobierno socialdemócrata en 1981 y proseguida por la derecha y después por la izquierda, no consiste, propiamente hablando, en un cambio de patrón sino en un cambio de colectividad pública concebido para aportar una mayor productividad gracias a un nuevo estatuto menos ventajoso que el anterior, y en una racionalización del trabajo.  

Todo esto creó las condiciones propias para poder avanzar hacia reformas más radicales, retardadas por el temor de un movimiento social. Pero al mismo tiempo crearon un descontento difuso, un malestar tanto más profundo que era incapaz de concretarse en luchas abiertas. Al mismo tiempo, las reformas por tanto tiempo diferidas se hacían más urgentes cuando se planteaban no ya a nivel nacional sino a nivel europeo y cuando la crisis económica mundial obligaba a no diferir por más tiempo su realización. Estas reformas podrían definirse siguiendo tres ejes:

• El corolario de la libertad de circulación de los trabajadores en una armonización por abajo de los sistemas de protección y la supresión de particularismos nacionales.
• La supresión de las trabas a la construcción de un mercado libre europeo teniendo por corolario la reducción de la mayor parte de sectores públicos y su privatización.
• La armonización de las estructuras políticas de los Estados por la constitución de regiones equilibradas dotadas de poderes más consecuentes, transferidos de los Estados centralizados, y cuyas funciones se encontraban antes disminuidas.

Parece ser que el gobierno conservador se equivocó sobre la crisis política desvelada por las elecciones de la primavera de 2002. Podía pensar que al tener una mayoría en todos los escalones del poder le era posible lanzarse intrépidamente en el conjunto de reformas diferidas y cuya urgencia le apremiaba. Las referencias a los remolinos políticos fascismo-antifascismo había enmascarado la realidad del conflicto social planteado sobre todo a partir de 1995. El intento de mediación política de este conflicto, que las elecciones de 1997 habían manifestado, había fracasado y, por el contrario, el desarrollo de este malestar latente se manifestaba en las peripecias electorales de esta primavera del 2002. Indicaban hasta qué punto se había desarrollado un rechazo de la mediación política, alcanzando la abstención cerca de las dos terceras partes del electorado. Podemos preguntarnos si las manifestaciones masivas para cerrar el paso al Frente Nacional no eran más bien la expresión de este rechazo de la mediación política y no prefiguraban, de algún modo, la situación actual. Aquellas manifestaciones privilegiaban el enfrentamiento directo, la "ley de la calle" como muy bien dicen los ministros de hoy. Pero no se trataba de una ola de fondo ya que todos los organismos de poder han aprendido en estos dos decenios transcurridos, ante las tentativas de acción directa consecuentes a este rechazo de las mediaciones políticas, si no a eliminarlas, al menos a reducirlas, a asimilarlas, a reprimirlas o a utilizarlas.

Por lo que se refiere a los sindicatos, la desafección, que viene de lejos, corresponde, en el campo de las relaciones de trabajo, al rechazo de aquellas mediaciones. Esta desafección, que se manifiesta por la baja sindicalización  y por la carencia de militantes, es enmascarada por el hecho de que las protecciones legales (y el financiamiento institucional) les permite todavía asumir, aunque con dificultad, su función de mediación en las relaciones de producción. Más que los políticos, se encuentran concretamente ante un movimiento de lucha del que tienden a negar su misma existencia y les obliga a tomar posiciones que desvelan su verdadera función social:

– Puede decirse que, a pesar de la confusión de un movimiento cogido entre las pujas sindicales interesadas y las maniobras del poder, estamos ante una huelga salvaje que intenta encontrar sus propios criterios de acción y de organización. Se trata de manifestaciones de una corriente de autonomía en las luchas que se remonta hasta antes del 1968, y que en el periodo actual se ha expresado a finales de los años 1980, por la creación de coordinadoras, apareciendo las más importantes en los ferrocarriles (1986-1987) y entre las enfermeras (1988-1989). Esta tendencia, combatida violentamente por los sindicatos, y en parte castrada por la creación de sindicatos no reconocidos que se quieren más combativos (SUD, UNAS, CNT), reapareció en las huelgas de 1995-1995 bajo la forma de democracia directa en las asambleas abiertas a todos, rompiendo en cierto modo con los límites que el estricto profesionalismo de las coordinaciones había contenido. Pero también allí, los límites de la democracia formal pronto aparecieron en las posibilidades de manipulación de los sindicatos que, si reconocían a la fuerza esta democracia de base, mantenían su influencia en las negociaciones con los poderes y en la organización de las manifestaciones centrales. Tanto los trabajadores concernidos como los sindicatos y los gobiernos sacaron experiencia de estos intentos abortados y recientemente los hemos visto aparecer en las luchas de otras organizaciones de base, que reagrupaban tanto a los trabajadores en lucha como a otros militantes, y que para diferenciarse de las anteriores formas organizativas abortadas han tomado otro nombre, "los colectivos", y a las que se les puede predecir los mismos avatares que las formas anteriores ya obsoletas.

– Era de recibo en la práctica sindical recurrir, en circunstancias precisas y bajo el estricto control de tal o cual sindicato, a ciertas formas de violencia social para desactivar las tentaciones de una violencia de base cuando la lucha mantenida en sus marcos legales se encontraba en una situación sin salida. En estos años ha surgido una violencia social en los mismos lugares de trabajo, extendiendo de alguna manera la violencia de los "suburbios", dándole un carácter mucho más preciso de violencia de clase. Cellatex inauguraba, en febrero del 2000, esta nueva vía de la autonomía. Estas acciones tuvieron que enfrentarse no tanto a una represión directa siempre potencial sino a maniobras dilatorias que las vaciaban de su contenido subversivo (aunque también es cierto que en Daewoo hay militantes en prisión inculpados de incendio voluntario y que en ACT Angers la policía intervino brutalmente para desalojar una ocupación que generaba destrucciones). Con las nuevas leyes sobre la seguridad, la espada de Damocles de una represión directa se halla suspendida sobre la cabeza no sólo de los jóvenes de los suburbios sino también sobre cualquier forma de acción autónoma  que "perturbe el orden público". Aunque puntuales, estas formas de lucha no han desaparecido y recientemente algunos trabajadores han recurrido a ellas ya sea por amenazas o pasando a la acción directa.

En las estrategias gubernamentales se pensaba aprovechar a la vez lo que se entendía como un consenso político, un cierto control sindical sobre las posibles luchas y un aparato represivo reforzado para imponer, a expensas de los trabajadores, las reformas que exigía el capital ante la construcción europea y la crisis económica. Así, el gobierno emprende un conjunto de ataques en distintos campos que conllevan, en muchas capas sociales, varios cambios en sus condiciones de trabajo, por ejemplo en todo el sistema educativo, imponiendo a la vez la reforma de la jubilación, un cambio de estatuto con la transferencia del personal no académico del Estado a las regiones y una drástica disminución de los efectivos. Es posible que, confiando en su "popularidad" ganada con su posicionamiento anti USA en el conflicto iraquí, prolongación de la creencia en un pretendido consenso afirmado durante las elecciones de 2002, el gobierno haya creído que era posible una acción de fuerza. Sea como fuere, disponiendo de una mayoría conservadora pronta a la pelea, el capital y su sector más fanático, ha visto una oportunidad para intentar modificar la relación de fuerzas.

En el actual estado del desarrollo de la lucha, es difícil decir hacia dónde se orientarán los enfrentamientos cuya amplitud, en su persistencia y en su extensión, es al nivel de toda Francia. Los tres ejes de intervención del gobierno chocan con distintas resistencias que, como acabamos de señalar, en varios sectores como el de la educación, acumulan los cambios impuestos. Recordemos estos ejes "reformadores":

– Las jubilaciones, con la finalidad, bajo el pretexto de un desequilibrio que podría producirse dentro de diez años (hipotético, puesto que se refiere a una situación económica desconocida y demográfica más previsible con la libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea ampliada), de reducir el volumen de los subsidios, volver a situar los descuentos sobre el PIB a una media europea y forzar la orientación hacia un sistema privado de pensiones. Los más afectados por esta "armonización" son los trabajadores del sector público y semipúblico que tienen un sistema de jubilaciones más ventajoso que los del sector privado, siendo este sector también afectado aunque en menor medida.

– Las transferencias del Estado hacia los colectivos locales, empezando por los regionales. Ya hemos señalado el alcance político de estas medidas en el marco de la construcción europea.

– La reducción de todo el sector público, siendo la regionalización sólo uno de los aspectos. Lo que implica a la vez la privatización de importantes sectores de los "servicios públicos" (la enseñanza incluida) y recortes en los efectivos de los servicios actuales (utilizando las jubilaciones masivas, en los próximos diez años, de los niños del baby-boom de la inmediata postguerra.

– Una reforma profunda del sistema universitario para adaptarlo a las normas europeas, que implica la racionalización, la competitividad y un refuerzo de los vínculos con la patronal para que las materias respondan mejor a las necesidades de las empresas.

Hace meses que algunos sectores específicos, alcanzados por las primeras medidas de "reestructuración" y de "reducción de gastos del Estado", se han lanzado a unas luchas aparentemente marginales pero persistentes llamando a los colectivos regionales o nacionales surgidos de la misma lucha: los trabajadores discontinuos del espectáculo, contra la reforma del sistema de indemnización del desempleo; los arqueólogos, contra una reducción de los créditos comportando numerosos despidos y una privatización de las excavaciones arqueológicas; el personal subalterno precario de la Educación Nacional cuyos empleos son simplemente suprimidos o considerablemente reducidos con la creación de puestos de asistentes. Estos movimientos, aunque marginales, prefiguran de alguna manera lo que se está desarrollando desde hace meses, particularmente en la enseñanza, aunque ramificándose por otros sectores públicos e incluso privados, pero de los cuales apenas es posible trazar la amplitud y los caracteres, empezando por la falta de informaciones precisas.

Los sindicatos, cualesquiera que sean, pero con distintos objetivos según su posición en el aparato de encuadramiento de la fuerza de trabajo, se han subido al tren en marcha. Su papel es doble: por un lado hacer de tripas corazón proclamando su solidaridad con los movimientos que se han construido al margen de ellos y, expresando su fe en la democracia de base, que intentan torpedear utilizando estas mismas prácticas democráticas y haciendo valer su posición de "coordinador nacional", previniendo al mismo tiempo cualquier veleidad de coordinación fuera de su control. Su papel de enmascaramiento del movimiento puede verse claramente en el mismo calendario de las manifestaciones por distintas categorías, evitando así cualquier acción unitaria. El papel que juegan puede verse también en las entrevistas que tienen con el gobierno y que ofrecen el espectáculo de unas declaraciones estridentes y rupturistas mientras que, en el silencio de los despachos ministeriales, tejen las "concesiones del poder" que permitirán dividir a la vez los problemas y a aquellos que luchan. Para el movimiento de luchas aquí reside el mayor riesgo, lo que permitiría al gobierno no perder la compostura y evitar las consecuencias políticas de una retirada pura y simple de las medidas más importantes, manteniendo aquellas reformas  que no encontrarían más que una oposición dividida y debilitada. Entonces, los sindicatos podrían reivindicar la victoria de Pirrus pues habrían cedido en una parte de los esencial, aplazado para más tarde la otra parte y, habiendo asumido completamente su misión, habrían obtenido por parte del poder garantías por lo que respecta a su posición en el sistema.

Pensamos que el aspecto más importante del actual movimiento es el hecho de inscribirse en la corriente de autonomía que antes hemos descrito. Para poder llevar adelante sus propios caracteres en las formas de acción y de organización, deberá luchar inevitablemente contra todas las formas de represión siempre presentes. De nada sirve gritar contra la traición de los sindicatos o vilipendiar sus manipulaciones: al hacer esto los sindicatos cumplen su papel y el que el capital espera de ellos. No puede esperarse otra cosa. Esto vuelve vanas las llamadas (procediendo de grupos izquierdistas u otros) a "presionar" a los sindicatos para que hagan tal cosa u otra. A parte de que estas llamadas acreditan a los sindicatos un papel posible que nunca asumirán, su función consiste precisamente en cerrar el paso a cualquier posibilidad de los trabajadores en lucha de actuar i de organizarse por sí mismos.

Henri Simon