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Análisis comparativo de una recopilación de estudios internacionales sobre la violencia en la pareja


    Resumen

    En el presente trabajo se muestran los resultados de una recopilación de estudios sobre la violencia en la pareja, seleccionados con arreglo a un único criterio de inclusión y, a la vez, condición indispensable: que tengan en cuenta la violencia ejercida (perpetración) o sufrida (victimización) por ambos miembros de la pareja heterosexual.

    Los estudios se sistematizan en los dos anexos siguientes:

    A. Anexo 1: Recopilación de 400 estudios sobre violencia en la pareja, con indicación de las tasas de victimización por agresiones físicas para ambos sexos, cuyos resultados globales son los siguientes:

    o los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 209 estudios y por violencia física grave en 89 estudios;

    o las mujeres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve en 78 estudios y por violencia física grave en 34 estudios; y

    o se registran tasas similares para ambos sexos por violencia física total o leve en 108 estudios y por violencia física grave en 34 estudios.

    B. Anexo 2: Recopilación de 84 estudios con indicación de las conclusiones sobre la iniciación y reciprocidad de las agresiones físicas por sexos, cuyos resultados globales son los siguientes:

    o 60 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por las mujeres;

    o 13 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por los hombres; y

    o 11 estudios registran niveles similares de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas para ambos sexos.

    Un poco de contexto

    Hace más de cinco años, empecé a preparar una pequeña tabla con los resultados de algunos estudios sobre la violencia en la pareja. Mi intención era incluir en esa tabla los datos de una treintena de estudios de los que, por entonces, tenía conocimiento directo. Pero las bibliografías, como los racimos de cerezas, vienen enganchadas unas con otras. Así que, tirando, tirando, y prestando mucha atención a los nuevos estudios que han ido apareciendo de modo ininterrumpido en las principales publicaciones especializadas, la tabla ha seguido creciendo a lo largo de los años hasta alcanzar la actual cifra de 400 estudios. Todos ellos cumplen una condición indispensable: evaluar los comportamientos violentos de ambos miembros de la pareja heterosexual.

    En general, las políticas oficiales han prejuzgado que el hombre es el perpetrador exclusivo de violencia en la pareja, y que la mujer es la receptora pasiva de esa violencia. Sobre la base de ese prejuicio se ha levantado un complejo andamiaje legal, judicial y mediático que, durante decenios, ha sido el marco de respuesta al fenómeno de la violencia doméstica, rebautizada, para refuerzo de dicho prejuicio, como "violencia de género" o "violencia contra las mujeres".

    En el caso particular de España, el principal soporte "estadístico" de las medidas y leyes adoptadas para combatir esa violencia ha sido la Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, que, como su nombre indica, es un instrumento basado en el prejuicio ideológico de que sólo las mujeres sufren violencia en la pareja. Todas las medidas legislativas (en particular la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) y todos los informes relativos a la aplicación de esas medidas (por ejemplo, los publicados por el Consejo General del Poder Judicial o por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer) adolecen de ese vicio de origen: son fruto de un prejuicio sexista que da por sentado, al margen de cualquier comprobación empírica, que la violencia en la pareja es unidireccional.

    Sin embargo, no menos de 400 estudios científicos basados en los comportamientos de ambos miembros de la pareja han demostrado de forma inapelable que la violencia es ejercida en proporciones similares por hombres y mujeres, y lo que es más importante, que la violencia perpetrada por la mujer no es meramente defensiva. Al contrario, la inmensa mayoría de estudios que tienen en cuenta el factor de unilateralidad e iniciación de las agresiones físicas llegan a la conclusión opuesta: la mujer es, estadísticamente, la principal iniciadora de las agresiones físicas en la pareja.

    En noviembre de 2010, las autoridades penitenciarias españolas señalaron que la violencia de género era la tercera causa de ingreso en prisión de hombres en España y que, en los dos años anteriores, el número de personas recluidas por violencia "machista" había aumentado en un 43 por ciento. Por otro lado, el informe del CGPJ sobre los cinco primeros años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 arrojó una cifra total de 145.166 condenados en los órganos jurisdiccionales especializados en violencia sobre la mujer.

    Considerada, por una parte, esa realidad penal y, por otra, la realidad social certificada por los cientos de estudios científicos aquí aportados, es inevitable la siguiente reflexión: si los niveles de perpetración son estadísticamente similares para ambos sexos, los efectos judiciales deberían serlo también. No habiendo esa correspondencia entre ambas realidades, solo caben dos explicaciones: o bien que, en su mayoría, esos miles de hombres han sido condenados injustamente; o bien que un volumen similar de violencia femenina ha pasado desapercibido para el sistema judicial y no ha sido objeto de persecución penal. En cualquiera de ambas hipótesis, la balanza de la justicia sufre un profundo desequilibrio contrario a sus fines.

    Pero el problema no se limita a España. Aunque aquí haya arraigado con fuerza especial, el prejuicio de la violencia "de género" es internacional y ha proliferado en todas las instituciones, desde las más conspicuas organizaciones mundiales de derechos humanos hasta las más humildes concejalías rurales. Esta unanimidad en la aceptación de una falacia encierra un profundo misterio. ¿Cómo es posible que, habiendo tal cantidad de estudios científicos sobre la violencia en la pareja, el mundo funcione como si no existieran? ¿Qué gigantesca conjunción de tabúes sociales, dogmas ideológicos e intereses creados ha hecho posible que la inmensa mayoría de las instituciones (internacionales, nacionales, regionales y locales), y la práctica totalidad de la clase política y de los medios de comunicación desempeñen su actividad dentro de una especie de burbuja ideológica "de género", sin contacto con esa realidad avalada por la ciencia?

    En el caso de la violencia de pareja, la llamada "sociedad de la información" ha demostrado ser mucho más eficaz para airear valores ideológicos y certezas dadas que para difundir información objetiva y veraz. El prejuicio de que el hombre ejerce (como perpetrador exclusivo) violencia contra la mujer "por el hecho de serlo", sembrado a los cuatro vientos como componente esencial de una ideología sin ningún fundamento empírico ni base científica, ha sido una "certeza dada" de carácter universal durante más de treinta años. Sin embargo, casi desde el mismo instante en que ese prejuicio ideológico inició su expansión por el mundo en los años 70, empezaron a llevarse a cabo los primeros estudios científicos que le daban un desmentido rotundo1; actualmente, los estudios que cuantifican la violencia de ambos miembros de la pareja se cuentan ya por cientos y constituyen una refutación incuestionable de lo que, durante decenios, ha sido dogma oficial en materia de violencia doméstica.

    En España, la percepción social del fenómeno de la violencia doméstica tal como acabamos de describirlo ha estado empañada por una espesa cortina de niebla emocional: la consternación causada por los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, que han sido objeto de una atención mediática y una valoración política e institucional muy superiores a las concedidas a los restantes homicidios. Bajo los efectos de ese pathos colectivo, el Parlamento español adoptó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, sin parangón en Europa por su radicalidad, a pesar de que nuestro país "ocupa uno de los lugares más bajos en el ranking internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular".2 Podríamos decir que, en contraste con los homicidios comunes, los llamados feminicidios han cobrado relevancia de delitos políticos u homicidios con valor político añadido que deben reprimirse con especial ejemplaridad, y se han utilizado para justificar una legislación contraria a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia.

    Pero realzar el valor político de las víctimas en función de su sexo o adoptar leyes y normas que hagan extensiva la presunción de culpabilidad y un trato penal más riguroso a toda la población masculina no es moralmente lícito ni penalmente eficaz. Cualquier legislación discriminatoria es una fuente potencial de conflictos y violencia. Por ejemplo, en el caso concreto de los Estados Unidos, las tasas de homicidio por violencia de pareja han aumentado en el 60%, como promedio, en los estados en los que, a partir del decenio de 1990, se han aplicado leyes que establecen la detención obligatoria de todos los acusados de violencia doméstica.

    En un estudio reciente, del que es coautor Murray A. Straus, pionero y autoridad mundial en el estudio de la violencia familiar, se llega a la conclusión de que las actuales normas sociales, que condenan rigurosamente la violencia masculina, pero consideran secundaria o inexistente la femenina, constituyen un factor de riesgo para las propias mujeres, ya que muchas de ellas, amparadas en la benevolencia social que trivializa la violencia ejercida por la mujer, tal vez se retienen menos en el ejercicio de una violencia que creen impune o socialmente justificada. Por desgracia, aunque en la mayoría de los casos esas reglas sociales y la norma de caballerosidad sean eficaces para inhibir la violencia masculina, no siempre es así, y la violencia de respuesta masculina puede aumentar de escala. En tales condiciones, concluyen los autores, la violencia de las mujeres contra sus parejas es un factor de riesgo de victimización para las propias mujeres.

    A la luz de esas reflexiones, parece lógico concluir que el reconocimiento de la naturaleza bidireccional de la violencia en la pareja y la consiguiente adopción de medidas equitativas de prevención de esa violencia no sólo evitarán el actual desequilibrio penal contra los hombres, sino que constituirán un factor de protección para las propias mujeres.

    Las normas arbitrarias, basadas supuestos falsos, llevan en su interior el germen del descontento y del conflicto, y sus efectos son contraproducentes. En el caso de la violencia doméstica, todo nuestro andamiaje legal se basa en un prejuicio equivocado, sin correspondencia con la realidad, a saber, que el hombre es siempre perpetrador y la mujer es siempre víctima. Durante más de treinta años, ese prejuicio y los intereses creados a su sombra han sido más poderosos que la razón, y su herencia ha sido la administración parcial y sesgada de la justicia y, como reacción previsible, el recrudecimiento de la violencia, incluso en sus formas más extremas. Por ello es tan necesario desmontar ese gran tinglado legal basado en un prejuicio ideológico y reconstruir en su lugar una obra nueva, sólidamente asentada en la ciencia y sus razones.

    Conclusiones básicas

    Para reunir esta recopilación de 400 estudios ha sido necesario consultar también y descartar otros muchos (quizás en número similar) que no cumplían la condición esencial de examinar los comportamientos de ambos miembros de la pareja, no ofrecían datos comparables para ambos sexos o no tenían cabida en la recopilación por algún otro motivo. Sin duda, la consulta de un volumen tan abultado de investigaciones y datos permite sacar algunas conclusiones generales. Las que se exponen a continuación se refieren tanto a los métodos utilizados como a los resultados obtenidos en los diferentes estudios, ya que ambos aspectos están estrechamente relacionados.

    A) CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS MÉTODOS

    Modelo bidireccional

    El aspecto más básico de los estudios sobre violencia de pareja es el universo abarcado. Desde hace más de tres decenios, numerosas instituciones nacionales e internacionales han dedicado inmensos recursos y cuantiosos fondos públicos al estudio unidireccional de la "violencia contra las mujeres". Es decir, la mitad masculina de la población ha quedado excluida de esos estudios, basados en la premisa de que sólo el hombre puede ser perpetrador de violencia.5

    Mientras tanto, no ha dejado de crecer el número de estudios independientes que analizan los niveles de violencia perpetrada por ambos miembros de la pareja. En la presente recopilación sólo se ha dado cabida a las encuestas del modelo bidireccional, es decir, que miden tanto la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres como la ejercida por éstas contra aquéllos en el seno de la pareja. En contra de las tesis oficiales amparadas en el modelo unidireccional, las conclusiones de esos estudios bidireccionales arrojan niveles similares de conflictividad para ambos sexos o incluso ligeramente superiores en el caso de las mujeres.

    Estudios longitudinales

    En términos de calidad, los estudios longitudinales (identificados , en el Anexo 1, con el símbolo L*), con sus mediciones repetidas de las variables de un mismo grupo a lo largo del tiempo, son los instrumentos más fiables de evaluación de la violencia de pareja. En general, estos estudios son los que registran de modo más sistemático y constante tasas de victimización masculina comparativamente mayores.

    Estudios transversales

    Los resultados de los estudios transversales, que miden la prevalencia de la violencia de la pareja en un momento dado, dependen en gran medida de dos aspectos: la muestra utilizada y el período abarcado. Como veremos más adelante, los estudios que más se alejan de las constantes de bidireccionalidad y simetría en la violencia de pareja adolecen de uno de estos dos defectos, o de ambos: o bien abarcan períodos de tiempo excesivamente largos (en los que es más difícil cuantificar los comportamientos y más fácil ceder a la sensibilización ideológica predominante), o bien utilizan muestras de conveniencia (archivos policiales o judiciales, población de albergues para maltratadas, grupos clínicos, grupos de maltratadores sujetos a rehabilitación, etc.).

    Encuestas oficiales

    Las grandes encuestas nacionales de prevención del delito (crime surveys) aplicadas regularmente por instituciones oficiales en países como los Estados Unidos, el Canadá o el Reino Unido, suelen arrojar resultados de mayor victimización de la mujer. Sin embargo, estas encuestas no están concebidas para medir específicamente la violencia de pareja ni utilizan una metodología optimizada para estudiar ese tipo de violencia, sino también otros muchos aspectos. En ellas, los encuestados responden a una enorme batería de preguntas sobre todo tipo de comportamientos delictivos experimentados en su entorno (desde robos con allanamiento hasta expresiones de racismo), incluidos los actos de violencia doméstica percibidos como delitos.6 En relación con la fiabilidad de esas encuestas, Murray A. Straus ha demostrado que los niveles de maltrato declarados en las encuestas sobre violencia familiar son 16 veces superiores a los declarados en las crime surveys.7 Una vez más, las encuestas que arrojan mayores niveles de victimización femenina son, metodológicamente, las menos fiables.

    Metaanálisis

    El gran metaanálisis de estudios sobre la violencia de pareja es el publicado en 2000 por el profesor John Archer8, de la Universidad de Lancashire Central (Reino Unido), que el especialista Donald G. Dutton ha valorado así: "Dada la metodología utilizada por Archer, su trabajo ha de considerarse como el 'patrón-oro' (gold standard) de los estudios sobre la violencia de género".9 En el metaanálisis de Archer se examinan los resultados combinados de 82 estudios independientes, cuya muestra conjunta alcanza la cifra de 64.487 individuos. De acuerdo con los datos combinados de esos estudios, las mujeres son más propensas que los hombres a ejercer el maltrato físico contra su pareja, aunque tienen una probabilidad ligeramente mayor de sufrir lesiones.

    Marco cronológico

    Las encuestas transversales relativas a períodos largos o alejados en el tiempo arrojan, invariablemente, resultados más asimétricos y de mayor victimización de la mujer que las encuestas con un horizonte temporal más inmediato (doce últimos meses). Cuando las preguntas de una encuesta se refieren a actos de violencia conceptualmente bien delimitados (golpear con el puño, empujar, dar patadas, etc.) y fáciles de ubicar en el marco temporal (por ejemplo, durante el último año), los resultados son generalmente simétricos para ambos sexos. En cambio, cuando ese marco temporal se amplía (por ejemplo, a los últimos cinco años o a toda la vida adulta) o las preguntas son más vagas, las tasas de victimización de la mujer aumentan, lo cual sólo parece atribuible a motivos psicológicos (por ejemplo, la diferente percepción de las relaciones anteriores por hombres y mujeres) o ideológicos (la generalizada percepción social de la mujer como víctima potencial del varón).

    Muestras

    La fiabilidad de cualquier estudio depende en gran medida de la muestra utilizada para realizarlo. Si se trata de una muestra de selección (por ejemplo, mujeres refugiadas en albergues para maltratadas o grupos de maltratadores sujetos a programas de rehabilitación) o autoselección (es decir, voluntarios que responden a anuncios públicos formulados en determinado contexto), sus resultados no serán, en rigor, extrapolables a la población general, y cabe pensar que algunos estudios que utilizan esa metodología están buscando un resultado preestablecido.

    En particular, los estudios feministas tienden a basarse más frecuentemente en muestras de conveniencia (archivos policiales o judiciales, población de albergues para maltratadas, grupos clínicos, grupos de maltratadores sujetos a rehabilitación, etc.), a todas luces menos representativas de la población general que las muestras aleatorias utilizadas en los estudios independientes, y tratan de extrapolar a la población general los resultados obtenidos mediante esas muestras prediseñadas.10 En cambio, los estudios más fiables utilizan muestras no selectivas, elegidas aleatoriamente o con criterios de representatividad entre la población general.

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