La democracia y sus formas: Los ciudadanos como actores sociales y operadores políticos (página 2)

Los actores sociales hoy en día, y a la luz de la nueva constitución, debería ser fundamentalmente los ciudadanos tal cual lo prevé la Carta Magna en su Título III, De los derechos humanos y garantías, y de los deberes, sin ningún tipo de limitación como operador político en su segunda dimensión; es decir, hay derechos y deberes consagrados y juridificados, pero hay y habrá otros derechos y deberes que sólo el devenir de lo político podrá resaltar con sus causas y consecuencias y eso solamente lo podría establecer el libre ejercicio de la ciudadanía. Como consecuencia de esto, las organizaciones sociales no pueden seguir petrificadas resguardando derechos que solo el ejercicio de ellos podría establecer la necesidad de operatividad. En cambio, las transformaciones contemporáneas exigen más flexibilidad por parte de los actores para discernir sus nuevas realidades. Uno de los errores más emblemáticos de nuestro acontecer Nacional es seguir previendo lo político con ópticas de otras épocas. En otras palabras, la cinematografía cambiante de la política de hoy se observa con la estática fotografía del ayer, como si la digitalización del acontecer no estuviera presente.

La pluralidad y participación política es una necesidad insoslayable de toda democracia que se jacte de tal, pero, sin embargo, los actores no se modifican, siguen siendo los mismos de años y décadas anteriores cuando la ideologización de la política exigía proporciones. Cuando el absolutismo del Estado "moderno" requería contrapesos. Cuando la capacidad individual del ciudadano estuvo secuestrada por las organizaciones intermedias, para arrancarle al Estado alguna prebenda corporativa. Cuando la debilidad constitucional de los ciudadanos sólo se resolvía con la unidad institucional y así operar políticamente. Cuando el esquema "amigo-enemigo" funcionaba para dirimir los conflictos ya que no existía acción comunicativa. Cuando la confrontación suma cero justificaba el proceso político.

Hoy en día, tanto en Venezuela como en algunas otras latitudes, los actores tradicionales no pueden ser los mismos, ya que lo político no es ni se parece a la cultura democrática de la modernización. La modernidad debe dar paso a una postmodernidad política y ella se debe ver reflejada en su acontecer cultural. No es posible que en la era de la digitalización, la Sociedad de la Información en Venezuela siga siendo visto como algo excéntrica de los países desarrollados, cuando los ciudadanos tenemos capacidades y actitudes para estar a la par de cualquier sociedad del planeta en el ámbito de lo político. Un requerimiento público transita tan rápido por la intranet venezolana como en Holanda, por ejemplo. Nos podemos comunicar y adquirir información y conocimiento tan eficientemente como los estadounidenses. En consecuencia, por que limitar solamente nuestra capacidad organizativa como actores sociales a través de estructuras de funcionamiento que correspondieron al pasado y que ya hoy no satisfacen adecuadamente los nuevos requerimientos ciudadanos.

Podemos poner un ejemplo que nos es propio. Un ciudadano venezolano que vea vulnerado uno de sus derechos hoy en día y gracias a la nueva Constitución, puede solicitar un amparo inmediatamente a través de la Red del Tribunal Supremo de Justicia y ser respondido en el término legal, lo cual lo hace de efectos inmediatos. Anteriormente, ese mismo derecho debía ser rescatado a través de un partido político, sindicato o gremio según fuese el derecho menoscabado y eso significaba días, meses y hasta años según el alcance del problema y no todos tenía felices desenlaces. Era por eso que teníamos actores fuertemente estructurados para que resistieran tiempo y espacio histórico. Pero eso también significaba verticalismo funcional, autoritarismo procedimental, que a la larga terminaron conculcando hasta el mismo derecho que se pretendía. Recordemos, en nuestro país, la vieja practica partidocrática, sindical y gremialista de la que aún hoy no nos hemos podido deslastrar.

No pretendemos hacer desaparecer a los actores de la noche a la mañana. Lo que queremos resaltar es la necesidad imperiosa de no seguir aceptando a los actores sociales tradicionales como únicos agentes para la resolución de los conflictos constitucionalizados. Esos viejos actores consagran intereses que pueden ser extraños a la operatividad política hoy. Es por eso que algunos se convierten en protagonistas del acontecer Nacional de manera incongruente con la realidad. Seguimos aceptando que un gremio o sindicato convoquen a una huelga general para derrocar a un gobierno y nos parece razonable; imaginemos por un instante al Cuerpo de Bomberos de Caracas o a la Federación de Centros Universitarios de la UCV haciendo lo mismo y que el llamado sea acatado por toda la sociedad.

La institucionalidad de un gremio como actor social, nos parece, desde el siglo XIX, como el agente deliberante por excelencia, no sólo ante las reivindicaciones que le son propias, sino ante cualquier requerimiento social que se pueda obtener, todo dependerá del poder que haya alcanzado en lo político. Es por eso que de inmediato, cuando el Jefe del Cuerpo de Bomberos o el Presidente de la FCU triunfen en sus solicitudes los apreciamos como candidato Presidencial, trasladando de inmediato y de forma mecánica el triunfo de una reivindicación social a la eventual conquista del Ejecutivo Nacional.

Tamaña incongruencia no es posible sino comprenderla a la sombra de la cultura híbridas que nos señala Canclini, o el caudillismo decimonónico y cesarismo democrático de Vallenilla Lanz, y esto no tiene nada que ver con el ciudadano. Es necesario entonces realizar otras reflexiones interpretativas sobre los operadores políticos.

Los operadores políticos no sólo son los actores, sino estos y su alcance en lo político y sus conflictos. Un actor social que no operacionalise su accionar no es un actor político. Es una entelequia estructural de la sociedad. En consecuencia, los operadores no pueden seguir siendo vistos por los ciudadanos, a la luz de la nueva Constitución, como simples acciones de los actores sociales. Los operadores políticos, como hemos tratado de visualizar anteriormente, son más que actores, son estos y sus consecuencia, si partimos de la conceptualización de ciudadanía y no del ente grupal.

Veamos. Un interés social juridificado que no sea proclive de fácil realización, puede ser motivo suficiente para el accionar inmediato de cualquier ciudadano, el cual tendrá como misión resaltar el incumplimiento del mismo. Otros ciudadanos verán reflejados sus propios intereses y de ésta manera surgirá la necesidad de sumarse y fortalecer la actuación, lo cual los llevará a robustecer también la configuración de una estructura operativa de funcionamiento que le permita economizar sus esfuerzos societales. Pues bien, así podrán surgir tantos agrupaciones ciudadanas como incumplimientos constitucionales o nuevas necesidades insatisfechas existan, pero se verán limitados por sus propio alcance, tanto de tiempo como de espacio. Por ejemplo, un problema en el condominio tendrá la duración que la solución permita. Si reparar el ascensor tarda cinco días, pues hasta los cinco días llegará la acción de los copropietarios. Ahora bien, si eso significa que hay que destituir a la Junta de Condominio por su irresponsabilidad, pues otra operación esta en puertas, ya su alcance no es el mismo ni el tiempo requerido para ese logro será igual. La consecuencia de esto último será la imperiosa necesidad de tener una estructura operacional a través de un actor con mayor permanencia, pero sólo hasta que el instrumento eleccionario permita la composición de otra Junta. De igual manera, ante los grandes, o pequeños conflictos nacionales o internacionales como hemos indicado anteriormente.

Un operador político es una consecuencia de un dificultad, o de una expectativa no resuelta. Su dimensión determinará su permanencia y el espacio requerido por parte del actor protagónico, pero su base de sustentación deberá ser el del ciudadano copropietario, no de la Junta de Condominio en sí. La dimensión del conflicto entrañará el tipo de estructura requerida y su alcance. Si por ejemplo, no comparto el programa de gobierno del candidato tal, me organizaré con otros ciudadanos para proponer uno alterno y el resultado electoral determinará mi permanencia o no ante el conflicto electoral planteado.

Un actor tradicional y permanente personifica una confrontación permanente, y eso significa dedicación y esfuerzos que a lo mejor no está en la línea de mis prioridades. ¿Será por eso que la gente no se compromete con las reuniones del Condominio? Volviendo al ejemplo del programa de gobierno. Si soy un político de oficio me mantendré activo y así mismo mis operadores políticos para el próximo proceso electoral, el cual ya no podrá ser lo mismo ni el mismo.

Otro ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas se fundo y permanece por que los cimientos de su creación es la de preservar la paz entre las naciones y de la propia comunidad internacional, ese es un problema permanente y en consecuencia requiere un actor durable, aunque las operaciones políticas para mantener la paz de las naciones cambien constantemente, lo cual a su vez debería verse reflejado en los protagonistas. Por qué afirmamos que la ONU no es una organización democrática, pues porque su funcionamiento y operatividad sigue signada a los deseos del Consejo de Seguridad y no a la Asamblea.

En nuestra realidad circundante algo parecido ocurre. Los actores sociales y los operadores políticos se mantienen y permanecen inalterables, en la mayoría de los casos, a pesar de que los actores han cambiado, como resultado de la nueva constitucionalidad política; es decir, partidos políticos vs. ciudadanos. Esto nos parece incongruente con nuestras capacidades ciudadanas constitucionalizadas y necesidad de institucionalizar al ciudadano.

En otras palabras, los actores sociales fundamentales han cambiado y como efecto de ello los operadores políticos, pero los conflictos siguen siendo los mismos. Gremios, sindicatos, asociaciones y grupos de interés o de presión continúan operando en la institucionalización de lo político como entidades para-estatales, y siguen desconociendo la política constitucionalizada, tal cual como las antiguas estructuras de los viejos y cansados partidos políticos lo hacían. En fin, el ciudadano sigue atónito y excluido de sus propias decisiones.

Deseo poner un ejemplo que puede ilustrar lo que anteriormente hemos conceptualizado. A partir de 1993 la crisis existencial de los partidos políticos, como actores del protagonismo social, se hizo evidente, pero no así sus operadores. También observamos, una vez más, en nuestro contexto político, que el debate está abierto nuevamente a la vieja usanza de los partidos en torno a las candidaturas presidenciales. Militares, empresarios, sindicalistas, etc., han iniciado, como siempre, la pre-campaña electoral por posesionarse del esporádico votante para el 2006, o antes si fuese necesario. El protagonismo no se solidifica sobre la naturaleza de un problema ciudadano o un conflicto de estos con la sociedad, y con la mira puesta en su resolución, la mayoría de los conflictos que percibimos es sobre el Poder y su conquista o mantenimiento tal cual nos lo planteo Maquiavelo en El Príncipe. Hoy se dice, por sectores interesados, que no hay oposición, cuando la oposición es la más sólida y firme en sus propósitos. Lo que no existe es un rostro electoral para la confrontación, una alternativa electoral, un dirigente que se pueda publicitar, y que logre amalgamar a los sectores descontentos con la gobernabilidad actual, para luego traducirlos en votos. Y esto, a mi entender es lo que agobia al ciudadano y a la ciudadanía como ente societal. Las marchas y contramarchas de nuestra realidad inmediata no es otra cosa que el cautiverio electoral de los protagonistas ¿o es que alguno de los problemas planteados como consignas en esas concentraciones ha tenido algún resultado?

Entonces ¿cómo podemos abordar el problema de los dilemas en la construcción de la democracia en Venezuela? ¿Cuál es el medio o instrumento para los encuentros entre actores sociales, operadores políticos y la aun no conocida ciudadanía? Esta será nuestra cuarta y última reflexión.

Los actores sociales y los operadores políticos pueden encontrarse congruentemente en la resolución del dilema democrático a través de las siguientes propuestas; pero antes, permítaseme unas cavilaciones adicionales.

La conflictividad en el sistema político venezolano y particularmente en su democracia no es tan sólo entre el Estado y la Sociedad, como históricamente lo hemos concebido, es también la del ciudadano y su sociedad, es decir, sus propios conflictos. Por ahora, parece ser que el Gobierno Nacional es quien ha asumido el papel de operador-representante de un importante sector de la ciudadanía; es decir, entre ciudadanos y de estos con la sociedad. Lentamente seguiremos observando y percatándonos de esa conflictividad ciudadana y social, sin que desaparezca por ello la del ciudadano y el Estado.

La política venezolana se ha despartidizado, es decir, desideologizado y desestructurado de los viejos actores sociales, fundamentalmente; pero, no por eso, a dejado de operacionalizar sus problemas políticos y seguir a los superados actores sociales. Lo novedoso es que los actores sociales tradicionales ya no poseen tanto peso específico en la sociedad, como lo tuvieron ayer, juridificados o no. Hoy la política se esta ennobleciendo con la participación y protagonismo de los ciudadanos, pero aun permanecen los viejos actores sociales con nuevas capacidades operacionales que difunden en el entramado cultural de la política como novedoso, pero que en el fondo persiguen lo mismo.

La mujer, por ejemplo, como entidad ciudadana y política es un nuevo protagonista social que está contribuyendo a mejorar el comportamiento político del hábitat de la civilidad pacífica de los conflictos, no sólo por extensión de su propia mentalidad, sino como cultura de relevo entre los actores tradicionales. Parecemos más beligerantes, y también radicales, en nuestra participación, llegando incluso al hiperprotagonismo cotidiano, pero más pacíficos y civilistas.

Nos estamos acercando a una mejor comprensión de los fenómenos políticos a través de la praxis. El apego a la democracia y a sus instituciones de participación y alternacia en el poder debe indiscutible e irrenunciable. La politización de la sociedad hoy se presente abierta, ya no hay excluidos ni exclusiones de los ciudadanos, sean estos clérigos, militares, pobres o ricos, constitucional e institucionalmente hablando. Se está transformando la dimensión operacional de la política. Se ventilan los compromisos de la manera más cruda y realista, también se abusa es cierto, pero lo que abunda no daña. Debemos preferir el viento de los conflictos que el deslave de las instituciones democráticas.

En fin, dilucidar los conflictos ciudadanos en sociedad sin intermediarios petrificados; consagrar la politización ciudadana en contra de la ideologización partidista o grupal y enarbolar nuestro apego a la institucionalidad democrática debe ser el prologo de cualquier encuentro entre actores sociales y operadores políticos para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra particular democracia.

Vista así, retomamos las propuestas para un sano encuentro enaltecedor de la ciudadanía democrática.

En primer lugar, la creación de una nueva y alterna agenda política ante la actual conflictividad, la cual recoja entre sus puntos la necesidad del reconocimiento explicito a las normas existentes para los nuevos operadores políticos. Ningún conflicto puede transitar por el desconocimiento de las reglas establecidas, ya que ellas poseen una fuerte dosis de legalidad y una consagrada legitimidad consultiva. Cualquier intento por desconocer la normativa jurídica debe ser a través de los instrumentos previamente establecidos y no por una suerte de suprajuridicidad política a través de las pasiones humanas. La voluntad general no puede ser suplida por otra vía que no sea la previamente conquistada en nuestra Constitución.

En segundo lugar, el ciudadano es y debe ser el único actor, no los grupos de interés o de presión existentes, sean estos sindicatos, gremios, corporaciones o cualquier otra entidad jurídico-política. Los actores, como hemos visto, operacionalizan los conflictos con un fin y un propósito determinado en tiempo y espacio, cuya resolución se busca a través de ellos mismo o en última instancia en los órganos del Estado. Las organizaciones ciudadanas no pueden seguir siendo vistas como entidades supra-estatales. La ciudadanía debe fortalecer la "neutralidad" de los poderes públicos con su operatividad política y la creación de nuevos actores sociales sin intermediarios permanentes que no sean sus propios intereses.

En tercer lugar, la fortaleza de la institucionalidad ciudadana y de las diversas ramas del poder público, tanto Nacional, como Estadal y Municipal se acrecentarán de acuerdo al uso que se hagan de ellas y no la sesgada e interesada que pretendan los partidos políticos, sindicatos o gremios, en torno a sus particulares intereses o reivindicaciones. La pluralidad de las instituciones democráticas debe ser una garantía insoslayable del Estado de Derechos.

La pluralidad ciudadana puede y es cambiante como lo son sus conflictos. El pluralismo y la libertad de organización y de participación es una garantía propia de las sociedades modernas, para preservar la diversidad, y ésta debe ser operacionalizada políticamente por los ciudadanos y los actores sociales que resulten de sus necesidades. En consecuencia, preservar el pluralismo político de los ciudadanos como principio inalienable de la sociedad moderna es resaltar al ciudadano, no sólo como emblema democrático sino como actor social y operadores políticos.