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El código procesal penal peruano y argentino


Partes: 1, 2

    1. Somero comentario del nuevo Código Procesal Penal
    2. Apuntes sobre el Código Procesal Penal Argentino
    3. Código procesal penal de República Dominicana
    4. Teoría nacional sobre el tema
    5. El Código Procesal Penal Peruano
    6. El Código Procesal Penal Argentino
    7. Conclusiones
    8. Críticas
    9. Propuestas
    10. Bibliografía

    DEDICATORIA

    El Presente trabajo está dedicado a la

    Juventud estudiosa, amantes de

    la Investigación y del Derecho.

    "La filosofía del derecho es una rama de la filosofía

    que estudia los fundamentos filosóficos

    que rigen la creación y aplicación del derecho"

    INTRODUCCION

    El presente trabajo pretende realizar el estudio de las reformas procesales penales que se están ejecutando o se encuentran en vigencia en la República del Perú y la República de Argentina de manera particular y los cambios procesales en América Latina en general.

    Con respecto a la reforma de los sistemas procesales en América Latina se puede observar la tendencia a reemplazar el tradicional proceso inquisitivo escrito por formas de juicio oral propias de un Estado de Derecho. Como consecuencia de estas nuevas tendencias renovadoras, se reduce la característica posición de poder del juez y, como contrapartida, se mejora la posición del imputado, quien en los sistemas tradicionales era considerado esencialmente como objeto del proceso penal iniciado en su contra. La reforma, en cambio, le garantiza determinados derechos.

    Estas nuevas corrientes reformadoras que se están aplicando paulatinamente en los países de Latinoamérica, y en nuestro país en Tacna, Moquegua, Huaura, La Libertad y en el mes de octubre del presente año en Arequipa, tiene sus antecedentes en el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, presentado en 1988 por los profesores Jaime Bernal Cuéllar, Fernando de la Rúa, Ada Pellegrini Grinover y Julio B. J. Maier (Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 1989), aunque en la práctica los legisladores de los diferentes países, al adaptarlo y aplicarlos a su realidad concreta fueron apartándose del Código Procesal Penal Modelo.

    Dentro de los factores que influyen en la medición de la calidad de un proceso penal (en términos de su conformidad constitucional o de respeto a un Estado de derecho) asume gran relevancia, sin duda alguna, el de la actuación policial. La razón de ello se evidencia, fácilmente, si se considera la enorme importancia que ella tiene durante el proceso penal, especialmente en sus primeros momentos: sin la Policía, la Fiscalía es "una cabeza sin manos".

    El punto de partida en el ámbito latinoamericano es, sin embargo, más complicado que en el europeo, puesto que teniendo en cuenta que actual la situación policial se enfrenta a diversos problemas de base: por un lado, la Policía actúa en un contexto social desfavorable, signado por una enorme violencia social, un empobrecimiento de grandes masas de población y una altísima tasa de corrupción que, claro está, también la afecta. En este marco, los reclamos sociales enderezados hacia una mayor seguridad se traducen en respuestas demagógicas que, sin tener en cuenta las causas reales, intentan resolver el problema mediante el otorgamiento a la Policía de mayores posibilidades de intervención en la confrontación con el ciudadano, hecho que trae inevitablemente consigo el riesgo de mayores abusos.

    Por el otro, la Policía latinoamericana continúa fuertemente influenciada por un modelo de tipo militar, como producto de la continuidad de las policías de la dictadura, pese a que en las últimas dos décadas la mayoría de los países de la región han retornado a la vida democrática. En todo caso, la situación general de la Policía latinoamericana parece alarmante, especialmente si se tiene presente el papel que ejercieron las policías en muchos países latinoamericanos durante los años de la dictadura.-

    Si bien las reformas legales o normativas de los sistemas judiciales, especialmente de la justicia penal, a partir de los años 90 del siglo pasado han producido cambios importantes en los planos normativo (nuevos Códigos de Procedimiento Penal) e institucional (creación de nuevos órganos: Tribunales Constitucionales, Consejos de la Judicatura, Defensores del Pueblo, etc.).

    Contra las deficiencias de los sistemas procesales aplicados en los países de Latinoamérica, es evidente que se requería una verdadera reforma judicial en América Latina.

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