Entre el velo y el espejo: violencia popular y medios de comunicación en Chile (página 2)

Solo en el último tiempo, particularmente durante el presente año, la Iglesia Católica dio a conocer al país una lectura que matizaba el fenómeno de la violencia. Ello ocurrió luego de que, en una prolongada huelga laboral realizada en CODELCO, los trabajadores realizaron algunas acciones violentas.

Ante ello, la Conferencia Episcopal señaló que «en este caso, como en otros, la violencia es el síntoma de una situación de inequidad evidente que no ha sido resuelta por nuestra sociedad. Los trabajadores tienen el legítimo derecho de movilizarse a través de sus organizaciones representativas para reclamar lo que la ley les confiere y en justicia les pertenece», por cierto, el reconocimiento del síntoma no implica su aceptación: «nada justifica la violencia ni el atropello a los derechos de otras personas»[7].

De esta manera, uno de los rasgos característicos del actual modelo de acumulación de capital en Chile era cuestionado: las condiciones bajo las cuales se realiza la venta de la fuerza de trabajo. Junto a ello, retornaba el debate sobre la concentración y distribución de la riqueza en Chile. Así, parecía que la violencia popular quedaba contextualizada[8]

El ejercicio de esta forma de violencia se ha realizado en diversos lugares y ha sido protagonizada por variados actores. Sin embargo, siempre ha sido deslegitimada desde los medios de comunicación, el gobierno y el empresariado, no aceptando reconocer que ella pueda tener una connotación política, social o económica.

Ante este tipo de apreciación Noam Chomsky ha dicho: «La resistencia puede ser emprendida, y creo que lo es muy generalmente, como un acto político. Cabe afirmar que está mal orientada, pero no que es apolítica»[9].

Del mismo modo, las diversas formas de resistencia no son susceptibles de definirse rígidamente. «En realidad [sostiene Chomsky] carece de sentido hablar –como hacen muchos– de tácticas y de acciones a las que se atribuye el calificativo de "radicales", "liberales", "conservadoras" o "reaccionarias". Una acción no puede ser colocada por sí misma en una dimensión política plena. Puede tener éxito o no en la consecución de un fin susceptible de ser descrito en términos políticos»[10].

Desde Alemania, Jürgen Habermas extiende la observación de Chomsky.

En 1987, el gobierno dio a conocer los resultados del estudio encomendado a la Comisión de Violencia. Dicha comisión examinó, como un todo, distintas categorías de violencia, las:

explosiones violentas de carácter apolítico (vandalismo),

explosiones violentas de carácter político (disturbios públicos),

violaciones simbólicas de las leyes (sentadas y cortes de tráfico),

manifestaciones no pacíficas, y los

actos de violencia políticamente motivados (ocupaciones de casas y edificios, asaltos, atentados),

eran todos algo similar. Esto le llama la atención a Habermas, y señala: «es evidente que el mandante político sospecha que se dan relaciones entre la crítica radical, la inquietud de la opinión público-política, las manifestaciones de masas, las protestas que toman la forma de violación simbólica de las leyes, los disturbios sin ninguna clase de objetivos y la violencia de motivación política. Desde este punto de vista, una difusa y difícilmente aprehensible crítica, que discute al Estado su legitimidad y desestabiliza la conciencia jurídica general, constituiría el primer eslabón en una cadena de acumulativa generación de violencia»[11].

Por cierto, del mismo modo como Chomsky sostiene que toda forma de resistencia es política, el sistema pervierte la relación, y afirma que toda forma de desobediencia civil es violenta. Al menos, eso ocurre en el informe de la Comisión de Violencia. En él, «toda forma de desobediencia civil queda subsumida, sin más, bajo el concepto de violencia de motivación política». Este juicio lo justifica la Comisión al considerar que muchas formas legales de participación (manifestaciones autorizadas), devienen en actividades ilegales (sentadas, cortes de tráfico) e, incluso a veces, en acciones ilegales violentas (enfrentamientos con la policía, daños a la propiedad pública o privada)[12].

Debido al marco regulatorio que establece la ley no es posible proponer distinciones rígidas entre quienes expresan su resistencia mediante formas violentas. Intentar distinguir entre una protesta social, una protagonizada por la gente y otra por los vecinos, no es sino reducir los contenidos a las formas; es jibarizar los sentidos de la acción a las maneras en que ella se despliega. Esta categorización, propuesta por Marcelo Pisarro se corresponde con aquel discurso que excluye, que señala que quien se manifiesta utilizando la violencia no pertenece, precisamente, al campo de los manifestantes, sino que es un agitador o un infiltrado[13]

Estas coordenadas de sentido tienden a la fragmentación de lo real, cuando no a la aceptación sin más de lo que se comprende como consenso, asumiendo que dicho consenso está enmarcado por el entramado de lo legal. Pero, así como lo real es un todo complejo e interrelacionado, ni el consenso ni lo legal son espacios neutrales.

Es evidente que la condición de legal/ilegal la define el Estado y la legitima en el sentido común, para ello están –entre otros– los medios de comunicación de masas. Surgen así violencias buenas versus malas violencias. La ilegalidad de determinadas formas de lucha no solo se determina desde un punto de vista jurídico, para que este sea efectivo, debe también construirse su correlato en términos políticos, morales, culturales e incluso comunicacionales.

De ahí las adjetivaciones que intentan quitarle toda connotación política al uso de la violencia en las manifestaciones: son solo delincuentes. Y si no es la definición, es la cuantificación: son grupos minoritarios. Actos irracionales, la calificación necesaria.

Sin embargo, las referencias a la violencia del Estado y a los agentes que la ejecutan jamás tendrán esas categorizaciones. Como lo señala el académico Juan Pablo Arancibia: «Un cuerpo revienta a palos a otro cuerpo… pero si a ese cuerpo infractor yo le pongo bototos, lo visto de verde, le pongo un escudo, un casco y lo hago hablar así "positivo-negativo, negativo-positivo"; entonces eso se llama ley. Ese mismo acto semiótico, esa misma violencia de tomar un palo y reventar la cabeza de un cristiano se llama delito; pero si usted goza de aquella prerrogativa institucional y jurídica, entonces es un acto legal»[14].

Discutir sobre la violencia es, entonces, un ejercicio polemológico, y por ello requiere de miradas que asuman dicha perspectiva. En definitiva, lo que ocurre es que, como lo señala Juan Carlos Marín, «la llamada legalidad burguesa es, en realidad, la referencia a una estrategia político militar de la burguesía en el proceso de la lucha de clases de las sociedades capitalistas»[15]. Veamos cómo puede apreciarse esto en nuestro país.

La obligatoriedad de la paz

En los últimos años se han realizado modificaciones significativas a la ley de control de armas. En 2005, la ley 20.014 incluyó el uso de la bomba molotov como un acto ilegal. Al año siguiente se discutió la modificación del Código Penal, con el objeto de tipificar como delito la participación en manifestaciones o actos públicos, ocultando la identidad mediante el uso de una capucha, embozo, pasamontañas u otro medio semejante.

Ambas medidas dicen relación con formas características utilizadas en las manifestaciones sociales que asumen modalidades de violencia popular. Defensiva una, ofensiva la otra, son vistas ambas como parte de un todo que es necesario sancionar legalmente.

De esta manera, ya no solo se propone que existe una manera de hacer las cosas, una forma de expresar la disidencia, sino que se norma para que eso sea así. Si no es posible generar el consenso, entonces se obligará a su establecimiento, asumiendo que el consenso es un acuerdo respecto de los contenidos, pero también respecto de las formas en que se expresa lo social. Estas maneras establecidas de expresión suponen también formas definidas de participación: todas aquellas que no excedan el espacio del consenso.

Así, desde una pretendida comunidad de intereses, la discusión se centra en las formas de acción, y no en las causas que las originan. El establecimiento del consenso tiende a ocultar las causas estructurales del disenso.

En resumen, ¿por qué se busca convencer respecto de cuáles son las formas válidas de expresión?, ¿por qué se proponen formas únicas? Marx lo señaló en su época: «Cada nueva clase que pasa ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de toda la sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta»[16].

Las relaciones entre ideología, medios de comunicación, Estado y hegemonía han sido temas recurrentes a lo largo de todo el siglo XX. Louis Althusser, con su noción de aparatos ideológicos del Estado y Antonio Gramsci, con sus desarrollos sobre el concepto de hegemonía y bloque histórico son claves importantes para un análisis de este tipo[17]

Sancionar la violencia popular en los medios de comunicación es una opción tanto política como ideológica. Lo que está en disputa en ello es el monopolio del sentido del discurso hegemónico, encubierto en la diversidad plural de la democracia que, en este contexto, no constituye sino lo que Carlos Pérez denomina como tolerancia represiva[18]

El modelo de acumulación de capital en Chile, caracterizado por su altísima concentración de la riqueza, posee un correlato en el sistema de producción comunicacional. De este modo, el monopolio del sentido deviene de manera directa del monopolio de la propiedad sobre los medios de comunicación, es por esto que el análisis de los discursos comunicacionales hegemónicos en el país no puede reducirse a una cuestión semiótica o procedimental[19]

Los contenidos, los sentidos del discurso hegemónico, también se caracterizan por su pretendida coherencia y su permanencia en el tiempo. Ello se puede refrendar al categorizar las argumentaciones referidas a las huelgas obreras que se elaboraron en dos momentos tanto diferenciados como continuos: los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), cuyos resultados pueden apreciarse en los siguientes gráficos:

Fuente: Villablanca C., Hernán; Porcell G, Néstor. Ob. cit.

Una movilización, los discursos y los hechos

¿Se mantienen algunas de estas argumentaciones en la actualidad? ¿Se han modificado o han surgido otras nuevas? La única manera de apreciarlo es analizando un caso concreto.

Las movilizaciones parciales de trabajadores realizadas durante 2007 culminaron en una convocatoria a una jornada de acción y movilización sindical, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para el 29 de agosto. La realización de la misma constituyó una primeras expresión transversal de rechazo al modelo neoliberal (no necesariamente al sistema capitalista), sin embargo, las razones de esta movilización no fueron dadas a conocer por los medios de comunicación. Ellos centraron sus informaciones en el carácter policial de la noticia, expresado en las consecuencias de la movilización, no en sus causas.

Recordemos cómo informaron estos medios, al día siguiente de la movilización.

La Cuarta, «el diario popular», tituló en su portada: «Ardió la rosca», centrándose así en los rasgos violentos de la manifestación; su ilustración principal muestra a un carabinero de Fuerzas Especiales y un periodista protegiéndose de la explosión de una bomba incendiara. Lo extraño fue el epígrafe que escogió este medio: «Santiaguinos se sacaron la bronca en protesta convocada por la CUT». ¿A qué rabia contenida se refiere el diario?

El diario más barato del mercado presume en su lenguaje de una pretendida coherencia con lo que, entiende, representa su subtítulo. Pero la forma también se relaciona con los contenidos, y el reporteo de la movilización de trabajadores se centra en el golpe que recibe por parte de un policía uniformado el senador oficialista Alejandro Navarro. Junto a ello, da cuenta de un dato «negativo»: «La nota negroide la puso un parelé de colectiveros de Maipú»[20]. El periodista anticipa un juicio: en el contexto de una movilización de trabajadores, lo sancionable es que –producto de ella– existan «inconvenientes» para otros.

Este medio abunda en notas y fotografías que pretenden dar cuenta de la dimensión anecdótica, simpática, de esta movilización, como por ejemplo, señala que una dirigente sindical habría perdido su maquillaje facial, producto de los carros lanzaguas.

Junto a ello, La Cuarta no propone una imagen del sector social que se manifiesta en contra del modelo económico, por el contrario, lo disgrega. De esta manera, quienes se manifiestan son «cabezas de polera, pokemones, peloláis y "manifestantes de verdad"»[21]. Así, los integrantes de una franja radicalizada de izquierda («cabezas de polera») son equivalentes a «peloláis», esto es, aquellas adolescentes que se identifican no solo con el establishment, sino también con los sectores dominantes de la sociedad.

La Tercera, una publicación identificada genéricamente con las «capas medias», tituló en su portada una nítida referencia al miedo: «Temor a protestas paralizó Santiago.». De esta manera, las consecuencias de la convocatoria de la CUT están signadas por la emoción, no por la razón, un argumento recurrente en los medios de comunicación durante las últimas décadas.

Este diario presenta una cuidadosa edición sobre la movilización de los trabajadores. En efecto, desde su segunda página incluye «cartas al director» referidas a ella, así como una columna de Andrés Solimano, economista de la Universidad Católica y doctor en Economía del MIT, EE.UU. Sin embargo, nos detendremos en su editorial, la cual asumimos escrita por Cristián Bofill. Sus palabras se centran en la crítica al uso de la violencia en las manifestaciones sociales. Su primer argumento es que los representantes políticos de la ciudadana deben promover el diálogo y evitar la confrontación. Reafirma el derecho a manifestarse, pero «en forma pacífica y dentro de los márgenes de la ley». Un rasgo distintivo de esta editorial es su voluntad generalizante, en efecto, señala que «la experiencia confirma que muchos ven en este tipo de jornadas el escenario ideal para producir desmanes» (.) «los disturbios eran una consecuencia previsible del acto de ayer». Por ello, quienes convocan a las movilizaciones, en este caso la CUT, «no pueden intentar desentenderse de los hechos de violencia». Esta argumentación linda con la falacia: se reconoce el derecho a manifestarse; se sostiene que en las manifestaciones se originan expresiones de violencia; se argumenta que ellas son responsabilidad de quienes convocan a manifestarse. Ergo, toda manifestación pública culmina en violencia.

El director de La Tercera afirma algo que no fundamenta, asume por sobreentendido, da cuenta del establecimiento de un consenso anterior a los hechos que reportea su diario: «el necesario clima de diálogo que debe prevalecer en el país». No lo justifica, no lo explica, solo reafirma su necesidad, y de tal manera, que asume que el lector sabe de qué se está hablando. El cierre de su columna da cuenta de ello: «la búsqueda de esas soluciones debe hacerse a través del debate y no de la presión. La limitada convocatoria de la marcha revela, en todo caso, que una mayoría de los chilenos aún lo entiende así». Este cierre, centrado en la dimensión cuantitativa de lo social sería más coherente sino estuviese matizado por el condicional «aún», que le otorga cierta incertidumbre a la afirmación[22]

Es evidente en este medio la preocupación que se le otorga a los sectores dirigentes del Estado. Así, reproduce las declaraciones de la Presidenta de la República: «en mi gobierno los trabajadores podrán siempre expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite: se requiere diálogo y no presiones, acuerdos y no violencias». A esa declaración normativa, se añade otra argumentación un tanto extraña: «cuando ocurren manifestaciones como las que vimos hoy es legítimo preguntarse si estas son producto de motivaciones políticas o si hay condiciones que las explican. Yo creo que estamos en presencia de ambas cosas», señala Michelle Bachelet.

Esta última parte de la argumentación es interesante. La presidenta separa lo social y lo político, como si fuesen compartimentos estancos. O dicho de otra manera: las demandas de los trabajadores no podrían ser políticas, entonces, ¿deberían ser. «gremiales», «sociales» (asumiendo en esa lógica que lo gremial, social o económico no es «político»?

A ello se suma la voz del presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien asegura que los propósitos de la movilización «se ven desplazados por el intento de generar una alteración en el orden público». Recordemos que el orden público está definido, legalmente y en la actualidad, a partir de una ley emanada de la dictadura militar.[23].

El empresariado nacional respaldó con vehemencia estas declaraciones, ese mismo día, en la cena anual que realizan los empresarios de la minería y que contó con la presencia de la Presidenta de la República.

En dicha ocasión, Alfredo Ovalle, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) señaló que los empresarios no compartían «la violencia, el conflicto y la fuerza». Una vez más, sostuvo que «la única forma en que se podía avanzar hacia una solución de los problemas sociales es el diálogo». También precisó que los actos de violencia de la huelga «son condenables y desvirtúan el esfuerzo sindical».

Por su parte, Horst Paulmann, presidente del holding CENCOSUD (al cual pertenecen Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris), advirtió su preocupación «porque se está llevando mucha política a los sindicatos y eso es malo para la empresa». Insistió en ello: la politización de estas organizaciones «es lo peor que le puede pasar al país». Antes de proseguir, no se puede sino comentar cómo el interés del capital trata de proponerse como un equivalente del interés nacional, al mismo que pretende fracturar la interpretación de la vida social, intentando desalojar la lectura política o económica de ella, no haciendo sino validar –por oposición– el antiguo aserto de Marx: la necesidad de que la clase obrera pase de ser clase en sí a clase para sí.

Por último, Paulmann definió los alcances de las manifestaciones ciudadanas: «en democracia es legítimo protestar y el derecho a pataleo es sagrado», pero «si hay algo que todos los chilenos repudiamos es usar la violencia como medio de presión política o social»[24].

Por cierto, este empresario ganó 23.157.000 pesos en 2006 solo por integrar el directorio de CENCONSUD, sin contar las ganancias que él y su familia obtuvieron por ser los dueños de más del 60% de las acciones del holding. Paulmann fue nacionalizado por gracia por el Congreso Nacional ese mismo año. Su comportamiento político puede apreciarse en la siguiente imagen: siendo amigo de Ricardo Lagos, asistió al funeral de Augusto Pinochet[25]

El resto de las informaciones de La Tercera van desde el reporte de carácter policial (cantidad de detenidos, heridos, daños a la propiedad pública y privada), hasta crónicas que buscan lo pintoresco de la movilización[26]

En este último caso existen tres elementos a destacar. Primero, el autor de la nota le resta toda relevancia al hecho que se encuentra reporteando: «la fila no se diferenciaba mucho de alguna de esas típicas marchas de trabajadores por Huérfanos protestando contra sus empleadores, una empresa de fotocopias o de completos». Segundo, la invisibilización de las razones de la movilización: se señala que un manifestante solicita «la nacionalización del cobre», algo que «no estaba en el pliego de peticiones de la jornada». Esto será una acotación sustancial: NINGUNO de los diarios revisados realiza alguna referencia al petitorio de los trabajadores, esto es, a la causa que origina el hecho noticioso. En este caso, el redactor precisa que la demanda expresada no es parte de las demandas de la CUT y, al hacerlo, la invalida y –de paso– invisibiliza a aquellas. Por último, en este mismo artículo se señala que el discurso más racional pronunciado en el centro de Santiago, mientras ocurrían las manifestaciones, fue el de un predicador evangélico, quien sostenía: «Cuando venga Jesús les va a enseñar a gobernar con justicia y verdad a todos los políticos del mundo», que es otra manera de afirmar que los discursos sostenidos por los trabajadores poseían escasa o ninguna racionalidad[27]

Por último, La Nación hizo honor a su condición de diario «oficial», colocando en su titular central la aprobación de la reforma provisional y como noticia secundaria: «Desórdenes opacaron manifestación de la CUT».

Este diario no se distanció en demasía del resto de la oferta comunicacional, si bien su tono fue menos interpretativo y que, además, le otorgó una mayor presencia a la CUT como fuente informativa propiamente tal (ofrece una infografía construida con datos aportados por la entidad sindical, así como una breve entrevista a su presidente, Arturo Martínez[28]

Algo que llama la atención en este diario es la vehemencia con la cual una de sus colaboradoras trata de difuminar el carácter del modo de acumulación de capital, así, se referirá a «un supuesto modelo neoliberal que ejecutarían Bachelet y sus equipos de orientación más libremercadista» o bien, «el hipotético neoliberalismo bacheletista», obviando el carácter marcadamente informativo que signa esta edición del diario[29]

Por último, La Nación también incluye en sus páginas la voz de la derecha política respecto de la violencia, la cual es coherente con los integrantes de la Concertación de Partidos por la Democracia así como con el empresariado nacional. En efecto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) señaló que «no solo es justa la causa, sino que también existe el derecho a movilizarse y protestar, pero esto siempre tiene que ser hecho en forma pacífica. No hay derecho a las manifestaciones violentas y hay que tener responsabilidad cuando se convoca a estas manifestaciones para evitar los actos de violencia que puedan ocurrir»[30].

Viejas y nuevas palabras

En 1948 George Orwell escribía su novela 1984, en ella anunciaba la existencia de la neolengua, uno de sus componentes es el blackwhite, que varía de sentido dependiendo de a quién esté dirigido, si gobierno u oposición.

57 años después, Ignacio Ramonet propondrá la existencia del pensamiento único, el cual es «la traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del capital internacional»[31]. O como profesaba Marx, la preeminencia de la estructura que determina en última instancia lo social.

Una de las citas que utiliza Ramonet para ejemplificar su concepto es de Alain Minc quien afirma: «El capitalismo no puede desfondarse, es el estado natural de la sociedad. La democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado sí»[32].

Si bien para muchos la analogía con la distopía de Orwell puede parecer un exceso, no lo parece tanto con la propuesta de Ramonet, y ello porque el comportamiento de los medios en la reinterpretación de la realidad ha sido del todo evidente a nivel mundial, como lo probó con creces el tratamiento noticioso de la Guerra del Golfo.

En el caso nacional, es notable el acuerdo político establecido entre los diversos actores políticos, sociales y económicos del bloque dominante, entre otros aspectos, en lo que dice relación a las diversas expresiones de violencia popular. Este consenso se expresa en la elaboración de un discurso homogéneo. La difusión y reproducción del mismo constituye una suerte de cerco y bloqueo de los discursos provenientes del campo popular. Ello no es accidental, refleja con claridad las limitaciones que se imponen sobre dicho sector de la sociedad, desde la legislación vigente hasta las dinámicas económicas que norman la relación entre el capital y el trabajo.

Es evidente que todo lo descrito no es estrictamente una nueva situación histórica, pero sí pareciera que constituye un momento característico de la correlación de fuerzas surgida en las últimas décadas: el continuo desarrollo del proceso de acumulación en Chile requiere de manera imperiosa que exista paz social en su interior. Como la ley no basta para ello, ni siempre la aplicación del orden lo logra, es necesario que el enfrentamiento se dé también a nivel de los discursos, para lograr no solo la conquista sino también la consolidación de una visión hegemónica sobre la sociedad.

Hoy en Chile, antes que nada, el orden, la gobernabilidad; una de las consecuencias de las movilizaciones de los trabajadores fue la convocatoria a constituir el Consejo para la Equidad Social, para proponer modificaciones al marco regulatorio laboral. De sus 48 integrantes, solo 2 son dirigentes sindicales. La CUT no integra dicho Consejo, el cual –aun cuando se entiende como un órgano autónomo– realiza sus sesiones en el Palacio de La Moneda, precisamente en las dependencias del Ministerio del Interior: toda una postal.

Autor:

Ernesto Guajardo Oyarzo

Valpara?so, noviembre de 2007

[1] Esta declaraci?n la realiz? el 14 de septiembre de 2007, con motivo de la muerte del cabo segundo de Carabineros, Cristi?n Vera, quien muri? por un impacto de bala en la cabeza disparado en la comuna de Pudahuel, Santiago, durante las manifestaciones nocturnas realizadas en conmemoraci?n del 11 de septiembre.

[2] El Mercurio de Valpara?so, 15 de julio de 1871. Citado por Luis Ortega Mart?nez, ?Los fantasmas del comunismo y Marx en Chile en la d?cada de 1870?, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Santiago, volumen 2, n?mero 7, 2003, p. 16.

[3] El Mercurio de Valpara?so, 19 de julio de 1871. Citado por Luis Ortega Mart?nez, ob. cit., p. 19.

[4] Ibid.

[5] ?El gremio de jornaleros?, El Mercurio de Valpara?so, 13 de mayo de 1873. Citado por Sergio Grez Toso, De la ?regeneraci?n del pueblo? a la huelga general: g?nesis y evoluci?n hist?rica del movimiento popular en Chile (1810-1890), 2? edici?n, Santiago, RIL editores, 2007, p. 466.

[6] Entre la bibliograf?a existente, un trabajo de inter?s es la obra de Gabriel Salazar, La violencia pol?tica popular en las ?grandes Alamedas?: la violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva hist?rico-popular), 2? ed., Santiago, Lom Ediciones, 2006, 351 p. V?ase adem?s: Graciela Alejandra L?necke Reyes, Violencia pol?tica (violencia pol?tica en Chile 1983-1986), 1? ed., Santiago, Arzobispado de Santiago, Fundaci?n Documentaci?n y Archivo de la Vicar?a de la Solidaridad, 2000, 185 p.

[7] Alejandro Goic Karmelic; Cristi?n Contreras Villarroel (Por el Comit? Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile), ?Desaf?os de fondo en los recientes conflictos laborales?, Santiago, 18 de julio de 2007.

[8] No se pretende utilizar la referencia a la distribuci?n de la riqueza en Chile de un modo consignista. El car?cter de la acumulaci?n de capital en nuestro pa?s lo comprendemos como la principal causa estructural de las diversas formas de la violencia; sus din?micas fueron descritas hace mucho, en 1844: En una sociedad en que la prosperidad aumenta, los due?os del capital pueden seguir viviendo del inter?s del dinero. Los otros deben invertir su capital en una empresa, o bien destinarlo al comercio. Aumenta as? la competencia entre los capitales y la concentraci?n de los mismos aumenta. V?ase Carlos Marx, Manuscritos de 1844: econom?a, pol?tica y filosof?a, Buenos Aires, Ediciones Estudio, 1972, p. 49. El proceso de concentraci?n de la riqueza ha sido constante durante los gobiernos de la Concertaci?n de Partidos por la Democracia, como lo demuestran las investigaciones de Hugo Fazio: Mapa actual de la extrema riqueza en Chile, Santiago, ARCIS Universidad / Lom Ediciones, 1997, 461 p.; La transnacionalizaci?n de la econom?a chilena: mapa de la extrema riqueza al a?o 2000, Santiago, Lom Ediciones, 2000, 339 p.; Mapa de la extrema riqueza al a?o 2005, Santiago, Lom Ediciones, 2005, 377 p. V?ase adem?s: Ernesto Carmona, Los due?os de Chile, Santiago, Ediciones La Huella, 2002, 256 p.; Hugo Fazio, et al. El poder de los grupos econ?micos, Santiago, Lom Ediciones, 2005, 93 p.

[9] Noam Chomsky, ?Sobre la resistencia?, incluido en su libro La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos hist?ricos y pol?ticos (los nuevos mandarines), Barcelona, Ariel, 1969 (Ariel quincenal, 25), p. 352. El subrayado es nuestro.

[10] Ibid., p. 361. El subrayado es nuestro.

[11] J?rgen Habermas, ?Monopolio de la violencia, conciencia jur?dica y proceso democr?tico. Primeras impresiones de la lectura del 'Dictamen' de la Comisi?n de Violencia?, incluido en su libro La necesidad de revisi?n de la izquierda, Valencia, Tecnos [1991], pp. 237-238 (Cuadernos de Filosof?a y Ensayo).

[12] Ibid., p. 244. En nuestro pa?s puede apreciarse una situaci?n similar. La polic?a uniformada, en particular la Prefectura de Fuerzas Especiales, tiene como misi?n el control y el restablecimiento del orden p?blico, el cual est? definido en la Ley de Seguridad del Estado, promulgada en 1975. En su art?culo 6?, inciso a) define a sus infractores: ?los que provocaren des?rdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad p?blica?; en el inciso d) se se?ala: ?los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso p?blico?. Es interesante aqu?, por ejemplo, que la ley establezca una equivalencia directa entre ?desorden? y ?violencia?. V?ctor Valenzuela, ?La violencia legal: Campus Juan G?mez Millas, Carabineros y encapuchados? , 20 de noviembre de 2005.

[13] Este autor propone una categorizaci?n seg?n los espacios y los tiempos que signan al enfrentamiento social. De este modo, la protesta social ser?a sistem?tica y protagonizada por sectores sociales claramente definidos e identificables con lo que tradicionalmente se ha dado en llamar sectores populares, subalternos o dominados; la ?gente? realizar?a manifestaciones espor?dicas y ?no pol?ticas?; por ?ltimo, la noci?n de protesta vecinal remitir?a a la forma embrionaria de la manifestaci?n de la ?gente?. Marcelo Pisarro, ?C?mo se hace una buena protesta?, ?: revista de cultura, Buenos Aires, n?mero 182, 24 de marzo de 2007, pp. 8-9.

[14] V?ctor Valenzuela, ob. cit.

[15] Silvia G?mez Tagle, ?Reflexiones sobre una estrategia pol?tico militar: entrevista a Juan Carlos Mar?n?, Nueva Antropolog?a. Revista de Ciencias Sociales, M?xico, n? 15, 1980, p. 19.

[16] Carlos Marx; Federico Engels, Textos sobre la producci?n art?stica; selecci?n, pr?logo y notas de Valeriano Bozal, Madrid, Alberto Coraz?n Editor, 1972, p. 52 (Comunicaci?n. Serie B, 20). Esta cita se corresponde con fragmentos similares, frecuentemente citados de La ideolog?a alemana, como el siguiente: ?Las ideas de la clase dominante son en cada ?poca las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producci?n material controla tambi?n los medios de producci?n intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de los medios de producci?n intelectual son sometidas a las ideas de la clase dominante?. Carlos Marx, La ideolog?a alemana, M?xico, Ediciones de Cultura Popular, 1976, p. 78; citado por Daniel Prieto Castillo, Ret?rica y manipulaci?n masiva, M?xico, Ediciones Coyoac?n, 1994, p. 13.

[17] Otras obras que se pueden consultar son: Jes?s Galindo C?ceres, Ideolog?a y comunicaci?n. El Estado, la hegemon?a y la difusi?n masiva, M?xico, Premi? Editora, 1992, 184 p. (La Red de Jon?s. Comunicaci?n, 22); del mismo autor, Organizaci?n social y comunicaci?n, M?xico, Premi? Editora, 1987, 140 p. (La Red de Jon?s. Comunicaci?n, 11). Para el caso chileno: Patricio Dooner, Periodismo y pol?tica. La prensa de derecha e izquierda: 1970-1973, Santiago, Editorial Andante, 1986, 180 p.; Camilo Taufic, Periodismo y lucha de clases: la informaci?n como forma del poder pol?tico, Santiago, Quimant?, 1973, 226 p. (Serie An?lisis. Colecci?n Camino Abierto, 21); Hern?n Villablanca C.; N?stor Porcell G, Conflicto social y propaganda de Estado: el sindicato y la huelga en el cuestionamiento de la sociedad capitalista, Santiago, Quimant?, 1972, pp. 70-71 (Serie An?lisis. Colecci?n Camino Abierto, 12).

[18] Sobre este concepto ha se?alado su autor: ?Pienso que la dominaci?n actual opera a trav?s de la diversidad. No es homogeneizadora. Mi impresi?n es que un sistema de producci?n altamente tecnol?gico es capaz de producir diversidad y de dominar a trav?s de ella. De all? la figura de la 'tolerancia represiva', una suerte de dominaci?n agradable?. V?ase Hern?n Soto, ?Comunismo del siglo XXI: Carlos P?rez Soto y los desaf?os del marxismo?, Punto Final, n?mero 527. Con mayor pertinencia a los fines de este trabajo, la 'tolerancia represiva' es ?una situaci?n en que la eficacia de los mecanismos del nuevo poder es tal que la represi?n directa queda marginada al sub mundo, oscuro, aparentemente lejano, de la delincuencia, o de lo que es presentado como delincuencia, mientras que el principal veh?culo de la sujeci?n al poder es m?s bien la tolerancia misma, la capacidad de resignificar toda iniciativa, radical o no, hacia la l?gica de los poderes establecidos, convirtiendo los gestos que se propon?an como contestatarios u opositores en variantes contenidas en la diversidad oficial, que operan confirmando el car?cter global del sistema?. Carlos P?rez, ?Proposici?n de un marxismo hegeliano?, documento in?dito, p. 4. Y, por ?ltimo: Carlos P?rez, ?Escritos de psicolog?a y pol?tica?, particularmente su ac?pite I: ?Tolerancia represiva y psicologizaci?n?, documento in?dito, fechado en Santiago en marzo de 1993, 16 p.

[19] Una situaci?n que se profundiz? durante la dictadura militar, continu? sin mayores modificaciones en todo el per?odo de la transici?n a la democracia. V?ase: Diego Portales C., Poder econ?mico y libertad de expresi?n. La industria de la comunicaci?n chilena en la democracia y el autoritarismo, Santiago, M?xico, ILET/Editorial Nueva Imagen, 1981, 222 p.; Human Rights Watch, Los l?mites de la tolerancia. Libertad de expresi?n y debate p?blico en Chile, Santiago, Lom Ediciones, 1998, 268 p. (Colecci?n Nuevo Periodismo); Hern?n Uribe, La invisible mordaza. El mercado contra la prensa, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1999, 286 p.; Guillermo Sunkel; Esteban Geoffroy, Concentraci?n econ?mica de los medios de comunicaci?n, Santiago, Lom Ediciones, 2001, 124 p. (Colecci?n Nuevo Periodismo); Ken Dermota, Chile in?dito. El periodismo bajo democracia, Santiago, Ediciones B, 2002, 480 p. (Cr?nica actual).

[20] ?Transgu?ter trabaj? a lo parlamentario: media jornada?, La Cuarta, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 2.

[21] ?Carabineros salvan el pellejo a fot?grafo al que le lanzaron molotov?, La Cuarta, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 5.

[22] [Cristi?n Bofill], ?Responsabilidades frente al acto de la CUT [editorial]?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 3.

[23] ?Marcha paraliza tarde de Santiago y gobierno pide explicaci?n al PS?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 4.

[24] Pamela Z??iga, ?Empresarios critican movilizaciones y llaman al di?logo?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 6. En el caso de Paulmann sus declaraciones no pueden ser m?s parad?jicas, toda vez que ?l ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por pr?cticas anti sindicales. V?ase, entre otros: Rivera, Ra?l. ?El elefante puso el pie encima?, La Naci?n, Santiago, 2 de abril de 2007. ?Elevan recurso de protecci?n contra Santa Isabel?, La Naci?n, Santiago, 4 de abril de 2007; Rivera, Ra?l. ?M?s denuncias por abusos en Santa Isabel?, La Naci?n, Santiago, 3 de mayo de 2007.

[25] Beatriz Michell; Michelle Helguero, ?Rica la pega?, La Naci?n, Santiago, 19 de agosto de 2007.

[26] V?ase: ?Violencia callejera en Santiago deja 539 detenidos, saqueos e intensas balaceras?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 7; Claudia Urz?a, ?Manifestantes y Carabineros estrenan nuevas t?cnicas de escaramuzas urbanas?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 8; Felipe D?az, ?Monitoreo en sede de control policial?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 8.

[27] Guillermo Hidalgo, ?La solitaria marcha de Mart?nez?, La Tercera, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 9.

[28] ?El balance de Mart?nez?, La Naci?n, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 2.

[29] Carolina Miranda, ?Presidenta defiende Estado social y llama a acuerdos sectoriales?, La Naci?n, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 4.

[30] Ivonne Toro A., ?Derecha apuesta a ganador y justifica protesta convocada por la multisindical?, La Naci?n, Santiago, 30 de agosto de 2007, p. 5.

[31] Ignacio Ramonet, ?El pensamiento ?nico?, Le Monde Diplomatique, 21 de agosto de 2005.

[32] Ibid.