- Introducción
- Derecho penal
- Causas
- Datos
- Propuesta
- Desacuerdos
- Acciones del gobierno
- Conclusiones
- Referencias
Introducción
La sociedad tiene una idea incorrecta de cómo ejercer su libertad y sus derechos individuales, cometen errores que perjudican a las nuevas generaciones. La sociedad en general desde el pasado ha caído en situaciones como la desigualdad, la corrupción, violencia física en los hogares, los encarcelamientos para los carentes de recursos económicos e influencias, el despojo y los fraudes, entre otras cosas. Lo que ocasiona que la delincuencia juvenil no es nada menos que su continuidad y multiplicación.
Derecho penal
Es el conjunto de normas jurídicas, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.
El Derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho de los jóvenes.
La misión del derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que protege a la sociedad, en este caso los jóvenes.
Causas
La mayoría de los jóvenes comienzan a delinquir entre los 11 y los 18 años, en su mayoría cuando éstos tienen familias desunidas, cuando en los hogares y las escuelas se presentan una comunicación deficiente, incomprensión, desamor, problemas y maltratos intrafamiliares, cuando existen la pobreza y la ignorancia.
Muchos de estos niños salen de sus hogares para evadir las dificultades que encuentran en ellos o por la necesidad de sobrevivencia, de igual manera por la carencia de espacios educativos, de desarrollo, de oportunidades, por la mala enseñanza que nos brinda la radio, la televisión y la prensa cuando presentan casos de impunidad, así como por el desenvolvimiento en un medio social inadecuado.
Así como los niños de la calle que lo hacen por alimentarse, para mantener sus adicciones y tener la satisfacción de encontrar un mundo mejor, pero que es irreal. Al estar desinformados los lleva a tener hijos sin tener trabajo ni vivienda que ofrecerles. Esta nueva generación comienza a delinquir a una corta edad que va desde los 5 años, debido al ejemplo y enseñanza de sus padres, así como del ambiente en el que se desarrolla.
Las autoridades no han atendido por las autoridades el ambiente carenciado del menor, que un elemento que hace proclive a los menores a cometer infracciones. Es común que los niños que presentan problemas con la ley procedan de familias desintegradas y de escasos recursos. La crisis económica que desde hace años golpea a nuestro país afecta básicamente a las grandes mayorías marginadas, tanto urbanas como rurales. Los niños infractores tienen baja escolaridad y un importante porcentaje de ellos se ocupa en actividades diversas: Empleados; comercio ambulante, subempleo (limpia-parabrisas, lava coches, boleritos, etc.) y estudiantes. Curiosamente a la idea de vagancia y mal vivencia que se tiene de los menores, casi la mitad que cometen infracciones están dedicados al trabajo, y por ende, viviendo una situación de responsabilidad y conflictos que no corresponde a su edad.
Datos
Por ejemplo:
Se sabe que las dos terceras partes de las cárceles del Distrito Federal están pobladas por jóvenes de 18 a 30 años. Al ser juzgados se determina el tiempo que será necesario para su readaptación, dependiendo de la edad y del cargo que se le imputa.Ahora, al desatarse de nuevo la gran polémica sobre reducir la edad penal de 18 a 16 años, el gobierno menciona que lo hace para fortalecer la capacidad de combatir la delincuencia organizada, así como el índice delictivo con la finalidad de garantizar la seguridad pública y salvaguardar la soberanía de la nación.
Los menores que incurren en la comisión de algún delito reciben un tratamiento especial, ya que para ellos existe una ley a la que se denomina "Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia Federal". Esto, considerando que niños y adolescentes son muy vulnerables ante la exclusión social, que en muchas ocasiones es aprovechada por terceras personas para hacerlos incurrir en conductas tipificadas como delitos, donde influyen también elementos criminógenos como las zonas marginadas, quebrantamiento del estrato social y familiar.
El planteamiento de la justicia para menores infractores no es para señalarlos como un sector potencialmente peligroso, sino como un sector que debe ser protegido ante las influencias negativas de quienes se fortalecen ante la imposibilidad de actuación que tienen las autoridades que aplican la ley.
Propuesta
Ahora, se desato de nuevo la gran polémica sobre reducir la edad penal de 18 a 16 años, el gobierno menciona que lo hace para fortalecer la capacidad de combatir la delincuencia organizada, así como el índice delictivo con la finalidad de garantizar la seguridad pública y salvaguardar la soberanía de la nación.
Al parecer últimamente, las bandas del crimen organizado, han utilizado menores para cometer sus crímenes, sobre todo los que ellos no hacen por sentirse más expuestos. A través de engaños y dinero, convencen a jóvenes, diciéndoles que a ellos, por ser menores, ''no les pasará nada sí los agarran''.
Hoy en día, 16 estados están a favor de que se reduzca la edad de responsabilidad penal y en la gran mayoría de éstos, ya se aplican medidas penales mayores a los menores infractores.
Cuando un menor ejerce una conducta ilegal no es un delincuente, puesto que no tiene responsabilidad legal por no tener 18 años cumplidos al momento de cometer la infracción. De tal manera que no puede ser considerado un delincuente, así que, es un menor infractor. Las penas para los menores infractores son menores a las que se les imponen a los delincuentes, y -a los menores- se les procesa en el Consejo Tutelar para Menores; mientras que a los delincuentes en los juzgados
Si alguna persona menor de edad comete un hecho que la ley señala como delito se le considera infractor y lo sujeta a un procedimiento, en el que el menor prácticamente se le juzga como si fuera adulto. La diferencia radica en que al menor se le sujeta a tratamiento "por ser inimputable" casi discrecional por parte de las autoridades encargadas de las instituciones gubernamentales. El procedimiento tutelar del estado ha llevado a la doctrina a señalar que los menores están sujetos a un régimen especial en el cual no se les castiga sino que se les brinda tratamiento, dicha normatividad se encuentra regulada en la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores del Distrito Federal.
Dolosamente las autoridades gubernamentales han hecho creer a la opinión pública, que al menor no se le castiga cuando comete un delito y que han ido en aumento la comisión de delitos graves cometidos por menores. Por ello la opinión pública oficial ha impulsado una campaña en donde trata de simbolizar la conducta de un menor que comete un delito abominable, y lo presenta como un ejemplo falso de que la generalidad de los jóvenes son delincuentes peligrosos que deben ser castigados como adultos.
A los menores de edad, si se les castiga, puesto que las leyes para menores infractores de todos los estados de la República, independientemente de la denominación que se les otorgue, consideran en general sujetos de aplicación a dichas leyes a menores a partir de los 11 años por lo general. Y las condiciones de privación de libertad son las mismas que para los adultos, como sucede en el D.F. donde se establece que tendrán la libertad bajo fianza en los términos señalados por el Código de Procedimientos Penales.
Como consecuencia del aumento de delitos cometidos por menores de edad, desde hace algunos años, se ha generado una discusión, en diferentes ámbitos de la sociedad, sobre la reducción de la edad penal, ya que algunos legisladores opinan que la edad para tener un proceso legal por un delito cometido debe reducirse a 16 años y otros opinan que hacerlo no resuelve ningún problema.
Los que apoyan la reducción de la edad penal tienen posturas semejantes a las de aquellos que, frente al aumento de la violencia, en vez de proponer combatir la grandes fallas sociales que la alimentan (desempleo, carencia de servicios de salud, educación, de políticas sociales básicas, etc.) o bien, de adaptar a los individuos a vivir en tales condiciones, por absurdo que parezca, proponen como solución la pena de muerte.
Es evidente que la reducción de la edad penal se enfoca a combatir el efecto en lugar de dirigirse a eliminar las causas, postura que reduce lo complejo del universo social a sus efectos. Postura por demás reduccionista que resulta absurda, ilógica, de un olvido y negación enorme de lo que sucede en el sistema penal o de readaptación social ¿y qué es lo que sucede ahí? Un enorme fracaso en la función original de los llamados centros de readaptación.
Si estos centros fuesen efectivos y cumplieran su labor, tal vez podría considerar la posibilidad de la reducción de la edad penal.
La Constitución mexicana y tratados internacionales de que México es parte establecen que los adolescentes sólo deben ser sujetos a prisión por los crímenes más graves, como última opción y por el menor tiempo que proceda. Es decir, de lo que se trata es de brindar oportunidades y lograr que menos jóvenes delincan y, cuando lo hagan, de reintegrarlos lo antes posible a la sociedad.Dejar a estos adolescentes, que fueron víctimas de las redes de la delincuencia organizada, encarcelados por más tiempo en nada ayudará a su reinserción social, máxime cuando el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes es considerado por el Subcomité sobre Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas como un centro de privación de la libertad en el que se brinda un trato que sólo puede calificarse como cruel, inhumano o degradante.1Esta organización pide que se privilegien políticas públicas que favorezcan a los jóvenes a través de oportunidades auténticas, en vez de sentencias más graves que no acabarán con el problema pero disminuirán sus posibilidades de reinserción en nuestra comunidad.
También es necesario pensar, que más que procesar a los menores infractores, lo que verdaderamente se requiere es ofrecer verdaderos centros de readaptación social, además de tener la posibilidad de hacer excepciones en casos en los que un adolescente comete un delito grave. Además, si se aprobara a nivel nacional la reducción de la edad penal, se debe garantizar el derecho a la educación media superior a los adolescentes entre 15 y 18 años, ya que esta sería una de las formas de reducir el número de menores infractores.
Desacuerdos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está en contra de la reducción penal, opina que cuando los niños son sujetos a procedimientos periciales ocasiona un impacto altamente negativo, principalmente en niños y jóvenes en condiciones de marginación, exclusión y pobreza, quienes ya son, de por sí, víctimas de una mala procuración de justicia.
La CNDH resalta que es un error pues no se trata de que los crímenes queden impunes sino de que los jóvenes sean juzgados y sancionados debidamente en instituciones especializadas en menores.En vez de estar pensando en cómo serán los castigos, lo que deberían de hacer es prevenir las conductas antisociales de los jóvenes, luchar por mejorar sus condiciones económicas y sociales que fortalezcan a la familia. Con un ambiente de mayores oportunidades y menor agobio, en el cual los jóvenes encuentren el apoyo que les permita integrarse en forma productiva a la sociedad.
Los niños deben estar protegidos cualquiera que sea su edad, menciona la Comisión de Derechos del Menor. Los miembros han determinado que los más afectados con un cambio que no es para bien sino para mal, serían los niños de la calle, quienes necesitan un ejemplo en el que la privación de la libertad sea tomada como último recurso.
La reducción de la edad penal constituiría una violación a los derechos de los menores y, consecuentemente el incumplimiento de tratados y convenios internacionales ratificados por México y que conforme al artículo 133 constitucional son obligatorios con carácter de ley suprema al igual que la constitución. El gobierno mexicano tiene la obligación de cumplir con estas convenciones internacionales pues ratificó también la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que dispone en sus artículos 26, 27, 29, 42.2, que todo Estado parte de un tratado (acuerdo entre Estados) no puede suspender su aplicación, ni invocar derecho interno en contrario una vez que se ha comprometido.
Acciones del gobierno
El gobierno tiene el propósito de brindarles a los jóvenes asistencia social, la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; la seguridad e impulso al sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; el fomento y pláticas para acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.De la misma forma, deberán incorporar el sistema educativo en las cárceles y tutelares para la formación de los internos.
Las leyes deberán aceptar que el menor no es sino una víctima más, por lo que se deberá agravar la pena a aquellos adultos que los utilizan en el crimen organizado, en el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero o secuestros.
Ningún niño debe ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua, sin posibilidad de excarcelación, por delitos cometidos por menores de edad.
Hay que tomar otro tipo de medidas para la solución de la delincuencia juvenil, no siempre los castigos son la mejor forma para la corrección de la conducta de los menores.
Conclusiones
Muchas personas piensan que está bien reducir la edad penal, porque piensan que van a acabar con la delincuencia; pero otras personas dicen que reducirla es una violación de los derechos humanos.
Pero hay que ponerse a pensar sobre que si a los jóvenes se les va a tratar como adultos ante las leyes, también hay que hacerlo con todas las cosas; ósea, tratar a un joven como adulto en todo.
Y recuerda Conocer las leyes es nuestra obligación como ciudadanos, pero también un derecho, porque si llegamos a tener un conflicto jurídico ya sea por accidente o por desconocimiento, tenemos que estar preparados para defendernos.
Las últimas reformas constitucionales que a nivel federal se hicieron para que el internamiento de menores, en casos de delitos graves, contemple sólo a mayores de 14 años de edad, les favorecen, al considerarse su inexperiencia al incurrir en ilícitos.
Gracias.
Referencias
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_justicia5.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Edad_penal/Edad_penal.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.cadhac.org/derechos_humanos/la-reduccion-de-la-edad-penalpersecucion-de-los-debiles-en-beneficio-de-los-mayores-problemas/
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=68591
http://sepiensa.org.mx/sepiensa2011/jovenes/mi_casa/orden_reglas/s_leyes/leyes.htm.
Autor:
Caleb Rodriguez