Análisis económico del periodo 1970-1973 (Gobierno de la Unidad Popular) (página 2)

Según Fontaine (1993), el objetivo principal de las intervenciones gubernamentales se desplazó gradualmente desde una mera apropiación de una parte de las rentas generadas por las distintas actividades económicas hacia la expropiación de los activos que producían esas rentas. Durante la segunda mitad de los años sesenta y a comienzos de los setenta, el centro del debate fue la distribución de la propiedad. La proposición económica fundamental del Gobierno de Allende fue una expropiación masiva de los medios de producción. De acuerdo a Cademártori (2004), el Proyecto de Ley Prats-Millas trató de estabilizar la situación del Área Social. Dejaba establecido cuáles de un total de 122 grandes empresas serían estatizadas, mientras otro centenar sería devuelto a sus propietarios.

Además de la reforma agraria, el programa de expropiación de los medios de producción contempló la nacionalización de la industria y el sistema financiero, lo cual se ejecutó a través de la expropiación de bancos y empresas productivas. En 1971, el Presidente Allende completó el proceso al nacionalizar sin compensación alguna todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera, de acuerdo a una reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso. Este hecho constituye acaso el mayor y más importante proceso de nacionalización de medios de producción por su carácter estratégico para la economía nacional, y así fue entendido por todos los sectores políticos del país.

Los siguientes procesos de expropiación de los medios de producción no contaron con semejante consenso. El programa de la campaña de Allende postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica; transporte por aire, agua y tren; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado; la siderurgia, la industria petroquímica, la industria química pesada, la celulosa y el papel. Las empresas del sector industrial, que habían prosperado gracias a una barrera arancelaria altísima, fueron acusadas, con razón, de prácticas monopólicas (el pequeño mercado local estaba protegido de la competencia externa) y sus ganancias se convirtieron en una tentadora presa para los competidores políticos. Vino primero el alza en los impuestos, el aumento de las reglamentaciones y de los salarios. Finalmente, sin embargo, el sector industrial privado siguió el curso de la minería y la agricultura: uno de los objetivos básicos del Gobierno de Allende fue la nacionalización de las principales industrias, la creación de un "área de propiedad social". Este constituyó el principal campo de batalla política durante sus tres años en el poder.

Antes, sin embargo, fue el turno de la Banca (Fontaine, 1993). Debido a las intervenciones gubernamentales en el mercado de capitales, los bancos privados (y el Banco Central) estaban encargados de racionar los escasos y baratos créditos. No resulta sorprendente, entonces, que surgieran poderosos grupos económicos en torno a los bancos y que explotaran su acceso preferencial a los créditos. El origen del problema no radicaba en que los bancos fueran privados, sino en el racionamiento artificial de los créditos creado por la fijación de la tasa de interés y otras regulaciones. El Presidente Allende pensaba de otro modo, y en su discurso de Año Nuevo de 1971 (habiendo asumido hacía tan sólo 60 días) anunció su propósito de nacionalizar todos los bancos privados. En menos de un año, y sin una oposición significativa, el Gobierno había cumplido su objetivo. El mecanismo utilizado fue, sin embargo, establecido dentro de la legalidad vigente, ya que un organismo semi-autónomo, la Corporación de Fomento de la Producción, estableció un poder comprador de acciones de los bancos, de tal manera que el Estado pudo ampliar su participación en el sector financiero, desde el 50% que ya tenía en 1970, hasta el 90% de la propiedad bancaria.

El Gobierno de Allende se apoderó fácilmente de las minas de cobre, de una gran parte de las tierras agrícolas y de la mayoría de los bancos. La batalla política en favor de la nacionalización de las empresas industriales fue ardua. Las expropiaciones no sólo alienaron a los inversionistas extranjeros y a las grandes empresas, sino también a los pequeños y medianos empresarios. Las asociaciones de camioneros, de dueños de autobuses y de minoristas lideraron la movilización social en contra del Gobierno de Allende. Algunos poderosos sindicatos laborales de clase media, como los trabajadores del cobre, se sumaron. El Gobierno de Allende intentó recuperar algo del apoyo político de estos grupos a través de políticas monetarias y fiscales altamente expansivas y populistas. La prosperidad originada por las políticas populistas duró poco (nunca dura mucho). El consiguiente brote inflacionario y la crisis de la balanza de pagos siguieron su curso natural.

En síntesis, de acuerdo a la estimación realizada por el Banco Mundial en 1980 (Fontaine, 1993), y antes comentada en este artículo, durante el período de 1971-1973 fueron "tomadas" cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. Con todo, en opinión de autores como Cademártori (2004), último ministro de economía de la UP, en general la socialización de empresas no impidió que el sector privado continuara siendo ampliamente predominante en la manufactura, agricultura, comercio minorista, transporte caminero y servicios. En cuanto a las empresas mixtas sólo se constituyeron como sociedades entre el estado y compañías extranjeras, siendo la industria automotriz el primer campo de experimentación.

5.3 Desabastecimiento y Mercado Negro

¿Por qué se produce el desabastecimiento en Chile? Diversos analistas han querido responder esta interrogante, y las respuestas van desde las explicaciones técnicas, íntimamente relacionadas con el alza galopante de la inflación, hasta especulaciones políticas tales como un supuesto complot que la derecha chilena habría generado al provocar el caos por la vía de ocultar los bienes esenciales de consumo. Lo único que parece ser claro es que el mercado negro se generó como la única opción viable (para la población) en cuanto a la disponibilidad de dichos bienes esenciales.

La grave situación inflacionaria a partir del año 1971 generó un efecto inmediato sobre los precios al consumidor, los cuales se elevaron 20% en 1971; 77,8% en 1972 y 188,1% entre Enero y Septiembre de 1973. En tales condiciones surgieron los fenómenos del mercado negro y las colas. Pero estos fenómenos no reflejaban una disminución "absoluta" del abastecimiento, sino "relativa" al elevado circulante existente. Esto ha quedado comprobado por los volúmenes de producción y consumo que eran muy superiores a los años precedentes. Por otro lado, al decretar el fin de los controles de precios, el régimen militar llevó la inflación a 1.100 % en diciembre del 73 y la mantuvo muy alta durante los años siguientes, con el agravante que descargó todo su peso sobre los asalariados y pensionados.

Discusión y conclusiones

La primera conclusión que surge de nuestro trabajo tiene que ver con la relación que se produce entre las ideas y los hechos, y como una equivocada interpretación del funcionamiento de la economía puede generar crisis de alto impacto. En efecto, todo el programa de gobierno de la UP se construye sobre el supuesto que una política altamente expansiva inicial es sostenible en el tiempo, especialmente cuando el gran fantasma de la inflación se resuelve (supuestamente) al introducir modificaciones estructurales destinadas a controlar los precios de la economía y la estatización de los medios de producción. La experiencia demostró que este supuesto básico era insostenible y de hecho fue la inflación el detonante de la enorme crisis económica que se genero en el gobierno de Allende.

Respecto del equilibrio macroeconómico, la experiencia socialista también nos demuestra que un nivel de gastos superior al nivel de ingresos no es sustentable en el largo plazo y el déficit resultante hay que financiarlo con deuda presente, la cual ha que repagar finalmente en el futuro. Esto quiere decir que el déficit fiscal recurrente y elevado y los incrementos salariales superiores a los incrementos de productividad generan presiones inflacionarias; la reducción de la inflación requiere de programas de ajustes con severos costos sociales. En consecuencia, el control y la eventual eliminación de la inflación adquieren una muy alta prioridad.

El cambio sistémico progresivo que implicaba la sustitución del capitalismo por el socialismo y la percepción de su irreversibilidad fueron el factor primordial de la conflictividad social. Esto nos pone en un nivel de discusión más ideológico, especialmente si pensamos que las grandes reformas estructurales que planeó Allende para Chile fueron pensadas en un contexto democrático, bajo el Estado de Derecho, y es precisamente esta condición la que hace inviable la generación de reformas estructurales de esta envergadura, simplemente porque se afecta el principio rector del funcionamiento económico: las expectativas de los agentes económicos se vió gravemente dañada en la experiencia popular. El gobierno de Allende no fue sensible, o no quiso serlo, a las expectativas de los principales agentes económicos, y esto fue, en nuestra opinión, un profundo error de interpretación del funcionamiento económico.

Finalmente, la UP expuso un tema muy conflictivo e importante: ¿cómo resolver el problema de la pobreza?. En forma simplificada, en el diagnóstico de la UP, los ricos eran los responsables de la existencia de los pobres y la solución requería expropiar a los ricos para transferir recursos a los pobres. Tanto el análisis como la solución fueron erróneos y fracasaron totalmente. No obstante la pregunta sigue siendo vigente: ¿Cómo superamos la pobreza en Chile?

Bibliografía

• Bitar, Sergio (1979). Transición, socialismo y democracia. México: Siglo XX.

• Cademártori, José (2004) "A treinta años del triunfo de la Unidad Popular", artículo publicado en el sitio web: "www.clasecontraclase.cl"

• Fontaine, Juan Andrés (1993) "Transición económica y política en Chile: 1970 – 1990", Centro de Estudios Publicos, Edición Nº 50, Otoño. Pags. 230 – 279

• Larraín, Felipe y Meller, Patricio (1990). "La experiencia socialista-populista chilena: La Unidad Popular, 1970-73". Cuadernos de Economía 82.

• Meller, Patricio (1996) "Un Siglo de Economía política chilena (1890 – 1990)". Editorial ANDRES BELLO, CHILE. Primera edición.

Autor:

Rodrigo Valdivia Lefort (ET.AL.)

ARTICULO PARA LA CATEDRA DE ECONOMIA CHILENA

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL

OCTUBRE 2004