Introducción
A mediados de 1996, un corte en la ruta que une Neuquén con Zapala y atraviesa Cutral Co y Plaza Huincul, generó un hito en la forma de protesta social. Más tarde sería considerada una de las principales formas de acción colectiva de las clases populares, "el piquete" (1).
Las políticas neoliberales de la dictadura militar y posteriormente las privatizaciones impulsadas por el menemismo (YPF), actuaron en desmedro de una población dependiente de la actividad petrolera, quedando en pocos meses la mitad de los habitantes neuquinos desocupados.
Por promesas incumplidas del entonces Gobernador Felipe Sapag, quien se negaba a invertir en la instalación de una planta de fertilizantes (Agrium) y ante la incertidumbre por la falta de trabajo en la región, la protesta se extendió durante varios días, y por orden judicial fueron reprimidos por Gendarmería Nacional (2).
Posteriormente, ante la resistencia de unos 20.000 pobladores, el Gobernador ordenó el retiro de las tropas y anunció medidas a mediano plazo. Esta nueva forma de protesta (3), de acción colectiva, se ve signada por los cambios en los reclamos que pasan de ser por mejoras salariales a demandas por retrasos en los pagos o por despidos en masa.
La nueva modalidad en la protesta se afianzó con la organización de asambleas populares que migraron a la política a lugares marginados y sus consecuencias sociales como centro de debate en el Estado.
Estas formas de sociabilidad crearon una cultura de la protesta social, mediante un conjunto de rutinas aprendidas y compartidas por estos grupos como una manera de actuar colectivamente en la defensa de intereses compartidos (4).
(1) Denis Merklen, Pobres Ciudadanos (54,55).
(2) Diario Clarín, 26 de junio de 1996.
(3) Javier Auyero, La protesta (16).
(4) Charles Tilly citado en La protesta de Javier Auyero (17)
Desarrollo
Bajo la idea del orden, constituida bajo principios jerarquizados, con la intervención de la fuerza pública para reprimir el conflicto y reestablecer la armonía, se lograría restituir ese orden, pero solamente en forma ilusoria. Lo demuestra la prosecución de los hechos un año más tarde, con una protesta docente que duró más de 30 días en la misma región, y las heridas del estallido anterior sin cicatrizar todavía, lo que provocó una pueblada de mayor envergadura (5).
En el marco de la gestión de la conflictividad, no tiene sentido el reestablecimiento del orden sin una intervención estatal que canalice la problemática y que impida que prevalezca el más fuerte solo por ser más fuerte, sino fundado en la idea de evitar violencia y abuso de poder.
Cuando se atribuye valor de criminalidad a un conflicto, se contrapone la aplicación de respuestas violentas, que son propias de la política criminal, y algunos conflictos por sus particularidades pueden justificar respuestas de diversos niveles.
El paradigma de gestión de conflictos reconoce la existencia de criterios materiales para solucionarlos, hasta de modo coercitivo basados en la elaboración de principios y pautas culturales (6).
Un análisis político del Estado, implica una visión de la Sociedad como una interrelación en donde es impensado un proceso social sin conflictos y donde el Estado debe abandonar cualquier signo de neutralidad para comprometerse en la gestión del conflicto y darle solución.
Aunque se presupone al conflicto como una realidad transitoria y negativa, es tan necesaria su existencia como los cambios que provoca en el proceso social.
El avasallamiento de los derechos ciudadanos derivado de políticas económicas inadecuadas y la inoperancia del Estado en el tema que nos toca, se traduce en un grupo de desocupados que cortan una ruta para manifestar su descontento y obtienen el apoyo de todo un pueblo que acompaña la protesta y ante la negativa de solución, prolonga el desenlace hasta el punto de concentrar la atención de la opinión pública y que sea una protesta de todos.
En el nuevo estallido social de 1997, en donde se reprimió con efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Provincial con el doloroso saldo de una muerte, se apostaban al costado de la ruta familias de clase media y baja, entre medio de barricadas y neumáticos incendiados (7).
Ya no solo se requerían soluciones al conflicto docente, sino que se exigían políticas de empleo, subsidios por desempleo y el esclarecimiento de la muerte de una docente en los enfrentamientos. La protesta iba mutando y la solución estaba cada vez más lejos de concretarse.
Desde Buenos Aires se confirmaba un Paro Nacional del Gremio Docente, secundado por otras agrupaciones sindicales en apoyo a lo sucedido en Neuquén.
También la oposición, en aquel entonces mayoritariamente del Partido Radical, criticó duramente al Gobernador por llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, puesto que lo que se acordó treinta días después del inicio del conflicto, hubiera sido suficiente para evitar tan graves incidentes.
(5) Revista Criterio, Nº 2197, Junio 1997.
(6).Alberto Binder, Análisis Político Criminal (Cap. III)
(7) Diario La Nación, Julio 1997.
Conclusión
Sería muy sencillo explicar por qué no se le dio solución en primer lugar, a los desempleados y luego a los docentes de Neuquén, pero toda política social lleva aparejada una inminente gestión que derive a la conciliación de las diferencias existentes entre los grupos que intervienen. Y ese no fue el caso de la gobernación neuquina de esos años, dado que los intereses provenientes de la actividad petrolera "privada" eran más interesantes que el bienestar social, sobre todo teniendo el poder de la fuerza de su lado. Lo que jamás pensaron estos gobernantes, era que las urgencias de ese pueblo no podían esperar más. La pobreza, el hambre y la dignidad fueron el alimento de una protesta de tal magnitud y con formas y estrategias innovadoras para la época.
La visión en aquel contexto nos sitúa en una Sociedad centralizada en los problemas de índole urbano, en donde el límite era la Avenida Gral. Paz. Las necesidades y penurias del interior del territorio eran de las Provincias, no afectaban el estado de bienestar de la metrópoli.
Con la nueva modalidad de protesta, organizada y estructurada por grupos con idénticas culturas, la protesta llegó a las calles de Buenos Aires para quedarse y los cortes de calles, avenidas y diferentes accesos a la Capital provocaron la exasperación de los porteños y la usurpación de esa tranquilidad tan ansiada. También se vieron afectados los sectores de clases bajas, los obreros, etc., por la interrupción en el tránsito y en el transporte público.
Esta modalidad cautivó a sectores marginales que vieron en ella la manera de infiltrarse y conseguir adeptos, además de camuflarse a la hora de hacer desmanes y destrozos.
En la actualidad, estos cortes son moneda corriente y generalmente se realizan sin un fundamento válido.
La gestión de los conflictos que desembocan en cortes de calles y en distintas manifestaciones que interrumpan el normal desempeño de las actividades de los ciudadanos, debería estar contemplada desde un sector multiagencial, que involucre a diferentes ramas ministeriales como a sí también a sectores no gubernamentales que lleven a resolver estas diferencias sin entorpecer al resto de la Sociedad.
Desde la legislación que sancione estos acontecimientos, hasta la creación de cuerpos especializados en disuadir estas manifestaciones, paralelamente a la gestión gubernamental en la resolución del conflicto o su canalización a la esfera de su competencia.
La gestión de la conflictividad es lo que nos hará crecer como Sociedad, sin dejar de lado nuestros ideales y nuestro destino de progreso.
Bibliografía
– MERKLEN, Denis – Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Era Democrática (Argentina, 1983-2003), Bs As, Gorla, 2005.
– SVAMPA, Maristella: Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros, Biblos, Buenos Aires, 2003 (en coautoría con Sebastián Pereyra) cap. 1
– FARINETTI, Marina – "La conflictividad social después del movimiento obrero". En: Nueva Sociedad, Caracas, Nº182, 2002.
– AUYERO, Javier – "Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina". En: Desarrollo Económico, vol. 42, Nº166, 2002.
BINDER, A. – Política criminal: de la formulación a la praxis. Buenos Aires, 1997.
Autor:
Claudio Del Sordo
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA
CARRERA: LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA
ASIGNATURA: Teorías Sociales del Orden y el Conflicto
CATEDRA: Marisa Cetra
