Los sucesos de abril de 2002
Las acciones emprendidas en materia de política exterior y el evidente populismo de Chávez polarizaron la sociedad venezolana. En los años recientes, Caracas se ha convertido en obligado escenario de grandes movilizaciones ciudadanas, en contra o a favor del presidente Chávez. El martes 9 de abril de 2002, los opositores convocaron una huelga general de dos días, con el propósito de desconocer la nueva directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Ese día, cerca del Palacio de Miraflores, simpatizantes del presidente se enfrentaron a golpes con manifestantes opositores. La trifulca degeneró en un tiroteo, el cual arrojó un saldo de 17 muertos y más de cien heridos. Los canales de la televisión privada -particularmente Venevisión- realizaron una amplia cobertura de los hechos.
Gustavo Cisneros, presidente y director ejecutivo de la Organización Diego Cisneros -de la cual precisamente forma parte Venevisión-, fue señalado por algunos funcionarios del gobierno como uno de los autores intelectuales de la conspiración. Miembros del Alto Mando Militar culparon al presidente Chávez de los hechos, y procedieron a arrestarle. Enseguida, el empresario Pedro Carmona Estanca usurpó la presidencia, y decidió destituir todos los órganos del poder público y derogar la Constitución de 1999. Carmona, además, prometió convocar a elecciones presidenciales en un año. Altos mandos militares leales al presidente Chávez consiguieron rescatarlo de la isla de La Orchila y regresó al Palacio de Miraflores en un helicóptero militar, a las 2h45 del domingo 14 de abril de 2002.
Los sucesos posteriores
Para superar la crisis política, Chávez decidió impulsar una serie de mesas de diálogo con diversos sectores del país. La oposición, inmediatamente, calificó tales medidas como farsa. Pedro Carmona Estanga -el empresario que usurpó la presidencia- consiguió escapar de Venezuela al igual que otros presuntos responsables. Las movilizaciones ciudadanas en contra o a favor del presidente Chávez se intensificaron en Caracas. En diciembre de 2002, la principal confederación sindical venezolana, la cúpula empresarial y empleados de Petróleos de Venezuela iniciaron un paro general indefinido, al cual se sumaron algunas empresas y establecimientos comerciales de la capital. La huelga se prolongó por 72 días y paralizó la industria petrolera venezolana, arrojando considerables pérdidas a la economía venezolana. Los medios de comunicación privados dieron una amplia cobertura informativa a la huelga, derivándose frecuentes marchas en pro o en contra de Chávez, así como algunas escaramuzas entre ambos bandos. El gobierno consiguió recuperar el control de la industria petrolera y despidió a casi 18 mil empleados, bajo el argumento de haber abandonado sus puestos de trabajo. El 2 de febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empresariales levantaron el paro. Para evitar la extensión de la fuga de capitales, el gobierno decidió asumir el control en la política cambiaria, argumentando que el empresariado venezolano había retirado grandes capitales del país. A finales del mes de marzo de 2003, las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Colombia fueron muy tensas. El 31 de marzo, el presidente Chávez reveló que había ordenado bombardear una zona fronteriza con Colombia. En respuesta, funcionarios del gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, realizaron enérgicas declaraciones contra el ejecutivo venezolano.
El referendo digital
El 20 de agosto de 2003, opositores al gobierno recolectaron tres millones de firmas para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano responsable de realizar los procesos electorales en Venezuela, la realización de un referendo para definir la continuidad de Chávez o proceder a realizar elecciones presidenciales. El 13 de septiembre, el CNE notificó que las firmas recogidas por la oposición no eran válidas.
El 27 de septiembre, el gobierno decidió rectificar, y dio a conocer que el referendo revocatorio se realizaría en febrero de 2004. El 29 de noviembre, la oposición inició una nueva campaña de recolección de firmas necesarias para poder convocar al referendo revocatorio y el 3 de diciembre afirmó haber reunido 3,8 millones de firmas. El presidente Hugo Chávez calificó el hecho como "megafraude", declaraciones que dieron lugar a un enfrentamiento con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, que desde 1994 encabezó el organismo regional y que en el pasado reciente gobernó Colombia.
Partidarios del presidente Chávez, en varias ocasiones, presentaron al Poder Electoral pruebas para demostrar que la oposición había realizado un gran fraude en la recolección de las firmas de apoyo para el referendo. Pese a que el gobierno controla el Poder Electoral y el Consejo Nacional Electoral, los simpatizantes del presidente Chávez no consiguieron demostrar esas acciones fraudulentas de la oposición, que finalmente consiguió reunir dos millones 451 mil 821 rúbricas y sustentar la necesidad de realizar el revocatorio. Se cumplió así con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución que asienta: "Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato".
El "buscador global de firmas"
Para demostrar las acciones fraudulentas de la oposición, a partir del mes de febrero de 2004, el sitio Web del diputado oficialista Luis Tascón [http://www.luistascon.com/] incorporó un "Buscador Global de Firmas", a fin de investigar los nombres de aquellos ciudadanos venezolanos que estamparon su firma para exigir la realización del referendo. Para ello, solo bastaba ingresar el número de la cédula de identidad del usuario y el buscador desplegaba la información necesaria para saber si el ciudadano en cuestión firmó o no el referendo revocatorio. El buscador, además, contaba con un formulario para imprimir y realizar las correcciones necesarias e, incluso, denunciar a través de un teléfono 0800-FRAUDE-1 (0-800-372833-1), la indebida inclusión del nombre del usuario entre los firmantes del referendo.
Partidarios de Chávez presentaron pruebas de fraude de la oposición en la recolección de firmas para el referendo
La considerada injustificable permanencia del "Buscador Global de Firmas" en el sitio Web del diputado Tascón propició que algunos burócratas y funcionarios del gobierno obstruyeran, condicionaran o negaran la autorización de determinados trámites o servicios del Estado a quienes estamparon su firma para exigir al CNE la realización del referendo revocatorio. También se cuestionó por qué el gobierno, el Poder Electoral o el Consejo Nacional Electoral pusieron a disposición del diputado Tascón la base de datos de tales firmas. Tascón, además, impulsó en su sitio Web la conformación del "Batallón Bolivariano de Internet", con más de 5.000 entusiastas ciberactivistas partidarios de Chávez. Así, en Venezuela el tema de la exclusión digital fue convertido en asunto de militancia y de ideología.
La oposición al régimen afirmó que Chávez pretendió cometer un "fraude cibernético" para conservar el poder
Automatización del proceso
Para erigirse en ejemplo de la democracia, el gobierno de Chávez decidió automatizar todo el proceso del referendo revocatorio. Uno de los primeros pasos fue la creación del archivo de huellas dactilares digitalizado, el cual, de acuerdo con opositores al gobierno, bien podría extender el desarrollo de determinadas prácticas de panoptismo digital (registro, control, vigilancia y castigo) contra aquellos ciudadanos incómodos a la administración Chávez.
Además, el referendo fue el primero en realizarse con máquinas provistas de pantallas sensibles al tacto y, en opinión de la oposición, para asegurarse el triunfo el gobierno facilitó la incorporación masiva al padrón electoral de ciudadanos residentes en barrios muy humildes y extendió el uso de cédulas de identidad venezolana a un amplio número de migrantes, principalmente de origen colombiano, con todo lo cual, la cuota de los nuevos electores que han sido incorporados en los meses recientes al padrón electoral, supuestamente, habría podido establecer la diferencia en el resultado final.
Voceros de la Coordinadora Democrática (CD), organismo que reúne a los opositores al régimen, afirmaron que Chávez pretendió cometer un "fraude cibernético", a fin de conservarse el poder. Para sustentar tales afirmaciones, los opositores denunciaron que la compañía Bitza Corp., a la que el CNE compró el software para el desarrollo del referendo digital, jamás lo había probado en comicios reales. Además, y hasta finales de junio, el gobierno del presidente Chávez figuraba como propietario del 28 por ciento de las acciones de tan inexperta empresa. A dos semanas del referendo, el CNE ensayó el proceso utilizando las máquinas con pantallas sensibles al tacto, desarrolladas por la firma estadounidense Smartmatic, y se detectaron algunas fallas. Una semana después, Jorge Rodríguez, director del CNE, afirmó que los errores habían sido corregidos.
Funcionarios del gobierno afirmaron que CANTV podría cometer fraude durante la transmisión de los resultados
Violencia y denuncias previas al referendo
Funcionarios del gobierno afirmaron que CANTV podría cometer fraude durante la transmisión de los resultados. CANTV, la empresa más grande de telefonía en Venezuela, es controlada por la estadounidense Verizon Communications, la cual forma parte de un consorcio integrado por la compañía estadounidense Smartmatic Corp., y la venezolana Bizta Corp., que ganaron la licitación para operar las máquinas electrónicas de votación y el sistema de transmisión de resultados en el referendo. El 31 de julio, el presidente Hugo Chávez amenazó intervenir a la empresa si se descubrían señales de fraude, pero CANTV negó que hubiese esa posibilidad en el sistema, debido a los estrictos controles ejercidos.
La sucesión de hechos violentos ha distinguido el devenir de los días previos a la realización del referendo. El domingo 9 de mayo, el gobierno anunció la captura, en la finca Daktari de El Hatillo, Caracas, propiedad del cubano-estadounidense Roberto Alonso Bustillos, de un grupo de paramilitares colombianos. Se denunció también que en Homestead, Florida, Estados Unidos, existía un campo de instrucción de mercenarios que se aprestaban para actuar en Venezuela al mando de Luis García, capitán venezolano de la Guardia Nacional y prófugo de la justicia. En el mes de junio, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 200 millones de bolívares a quien proporcionara información fidedigna para la captura de los militares Felipe Rodríguez, Ovidio Poggioli Pérez, Néstor González y Julio Rodríguez Salas. Fuerzas de seguridad además irrumpieron en las instalaciones de Venevisión donde fueron encontrados viejos rifles y escopetas que pertenecían a la empresa de seguridad que custodiaba el inmueble que ocupa Venevisión.
De esta forma, la historia escogió a la hoy República Bolivariana de Venezuela como escenario definitorio de un difícil debate, que parece una especie de trágica constante en la fatalidad de nuestras agitadas tierras: la vigencia de la "edad de los caudillos". ¿Venezuela o la República Bolivariana de Venezuela? El domingo 15 de agosto, la ciudadanía venezolana decidió su destino.
Dr. Octavio Islas,
mexicano, director de la Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
Revista Chasqui Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL)
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