Casualmente, y como lo afirmo en la introducción, mientras el Gobierno intenta acercarse por la vía pacifica (claro esta que sin descuidar la retaguardia basados en la practica de una Seguridad Democrática), los grupos guerrillero-terroristas, no descansan en su accionar bélico-destructivo; La Fiscalía lanzó una alerta sobre eventuales atentados a personalidades o edificaciones estatales en Bogotá, al considerar que las FARC estarían planeando un nuevo ataque con granadas de mortero. "…Creemos que las FARC tienen ocultas unas 15 granadas de mortero que utilizarían para atacar en cualquier momento a personalidades o instituciones del Estado", declaró a periodistas el director nacional de fiscalías, Justo Pastor Rodríguez. El funcionario precisó que a varias edificaciones, como el Palacio de Nariño -sede presidencial- el Congreso, la Fiscalía, la embajada de Estados Unidos y el Centro Administrativo Nacional (CAN), donde funcionan varios ministerios, entre ellos el de Defensa, les fueron redobladas las medidas de seguridad.
Pero bien, las FARC no son el único grupo al margen de la ley que le causa dolores de cabeza al Estado Colombiano y su democracia; tenemos en otro extremo, opuesto a la guerrilla pero no del mismo bando del gobierno, a los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia AUC, el Gobierno confirmó que realiza gestiones para una posible negociación con paramilitares, pero advirtió que el proceso será confidencial y mantiene su decisión de que medie la ONU.
Fernando Londoño Hoyos, declaró que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe prepara un proyecto legislativo que regula las negociaciones con grupos alzados en armas. Londoño confirmó que representantes de la Iglesia católica promovieron una cita de delegados oficiales y lideres de las AUC, que anunciaron su intención de realizar una "tregua navideña" de dos meses, a partir del 1 de diciembre.
El ministro de Justicia e Interior destacó que "la intermediación con la ONU sigue completamente vigente" y puntualizó que el hecho de "que el presidente esté hablando con Francia no significa de ninguna manera que haya un cambio en su posición".
O acaso amerita ablandarse frente a las soluciones de fuerza que se presentan desde la otra orilla: acciones insurgentes contra la población civil, ataques con armas de efectos indiscriminados a pequeños caseríos, reclutamiento forzoso, secuestros, desplazamientos, ejecuciones fuera de combate y otras formas que infringen el derecho humanitario y cuestionan la legitimidad de la guerrilla, sin embargo la Ley 418 de 1997, pretende 'dotar al estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales'. En esta se recogen disposiciones para facilitar el diálogo y la realización de acuerdos entre el gobierno y las 'organizaciones armadas al margen de la ley' que tengan reconocido su carácter político por parte del ejecutivo. Y para encabezar dichas negociaciones en representación del gobierno existe la figura del alto comisionado para la paz, quien es la figura encargada de asesorar al presidente de la república en la 'estructuración y desarrollo de la política de paz', también es el encargado, en representación del ejecutivo colombiano, de definir los términos de la agenda de negociación, de establecer los mecanismos e instrumentos administrativos que permitan el desarrollo de sus funciones, intervenir como portavoz gubernamental sobre el estado de las negociaciones, etc.
Tal vez el carácter endógeno del conflicto armado en Colombia y el predominio de otras guerras internas en países de Europa del Este y África, además de la falta de una convergencia de intereses internacionales sobre el país y el empecinamiento en modelos de guerra integral para resolver el conflicto, incidieron en la inexistencia de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución política y negociada de la prolongada confrontación armada. Las circunstancias han variado significativamente y por primera vez en la historia, las FARC han aceptado una comisión de países amigos del proceso, lo que genera inevitables costos políticos para las partes involucradas en una facilitación. El proceso con el ELN se sostiene, en buena parte, por la participación de un grupo facilitador de países comprometidos con salvar el acercamiento entre el Gobierno y este grupo guerrillero.
Hace seis años un académico salvadoreño advertía que para iniciar y consolidar un proceso de paz serio y sostenible en Colombia se necesitaban dos nuevos actores: la sociedad civil y la comunidad internacional.
El presidente afirmo durante el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en la capital vallecaucana, que la posibilidad de llegar a acuerdos humanitarios con la guerrilla está en manos de las Naciones Unidas, así lo manifestó luego de concluir, y aclaró que el tema se manejará bajo estricta confidencialidad.
"Las posibilidades de un acuerdo humanitario están en manos de Naciones Unidas. El Gobierno de Colombia ha confiado plenamente en la gestión que pueda adelantar Naciones Unidas. El tema se seguirá manejando con discreción", afirmó el Jefe de Estado.
Por otra parte, reveló que el Gobierno ha realizado contactos con grupos de autodefensas ilegales para avanzar hacia un proceso de paz. Destacó que la condición fundamental es que cesen completamente los asesinatos en el país.
"El Gobierno, por intermedio del Alto Comisionado, ya ha tenido contactos con voceros de los grupos de autodefensas ilegales para un eventual proceso de paz que tiene que darse a partir de un compromiso para no asesinar a un colombiano más", expresó el Presidente.
De la misma forma, dijo que estas conversaciones iniciaron en el momento en que esos grupos al margen de la ley expresaron su voluntad de entrar en un proceso de paz, a través de un facilitador. Sin embargo, no existen acuerdos preliminares con esa organización
Es necesario colaborar con el gobierno, pero "arremangándonos la camisa" y acoplar como nuestro el concepto de Seguridad Democrática y dentro del cual cabe bien a mencionar a la Red de Informantes que sería en verdad espectacular si la conformaran absolutamente todos los Colombianos; sería esta la manera activa de participar, yá la salida política le corresponde al gobierno, y este al respecto precisamente se apoya en su tesis de La Seguridad Democrática que se diferencia claramente de otras concepciones de seguridad, profesadas por regímenes autoritarios que buscaban la hegemonía ideológica y la exclusión política. Se distancia también de una concepción elitista, "esta Seguridad Democrática tiene como esencia ser instrumento combatible, compatible con los derechos y libertades fundamentales del ser humano y ve en ellos su fin justificador…", afirmo el Presidente hoy martes 26 de noviembre de 2002, durante la ceremonia de graduación de unos Generales de las fuerzas Militares.
La acción antidemocrática, el terrorismo, la destrucción de los bienes materiales del pueblo, el asesinato y el secuestro tienen que ser perseguidos todo día con más ardentía por la Fuerza Pública, con las herramientas que le entregan la Constitución y la Ley, por eso nuestro Estado cuando ejerce su fuerza legítima para contener a los violentos, reducirlos y proteger a los ciudadanos, lo hace para proteger la democracia, para proteger ese estado de cosas que la Constitución y la Fuerza Pública garantizan a fin de que los ciudadanos puedan disfrutar de la plenitud de las garantías democráticas.
Así las cosas, la intención del presente gobierno en cabeza de Uribe demuestra tener las mejores intenciones de conseguir la paz, mediante el dialogo y sin recurrir a la guerra y la violencia, sino todo lo contrario, llevando como estandarte la bandera de la democracia y fortalecimiento de las Instituciones, en las cuales debemos creer para darles el poder suficiente, el poder del pueblo, quedándole al gobierno una tarea quien sabe si no mas difícil que lograr la paz, y es la de acabar con la corrupción, el clientelismo y toda suerte de "mañas" políticas que han venido debilitando al Estado Colombiano desde hace ya varios decenios. Una necesaria y justa reforma social, política y económica, pensando siempre en el desarrollo y el progreso pero con justicia social, favoreciendo la industrialización de la Nación y la necesaria Globalización.
Autor:
Jose Orlando Morera Cruz.
mcruzjo[arroba]hotmail.com
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