25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Ya que no recibimos información y si la recibimos es camuflada disfrazada además de engañosa, ya que el presidente no es veraz en sus cadenas sabatinas. Así como también se nos vendió una campaña política engañosa para llevarlos al poder y engañosa por que mencionaron un cambio que hasta el momento no se ha dado.
Sección novena
Personas usuarias y consumidoras
Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
No se necesita de una "ley especial para periodistas" ya que todos los ecuatorianos estamos cobijados bajo las mismas leyes por igual, realizarlo de otra manera sería discriminación, hecho punible también contemplado en la Constitución, si por ejemplo un periodista agrede de palabra u obra, para eso está la Constitución, el Código Civil, Penal o el de Procedimiento Penal, puede ir preso por delitos contra la honra, injurias calumniosas no calumniosas etcétera, será sancionado como todos ¿o somos de otro país? al igual que todos los ciudadanos ecuatorianos, no necesitamos crear una ley más de las que ya están rigiendo y en plena vigencia, ¿por qué justamente una ley especial para los periodistas?, para tenerlos bajo su control y maniatarlos a diestra y siniestra, ¡este es el propósito!, siendo ellos (el gobierno), el juez que dictamine si procede o no procede la sanción.
¿Por que crear una ley para los periodistas con tribunal puritano y todo?, entonces hagamos también una ley para los zapateros, para el tendero, para el verdulero, para el huevero, para el diseñador gráfico, para el creativo publicitario, el economista, para… que se Yo…, una ley para cada oficio y cuando el tendero me venda un artículo en mal estado no recurriré a los derechos de los artículos de *"defensa del consumidor" contemplados en la Constitución de Montecristi y que habla de sanciones civiles y penales, sino que recurriré a "la ley del tendero", (¿raro no?, aquí sí se puede recurrir al Código Civil y Penal, pero en el caso de los periodistas, ¿por qué no podremos recurrir a él y necesitamos una súper ley especial para aplacar a los "monstruos" o "bestias salvajes" de la prensa?, aquí necesitamos de un "Panchanazo),
Háganla también ¿por qué no hacen esa ley? (la del tendero), también con la misma premura y desesperación como la de comunicación, incluso citando a sesiones extraordinarias a media noche, claro, esa puede esperar, o mejor, esa no, por que no atenta en lo más mínimo "la propaganda revolucionaria" estilo nazi.
*(Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore).
Ley de Comunicación tiene intención real de democratizar espacio mediático, sostiene RSF
En un informe elaborado por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se reconoce que la futura Ley de Comunicación, que debate la Asamblea Nacional ecuatoriana, tiene la intención real de democratizar el espacio mediático.
El documento señala que aunque algunos predicen para Ecuador una evolución "a la venezolana" en materia de libertad de prensa, puesto que la polarización extrema del paisaje mediático lleva a pensarlo, "la necesidad de regularlo se admite globalmente, tanto por una prensa privada a menudo"opositora", por no decir de oposición, y por la prensa pública recientemente creada, a la que califica como cercana al Gobierno".
"Representativo del contexto latinoamericano, donde los retos de comunicación, pluralismo, repartición de las frecuencias y de habilitación de espacios para los diferentes tipos de medios de comunicación evocan el de la reforma agraria años atrás, Ecuador quizás tenga una oportunidad que aprovechar con este debate sobre la futura Ley de Comunicación", agrega el documento.
El informe recoge criterios de comunicadores de medios públicos y privados, asambleístas y críticos, quienes admiten la necesidad de una nueva regulación adaptada y da a conocer ciertas críticas por parte y otra – y a veces por las mismas razones –, relativas a las modalidades y las condiciones de aplicación de la futura ley (tipo de sanciones, composición del futuro Consejo de Comunicación e Información, diploma exigido para ejercer la profesión).
Aclara que en conjunto sus temores no están tan relacionados con el contenido de la ley sino con importantes contrapartidas sin las que su aplicación puede verse comprometida, precisando que tres de ellas le parecen imperativas:
1. La despenalización de los delitos de "difamación" y de "injuria".
2. La justa repartición de la pauta publicitaria oficial en concomitancia con la de las frecuencias.
3. Una reglamentación de los anuncios o mensajes con carácter oficial también llamados "cadenas", limitando su número e imponiendo estrictas condiciones a su difusión obligatoria en todos los canales tal como se está haciendo actualmente entresemana.
RSF sostiene que, al igual que en Argentina, donde una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) ha sustituido "afortunadamente" (en octubre de 2009) la Ley de Radiodifusión heredada del régimen militar, "una primera habilitación del dispositivo ecuatoriano suaviza las reglas una vez restaurada la democracia". No obstante, agrega, que esa pequeña reforma que ocurrió bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1995, conlleva muchos efectos perversos y explica las dificultades actuales.
"Esta reforma favoreció una concentración enorme de la prensa, lo que contribuyó mucho a descreditar la profesión en su conjunto", indica.
Respecto a los medios públicos, el informe asegura que hablar de "órganos de propaganda" no es un buen juicio de valor puesto que "en el pliego de condiciones de esta prensa se puede encontrar programas de carácter pedagógico y sin demasiados excesos de militancia gubernamental o partidista". /ARC
Ecuador: presenta proyecto de ley de Comunicación para comenzar su debate
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Rolando Pachana, presentó un proyecto de ley de Comunicación para que el Legislativo comience su debate en medio de la expectativa que genera la intención del Ejecutivo de reformar la ley existente.
Se prevé que el documento de Pachana sea presentado oficialmente este miércoles a la Secretaría de la Asamblea después de, según el asambleísta, haberlo difundido entre diversos actores que han realizado observaciones y sugerencias a la propuesta, informó la Asamblea en su portal de Internet
Pachana explicó que el proyecto "garantiza el ejercicio integral de la comunicación y de la información y regula los servicios de comunicación social cuya responsabilidad implica la búsqueda, producción, manejo y socialización de contenidos". Esos contenidos tendrán que "encaminarse al cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades a la comunicación e información", añadió.La propuesta también recoge que el Estado, para garantizar el "ejercicio integral" de comunicación e información, "promoverá apoyo a la gestión institucional, al protagonismo e interacción de las personas y al acceso al desarrollo científico y tecnológico". Todo ello "en el marco de un orden democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa", sostuvo. El proyecto de Pachana, asambleísta por el partido oficialista Alianza País, también hace una diferenciación entre los medios públicos, que pertenecen "a la sociedad ecuatoriana" y que además de informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos altamente educativos", de los medios comunitarios.
Estos últimos, que al igual que los públicos "no perseguirán fines de lucro", serán gestionados por las organizaciones sociales y su función será "la de expresar la diversidad cultural e identidad de tales comunidades". Pachana detalló algunos aspectos que recogería la ley como la libertad de opinión, el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional, entre otros aspectos, y adelantó que el funcionamiento de los medios de comunicación "estará sujeto a un registro de operación".Ese registro será tarea del Consejo de Comunicación e Información, organismo que garantizará el funcionamiento de los medios, entre otras funciones, y que será creado por la nueva ley. La propuesta de Pachana recoge asimismo la libertad de pensamiento y expresión, "sin censura previa y con responsabilidad ulterior" y la libertad de información, "de conformidad con los principios establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados e instrumentos internacionales, sin restricciones directas, ni indirectas".
Establece el derecho a "demandar y recibir información transparente y oportuna" de las entidades públicas y de las entidades privadas que manejen fondos públicos y hace especial mención al derecho a la rectificación "en forma obligatoria, inmediata y gratuita". Ante la apertura de varios expedientes administrativos por parte de las autoridades de telecomunicaciones a varios canales de televisión, dirigentes de medios y periodistas han calificado la actual ley de Radiodifusión como "obsoleta".
La elaboración de la nueva ley, que genera amplias expectativas entre los actores de la comunicación, supone otro proyecto más del Gobierno en la materia, que también impulsa la creación de una agencia de noticias estatal, entre otros planes en el campo de las comunicaciones.
Expertos consideran necesario una Ley de Comunicación para terminar con privilegios
Quito (Pichincha).- El decano de la Facultad de Comunicación Social, Fernando López, resaltó la necesidad de una Ley de Comunicación en el país "porque esto permitiría garantizar que los grandes monopolios de comunicación al servicio de intereses privados, desaparezcan". En este sentido, dijo que "el proyecto de Ley de Comunicación debería ir más allá de los reglamentos o la legislación, para así lograr una comunicación veraz, real y efectiva".
Recordó que "la mayoría de los medios de comunicación deberían ser más autocríticos porque lamentablemente el papel que cumplen actualmente no prevé este ejercicio tan fundamental".
Es así que situó como ejemplo el reportaje de Teleamazonas, medio informativo que en mayo pasado, presentó una noticia basada en supuestos, sobre la suspensión de la pesca por el lapso de seis meses, debido a los trabajos de exploración que se realizaban en dicha zona. "Eso fue indudablemente una situación que debió alarmar a la población" dijo, tras explicar que fue clara la conmoción social provocada en dicha zona porque la noticia fue motivo de alerta. La conmoción social, mencionó, "es un estado de preocupación o una alteración de la forma de vida cotidiana de un sector o grupo. Es definitivamente una ruptura de una situación estable" y es precisamente esa estabilidad que la ley está obligada a proteger. Agregó que los medios televisivos actuales tienen una visión distinta sobre el derecho a la libertad de expresión; "creo que hay una defensa irrestricta de sus intereses. Ellos consideran su derecho a la libertad de expresión como un derecho atado al de toda la población, cuando en realidad no es así, nosotros tenemos otra visión. Creo que hace falta esa autocrítica", subrayó.
Remarcó que existen razones suficientes para que sea la sociedad la que tome la decisión de buscar calidad en los mensajes de la televisión, radio y prensa. "La calidad de nuestros medios de comunicación es muy mala porque sus verdaderos intereses están alejados de los intereses del pueblo ecuatoriano", concluyó. Vale recordar las afirmaciones hechas el 7 de diciembre pasado, al programa Cabina de Carondelet por el experto en Medios de Ciespal José Villamarín, sobre que todos los servicios están sujetos a un control de calidad, excepto los medios de comunicación, de allí la necesidad que se acojan a los estándares de calidad a nivel mundial que privilegia la información por sobre la objetividad y la opinión; la falta de contextualización de los hechos, "es lo que lleva a tener una opinión distinta de la realidad".
Otro de los problemas que tienen los medios sobre todo los impresos, es la falta de contrastación y equilibro de fuentes, por lo que "no se informa, sino que se hace propaganda" con la intención de ocultar la verdad y defender intereses específicos, finalizó. MI/Prensa Presidencial
Ley de Comunicación es la "favorita" de asambleístas
Los tres proyectos de Ley de Comunicación entran al debate de 11 miembros de una comisión que se define hoy. El tema desata polémica e interés entre los legisladores
El debate sobre los tres proyectos de Ley Orgánica de Comunicación, presentados oficialmente, se perfila intenso. Eso se refleja, al menos, en el masivo interés de los propios asambleístas para conformar la comisión especial de 11 miembros, encargada de sacar adelante esta ley.
Entre los aspirantes constan Cynthia Viteri (PSC-MDG), Lourdes Tibán (PK), Alfredo Ortiz (ADE), María Molina (MPD) y los oficialistas María Paula Romo, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, Humberto Alvarado, María Augusta Calle, entre otros. Eso sin contar a los proponentes de los proyectos, como César Montúfar y el oficialista Rolando Panchana, quien no descarta pelear por la presidencia de la comisión, y asegura tener "la confianza" del presidente de la República, Rafael Correa, y del bloque de PAIS. Ayer, el lanzamiento del esperado proyecto de Panchana, el cual niega que sea "del Gobierno", se dio en medio de la expectativa de decenas de periodistas parlamentarios.
Secundado por la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas, y por el secretario del organismo, Panchana no le ahorró apelativos ni aclaraciones al espíritu del proyecto: "recoge las aspiraciones de mucha gente", "es un proyecto hecho por ecuatorianos para ecuatorianos, de acuerdo a la realidad ecuatoriana".
Insistió en rebatir los cuestionamientos iniciales: "no es una ley mordaza ni de censura, no existe control de contenidos ni con dedicatoria a los medios privados". Y pidió que todo el mundo la leyera, sin prejuicios ni prevenciones.
El ex periodista televisivo dijo estar emocionado. Aseguró haber trabajado toda la noche, y por ello no permitió preguntas de la prensa. Y en tono solemne hizo leer al secretario el artículo 10 de su proyecto, que se refiere a la cláusula de conciencia. Según este, al que califica de "poderoso", los derechos de los periodistas en las salas de redacción parecen estar garantizados. A saber, según el proyecto, se impone el derecho del comunicador a negarse a publicar una nota si esta afectare sus principios.Panchana está seguro de lograr el apoyo de sus ex colegas con este artículo. Algo que el asambleísta de la oposición Enrique Herrería (PSC) considera "perverso", porque intenta sembrar división dentro de las redacciones.
Herrería dijo respaldar el proyecto de Montúfar, al que calificó como acorde a un estado de Derecho. Pero advirtió que el proyecto del oficialismo intenta no solo amordazar a la presa libre sino sacar del debate público a periodistas críticos al régimen. Panchana dice lo contrario: su proyecto profesionalizará y hará respetar el oficio del periodismo y el derecho del público, por encima de los intereses de los medios de masas y del Estado, o gobierno de turno, dice.
Pero ya dentro del debate posible, César Montúfar manifiesta un temor: la decisión final cruza por los asambleístas de PAIS. Pero según él, en esa organización no hay posibilidad de un debate interno, y las imposiciones desde Carondelet son las que pesan al final del día. Una ley de Comunicación sin un debate abierto sería un contrasentido, dice. El tema desatará pasiones y polémica. Por lo que Panchana está de acuerdo en que para crear las condiciones de un debate democrático y sin presiones, el Gobierno debe cesar los ataques a la prensa.
Conclusión
Estima que el proyecto de ley marca un real progreso en la reestructuración del sistema de atribución de las frecuencias, reservando un 33% de éstas a los medios de comunicación público, un 33% a los medios de comunicación privados y un 33% a los medios de comunicación comunitarios.
El proyecto sostiene que "todo ciudadano tiene el derecho a ejercer opinión libre, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales de otras personas, dispuestos en la Carta Suprema, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Toda opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la emite".
"Posibilitará la satisfacción de las demandas sociales, la defensa y garantía de funcionamiento de los medios públicos, privados y comunitarios, entre otros puntos", señala el proyecto.
Recomendaciones
Garantizar la libre expresión en los medios de comunicación para que los ciudadanos tengan acceso a información seria y sin ninguna restricción.
Realizar proyectos que incentiven a los periodistas, comunicadores y publicadores a informar a la ciudadanía de los acontecimientos del mundo, para que los verdaderos periodistas independientes de conciencia publiquen la corrupción de sus patrones sin temor a ser echados de sus puestos en los medios de comunicación.
Establecer diálogos entre el gobierno y los medios de comunicación que garanticen el desarrollo del presente proyecto.
Bibliografía
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Autor:
Jorge Chalen
Karina Dominguez
Mayra Cruz
Nestor Borbor
ENVIADO POR:
Arturo Clery
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