El narcotráfico contra el PBI (Perú)

1. Síntesis
2. Aspectos del narcotráfico y del PBI
4. Perú: en las ligas mayores del narcotráfico mundial
5. Reptando un mismo pozo
6. El brazo del narcotráfico
7. Los rastros de sangre y muerte
8. Confirman nexos con la droga
9. Reflexión final
10. Bibliografía

"Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción."

1. Corriendo el velo de la retórica oficial internacional, una documentada y rigurosa investigación nos muestra la preocupante evolución experimentada por el narcotráfico en el Perú, precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad nacional y gobernabilidad del país, además de contaminar el tejido socio-económico y el medio ambiente; igualmente, se podrá conocer la situación real del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos cabecillas, modus operandi y áreas de influencia, junto a las alianzas estratégicas que ha establecido con las mafias del narcotráfico peruano, construyendo así, un escenario propicio para fortalecer su letal capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado peruano en el contexto de un siniestro fenómeno: el narcoterrorismo.

   El narcotráfico en el Perú se expandió en el año 2006 tras un crecimiento de 7% en los cultivos de hoja de coca y de 8% en la producción de droga respecto al año 2005, alcanzando unas 280 toneladas de cocaína. Según el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU, el incremento de los cultivos a 51.400 hectáreas de hoja de coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la producción a 114.100 toneladas de hoja de coca, volvieron a ubicar al Perú como el segundo abastecedor mundial de cocaína detrás de Colombia.

   En paralelo, la producción peruana durante el 2006 representó el 28% de la oferta mundial de cocaína, un punto porcentual más que el resultado del año anterior, como se desprende de los estimados hechos por el reporte "Monitoreo de cultivos de coca en el Perú" de la ONU, en el 2006. Situando en una perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer que las cifras varían respecto a los cultivos de hoja de coca: para el Departamento de Estado de Estados Unidos (E.U.), el Perú tiene 38 mil hectáreas de hoja de coca, Colombia contaría con 144 mil y en Bolivia habrían 26.500 hectáreas; por el contrario, para la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas, Perú 51.400 y Bolivia 27.700.

   Un dato importante: para el gobierno peruano existen dos fuentes primordiales de información sobre el cultivo de hoja de coca: el Crime and Narcotics Center, del Departamento de Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas confirman una tendencia incremental de los cultivos de coca en el Perú, entre el año 2001 y el 2006; siendo el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene, las regiones con mayor cantidad de coca sembrada.

    Al respecto y en función de los datos de la "Encuesta nacional de hogares sobre consumo tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), se puede inferir que para el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la producción de hoja de coca estaba destinada al uso tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la producción de bolsitas filtrantes (mate de coca), elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas, además de la industria médica y químico-farmacéutica. Por lo que se estaría destinando un 9% de la producción total de hoja de coca a usos legales y el 91% de la producción restante serviría como insumo para las mafias del narcotráfico.

    Esto ocurre cuando en el Perú no existe un actualizado y confiable catastro rural que determine la cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales; peor todavía, tampoco se ha realizado un empadronamiento reciente, sistemático y veraz que identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto de focalizar más eficazmente nuevos programas de cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el Perú durante el 2006, se produjo pese a que la erradicación de cultivos de almácigos aumentó en 4% (12.688 hectáreas), en relación al 2005.

    Habiéndose establecido la actual distribución de los cultivos de hoja de coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga (Región Huánuco) y Valle del Monzón (Región San Martín): 17.165 hectáreas; Valle de los ríos Apurímac y Ene (Región Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle de Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del Marañón (Región Amazonas): 443; zona del Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis (Región Pasco): 426 hectáreas de hoja de coca.

    En relación a estas cifras se debe resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho años, las hectáreas de coca en el Valle del Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas y en dicha región ya no sólo se procesa pasta básica de cocaína sino también clorhidrato de cocaína.

    Al mismo tiempo, una evaluación de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), admitió que la incautación de cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es decir, 14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una visión más optimista, el Ministro del Interior del Perú, Luis Alva Castro, expresó en junio del 2007, que la "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir un primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso de insumos químicos dirigidos a la elaboración de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas, hasta el primer semestre del 2007.

    También el Ministro del Interior destacó algo muy cierto: por primera vez se reúnen en una misma mesa de trabajo, las entidades estatales responsables de combatir el lavado de activos en el Perú: Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del Interior, Ministerio Público y Devida.

    Todo ello, en un panorama internacional que se continúa eclipsando, debido a la creciente incorporación de China en el mercado mundial de la cocaína y la heroína, como una secuela perniciosa de su sostenida prosperidad económica; lo que podría incentivar la producción de drogas en el Perú, aún más, toda vez que el mercado asiático es uno de los que más pagan por el kilo de cocaína: la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, sostiene que el precio de venta de esta droga en Asia puede llegar hasta los 150 mil dólares, mientras que en E.U., se paga unos 30 mil y en Europa unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 millones de personas), consume diversas drogas ilícitas.

   Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes confiables del gobierno peruano, desde hace dos años el conjunto de países de la Unión Europea (UE), se convirtió en el principal destino para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú, teniendo a Madrid–España y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como "puertas de entrada", y como rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y Buenos Aires-Argentina; al tiempo que E.U. pasó al segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros motivos, por que los precios de la cocaína son más altos en la UE que en E.U., país que tiene como principal abastecedor de esta sustancia a Colombia y como máximos comercializadores de drogas a los cárteles mexicanos.

    En tal sentido, durante abril del 2006, la Administración de Drogas y Narcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los resultados de un estudio de más de mil diferentes muestras de cocaína incautada en los E.U., concluyendo que el 88% de las muestras provenían de la coca cultivada en el Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de los valles del Alto Huallaga, el Valle del río Apurímac-Ene y la Convención en el Perú; el 1% del Chapare-Cochabamba en Bolivia; y, el 2% fueron de origen no determinado.

   La criminalidad está restando mucho crecimiento y bienestar a la vez que impide el desarrollo social de América Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar una parte importante del gasto público a actividades policiales, justicia penal y, en general, a combatir la criminalidad. Por su parte las empresas dedican, cada vez más recursos en la prevención de la violencia y a proteger a sus empleados y propiedades. Recursos público y privados que, por tanto, no se destinan al gasto social ni a fabricar bienes y servicios. La evidencia empírica demuestra que los aumentos en la delincuencia y criminalidad, especialmente los homicidios, generan un elevado lastre al crecimiento económico. El coste económico de la criminalidad es equivalente al 14 por ciento del Producto Interior Bruto de la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio más reciente sobre la criminalidad y delincuencia en la región.

   La delincuencia también afecta negativamente al crecimiento, debido a que reduce la productividad y la participación laboral y aumenta el fracaso escolar y el desempleo de jóvenes. Además la criminalidad aleja las inversiones, tanto internas como las provenientes del exterior. En varios países, la delincuencia ocasiona mayor dificultad en el acceso a la financiación y un descenso en la productividad laboral (además de un aumento en el gasto en medidas de seguridad ya comentado).

   El principal factor que explica los índices tan altos de agresiones y homicidios en la región es el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a desviar recursos de otras actividades hacia la justicia penal, provoca delitos contra la propiedad relacionados con la adicción, contribuye a la amplia circulación de armas de fuego y corrompe las instituciones sociales. Para combatir la delincuencia se ha utilizado sobre todo la justicia penal, descuidando enfoques complementarios que podrían ser efectivos a la hora de reducir cierto tipo de delitos. Por ejemplo, programas que mejoren el entorno de los barrios o un enfoque de salud pública centrada en los factores de riesgo del comportamiento agresivo.

   Latinoamérica está entre las regiones más violentas del mundo, con más de 22 homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran que la razón es la gran disponibilidad de armas de fuego en manos de la población civil. Aunque la tenencia de armas suele estar regulada por ley, la gran mayoría de la población civil se abastece en el mercado negro. En resumen la violencia reinante en la región socava el crecimiento e impide el desarrollo social. Los altos índices de delitos y violencia afectan a los negocios y constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que repercute en un menor desarrollo. Según cálculos incluidos en un informe que acaba de publicar el Banco Mundial si América latina redujera en una tercera parte el índice de homicidios, algunos países podrían duplicar su tasa de crecimiento económico

2. SÍNTESIS: