Sociedad civil, democracia participativa y estado social de derecho en Colombia

La presencia o intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y los márgenes de participación que éste les en su manejo y control, han variado históricamente y en unos momentos ha sido mayor que en otros. Conceptualmente se sigue asumiendo y muy particularmente en nuestra época, que la tarea principal del Estado es la de proporcionar un ordenamiento legal dentro del cual las personas puedan vivir con seguridad y ejercer los derechos que les permitan desenvolverse de tal manera que puedan alcanzar sus fines como personas y los niveles de crecimiento y progreso a los cuales su dignidad las hace merecedoras.

La aceptación de la responsabilidad del Estado en lo referente asuntos sociales, propia de diversos estados del siglo XIX y XX, dio origen al concepto de Estado de Bienestar que ha prevalecido en sociedades occidentales con derechos sociales amplios. Otros, en cambio, como los estados totalitarios, se atribuyeron derechos de regular y controlar derechos y opiniones de las personas, recurriendo a cualquier medio para lograrlo.

Las diferentes prácticas de la variada modalidad de estados, han planteado cuestiones de fondo acerca de su legitimidad, en un amplio debate aún no concluido, en el cual la reflexión filosófica ha ejercido una función apofántica, iluminadora. Desde los orígenes de la polis griega, por ejemplo, gran parte de la reflexión iusfilosófica se ha concentrado en el debate acerca del origen, verdadera naturaleza, objeto y fines del Estado.

A lo largo de la historia, muchos pensadores han fijado en la seguridad del Estado la justificación de regímenes autoritarios y hasta los abusos de poder. En el Critón, por ejemplo, Sócrates recuerda a quienes lo instigan a la fuga, que los ciudadanos han celebrado entre sí un contrato para constituir el Estado, cuyo incumplimiento es una falta de lealtad política. En consecuencia, todo ciudadano debe aceptar las decisiones del Estado, así vayan en contra de sus intereses, incluso, cuando está de por medio –como en el caso del mismo Sócrates- la propia vida. Es preferible padecer la justicia que cometerla. Por eso, en réplica a Critón, y a sus amigos le indica que "la injusticia jamás es permitida… toda injusticia es vergonzosa y funesta al que la comete, digan lo que quieran los hombres y sea bien o sea mal el que resulte[1]Naturalmente que su concepto de justicia está en referencia con el acatamiento de la ley.

En tiempos modernos, los requisitos militares de crear y mantener las entidades estatales, se inclinaron hacia sistemas autoritarios. Es aquí en donde otros autores asumen que el necesario sacrificio de la libertad individual, es una condición para garantizar la supervivencia del Estado, en beneficio de un orden colectivo.

Desde el Descubrimiento de América y los nuevos desarrollos sociales de Europa a partir de los siglos XVI y XVII, una nueva tendencia buscaba identificar al Estado con pueblos dotados de un cierto grado de identidad cultural común a sus habitantes y en esa forma, la legitimidad fue resultante de la voluntad de intereses de esos pueblos.

Fue así como surgieron nacionalismos, que se identificaron con el concepto de Estado Nacional, tan fundamental durante la Revolución Francesa y sustentado filosóficamente por autores como Rousseau y Hegel, de cuyas obras se infiere una cierta sacralización de la nación como entidad capaz de conferirse legitimidad a sí misma y a sus acciones.

En el Contrato Social, por ejemplo, Rousseau quiso formular un tratado sobre las instituciones políticas, al identificar el carácter irreconciliable entre naturaleza y cultura, y ver la sociedad como negación de la naturaleza; encontrando que el malestar no está en el individuo, sino en su relación con la sociedad, lo cual genera infelicidad, pues al negar la naturaleza, la sociedad establece la tiranía de la desigualdad. Pero el proceso histórico genera una negación de la negación, llevando a una igualdad que no solo restituye los términos de la igualdad inicial, sino que genera un nuevo orden social históricamente justo. Para lograrlo, hay que buscar "una forma de asociación que defienda y proteja, con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes[2]

En el sistema roussoniano, cada individuo dándose a todos, no se da a nadie, y se adquiere un derecho igual sobre los asociados que se cede derecho, se gana equivalencia de todo lo que se pierde y fuerza para conservar lo que se tiene. El Contrato pues, es expresión de la voluntad general y de ella emana la autoridad del Estado[3]

De esa manera, en la filosofía del Contrato Social, la soberanía, es el ejercicio de la voluntad general; pertenece al pueblo; es absoluta; es indivisible e inalienable. Y el pueblo que participa de la autoridad soberana es también súbdito y se somete a las leyes del Estado, que él mismo se ha dado. Por tanto, el derecho de la libertad, se concilia con el deber de la obediencia, mediante la ley, que es en donde se concreta la voluntad general.

Pero la entronización de los estados nacionales en los siglo XIX y XX, generó como reacción diversos conflictos entre ellos, dando origen a un sustrato ideológico que abrió paso hacia el internacionalismo en las postrimerías del siglo XX, con una serie de conceptos conexos, como el de seguridad colectiva, derecho Internacional humanitario, comunidades económicas y políticas internacionales, globalización y diversas formas de trasnacionalismo, globalización del derecho y la aplicación de la justicia, etc. ambiente de reacciones, que ha planteado un desafío frente al mismo concepto de Estado como forma preferida de organización política, dando forma a una nueva percepción del Estado, que con desenvolvimiento particular en los países de la espera hispana y euroamericana, al clásico concepto de Estado de derecho, le adiciona el de Estado Social, para dar forma al Estado Social de Derecho.