Operación silencio
Para entender lo que sucedió con el periodismo en la década del 70 y 80 en Chile, hay que señalar que en 1973 el 36,6 por ciento de la prensa escrita era proclive a la Unidad Popular, la coalición de partidos políticos que apoyaba a Salvador Allende. Tras el golpe militar, uno de los objetivos principales de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y lo hizo con éxito, a sangre y fuego. De esa forma, sacó de circulación 312 mil ejemplares diarios, eliminando a los periódicos El Clarín (220 mil ejemplares), El Siglo (del Partido Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La Nación (21 mil) y Las Noticias de Última Hora (17 mil).
Si bien los diarios golpistas sufrieron control y censura, una vez pasada la represión militar pudieron circular sin ningún tipo de trabas, salvo las impuestas por los celadores de la pureza ideológica del régimen. Permanecieron de esta manera los diarios La Tercera (220 mil ejemplares), El Mercurio (126 mil), Las Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda (55 mil), Tribuna (40 mil) y La Prensa (29 mil). En total, 541 mil ejemplares diarios.
Los militares además clausuraron cerca de 40 radioemisoras afines al ideario político del Presidente Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial fueron partidarios del golpe y siguieron en funciones), once periódicos regionales y un centenar de revistas editadas por Quimantú (la editorial del Estado), Horizonte (del Partido Comunista) y Prensa Latinoamericana (del Partido Socialista).
La prensa adicta al régimen de facto tuvo que someterse a las nuevas reglas imperantes que emanaban de un órgano censor: la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), encargada de entregar a los medios "la versión oficial de los hechos". Y entre los periodistas se impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún se perciben en la prensa nacional: la autocensura.
Operación Colombo
Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno -que respondió a esa "versión oficial de los hechos"- tuvo lugar en julio de 1975, cuando los medios de información escritos, afines a la dictadura militar, dieron cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 opositores en territorio argentino.
La llamada Operación Colombo dejó para la posteridad uno de los titulares más abyectos del periodismo del terror, aparecido en el diario oficialista La Segunda el 24 de julio de 1975: Exterminan como ratas a miristas. Hasta el día de hoy, los responsables del montaje mediático no hacen su mea culpa. Sin embargo, la sanción ética a los autores intelectuales ya es un hecho.
El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias United Press International (UPI), (filial chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que en los grupos de resistencia chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
La información, que fue destacada en titulares de portada, tomaba como fuente primaria a dos publicaciones, la edición del día 15 de julio de la revista Lea de Buenos Aires y la edición del día 17 del diario O´Día de Curitiba, Brasil. Lo curioso de estas fuentes es que salieron a la luz en una única edición y nunca más se supo de ellas.
El montaje mediático -replicado en Chile sin corroboración o chequeo de fuentes- fue una operación muy bien planificada por los organismos de seguridad de las dictaduras del cono sur, en el marco de la Operación Cóndor, destinada a compartir información de inteligencia para la eliminación de opositores y grupos armados de resistencia, entre los que se encontraba como primera prioridad para la policía política de Pinochet -la tristemente célebre Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)- el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido político que había optado por la vía armada para derrocar la dictadura militar. Sus líderes eran Miguel Enríquez y Pascal Allende, sobrino del Presidente Salvador Allende.
La historia de esta infamia periodística se inició en abril de 1975, cuando en territorio argentino se encontró el cuerpo descuartizado del militante socialista David Silberman, supuestamente dado de baja por un comando del MIR. Sin embargo, la verdad era que Silberman había sido capturado por la DINA en Chile, recluido en el centro de detención clandestino de calle José Domingo Cañas y hecho desaparecer por un comando militar.
Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron otros dos cuerpos cerca de Buenos Aires, que también habían sido dados de baja por una sangrienta vendetta interna que llevaba a cabo el MIR. En este momento la DINA da inicio al montaje mediático para hacer más creíble la trama de sus ejecuciones a los opositores chilenos e involucra a los diarios afines a la dictadura. La policía política de Pinochet comienza a entregar a los medios nacionales la versión de que en territorio trasandino se estaría organizando un ejército guerrillero.
De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de julio de 1975 un cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título de "Identificados 60 miristas asesinados" y con el subtitulo "Ejecutados por sus propios camaradas". En la información se establecía que "de acuerdo con el semanario Lea, la siguiente nómina de miristas chilenos habrían sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha…" agregándose que… "estas eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia y es la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero".
El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo día la información de la UPI, bajo el título "Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de "Sangrienta pugna en el MIR". En la misma fecha, el diario La Tercera publicó la misma información con el titular en portada: "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres".
El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en primera página y con grandes caracteres: "Exterminan como ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco operativo militar en Argentina" una información atribuible a sus reporteros y entregada en "fuentes responsables oficiales".
El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas Noticias entrega más información, esta vez a cuatro columnas bajo subtítulo de "Muertos, heridos y fugados" y un título de "Fuerzas de seguridad argentinas abaten a extremistas chilenos". La nota señala que la noticia surge "de fuentes del Gobierno chileno", sin explicitarlas, y reitera textualmente lo señalado por O’ Día y Lea.
El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el título "Confirmado: Habían presentado en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina", señala: "Funcionarios de la secretaria en lo criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche que la mayoría de los extremistas del MIR muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, Panamá, México y Francia… tenían presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal…".
El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio señalaba en su editorial: "Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de las desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos".
Sanción ética
Tuvieron que pasar más de treinta años para que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile acogiera una demanda interpuesta por el llamado Comité de los 119 y la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu) y sancionara a los periodistas responsables de divulgar información falsa y mal intencionada. La resolución fue dada a conocer el 21 de marzo de 2006.
El fallo estableció que en el caso de las publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y cuyo responsable era su director René Silva Espejo, quedó claro que los periodistas responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir. Y dado que el director René Silva Espejo había fallecido, se le declaró inimputable.
Lo mismo se estableció para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Segunda y cuyo responsable era su director Mario Carneyro, agravado por el uso de titulares agraviantes y sensacionalista tendientes no a destacar una información sino a manipular tendenciosamente la misma. Dado que Carneyro también había muerto, se le declaró inimputable.
Para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario Las Ultimas Noticias y cuyo responsable era su director Fernando Díaz Palma, se estableció que su conducta fue más reprochable ya que a la fecha ejercía la presidencia del Colegio de Periodistas de Chile. Fue sancionado con censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.
En el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Tercera y cuyo responsable era su director Alberto Guerrero Espinoza, éste recibió sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.
El fallo también menciona a la periodista Mercedes Garrido Garrido, a la fecha subdirectora del diario La Segunda, y a quien se le atribuye el titular "Exterminan como ratas a miristas", sin embargo fue absuelta dado que las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas. A la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le aplicó las sanciones de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses.
En un hecho digno de destacar, el Tribunal de Ética señaló que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad. Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación.
Si bien la sanción moral por el montaje periodístico en algo viene a reparar el daño causado a los familiares de las víctimas, es sintomático que ninguno de los periodistas sancionados haya apelado al dictamen del Tribunal de Ética y hasta ahora han guardado ominoso silencio. La opinión pública chilena aún espera sus respectivos mea culpa y que los diarios involucrados asuman sus respectivas responsabilidades por el bien de la prensa nacional y la democracia.
Marco Herrera Campos,
Chileno, periodista por la Universidad de Chile, docente en la Universidad de Viña del Mar, Chile
Revista Chasqui Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina (CIESPAL)
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Quito – ECUADOR
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