Desplazamiento forzado en Colombia, problema de todos (página 2)

 En este orden de ideas, no todos los actores cumplen con sus funciones, aunque tienen la capacidad institucional para asumir las competencias, falta una legislación clara y una descentralización de la política, con el objetivo de llegar verdaderamente donde se encuentra la población. Aunque, es de aclarar, que a la fecha no existen procesos de mejoramiento para la definición de las competencias de los actores involucrados por parte del Estado.

De otro lado, hay un alto grado de dependencia de la población desplazada respecto del Gobierno; y así mismo, el Gobierno tiene una alta dependencia de los recursos que proporcionan los actores externos, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, ya que el asignado en el presupuesto plurianual de la Nación es de tan solo 0.01 % equivalente a $ 2.539.056.000, oo[4], mientras que el aporte de los Estados Unidos es de $8.204.315.150, oo.,  para el año 2008.

De esta manera, la población desplazada es altamente sensible con relación a las acciones que desarrolle el Gobierno, puesto que sus malas decisiones reflejadas en sus malos resultados, recaerán en los desplazados.

Asimismo, el Gobierno es altamente sensible con respecto a las decisiones que toman los Estados Unidos con relación a continuar con los aportes que se otorgan mediante el programa del Plan Colombia, en donde es claro que existen intereses tácitos por parte de los Estados Unidos al hacer aportes a la problemática colombiana de desplazamiento, ya que lo hace como una de sus estrategias para combatir el narcotráfico, y según estudios, un gran número de los desplazados toman como opción de trabajo convertirse en raspachín, lo que genera una alta vulnerabilidad por parte del gobierno colombiano respecto a la solución del problema y por otra parte no tiene capacidad de respuesta frente a la afectación en el caso de reducción de los ingresos provenientes de los actores externos al incrementarse el trafico de cocaína.

Estando el Gobierno colombiano en un alto grado de vulnerabilidad se genera situaciones de conflicto, lo que se comprueba con la escasa confianza entre las diferentes entidades que son parte del gobierno y las ONG`s para desarrollar acciones conjuntas. Una de las causas de la desconfianza y credibilidad en el gobierno se debe a las discrepancias que producen el hecho de no tener claridad en el número de personas desplazadas.  El gobierno, a través de Acción Social de la Presidencia de la República administra el Sistema Único de Registro (SUR), en el cual debe inscribirse la población desplazada como requisito para acceder a la oferta de atención estatal; pero la cifra que proporciona el SUR no es aceptada por el CODHES. Oficialmente se dice que hay 2.459.613 (Acción Social 2008)[5] desplazados, mientras que la CODHES dice que hay 3.662.842 (CODHES 2008)[6].

Hoy se calcula que alrededor de tres millones de personas viven en esta situación, lo que ubica a Colombia en el segundo lugar de los países con desplazamiento interno en el mundo, después de Sudán. Tres millones de personas que se encuentran, la mayoría de ellas, en condiciones de extrema pobreza, incluso de indigencia (Ibáñez y Moya, 2006), lo cual cuestiona, además de la vigencia de un Estado Social de Derecho, la indolencia con el que el resto de colombianos y la comunidad internacional hemos visto engrosar, año tras año, estas cifras[7].

Esta variación de las cifras puede deberse a las diferentes concepciones de desplazado. Mientras que para el Gobierno, se ha establecido como prioridad de su política la promoción de los retornos de la población desplazada, consistiendo está, en que la persona que habiendo estado en la condición de desplazada, recupera las condiciones económicas y sociales en las que se encontraba, por medio de la política del retorno al lugar de donde fue desplazada o la reubicación en otro territorio, deja de ser desplazado y por lo tanto es sacado del SUR; en cambio para la CODHES, por ejemplo entre otros, la condición de desplazado no se pierde con el simple retorno o reubicación, sino que requiere el restablecimiento plenamente de los derechos de la población desplazada, además se cuestiona que son pocas las acciones que se toman en el momento de la reubicación para la integración local y todavía menos en el reasentamiento, dificultad para garantizar la sostenibilidad de los retornos a mediano y largo plazo, en medio del conflicto.

En este orden de ideas, consideramos que los propósitos expresos del gobierno no son claros, en el sentido, de que no responden a los intereses generales y no expresan claramente cuáles son los objetivos de la política pública de desplazamiento forzado.

Existe discrepancia entre las respuestas que se le dan a la población desplazada; por un lado se busca el resarcimiento de los derechos de la población desplazada y por otro lado se da simplemente la provisión de condiciones materiales para la subsistencia de los mismos. En este sentido, hay desbalances entre los distintos componentes de la política hacia la población desplazada, se sigue poniendo más énfasis en la atención de emergencia, mientras que es muy débil la acción en la estabilización socioeconómica y hay escasísimos resultados en materia de prevención del desplazamiento (Forero)[8].

De esta manera no se esta cumpliendo con lo que la Corte Constitucional en la Sentencia T-327 dispuso con relación a la población desplazada, siendo está, "la persona desplazada, además del derecho a ser atendida por el Estado, tiene derecho a: (i) conocer la verdad acerca de quién fue el causante del desplazamiento; (ii) a la justicia, para que el desplazamiento como delito que es, no quede en la impunidad, y (iii) a la reparación de los daños sufridos"(Informe Diferencial)[9].

Igualmente, en el fenómeno del desplazamiento se ocultan intereses económicos relacionados con "un acelerado proceso de concentración de la propiedad rural en detrimento de la población, que tienen estrecha relación con los cambios drásticos en el uso y tenencia de tierras, que afecta principalmente a los pequeños y medianos propietarios" (CIDH 211)[10].

BIBLIOGRAFÍA

1.       El Desplazamiento Interno forzado en Colombia. Edgar Forero, Ideas para  la paz 2003

2.       Informe Defensorial sobre el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Bogotá, mayo de 2002.

3. CIDH: "Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia", Junio de 1999, pág. 211

4.       Acción Social de la Presidencia de la Republica junio de 2008

5. CODHES Junio de 2008

6.       Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia

7.       Marta Inés Villa Desplazamiento forzado en Colombia El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía

8. Plan Plurianual de Inversión 2007-2011.DNP
9. Ibáñez, Ana María y Moya, Andrés, 2006, ¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados? Análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción, Documento Cede, Bogotá, Universidad de los Andes.

Autor:

Jorge Enrique Díaz Varela

Néstor Daniel Alarcón Vanegas

[1] Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia

[2] Marta Inés Villa Desplazamiento forzado en Colombia El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía

[3]Entender estas disputas por el control de territorios, de poblaciones y, más allá de eso, por la imposición de determinados órdenes sociales y políticos -lo que la investigadora María Teresa Uribe define como Soberanías en Vilo (Uribe, 1999) -, es central para la comprensión del conflicto colombiano. El Estado aparece como otro actor que hace parte de la disputa y no como un tercero que ordena y regula lo cual explica por qué también es nombrado en muchos casos como un agente expulsor, responsable de los desplazamientos forzados junto con la guerrilla y los paramilitares.

[4] Plan Plurianual de Inversión 2007-2011

[5] Fuente Acción Social de la Presidencia de la Republica dato a junio de 2008

[6] CODHES Junio de 2008

[7] Se ha dado un fuerte debate en el país a propósito de las "cifras reales" del desplazamiento. La agencia gubernamental Acción Social, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Consultoría para los Derechos Humanos, Codhes, son los tres organismos que en el país suministran información sobre las cifras del desplazamiento forzado. Mientras la Pastoral Social y Codhes hablan de 3.662.842 personas desplazadas desde 1985, el reporte del gobierno es el de 2.459.613contando a partir de 1997. Entre ellas no hay coincidencia en las unidades de medición y tampoco en los resultados.

No obstante todos coinciden en señalar que hay un subregistro en las cifras puesto que no todas las personas que se desplazan declaran su situación y no todas las que lo hacen son reconocidas por los organismos oficiales como tal. A propósito de este debate.

[8] El Desplazamiento Interno forzado en Colombia. Edgar Forero, Ideas para  la paz 2003

[9] Informe Defensorial sobre el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Bogotá, mayo de 2002.

[10] CIDH: "Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia", Junio de 1999, pág. 211