Es preciso recordar que gran caudal del capital productivo residente en aquellos momentos estaba conformado por capitales extranjeros, los cuales intentaban sortear los designios gubernamentales (influyendo en el nivel de precios, amenazando con retirarse del país ante una eventual coyuntura económica desfavorable per ser). Es apropiado tener en mente el proceso de desindustrialización que tuvo lugar precedentemente, en donde se benefició únicamente a los capitales extranjeros situados dentro de las fronteras nacionales así como a un pequeño grupo sectorial conformado por grandes grupos empresarios operantes económicamente a través de la especulación financiera. Sobre esta temática expresa Aldo Ferrer:
…no se recuperaron los equilibrios macroeconómicos ni tampoco aflojo la puja distributiva del ingreso liderada por el sindicalismo peronista, el sector agroexportador y los grupos económicos y financieros locales y extranjeros beneficiarios de las políticas del proceso.[1]
Dejando en claro las presiones sufridas por el gobierno nacional en todo momento tanto de los entes sindicales como de los sectores productivos de poder. Continúa el autor afirmando:
Se estableció el plan alimentario nacional [P.A.N.] para asistir a las familias de menores ingresos y presupuesto incorporando una reducción de los gastos militares y el aumento de los fondos destinados a la educación y la salud. Respecto de la deuda externa, mientras se negociaba con el FMI. y con los bancos acreedores, se dispuso la suspensión de los pagos hasta el 30 de junio de 1984. Entre las medidas de largo plazo se promovió un régimen más amplio de fomento a las exportaciones.[2]
Como es posible apreciar desde las palabras de Ferrer, el Estado nacional adoptó -o quiso adoptar en un sentido quizá más adecuando a lo que acaeció en el plano de la realidad social- una serie de medidas tendientes a lograr el desarrollo de la macroeconomía nacional, intentando recuperar niveles adecuados de salario real, una leve suba impositiva como fuerte combativo del déficit fiscal, acompañado esto por un control general de precios; al mismo tiempo en que se intentaba llevar a cabo cierta modificación en la cuantiosa deuda externa asumida como pública durante los años de facto. Sobre este punto aclara Ferrer:
…era necesario restablecer los equilibrios macroeconómicos, erradicar la inflación, elevar el nivel de actividad y el empleo y redistribuir el ingreso en un sentido progresivo para mejorar el bienestar. Pero el logro de estos objetivos tropezaba con un grave obstáculo: la deuda externa y la carga de sus servicios sobre el presupuesto y el balance de pagos.
El tema de la deuda era crucial y las alternativas incluían la suspensión unilateral de los pagos o fijar a los mismos un límite compatible con la estabilidad de precios y el aumento del nivel de actividad. Lo primero implicaba una ruptura con el FMI y los bancos acreedores. Lo segundo, un poder negociador para establecer el límite y enfrentar de no ser aceptada, la primera alternativa.[3]
El agotamiento en 1981, todavía durante la dictadura militar, de la política sustentada en el enfoque monetario de balanza de pagos -que instalo la valorización financiera como núcleo central de la economía argentina- dio lugar a una crisis estructural en el sector externo, debido a la magnitud que alcanzaron la deuda externa argentina.
Ante esta situación, como bien refiere Ferrer, las alternativas a adoptar por el Ministerio eran dos: confrontar con los acreedores externos intentando una suspensión en el pago del monto adeudado a raíz de la declaración de la misma como inconstitucional[4]. Ahora bien, los mismos acreedores deberían, por su parte, reconocer tal disposición y dejar sin efecto el monto prestado -situación poco probable a ciencia cierta-. El otro camino consistía en establecer un cronograma de pagos acorde a las posibilidades del país -teniendo en cuenta su capacidad productiva, su nivel de ingresos y los saldos de la balanza de pagos-. Es por ello que el gobierno radical debió iniciar gestiones con los acreedores externos en forma inmediata, ya que el acuerdo previo se había interrumpido pocos meses antes debido a la impugnación política, social y finamente judicial a los acuerdos establecidos por la dictadura militar.
Parte de estas medidas de confrontación utilizadas en un principio consistieron en sostener, en palabras de Basualdo:
…que los acreedores externos eran corresponsales del endeudamiento nacional; por ende debían establecerse quitas en el capital y una disminución de las tasas de interés nominal, de forma que, en términos reales, se equiparen a las vigentes antes de la crisis del petróleo.[5]
Para el gobierno nacional, el conflicto en cuestión se encontraba apuntalado en una problemática política, la cual debía ser analizada directamente con las entidades bancarias acreedoras, excluyendo al Fondo Monetario Internacional de la cuestión. Pero como explica Eduardo Basualdo:
…la banca acreedora, los organismos internacionales y las autoridades norteamericanas reclamaban el acuerdo previo de FMI y que se afrontara el pago de los intereses adecuados.[6]
A su vez, dentro de los planes de Grinspun se encontraba el de conformar un Club de deudores quienes pudiesen negociar en bloque con los acreedores internacionales. El fin de este ente se centraba en obtener una mayor fortaleza al momento de las conversaciones entabladas en torno a los empréstitos asumidos; plan que, lamentablemente, nunca pudo concretarse:
La idea, obviamente, fracasó. Grinspun, años más tarde y ante sus íntimos, culpó a Enrique Iglesias, del BID, quien se habría encargado de llamar a sus futuros socios para abortar la iniciativa.[7]
La situación argentina no mejoraba, a la vez que los plazos se acotaban cada vez más -acercándose al día de entrada en moratoria, 31 de marzo de 1984-. Ante esta natural presión temporal, pudo cerrarse – en palabras del autor ya citado- un "salvataje" económico a favor de nuestro país. Explica sus características Eduardo Basualdo:
Se trato de una acuerdo en el que cuatros países latinoamericanos aportaban fondos (por un lado, México y Venezuela, con 100 millones de dólares cada uno y por otro, Brasil y Colombia, con 50 millones de dólares en cada caso), la banca extranjera 100 millones de dólares y la Argentina idéntica suma, proveniente de sus reservas de divisas.
Al mismo tiempo, la Argentina se comprometía a iniciar, dentro de los 30 días, negociaciones con el FMI para concretar un eventual acuerdo.[8]
Como anteriormente fue mencionado, la posibilidad de concretar un ente que reuniese a todos los países deudores de Latinoamérica se vio frustrada, por lo cual nuestro país debió iniciar las pertinentes negociaciones por su cuenta. Dentro de este marco, la Argentina "envió una carta de intención unilateral al FMI"[9]
Aquella epístola fue rechazada por el eventual organismo, debido a que -en clara contraposición a los designios internacionales- no concordaba con los deseos de los acreedores externos, así tampoco con los del Fondo Monetario. Esto, junto a un nuevo salvataje realizado entre la banca extranjera y el Estado argentino -en pos de salvaguardar una posible entrada en mora de la República Argentina en cuanto al pago del monto adeudado- tuvo un alto costo político para el encargado de la hacienda nacional puesto que sus premisas no habían obtenido las consecuencias esperadas tanto por la ciudadanía argentina así como tampoco por el Jefe de Estado.
Las críticas no se hicieron esperar ante el eventual fracaso en las negociaciones internacionales. El resultado de la falta de consenso interno así como la imposibilidad de conformar un bloque negociador que incluyese a todos los países latinoamericanos redujo las posibilidades reales de llegar a buen puerto empleando una estrategia fuerte como la llevada a cabo por Bernardo Grinspun.
En febrero de 1985 fue reemplazado Bernardo Grinspun en su cargo de Ministro de Economía por Juan Sourrouille, quien tiempo después sería el ideario del llamado Plan Austral.
[1] Ferrer, Aldo, La economía argentina, desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.
[2] Ídem 1.
[3] Ídem 1.
[5] Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina, S. XXI, 2006, p. 221
[6] Ídem 2.
[7] Extraído de nota adjunta en el anexo "Murió Grinspun, el ex ministro de Alfonsín", Clarín, 1996.
[8] Ídem 2
[9] Indica Basualdo: En el trabajo de A. García y S. Junco (1987) se reproducen algunos párrafos de esa carta de intención que ilustran la concepción y los criterios de la administración económica: "Refiriéndose a la deuda externa se señala que la misma "fue contraída a través de la aplicación de una política económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron una activa participación sin beneficio alguno para el pueblo argentina, el gran ausente en todo este proceso…" Más adelante dice el texto: "Es decisión del Gobierno argentino limitar la magnitud de los pagos a la disponibilidad de recursos que pueda obtener mediante sus exportaciones, sin reducir sus importaciones más allá de lo que fuera imprescindible para mantener el nivel de actividad compatible con las proyecciones de crecimiento del PBI" "(pp. 44-45).
Autor:
Agustín Garrido
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