Así, en nuestro país pese a lo que se diga, el Derecho (como conjunto de normas, principios, instituciones) sigue siendo un aparato creado para asegurar los intereses de los capitalistas (nacionales-internacionales), contrariamente a la creencia general, el derecho es un instrumento de dominación político-jurídico de una clase sobre otra es decir, es un instrumento al servicio de la burguesía nacional-internacional en detrimento del proletariado, pues no hay que olvidar que el derecho está sujeta a influencias histórico-sociales que tienen ligazón con las condiciones económicas-sociales del momento, y reflejan en gran medida intereses de grupo y sobre todo de la clase social que tiene en sus manos los medios de producción.
La Región de Cajamarca, tampoco escapa a estas relaciones sociales de producción, en donde se evidencia por ejemplo que desde el inicio de las operaciones de Minera Yanacocha (M.Y). en nuestra localidad, subordinan a la agricultura, despojando al campesino de su principal medio de producción la tierra-, contando por ello con la superestructura y amparándose en una nueva ley general de minería y de la inversión extranjera, abriéndose las puertas a la inversión más voraz. Por parte del Estado se promulgó el Código del Medio Ambiente y de los Recursos naturales.
En el marco de un nuevo estilo de hacer política desde el Estado se promulgó una nueva ley de tierras muy favorable a la Minería. La minería de la década de Fujimori trajo un nuevo concepto: "la minería ecológica generadora de grandes utilidades para las transnacionales a costa del bienestar social"
Aunque exista constitucionalmente "igualdad formal ante la ley", los monopolios y la economía pura de mercado y el modelo económico primario-exportador, ha favorecido y profundizado una desigualdad económica en Cajamarca nunca antes vista, en donde se demuestra que M.Y si bien tuvo una utilidad neta de 390.300 en miles de dólares en el 2004, Cajamarca ha subido al segundo lugar en los niveles de pobreza (en el 93 estuvo en 4 lugar del mapa de la pobreza), según cifras publicadas por FONCODES, las cifras oficiales muestran que del 1395,000 habitantes del departamento el 75.3 son campesinos; con una tasa de desnutrición del 40.9%; una mortalidad infantil en las comunidades campesinas aledañas a la mina de 88,5/1000; carencia de servicios de saneamiento básico que llegan a niveles increíbles: sin agua (30.2%); sin desagüe (75.7%); sin electricidad (78.6%) , y a pesar que nuestra Región cuenta con buenas condiciones naturales para el desarrollo de la producción agrícola, forestal y pecuaria, así como las actividades eco-turísticas.
El sistema legal solo ha servido como instrumento de dominación de las grandes transnacionales para imponer sus condiciones y favorecer sus intereses en compadrazgo con nuestra gran burguesía nacional siendo un instrumento que no ha podido resolver con eficiencia los problemas sociales que la presencia de la minería ha venido generando en nuestra Región, esto se debe a que el marco legal ambiental del sector sólo involucran a las fuentes u origen de la contaminación como: operaciones de tajo abierto; planta concentradora; uso del agua de las lagunas y ríos para las operaciones mineras y metalúrgicas y las necesidades domésticas; minería subterránea, stock piles con lluvias. Efluente de lagunas contaminadas (depósito de relaves); Residuos sólidos de poblaciones de campamentos y ciudades mineras (…), por citar algunos ejemplos utilizando máximos permisibles arbitrarios que permiten una mayor contaminación que lo establecido por la ley de aguas y los estándares internacionales, siendo favorecido la Empresa Minera.
Así mismo, las normas no consideran el tratamiento específico de los casos de daño a la flora y fauna, a la salud humana y en general a la población.
No hay una normatividad que refleje una gestión ambiental local coordinada con otros sectores y promueva la participación de las organizaciones locales.
Las empresas contratan a las auditoras ambientales y en la práctica, no se pueden denunciar un delito ecológico a la fiscalía y por ende al Poder Judicial, porque primero debe pasar por el visto bueno del MEM que emite su informe, y como sabemos el MEM es una institución que sirve a los intereses de las grandes transnacionales.
Los PAMAs y EIAs no están a disposición de las organizaciones locales representativas.
Las Mineras cuentan con exoneraciones tributarias, y el canon minero, como las regalías son porcentajes irrisorios que lo evaden con leyes hechas a su favor.
En lo que respecta al aspecto laboral MY viene explotando al proletariado local que labora par dicha transnacional, para ello Yanacocha sigue utilizando los cuestionados "Services", pues M.Y contrata a estas empresas que proveen servicios, entre los que figura la contratación de la mano de obra barata, desatendiéndose de esta forma de los derechos laborales y de la política salarial de los trabajadores, ya que si existiese reclamos laborales, Yanacocha no se responsabiliza sino que es el problema de las empresas subcontratistas, las que a su vez lucran de ambas partes: del cobro que hacen a Yanacocha por la prestación de servicios y de otro de la explotación salarial de los trabajadores.
Estos son claros ejemplos como el sistema legal, es un instrumento de ordenación y regulación de la clase capitalista, para proteger sus intereses particulares, que por su afán de acumular riquezas destruyen y contaminan la ecología y el medio ambiente, envenenando las cuencas de los ríos y lagos siendo afectados la fauna, la flora, la agricultura, la ganadería.
Estas inversiones mineras tienen nefastas consecuencias como lo ocurrido en Cerro de Pasco, Huancavelica que no trajeron ningún progreso para las regiones ni para sus poblaciones. Fueron saqueadoras, sobre explotadoras y depredadoras ecológicas. Se desarrollaron a expensas de la agricultura, de la ganadería y del hombre.
Las inversiones capitalistas no son para fomentar el progreso del país y de la Región, sino para acumular riquezas egoístamente.
No, les importa por ejemplo contar con una Minería Responsable socialmente y que propicie el desarrollo sustentable y sostenible, que constantemente solicita el pueblo peruano y en concreto la sociedad de Cajamarca.
A estas inversiones pragmáticas, retrógradas, sin perspectiva fecunda, sin proyección nacional, patriótica, ecológica, deben estar dirigidas las luchas de los distintos actores sociales para que no se desaprovechen las oportunidades que la Minería en la Región de Cajamarca genera, siendo por ello necesario en la Región como señala Aliaga Díaz:
"Contar con la existencia de un Proyecto de Desarrollo Local-Regional que resuelva problemas como la pobreza, injusticia, desintegración y desarrollo desigual por el que atraviesa Cajamarca.
Contar con la existencia de compromisos reales para la elevación de compras locales de la Minera y de las empresas que laboran para ella.
Firme compromiso, para invertir en forma eficiente y transparente los recursos del canon minero y de las regalías mineras.
Implementar un sistema de vigilancia ambiental ciudadano y participativo.
Implementar una defensoría local para prevenir y facilitar la resolución de conflictos ambientales y sociales menores.
Implementar mecanismos de consulta y participación popular en la planificación del desarrollo provincial y regional.
Contar con compromisos para crear y financiar un Instituto de Planificación estratégica, que no solo formule las metas de desarrollo a mediano y largo plazo de la provincia-región sino que actúe como soporte del planeamiento de obras de las instituciones regionales y locales.
Compromiso para fiscalizar de forma efectiva las normas laborales, de la seguridad de los trabajadores en el ámbito de las empresas mineras y locales en general".
Por nuestra parte, señalamos así mismo que el sistema jurídico en la sociedad peruana es una superestructura alimentada por ingredientes económicos y políticos e instrumentada por la clase dominante desde el gobierno, para la satisfacción de los intereses de la burguesía nacional y sobre todo de las grandes transnacionales.
Creemos, que es necesario en el Plano de la minería que en el ámbito regional se cuente con un plan de ordenamiento y gestión territorial que involucre a los movimientos sociales más representativos y que cuenten con legitimidad social, autoridades, instituciones, para decidir responsablemente en que zonas se puede desarrollar la minería y en que condiciones se daría ésta, contando por ello con una zonificación económica, ecológica.
Se debe contar no solo con un proyecto de desarrollo local-regional sino principalmente con un proyecto de desarrollo nacional que anteponga los intereses de la patria en contraposición a los intereses de los monopolios internacionales, es decir que evite centrarse en el modelo primario-exportador de crecimiento hacia fuera.
Es necesario potenciar otros sectores estratégicos en nuestra Región como: agricultura, industria, ganadería, agroindustria, ecoturismo, aprovechamiento de nuestra biodiversidad, investigación científico-tecnológica, infraestructura productiva, construcción, así como mejoramiento de la Salud, Educación y Seguridad.
Solo entendiendo que el derecho es un instrumento de dominación de una clase por otra, se podrá entender la manera como la burguesía aliada de las grandes transnacionales operan impunemente en nuestro país, haciendo y desasiendo las leyes a su gusto y antojo defendiendo así, sus intereses económicos, como es el caso de MY, sólo el pueblo conciente, organizado y preparado podrá salir de la postración de opresión y explotación, pasando a convertirse en una verdadera fuerza de liberación, que realmente acabe con la dominación capitalista e imperialista, y luche por una sociedad más justa y humana.
Bibliografía Básica
1 ALIAGA DÍAZ, César: A Tajo Abierto: Minería y pobreza en Cajamarca, 1 Edición, Editorial, Arteidea editores, Lima, 2006.
2 ARANA, Marco: Minería Pobreza y Contaminación Ambiental en Cajamarca, Ver: http://www.cajamarca.de/mine/mineria-marco.htm
3 ARANA ZEGARRA, Marco y VASQUEZ, Mirtha: Agua y Minería en Cajamarca-Defendiendo el Derecho al Agua, Ver: .
4 FEDERACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS Y URBANAS DE CAJAMARCA: Acuerdos y Resoluciones del VIII Congreso, 1 Edición, Editorial, Ediciones Nuevo Curso, Lima, 2004.
5 HARNECKER, Martha: Qué es la Sociedad, Editorial, Ediciones Antarca, La Habana, 1986.
6 Programa de Vigilancia Social de Empresas Transnacionales en el Perú., Ver: http://siviso.plades.org.pe/Sistema/VigilanciaSocial/Portal/noticias.jsp?APARIENCIA=4&LISTADO=2&IDNOTICIA=N0664&IDSECTOR=S0002&MES=0&ANHO=0&NUMFOTO=1
Autor :
Robert Henry Arroyo Castañeda
Ex alumno de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca-Perú
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