a) En el caso de Chile, la municipalización inspirada en la concepción neoliberal se asocia con modernización y aparece como una propuesta más radical de descentralización; la forma visible del proceso consiste en el traspaso de la gestión de la mayoría de las escuelas que estaban en manos del M. de Educación a las municipalidades y el resto al sector privado (principalmente escuelas técnico-profesionales). En la práctica, la municipalización implicó una serie de problemas tales como:
Estancamiento de las Secretarías Regionales de Educación, encargadas de la puesta en marcha de la regionalización educacional la privatización de las condiciones laborales de los docentes; el traspaso se limitó a delegar la administración de los servicios educacionales; se produjo el híper desarrollo de la administración de la educación. Además, precarios resultados de aprendizaje; ausencia de una efectiva participación de los diversos actores en las decisiones educativas; en síntesis, agudización de la distribución desigual de la calidad de la educación.
b) Sobre la base del estudio sobre Chile, se observan las siguientes tendencias complementarias:
I) Las escuelas municipales siguen atendiendo a los sectores sociales y económicos más desventajados (sector rural y urbano marginal); ésta podría ser una explicación de las diferencias en las pruebas SIMCE entre los estudiantes de escuelas particulares subvencionadas y municipales.
II) la municipalización no ha logrado un aumento del apoyo privado a la educación.
III) aun cuando la municipalización implicó una mejora desde el punto de vista operacional -un uso más ágil de los recursos– no ha provocado un mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
IV) se acompaña con un proceso de participación personalizado en torno a la figura del alcalde.
c) Se concluye clasificando el proceso chileno en términos de desconcentración antes que de descentralización y se infiere un conjunto de características de la descentralización que facilita la calidad y la equidad en la educación así como obstáculos para una efectiva descentralización. Facilitan el proceso educativo aspectos de la descentralización tales como: el marco legislativo y normativo, que puede aprovecharse para elaborar un currículo pertinente si se acompaña de recursos y apoyo técnico (al establecimiento y los profesores); los márgenes de autonomía para administración y uso de recursos, si se emplean eficientemente; un M. de Educación liberado de tareas administrativas puede concentrarse en actividades creativas (orientación del sistema, control de la calidad, resguardo de la equidad); fórmulas administrativas como las Corporaciones Municipales pueden permitir una gestión más ágil de los recursos, a condición que incorporen canales de participación comunitaria.
Asimismo, la creciente privatización del sistema educativo significó una devolución al sector privado por la transferencia de recursos desde el sector público, a través de un esquema de vouchers a la demanda y de incentivos para la gestión corporativa de escuelas técnico-vocacionales.
La década de los 80 se implementa en Chile un conjunto de medidas tendientes a transformar el sistema de provisión de servicios educativos (oferta), y el funcionamiento del mercado por el cual las familias seleccionan un establecimiento escolar para sus hijos (demanda). Entre 1980 y 1986 se traspasaron las escuelas básicas y los liceos de enseñanza media a los municipios, quedando estos últimos encargados de la infraestructura y el equipamiento, de la administración financiera y de los recursos humanos de las escuelas. Esta municipalización del sistema no se limitó a reformar el gobierno y la gestión educativa, sino también a un proceso de privatización mediante la introducción de mecanismos de mercado por los cuales las familias tienen libertad de elección para la escolaridad de sus hijos en establecimientos municipales/públicos, privados subsidiados o privados.
Paralelo a un gran esfuerzo de ampliación, diversificación y modernización del sistema educativo nacional, éste evolucionó desde un esquema de fuerte y directa responsabilidad estatal en la oferta, ejercida en términos centralizados, a una creciente participación del sector privado y a un replanteamiento del rol del Estado, en un sentido de descentralización y de transferencia de la función de administración de los centros educativos (Núñez y otros, 1994).
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