INDICE: Percepción de la corrupción Posición del Uruguay en el índice de corrupción internacional Que se entiende como corrupción Cuales son sus causas y consecuencias Corrupción y cambio cultural
La corrupción es un problema social de difícil cuantificación más allá de la experiencia personal o de las denuncias publicadas por los medios de comunicación, no obstante no cabe duda que el tema se ha instalado en la atención de la sociedad uruguaya desde mediados de la última década. Según una encuesta (Factum) en 1996 el 54% de los entrevistados tenía la percepción de que el nivel de corrupción en la sociedad en general y en la administración estatal en particular era alto o muy alto, coincidentemente el Tribunal de Cuentas -órgano del Poder Judicial– decía que el tema de la corrupción cobró importancia luego de las "graves" denuncias de 1996.
Desde aquel momento hasta ahora el tema se ha mantenido presente en los medios de difusión y en la opinión de la gente, sostenido por numerosas denuncias de corrupción de funcionarios públicos de alta jerarquía, que en algunos casos han dado lugar a procesos judiciales notorios como el de un ex ministro de economía. En respuesta a este estado de la opinión pública, el Parlamento sancionó en 1999 una ley, llamada "Ley Cristal" que implementa medidas para desestimular las prácticas de corrupción mediante la obligación de declarar periódicamente (cada dos años) la relación de bienes e ingresos de los funcionarios públicos de mayor jerarquía y mediante el aumento en la trasparencia en los procesos de compras del Estado.
En este último año, el intento de prevención de la epidemia de aftosa y el combate al contrabando por parte del gobierno han puesto al descubierto importantes organizaciones delictivas que operan en base a la existencia de funcionarios aduaneros y policiales corruptos. Cabe considerar que según una encuesta (Cifra, 2001), para el 87% de los entrevistados el contrabando constituye un problema grave para el país y esta opinión se ha mantenido en forma prácticamente constante desde años anteriores cuando el tema del contrabando no era tan publicitado. Según esta misma encuesta, el pago de "coimas" y el contrabando en gran escala deberían ser castigados con penas más severas para más del 70% de los entrevistados en tanto que menos de la mitad sostiene esta misma opinión cuando se trata de juzgar los delitos de evasión fiscal o la venta callejera de artículos de contrabando.
La percepción de una elevada incidencia de la corrupción en la vida de la sociedad uruguaya no se limita al Estado, recordemos la campaña electoral del año 2000 en la mutualista "Sociedad Española" (que cuenta con más de doscientos mil socios), donde se puso de manifiesto una serie de acusaciones en los medios televisivos capitalinos de prácticas de corrupción por parte de la administración de dicha institución privada, denuncias que no conocemos hayan sido formuladas ante la Justicia y que por otra parte no parecen haber surtido ningún efecto significativo en los votantes ya que por amplia mayoría reafirmaron la administración denunciada. Con relación a esto, nos preguntamos: ¿fue así porque los votantes no creyeron las denuncias o porque directamente no les importo?
Posición del Uruguay en el índice de corrupción internacional.
Por otra parte, desde el exterior del país la incidencia de la corrupción en nuestra sociedad no se percibe con la misma magnitud. Por ejemplo, el índice de percepción de corrupción que realiza anualmente Transparencia Internacional (TI) ubicaba en 1997 a Uruguay en el lugar 35 sobre un total de 52 países y solamente Chile en América Latina, ubicado en la posición 23 presentaba una mejor calificación. Este año 2001 Uruguay se ubica en la posición 35 con 5.1 puntos en un total de 91 países, manteniéndose con un índice menor que Chile (7.5) pero por encima de todos los demás países de América (Brasil 4.0 y Argentina 3.5). Desde el punto de vista de la percepción de la corrupción y tomando en consideración este índice, Uruguay se ubica por encima de media tabla en el concierto de más de 90 países.
Según el Vicepresidente de TI Frank Vogl, este índice refleja la opinión de empresarios, académicos y analistas independientes, en los países a efectos de registrar la corrupción que compromete a funcionarios públicos, pero no registra la corrupción en temas tales como el lavado de dinero, ni los pagos secretos a las campañas de los partidos políticos ni el soborno por parte de las compañías multinacionales.
Esta posición relativa de Uruguay en el nivel de corrupción en América es percibida del mismo modo por la sociedad uruguaya a juzgar por los resultado de una encuesta (Cifra, 1999) donde se indicaba que la mayoría absoluta de los encuestados considera que la situación en este aspecto es mejor que la que tienen nuestros vecinos, pero a su vez son más severos a la hora de juzgar el nivel de corrupción interna que lo que parece indicar el índice internacional mencionado.
Para explicar esta discordancia es necesario considerar que la corrupción puede entenderse como una trasgresión a las normas sociales y por lo tanto la propia variabilidad de esas normas hace que su calificación dependa, en cada sociedad del sistema de valores vigente y del momento histórico y social. Por ejemplo es sabido que en Argentina, si un funcionario público abandona su cargo con un aumento considerable e ilegítimo de su patrimonio nadie se escandaliza. Es "normal" y a ningún argentino asombra que su policía de tránsito "invente" causales de multa para recibir la coima buscada. Por otra parte, en nuestro propio país, es evidente que no se penaliza socialmente del mismo modo al contrabando en Rivera o Río Branco que en Montevideo. Lo que en un lugar se considera corrupción, en otro se le entiende como una "picardía" sin sanción moral y a veces ni siquiera legal.
Que se entiende como corrupción.
Dada entonces esta variabilidad, ¿qué se entiende por corrupción? Algunos estudiosos del fenómeno distinguen la llamada "corrupción blanca" o sea aquellas conductas que están tan integradas a la cultura que no se perciben como corruptas, de la llamada "corrupción negra" o sea todas aquellas prácticas que unánimemente se condenan. Más allá de estas distinciones relativas al contexto social, no cabe duda que se catalogan como corruptas aquellas conductas que implican desviación o abuso de poder en el ejercicio de un cargo, con la intención de obtener un beneficio privado. Así el soborno, el tráfico de influencias o la aceptación de ventajas indebidas son ejemplos de conductas corruptas. Con la intención de establecer normas comunes que permitan coordinar medidas en su contra, se ha elaborado la "Convención Interamericana contra la Corrupción" suscripta por el Uruguay en 1998.
Ahora bien, la opinión pública uruguaya no juzga todos los delitos de corrupción de la misma manera. Según una encuesta ya mencionada (Cifra, 2001) el 83% de los entrevistados considera que el pago de coimas debería castigarse con penas severas, el 74% opina lo mismo sobre el contrabando en gran escala, pero solo el 41% sobre la evasión impositiva y el 14% sobre la venta callejera de artículos de contrabando. Como podemos ver, una mayoría absoluta de los entrevistados considera que la evasión fiscal no merece ser castigada con penas severas y más del 80% entiende que la venta callejera de artículos de contrabando tampoco debe ser sancionado con penas severas. Sa advierte que existe una contradicción porque ¿quien no sabe que parte del contrabando en gran escala termina con su distribución al menudeo en las ferias callejeras?
Por otra parte, tan solo el 13% de los encuestados admite haber comprado artículos de contrabando en la última semana, cuando es público y notorio que en todas las ferias vecinales se comercializa mercadería de contrabando -fundamentalmente alimentos, ropa y cigarrillos- en forma habitual y generalizada. Cabe considerar que este porcentaje era del 22% en 1995 cuando el combate al contrabando no tenía la intensidad que tiene ahora. Pareciera ser que la gente es menos proclive a admitir su propio acto de corrupción cuando su ilegalidad está en el centro de la atención pública. Es muy posible que los consumidores no se estén absteniendo de comprar estos artículos porque son de contrabando sino que tan solo están siendo más reacios a admitirlo.
Cuales son sus causas y consecuencias.
Esta presunción con relación al consumo de productos de contrabando puede tener su explicación en que la corrupción además de ser un fenómeno social, moral y jurídico es también un fenómeno económico. En este sentido hay quienes consideran a la corrupción como una consecuencia del excesivo intervencionismo estatal. Cuanto más reglamenta el Estado, mayor poder se le otorga a la burocracia y mayor es el riesgo de que se formen mercados negros. Desde esta perspectiva el corrupto sería un "experto en atajos", un agente económico que obtiene mayor beneficio en infringir las normas que en cumplirlas. Visto de este modo, un funcionario corrupto percibe a su cargo como un negocio cuya utilidad intentará maximizar en la medida que la relación costo-beneficio le favorezca, mientras que los empresarios asumirán la coima como un componente más de los costos, sin pensar demasiado en la naturaleza corrupta de su accionar.
Quienes sostienen esta visión economicista del problema llegan a afirmar que "La coima es una prima mediante la cual se consigue que un funcionario de protección frente a la vigencia de una ley costosa… solo se cumplen las leyes cuyos beneficios sean mayores que sus costos. Ciertamente, no vamos a combatir la corrupción con campañas de prensa ni tampoco con escándalos morales. Combatiremos la corrupción eficientemente reduciendo el costo de la ley"
La llamada "economía informal" es un ejemplo de corrupción conceptual debido a un sistema institucional de alto costo. Son millones de personal en América Latina que no tienen otra alternativa que ejercer su actividad económica al margen de la ley debido al alto costo de la legalidad. Aquí en Uruguay este problema no ha tenido solución definitiva y más aún, muchos son los comerciantes establecidos que han preferido "pasarse" a la ilegalidad debido a que obtienen márgenes de ganancia mayores o al menos, pueden continuar trabajando.
Lo cierto es que las prácticas corruptas representan una carga más para las ya sobrecargadas economías de América Latina, así lo admiten las instituciones financieras y de auditoria económica internacional. Por ejemplo, Rosina de Souza del BID afirma que la comunidad empresarial da muestras de creciente preocupación por la magnitud del dinero "sucio" que ingresa al sistema y la distorsión que ello provoca en los mercados de valores, el enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes y los costos indebidos que debe asumir en el acceso a oportunidades de negocios. No cabe duda que es enorme la cantidad de dinero de los contribuyentes que va a parar a los bolsillos de los funcionarios corruptos, basta recordar la magnitud de la coima (37 millones de dólares) que pagó IBM en el affaire del Banco Nación Argentino entre tantos otros ejemplos de negociados ilícitos.
Corrupción y cambio cultural.
Por otra parte, el cambio cultural que implica el pasaje a la era postmoderna caracterizado por la exaltación del individualismo, el culto al dinero y la indiferencia hacia la cosa pública representan un debilitamiento de la cohesión social, una ruptura con la cultura del igualitarismo -clásica del Uruguay- y heredera de la educación en la escuela pública vareliana, verdadero crisol de cultura cívica. Estos nuevos valores sociales y la destructora idea de que la ley "no es pareja" son, en nuestra opinión causas de una creciente corrupción en nuestra sociedad. En este contexto no resulta inmoral pensar solo en uno mismo, no existe obligación moral hacia el resto de los conciudadanos y por consiguiente cualquier medio es lícito para ganar dinero. Así es que el 52% de los encuestados (Cifra, 1999) creen que los corruptos no son castigados y entre los más pesimistas se cuentan quienes se sienten más distantes de la política, más indiferentes hacia la cosa pública.
El Estado, encargado de brindar los servicios básicos y regular la actividad de la sociedad es percibido como ineficiente y costoso, es visto como un socio obligado que nada aporta y que se lleva la mayor parte de la ganancia, resulta entonces "natural" tratar de evadir ese costo y la corrupción representa una forma de lograr un pago menor. Unido a estos factores económicos, recientemente hemos visto leyendas pegadas en los vidrios de los automóviles que dicen: "Achiquen al Estado. Por favor!!!" Quien exhibe este pedido en su vehículo esta reflejando un verdadero problema y a su vez confesando su impotencia para hacerlo, porque observen que dice "achiquen" y no dice en cambio: "achiquemos" como seguramente diría alguien que se siente parte del sistema, que siente al Estado como parte de una sociedad en la que el mismo es un protagonista. Esta actitud de distancia de la cosa pública, esta indiferencia hacia la política no hace más que facilitar un entorno de aparente impunidad para los corruptos.
Si el peso del Estado es percibido como excesivos por nuestras sociedades, los valores de solidaridad e integración social están en decadencia y si además el cumplimiento de la ley es considerado como un factor de inequidad donde los pobres son los más perjudicados, se comprende que la corrupción este en aumento. Revertir esta tendencia es tarea de todos y para ello se requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad social. La actitud "vive y deja vivir" y más recientemente "hace la tuya" dejan un gran espacio para que la corrupción gane espacio en nuestro país. En fin, sabemos cual es la solución, sabemos que debemos hacer, la pregunta es: ¿queremos hacerlo?