El golpe de estado en Honduras es un magnífico escenario para reconocer las intenciones de la prensa
Enviado por Belén Proaño
- Comienza una crisis política
- El fondo de la crisis es una "propuesta inconstitucional"
- El lenguaje periodístico impone predisposiciones
- Hace siete años se vivía otro golpe de Estado y dentro de las redacciones un dilema ético
- Conclusiones
Antecedentes de la crisis en Honduras
En América Latina las crisis sociales, políticas y económicas se han convertido en un referente que identifica a los países que la conforman. Más allá de que esto sea producto de un paradigma que se ha venido construyendo desde hace décadas, actualmente la crisis económica es una realidad anterior a la que surgió en 2008.
Y como consecuencia de esa crisis económica la migración fue la única alternativa de millones de personas latinoamericanas. Calificada como "válvula de escape" para enfrentar la falta de oportunidades laborales y la pobreza, la migración implica la salida de la población en edad productiva y con niveles educativos superiores[1]Las remesas de los migrantes llegaron a superar las inversiones extranjeras directas y las ayudas gubernamentales en toda América Latina en el año 2002.
En el caso específico de los países centroamericanos, el envío de remesas ha aumentado en los últimos 15 años. Estas remesas llegan en su mayoría de Estados Unidos; un 25 por ciento de la población adulta centroamericana depende de la ayuda económica que le ofrecen sus familiares radicados en ese país.
Los que más remesas reciben anualmente son México con un 22%, Centroamérica 20%, Cuba 15% y Republica Dominicana 14%.
En Honduras, 600 000 personas se benefician de las remesas, ubicándose entre los países que más envíos de dinero per cápita perciben en América Latina. Los países que se ubican antes son: El Salvador 1.3 millones de personas y Guatemala 1.5 millones de personas.
Un balance de hace ocho años dio como resultado que en Honduras las remesas aumentaron de $460 millones en el 2001 a $800 millones en el 2002. La estabilidad de la economía de Honduras sigue dependiendo mayormente de las remesas de las familias, ayudas financieras y el alivio de la deuda externa[2]
Las previsiones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el año 2005 dependía más de la economía global y de Estados Unidos, y un poco menos de la mejora de precios de los productos a exportar como café y bananas[3]
Esta dependencia de la economía hondureña con la de Estados Unidos ha provocado que durante la crisis económica mundial surgida en 2008 se profundice la suya propia.
Un estudio reciente del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) preveía un aumento de entre 200.000 y 300.000 nuevos pobres este año en Honduras –un país de algo menos de ocho millones de habitantes-[4]
Comienza una crisis política
La historia comenzó cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya, empresario y ganadero de 57 años, anunció conducir a su país en una denominada "revolución pacífica" con el objetivo de superar los problemas de una de las naciones más pobres de América[5]
Zelaya fue elegido por un partido de derecha – el Partido Liberal- y una vez en el Gobierno se transformó a la izquierda. Su figura se dio a conocer durante el trabajo desempeñado en el Fondo de Inversiones de Honduras (FIHS) durante la administración del ex presidente Carlos Flores (1998-2002), en la época en que el país fue devastado por el huracán atch.
Los conflictos entre el ejecutivo y el congreso hondureño comenzaron el pasado 24 de marzo de 2009, cuando el presidente convocó a una consulta popular "para medir la opinión del pueblo en relación con la propuesta de modificar la Constitución de ese país para adaptarla a la realidad nacional"[6].
El Ministerio Público de Honduras rechazó la propuesta aduciendo que Zelaya no tenía la potestad para convocar dicha consulta. A su vez se rompieron las relaciones entre el ejecutivo y el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, el 23 de junio, cuando el Parlamento de Honduras aprobó una ley que rechazaba la celebración del referendo, recibiendo el apoyo inmediato del Tribunal Supremo Electoral y del Ejército.
El jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, se negó a distribuir el material electoral para llevar a cabo la consulta porque el Congreso y el Ministerio Público la consideraban ilegal, luego fue destituido de su cargo. El 27 de junio los sectores de la oposición como el Congreso, el clero, el empresariado y la sociedad civil llamaron a los hondureños a no sufragar en la consulta.
| Página siguiente |