INTRODUCCIÓN
El tema propuesto, trata sobre la forma en que se administra el flujo de los procesos judiciales, representados por la cantidad de expedientes que se tramitan en un Despacho judicial. Con ello se identifica el sistema actual, sus deficiencias y propuestas de mejora.
Durante los últimos años, a partir de la Reforma Judicial llevada a cabo en el año de 1995 hasta el año 2000, se introduce el tema de la carga procesal como uno de los problemas más agudos que afronta el sistema judicial para el tratamiento global de las causas sujetas a su exclusiva competencia.
Sabido es que el objeto de las causas judiciales ó juicios, son casos humanos que en esencia implican dramas personales que quedan sujetos a la decisión de los jueces dentro de ordenamientos procesales para la aplicación del derecho sustantivo de las diferentes especialidades del Derecho. Conforme las sociedades han venido evolucionando en el mundo moderno, y como se viene presentando el crecimiento demográfico en el orbe mundial, mayores son las posibilidades de conflictos sociales entre sus componentes. Estos conflictos que tienen su perspectiva de solución en el ámbito jurisdiccional, han venido incrementando progresivamente, el volumen de casos que tienen que atender los jueces en los sistemas judiciales democráticos.
Este incremento desmesurado en los últimos años, ha traído como consecuencia el desborde de la capacidad de la organización judicial, y por lo tanto no solo genera el rechazo de la comunicad por una tratamiento inadecuado, sino
El objeto del presente ensayo, tiene por finalidad identificar las causas que originan el crecimiento de la carga procesal en las distintas áreas judiciales, y cual puede ser el método aplicativo para tratar adecuadamente dicho incremento, para de esa manera tratar de controlarlo y poder facilitar el derecho del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, que no se cumple por un inadecuado diseño organizacional en el sistema.
CAPITULO 1
CARGA PROCESAL
1. Concepto.
El objeto del órgano judicial, es brindar tutela jurisdiccional efectiva; es decir, desarrollar facultades de coertio y ejecutio que efectúa el Estado y que delega en el Poder Judicial, para reconocer, declarar ó ejecutar los derechos que reclaman ó piden las personas en general como componentes de una sociedad, y que al generar conflictos sociales, deben ser atendidos en procesos de exclusiva atención del ente judicial. Si bien es materia de otro tema el tratamiento de la exclusividad de la función jurisdiccional en el Poder Judicial, no obstante es importante tener en cuenta este Principio constitucional, por cuanto es precisamente dicha exclusividad la que va a establecer y condicionar la cantidad de procesos judiciales que va a atender el órgano jurisdiccional para la solución de conflictos. Es decir, la cantidad de peticiones que se formulen ante el órgano jurisdiccional ó los conflictos sociales que conozca por ser de su exclusiva competencia, transformados en procesos, y a su vez estos en expedientes, constituye la carga procesal del órgano jurisdiccional.
El expediente judicial por tanto, es el cuaderno que contiene cierta cantidad de documentos relacionados con el caso judicial y que debidamente ordenado, va a servir para el desarrollo del proceso propiamente dicho. Está constituido por toda la documentación que guarda relación con el caso judicial. Si bien en el sistema judicial peruano se viene implementando tanto en las áreas civil, familia y labora, y con algunas excepciones en el área penal, la oralización del proceso, no obstante su transcripción documentaria forma parte del expediente, para formar precisamente al proceso judicial. De otro lado, la concurrencia de pruebas instrumentales y todos los documentos accesorios que sirvan para dar impulso al proceso, son guardados en un solo cuaderno que torna en material, el objeto del trabajo sustancial de los órganos jurisdiccionales.
Bajo estas definiciones básicas de lo que constituye el objeto de la función jurisdiccional -en términos materiales para el objeto del presente trabajo- podemos establecer válidamente que el trabajo de un Juez, está representado por la cantidad de expedientes que tiene que atender en su Despacho judicial, y por tanto, entran a tallar otros factores para que esa atención sea eficiente en términos de servicio y de calidad para una adecuada respuesta judicial y solución al conflicto. Vale decir, debe existir un tratamiento adecuado, para que esa cantidad de expedientes pueda ser atendida de manera racional, sin que desborde la capacidad instalada del despacho –aún cuando en la realidad eso no ocurra- y sobre todo que se emplee un plazo razonable para que la solución del conflicto sea oportuna, es decir se aplique el principio de eficacia1.
De otro lado, teniendo en cuenta que el proceso se transforma en material por la formación de los expedientes, el despacho judicial también va a requerir de factores ó elementos materiales que satisfagan necesidades de espacio (infraestructura) y logística, para ordenarlo adecuadamente y poder establecer niveles de atención de los procesos2.
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