La primera década del siglo XXI culminó con un saldo de 1927 víctimas mortales en 1918 siniestros sin contar los fallecidos graves antes de los 30 días, de acuerdo a los datos preliminares del departamento de Estadística de la Autoridad Metropolitana de Transporte -AMET-. Esto significa que el decenio recién pasado cerró con un total oficial de cerca de 16,500 defunciones por siniestralidad vial, excluyendo las víctimas que no son notificadas a las autoridades por diversas razones y que constituyen un enorme porcentaje. Esto último presume a que la cifra se elevaría muy por encima de los 20 mil fallecimientos.
Se estima que más de 220,000 tragedias viales ocurrieron en todo el territorio nacional en los últimos 12 meses con un número superior a los 3,000 lesionados, de los cuales no tenemos reales evidencias por las debilidades en el sistema de registro en la República Dominicana, problemática esta sin perspectivas de solución, por no concebirse la creación del Observatorio Nacional de Datos que recomiendan los organismos internacionales.
Los domingos representan días de luto, aunque en menor proporción los sábados, ya que también el asfalto se tiñe de rojo de forma alarmante.
Pese al esfuerzo que despliegan las autoridades oficiales para recoger las informaciones se visualiza una vulnerabilidad conceptual y estructural que le resta fiabilidad a los resultados y factibilidad a los programas de prevención.
Cuando observamos los datos, en especial a partir del 2007, entendemos que el panorama es grave y complejo; en el mismo definitivamente hay que concluir existe una crisis de autoridad cada vez más confusa. En el orden jurídico, pudríamos decir, una desactualización en lo referente a lo que está ocurriendo a nivel mundial, caracterizado por la implementación de leyes duras, transparentes e igualdad ante la ley en el sentido pragmático.
La diversidad de oficinas sin coordinación interinstitucional que manejan los datos estadísticos no permite tomar las decisiones adecuadas para minimizar o erradicar mediante políticas de Estado la violencia en los casi 19 mil kilómetros de infraestructura viaria con que cuenta la nación dominicana en beneficio de una población superior a los 9.8 millones de usuarios de dichas vías con 2.74 millones de vehículos en circulación para el 31 de diciembre de 2010, de acuerdo al reporte preliminar de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana.
Siendo lo más inquietante, el crecimiento exorbitante de un parque vehicular activo de dos ruedas con conductores sin educación ni criterio de seguridad vial ni protección personal.
Por ejemplo, el informe de la Procuraduría General de la República dice que el número de delitos por infracción a la Ley de Tránsito 241 es virtualmente insignificante, y no lo coloca entre los diez delitos más concurrentes en nuestro país. Contrario al informe de AMET, que prueba estaría por mucho en primer lugar, según publicación en los periódicos.
Un hecho que pudiera tomarse de referencia es lo que acontece actualmente en España con el tema de seguridad vial e introducir nuevos dispositivos jurídicos para fortalecerlo mediante la reforma del Código Penal entrado en vigencia el pasado 26 de diciembre y el juicio al diputado Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP, que serían antecedentes interesantes como buenas prácticas de políticas públicas. Para no justificar nuestra inoperancia diciendo que se trata de una nación europea, Chile, Argentina, México, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Cuba y Costa Rica, también exponen esfuerzos muy conocidos en ese sentido acogiendo las recomendaciones dadas a los países de bajos y medianos ingresos por los organismos internacionales y los países avanzados, sobre todo España.
La publicación de los informes de Naciones Unidas, así como la promoción de mejora de la seguridad vial global mediante reiteradas resoluciones involucrando tanto al Estado como al sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y organismos multilaterales han provocado cambios de actitudes y comportamiento en la clase política en general, cuya influencia no ha afectado nuestro entorno local.
La Iglesia Católica desde la Santa Sede, La FIA, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como innumerables organizaciones especializadas en el tema de seguridad vial, cuya directiva esta conformada por personajes muy prestigiosos mundialmente, todos promueven proteger y salvar vidas en las carreteras.
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