Los medios de comunicación y el poder de facto

2. Los años más dramáticos
3. Persecución del pensamiento y las ideas
4. La regulación de facto sobre la radiodifusión
5. ¿Alguna vez se saldará la deuda?
6. El debate actual sobre radiodifusión
7. Conclusiones
8. Anexos
9. Bibliografía

Orígenes de la ley de radiodifusión 22.285. Su anacronismo y las perspectivas futuras

Introducción

Toda vez que se produjo la intervención de la fuerza militar con el derrocamiento de un gobierno elegido por el voto popular, se trascendió el marco de las medidas excepcionales previstas en la Constitución (poderes de guerra aplicables en caso de guerra civil, estado de sitio, intervención federal a una provincia, estado de asamblea o movilización de milicias, poder de policía y poder represivo-penal).

En otros términos, tales intervenciones militares dieron origen a regímenes de facto (esto significa gobiernos de hecho, o que no están reconocidos oficialmente por ninguna norma jurídica). Los gobiernos que asumieron en esa circunstancia, tuvieron un carácter ilegítimo debido a su origen inconstitucional y a la concentración de facultades correspondientes a dos poderes claramente diferenciados por la ley fundamental, como son el Ejecutivo y el Legislativo.

No obstante, en las distintas interrupciones del sistema democrático ocurridas en el siglo XX (golpes de 1930, 1943, 1955 y 1966), no se pretendió cambiar la naturaleza misma del Estado. Asimismo, la supresión de las libertades y garantías constitucionales se ejercieron como una necesidad momentánea, sin cuestionar la forma democrática de gobierno como organización social legítima y perdurable.

El golpe de 1976, en tanto, está largamente demostrado que fue el más sanguinario de todos: el terrorismo de Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos y la violación sistemática de los derechos humanos dejó heridas imborrables en la sociedad (que desde 1930 había acompañado, con mayor o menor entusiasmo, todas las aventuras militares). No se trataba simplemente de corregir una política económica, derrotar a la guerrilla o resolver una crisis institucional, para eso bastaban quizás algunos cambios en la legalidad constitucional. El último gobierno militar se propuso transformar de raíz a la sociedad argentina, porque lo que estaba en juego para la Junta Militar era la existencia misma de la nación. No había plazos, sino objetivos.

Haciendo foco en el tema estrictamente relacionado a la comunicación social, cabe destacar que los regímenes militares mostraron especial preocupación por llevar a cabo un control directo de los medios, conscientes del carácter vital que ellos tienen a la hora de transmitir o reproducir la ideología dominante o hegemónica.

Desde ya que una lectura de la Constitución Nacional, en su artículo 14, permite entender claramente como operó la inconstitucionalidad de los gobiernos militares en el ámbito de la comunicación social. Dicho artículo expresa: "Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio". Evidentemente, queda claro que los gobiernos de facto no pueden cumplir con este precepto constitucional.

Los años más dramáticos

La intervención de los gobiernos militares sobre el funcionamiento de los medios implicó una variada gama de acciones: designación de interventores en los medios audiovisuales, censura de contenidos, listas negras y represión contra periodistas, escritores, artistas o músicos (en la última dictadura, la situación llegó al extremo de la desaparición y el asesinato de mucha gente vinculada a la expresión de las ideas).

El examen del papel cumplido por los medios de comunicación, especialmente a partir del golpe de Estado de 1976, requiere tener en cuenta que se trató de un periodo de características excepcionales, dadas las condiciones sumamente restrictivas de producción, circulación y consumo de la información que imperaron en ese momento.

Las limitaciones fueron durísimas durante los primeros años del Proceso (en el apogeo del terrorismo de Estado) y fueron atenuándose paulatinamente con la relativa apertura ensayada desde la asunción como presidente de Roberto Viola (sucesor de Jorge Rafael Videla), aflojándose en forma considerable tras la derrota en la Guerra de Malvinas.

En cuanto a las condiciones de producción, se aplicó una censura rigurosa desde el mismo día del golpe. Mientras mayor fuera el alcance de los medios, mayor era el control. De tal manera, se colocaron interventores militares al frente de los canales de televisión y de la mayoría de las radios, mientras se impuso un grado de vigilancia absoluto sobre los diarios y revistas que quedaban en manos privadas.