Presentación
El presente trabajo es realizado para cumplir con los fines y objetivos del Curso de Derecho Agrario y Medio Ambiente, en el cual se hace un análisis a grandes rasgos de la Legislación agraria en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, ex presidente de la República, década pasada, en cuyo devenir se hicieron muchas modificaciones en materia agraria, decisiones y gestiones que involucraron a la población peruana y muy especialmente al sector campesino.
En este trabajo expongo los aspectos más importantes de la legislación que fueron promovidos y replanteados en la década pasada, marcada por el cambio de política económica, hacia una economía política de total apertura y Neoliberalismo.
En la primera parte exponemos rasgos importantes, como la derogación de la Ley de reforma agraria, y la Nueva Constitución política del año de 1993, pasando los años posteriores donde se modifica la Ley de Aguas, Ley forestal, Ley de Promoción e Inversión Agraria.
En la segunda parte hacemos un análisis acerca de las repercusiones sociales que tuvo la aplicación y/o modificación de la legislación agraria y su incidencia en la población, haciendo una evaluación de los resultados.
Finalmente alcanzamos conclusiones y recomendaciones para dar a conocer una opinión critica y científica en el análisis de este tema.
I
La legislación agraria en el gobierno de Fujimori
Un buen análisis del Derecho Agrario en nuestro país nos obliga a hacer un balance de lo que se ha hecho en materia de legislación agraria en el país. Una rápida mirada a las normas legales muestra en principio que el agro ha recibido atención por parte de los responsables de su elaboración y de la definición de políticas. Una revisión más cuidadosa, sin embargo, detecta aspectos aún pendientes de definición y no pocas contradicciones.
Si la década de los años 70 estuvo marcada por el proceso de la reforma agraria, la década que acaba lo está por el proceso de desregulación de mercados y más precisamente de liberalización de la propiedad de las tierras y de las actividades agrarias en general.
Una de las normas más importantes del período fue la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, Decreto Legislativo N° 653, que derogó la Ley de Reforma Agraria (D.L. 17716). Esta ley, promulgada en 1991, significó un importante vuelco en materia de legislación agraria, iniciando la desregulación de una serie de aspectos vinculados a la actividad agraria, como son la tenencia de tierras, aprovechamiento de tierras eriazas, comercialización, créditos, uso del agua, organización administrativa y de los usuarios del agua, tierras de selva y ceja de selva, agroindustria, entre otros.
Luego del autogolpe de abril de 1992 se producen importantes cambios. Empezando por la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Ley N° 26000. Después vendrá la elaboración de una nueva Constitución Política, la cual es sometida a aprobación mediante referendum.
Partiendo de un nuevo modelo de organización del Estado, limitado a promover la actividad de los agentes económicos y dentro del marco de una economía de mercado, en la Constitución de 1993 las normas relativas a la propiedad y la actividad agraria son no sólo reducidas sino adelgazadas en su contenido. De esta forma se refiere la Constitución en un solo artículo a la propiedad agraria, eliminando el requisito de la conducción directa para garantizarla, y en otro artículo se refiere a las comunidades campesinas y nativas. Respecto de estas organizaciones, el único artículo constitucional dedicado a ellas ratifica su existencia legal y reconocimiento de su personalidad jurídica y amplía el campo de su autonomía a la disposición de sus tierras. Así, el régimen constitucional de protección de tierras comunales, vigente desde 1920, queda reducido a la imprescriptibilidad, limitada a su vez por el abandono de tierras. Las comunidades tienen ahora la facultad de disponer de sus tierras de acuerdo a la voluntad de sus asambleas.
En 1995 los cambios normativos se consolidan con la aprobación de la Ley de Promoción de la Inversión en las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley N° 26505, más conocida como Ley de Tierras. Ratificando lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 653 y retomando la breve Constitución de 1993, la Ley de Tierras elimina la mayor parte de las limitaciones a la propiedad de las tierras (algunas incluso puestas por el Dec. Leg. 653), derivando en lo fundamental la regulación de las tierras al Código Civil.
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