México: Controversia entre los medios de comunicación y el Gobierno (página 2)

El arreglo final se publicó el primer día de julio de 1969 y contemplaba que el impuesto se cubriría si se ponía a disposición del Estado el 12.5 por ciento de tiempo diario, pero ante la incapacidad del Gobierno para realizar producciones de calidad o capaces de atraer al público, con el paso de los años el uso del tiempo oficial se haría en horarios de madrugada.

33 años después

El tiempo pasó y los tiempos oficiales quedaron temporalmente fuera de la polémica entre los medios y el gobierno.

Nuevos sucesos políticos y sociales plantearían a la Presidencia la necesidad de ejercer un nuevo control sobre lo que se difundía en la radio y la televisión.

La urgencia de informar, en tiempo real, sobre el alzamiento del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994; el asesinato del candidato oficialista a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de ese año; la devaluación económica de 1995 y el entonces fenómeno Fox durante la lucha presidencial del 2000, parecía que terminarían con el control del gobierno sobre los medios.

A más de tres décadas de las negociaciones del tiempo oficial, todo sigue igual en lo que a concesiones se refiere, sólo que ahora el control lleva implícito un acuerdo mutuo. 

Esa nueva relación del gobierno con los medios no es bien vista por distintos sectores en México. Uno de esos sectores es el encabezado por una comisión multipartidista de legisladores que busca promover una controversia constitucional para anular este decreto presidencial y restituir al Ejecutivo los tiempos oficiales fijados hace más de 30 años.

Los cambios en los tiempos oficiales dan a la Presidencia de la República la oportunidad de llegar a un auditorio más amplio, pero quitan a otras entidades oficiales como el Poder Legislativo y las Secretarías de Estado, la posibilidad de acceder a un espacio en radio y televisión, aunque sea de madrugada.

Fox obtuvo lo que buscaba: una mayor promoción para dar continuidad a un gobierno mediático, en el que los programas sociales y de infraestructura fueron sustituidos por el culto a la imagen.

Mientras, para los industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la negociación es un símbolo de los nuevos tiempos y un lastre menos para la libertad de expresión, para el foxismo significa un factor de presión, en un contexto en el que está pendiente la reforma del estado, en cuyas negociaciones, los grupos de oposición pensarán que si el Presidente cedió ante los medios de comunicación, también deberá ceder ante ellos en asuntos que sí implican un cambio más de fondo en la conducción de las políticas públicas. 

Al darse el anuncio del cambio en los tiempos oficiales, la radio se limitó a explicar en qué consistía el acuerdo, pero las dos televisoras más importantes del país, Televisa y TV Azteca, a través de sus noticieros estelares, hicieron un inusual alarde de lo que para ellos era una nueva etapa en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación, en la que se dejan atrás medidas de "represión" para controlar la opinión pública.

Para todos quedó claro que, de momento, la radio y la televisión no serán un espacio crítico, pues desde el anuncio de la reducción en los tiempos oficiales nació una nueva alianza Fox-medios.

El conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga, en su edición del Noticiero, el mismo 10 de octubre, saludó la medida como una "decisión de los nuevos tiempos".

En el mismo tono, Javier Alatorre, conductor del noticiero Hechos de TV Azteca, agradecía entre líneas al foxismo por las nuevas reglas.

"Hoy, el Presidente Vicente Fox corrigió esta barbaridad histórica (los tiempos oficiales obligatorios), y en un reconocimiento a la responsabilidad de los medios, decidió eliminar este absurdo impuesto", editorializó Alatorre.

Para los grupos radiofónicos el beneficio fue casi inmediato, pues el 4 de noviembre, ocho de las once principales cadenas de radio en la capital del país firmaron un acuerdo para reducir en 50 por ciento sus tarifas publicitarias, lo cual les abre campo para atraer a un mayor número de clientes, después de 7 años en los que la baja en las ventas, el recorte de personal y la operación en número rojos han sido una constante en las empresas de comunicación.

La pareja presidencial a cuadro

La discusión sobre la negociación entre el gobierno de México y los medios electrónicos tiene otra arista en la que se involucra, como lo ha estado haciendo últimamente en los asuntos de Estado, a la primera dama Martha Sahagún de Fox, quien durante el primer año de gobierno fungiera como vocera presidencial y fuera la responsable de construir un muro entre los medios y Vicente Fox.

Este acuerdo permite, en primer término, borrar las antipatías que generó en los medios Sahagún, durante su etapa como vocera presidencial y, en segundo término, fue una respuesta de los esposos Fox a los favores recibidos de los medios electrónicos, en cuanto a la difusión de sus atributos personales, principalmente en lo concerniente a la fundación filantrópica "Vamos México". 

Para su proyecto filantrópico, la señora Fox ha recibido importantes apoyos de Televisa (la principal televisora del país), entre ellos, el pago de los gastos de organización de un concierto del cantante inglés Elton John para recaudar fondos a favor de "Vamos México". 

Dentro de esta cadena de promociones personales gratuitas también se añade al actual secretario de la gobernación, Santiago Creel, quien en aras de una candidatura presidencial hacia las elecciones del 2006, favorecería la negociación entre la administración Fox y los industriales de la radio y la televisión. No hay que descartar que en el 2003 habrá en México elecciones para renovar el Congreso y en las que se prevé que el partido de Fox, el PAN, no podrá alcanzar la mayoría para dominar el Legislativo y facilitar la aprobación de las iniciativas del Estado.

Los beneficios de parte y parte

La reducción en el tiempo oficial da a cada una de las partes lo que más necesita: 

Al gobierno, la posibilidad de trascender mediante obras mediáticas.

A la radio y la televisión un beneficio económico. Para muestra basta un botón: según los últimos informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, el tiempo fiscal que utilizó la Presidencia de enero a septiembre equivale a 306.8 millones de pesos, a un costo de 425.4 pesos el minuto en televisión y 13.1 pesos el minuto en radio.

Para una televisora que transmite hasta 24 horas al día, el tiempo fiscal significada otorgar 180 minutos al Estado, lo que implicaba un valor estimado de 76.576 pesos diarios.

Ahora, con los 18 minutos, el costo actual sería de 7.658 pesos, una reducción del 90 por ciento.

En el caso de una radiodifusora que transmite todo el día, el anterior tiempo fiscal acarreaba un costo de 2.530 pesos al día. Ahora, con la obligación de dar a Estado sólo 35 minutos, el costo será de 457 pesos, 81 por ciento menos. 

Mientras tanto el debate continúa, ante todo por la nueva etapa que marcan estos cambios en la relación entre el gobierno y los medios, no en lo concerniente a la libertad de expresión, sino en el manejo discrecional entre ambos. 

CUADRO 1 Los más y los menos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de México, de enero a septiembre del 2002, el gobierno utilizó 4 millones 70 mil 511 minutos del llamado tiempo fiscal en televisión. La Presidencia, utilizó la mayor parte del tiempo.

• El resto del tiempo se reparte en menores cantidades entre distintas dependencias de Gobierno.

FUENTE: Informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.