México: Controversia entre los medios de comunicación y el Gobierno

1. La historia de los tiempos oficiales
3. La pareja presidencial a cuadro
4. Los beneficios de parte y parte

Una de las características del sistema político mexicano es su difícil relación con los medios, caracterizada por ser a la vez tan lejana como cercana. Por un lado, cada gobierno de turno busca limitar la crítica a sus acciones, pero, a la vez, busca influir en la opinión pública, con el objetivo de utilizar a los medios como un instrumento efectivo para, en el mejor de los casos, "trascender", o en su defecto asegurar la siguiente elección a su favor.

En esta relación de uso-beneficio, también los medios de comunicación se erigen como grupos de presión que si bien aceptan ciertas limitaciones a la crítica, ejercen su derecho de cobrar por los favores hechos al sistema. 

El año 2000 no sólo significó para México el cambio del partido político en el poder. Con la llegada del conservador Vicente Fox (Partido Acción Nacional) inició también un gobierno mediático, en el que los logros de las políticas sociales se aprecian más en la propaganda que en los hechos. 

A dos años de asumir el poder, y tras romper con más de 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fox ha dado continuidad a la tirante relación medios-gobierno, que ha derivado en enfrentamientos con los reporteros, a quienes acusa de orquestar campañas de desprestigio, como venganza por la desaparición de una serie de prebendas, de las que, según el Presidente, gozaban con los anteriores gobiernos. 

Sin embargo, ante la incapacidad de su administración para cumplir con las promesas de campaña y satisfacer las expectativas depositadas por los electores, Fox se ha visto en la necesidad de establecer un pacto con la radio y la televisión en México.

El 10 de octubre del 2002, bajo el auspicio del llamado "Gobierno del Cambio", se tejió uno más de los hilos en la relación Medios-Gobierno en el país. 

Para disgusto de muchos y sorpresa de pocos, el Presidente Fox emitió un decreto en el que la administración federal eliminó el 12.5 por ciento de tiempo oficial de transmisión al que tenía derecho el Estado, tanto en radio como en televisión (equivalente a tres horas diarias de programación).

A cambio, recibirá de los medios electrónicos 18 minutos diarios de programación en televisión y 35 minutos en radio.

Las modificaciones implican que la transmisión de los programas oficiales ya no será de madrugada, cuando la mayoría de la población duerme, sino en horarios considerados como los de más alta audiencia (entre las 6:00 y las 24:00 horas), lo cual permitirá al gobierno federal hacer llegar sus mensajes de manera más efectiva, pues competirá con patrocinadores de telenovelas y programas cómicos. 

"La nueva segmentación ofrece mayor versatilidad, pero no es obligatoria. Esto permite la emisión de mensajes breves que tienen mayor impacto y penetración, sin demérito de la profundidad que ofrecen los programas de 5 minutos o más", justificó la Secretaría de Gobernación en un desplegado publicado en la prensa escrita el 18 de octubre.

El acuerdo trae como resultado hacer más eficiente el uso de los medios en aras de difundir los programas oficiales, con miras a los cambiantes tiempos políticos mexicanos que arrancan en el 2003 con las elecciones legislativas, en las que el Presidente necesitará ganar la mayoría en el Congreso, para garantizar la aprobación de sus programas y presupuestos que, hasta ahora, han sido bloqueados por la oposición.

También lleva implícito el inicio temprano de la elección presidencial del 2006.

La historia de los tiempos oficiales

La radio y televisión en México operan bajo un sistema de concesiones en el que las empresas son dueñas de los activos, pero el gobierno es propietario de las frecuencias, que las revalida o suspende a discreción del Presidente de turno.

Como ejemplo, en 1968 el gobierno hizo uso de su derecho como propietario de las frecuencias e intentó supervisar el contenido, sobre todo, de programas noticiosos.

La difusión de las protestas de los estudiantes, previo a la represión del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, molestó al entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ejerció un control cuasi-absoluto de los medios electrónicos y escritos. 

En particular la radio y televisión fueron objeto de turbias negociaciones a las que, para conservar sus concesiones, se les pretendió cargar un impuesto del 25 por ciento mensual sobre sus ingresos por publicidad, lo que elevaba los precios a los anunciantes y disminuía las ganancias para los medios. 

Ante la molestia de los empresarios del ramo, la Presidencia ofreció una segunda opción: que las empresas colocaran el 49 por ciento de sus acciones a la venta, lo cual daba al Gobierno la posibilidad de comprar las acciones.

Ninguna de las posibilidades agradó a los empresarios, por lo que se buscó un nuevo acuerdo: que las estaciones de radio y televisión cedieran más tiempo gratuito al Estado, que los concesionarios garantizaran mejoras en su programación dando al Gobierno el derecho de revisar, cada cinco años, si se cumplía con esta obligación y que, si el Poder Ejecutivo consideraba que algún tema perturbaba la paz pública, podría llamar la atención al licenciatario (el dueño del permiso o concesión de transmisión).