El asentado señaló que desde1995 han sido amenazados por parte de grupos organizados que tienen la intención de apoderarse de las tierras cuando los miembros de la junta han cancelado la deuda de 36mil balboas capital heredado por los antecesores del asentamiento más el aumentó debido a los intereses es decir casi 80mil balboas.
Aseveró que el Banco Desarrollo Agropecuario BDA envió infinidades de citaciones para que se le cancelara la deuda por falta de recurso y para cumplir con esa responsabilidad los obligó a establecer un acuerdo con el fin de salvar el asentamiento que es una vía de producción sana.
Enfatizó que para cancelar ese dinero el Banco vendió la tierra al mejor postor a 16 centavos el metro cuadrado esto en base a un avalúo realizado y avalado por el departamento de reforma agraria de esta forma a la instrucción financiera se le pagó tanto el capital más los intereses quedó un pequeño monto que se utilizó para mejorar las condiciones de la finca.
González dijo que el asentamiento en estos momentos está trabajando como una mediana empresa en donde 11 familias comparten la producción y subsidios que reciben de los trabajos agrícolas y además moradores de la comunidad de Burunga se benefician cuando son contratados de peones para arreglar cercas machetear los potreros, y así reciben su remuneración.
El presidente de la junta directiva del asentamiento señaló que sino se toma la medida de cumplir con el pago de las tierras a cambio de las ventas de las 120 hectáreas a la sociedad anónima el BDA solo le correspondería secuestrar y posteriormente embargar toda la finca para cobrar lo acumulado en deuda.
González aclaró que ex miembros del asentamiento fueron expulsado por dedicarse a vender el ganado, parcelar las tierras en lotes y negociarlas situación que los obligó a tomar medidas severas en contra de estas personas.
González informó que los precaristas dirigidos por Carlos Castillo un empleado de la junta comunal de Arraiján cabecera y otro grupo más de invasores profesionales se encargaron de invadir los terrenos privados que limitan con el asentamiento campesino y sean prestado a la tarea de parcelar los lotes y a negociarlos repartiendo a las familias que se acercan en búsqueda de una solución.
Entre tanto la Federación de Asentimientos Campesinos de Panamá que aglutina los asentamientos de la capital en un comunicado denuncian ante las autoridades nacionales y de la provincia de Panamá así como a la comunidad nacional que un grupo de personas dirigidos por el señor Carlos Castillo han invadido tierras que limitan con el asentamiento Unión Campesina y que son de propiedad privada manifestando que su intención era la de apoderarse de las tierras del asentamiento.
La federación de asentamiento mostró su rechazo por considerar que las tierras del asentamiento Unión Campesina están debidamente cultivadas en proyecto de ganadería financiada por recursos propios. Así como cultivos agrícolas y forestales que dan fe que las 11 familias vienen laborando las tierras desde hace 30 años.
La entidad en la nota eleva un llamado a las autoridades del distrito de Arraiján para que haga respetar los derechos que tienen los asentimientos sobre esas tierras que fueron concedidas por la reformar agraria con el compromiso de hacerlas producir.
Al igual hace un llamado al director de Reforma Agraria de manera que certifique la existencia legal de los asentamientos y el derecho sobre estas tierras y finalmente la entidad deja claramente establecido que no van a aceptar acciones de esa naturaleza que ponga en peligro el patrimonio de los asentamientos campesinos.
Por otro lado, el ingeniero municipal de Arraiján Agustín Montalvo, dijo que recibió de la empresa inmobiliaria Alba del oeste S.A.una certificación del registro público que los acredita como los actuales propietarios de 120 hectáreas de terrenos que limitan al Asentamiento Campesino Unión Campesina.
Montalvo reveló que toda obra iniciado en esas tierras queda paralizadas hasta tanto los propietarios lleven acabo todas las transacciones de los permisos de construcción ya que no habían realizado ningún tipo de papeleo para finiquitar los últimos detalles.
El ingeniero municipal explicó que los terrenos pertenecían al asentamiento campesino Unión Campesina la cual perdió las tierras debido a una alta morosidad con el BDA y esta institución financiera la secuestró y posteriormente las vendió en la actualidad el asentamiento campesino cuenta con 36 hectáreas.
Montalvo manifestó que los representantes de la Sociedad Anónima entregaron un proyecto de un puente que van construir y una carretera los modelos de casas que edificaran y el polígono de la finca de las 120 hectáreas.
Así mismo se comprometió en realizar una investigación exhaustiva de la tenencia de las tierras y para ello se entrevistará con el director del Banco de Desarrollo Agropecuario BDA para conocer a fondo como se dio la transacción de la venta si existe la posibilidad de presuntas irregularidades.
Al igual que el asentamiento campesino con el fin de conocer como está constituido y si realmente tienen derecho a esas hectáreas
El funcionario reiteró que lamentablemente como ingeniero municipal debe ser riguroso a la ley ya que las invasiones de tierras no son permitidas y solicitó a los que promueve este tipo de actividad que desalojen pacíficamente las tierras privadas.
Entre tanto, Carlos Castillo dirigente de los invasores aseguró que las familias precaristas están dispuesta a perder sus vidas a causa de no abandonar los terrenos porque confían que son parte del asentamiento campesino y por ende pertenecen al estado.
Indicó que la ley 23 que crea los asentimientos campesinos impide las ventas de esas tierras negocio ejecutado a espalda del pueblo de Burunga y se mantendrán en el área vigilante de las hectáreas de terrenos del asentamiento campesinos porque están conscientes que en esos terrenos no se está cultivada ninguna semilla puesto que son una verdadera montaña.
Agregó que el pueblo de Burunga en estos momentos tiene una gran necesidad habitacional y no es justo que se hayan negociados las tierras sin tomar en cuenta a los oriundos del lugar ya que por más de 20 años han tratado de conservar la finca para recibir beneficios, sin embargo un consorcio viene las compra y promete una serie de proyectos cuando al final son inciertos.
Añadió que esa comunidad no cuenta con centro de salud infraestructuras escolares públicas adecuadas, campos deportivos y otras necesidades para que se tomen la atribución de vender los terrenos a un precio regalado.
Lo cierto es que en la Corregiduria existe una orden de lanzamiento por intruso demanda interpuesta por el representante legal de la Sociedad Anónima Alba Inmobiliaria del oeste para desalojar a los precaristas de los terrenos el corregidor Tolentino Soto en reiteradas ocasiones les ha notificado a los precaristas que abandonen el lugar de forma pacífica pero los intentos han sido infructuosos.
CONCLUSION
Espero que el trabajo de investigación sobre los asentamientos campesinos, haya logrado completar las lagunas que da alguna forma existieron con respecto a el mismo tema, conociendo lo importante que es para la economía de la clase baja, lo importante que surge ser para la población pobre campesina.
BIBLIOGRAFIA
Código agrario, rep. De Panamá
Investigación de derecho agrario, universidad de Panamá (biblioteca simón bolívar)
Motores de búsqueda (Google; asentamientos campesinos)
Autor:
Ricardo Antonio Royo Smith
Universidad Interamericana y a distancia de Panamá (UNIEDPA).
Derecho agrario
Facilitador: Marco Tulio
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