En las democracias contemporáneas es común la exigencia por una mayor participación popular. Los ciudadanos reclaman, a través de diferentes medios y agrupaciones, una democracia más desarrollada; pero lo hacen con distintas orientaciones. Décadas atrás, el reclamo ahondaba en la exigencia de extender el voto a mayor cantidad y diversidad de ciudadanos.
Hoy, cuando el sufragio universal es una realidad, parece que los reclamos siguen otra vía.
En efecto, se reclama el modo en que se realiza la participación. Muchos sostienen que el ejercicio del voto es un medio insuficiente para participar de las decisiones políticas y que debería ser ampliado en otras formas.
En la democracia representativa las decisiones políticas son el resultado de deliberaciones llevadas a cabo por personas elegidas por los ciudadanos, las cuales toman las decisiones interviniendo directamente en las discusiones que se presentan al tener que decidir los cursos de acción en todos los ámbitos.
En este sentido, la idea de representación política, implica que los ciudadanos se limitan a elegir a las personas que participarán en las deliberaciones y tomaran las decisiones. La imposibilidad de practicar la democracia directa en naciones numerosas promueve la existencia de los sistemas representativos. No obstante, esta imposibilidad no debe conducir a la idea de que los reclamos por mayor participación carecen de sentido.
Si atendemos los tipos de representación política se pueden diferenciar por lo menos dos formas. En primer lugar se puede considerar al representante como un delegado, es decir un mero portavoz de los representados, y cuyo poder se encuentra limitado por las directivas que los representados le han dado, denominándose a esta directiva "mandato imperativo".
En esta primera postura el delegado sufre de un carácter revocable y depende del mantenimiento de la confianza de los representados.
En segundo lugar se puede proponer una forma en la cual el representante es un fiduciario que actúa con cierta libertad en las deliberaciones de la asamblea; es decir, no está atado a un mandato imperativo sino que por el contrario, sus decisiones deberán ser consideradas expresión de la voluntad de sus representados. Así, el fiduciario, tiene la libertad de interpretar os intereses de quienes lo votaron y este derecho se origina en la confianza (fiducia) que los representados han depositado en él.
Actualmente, en la mayoría de los Estados democráticos, los representantes políticos votados por los ciudadanos son fiduciarios, es decir que no están legalmente obligados a cumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral y sus mandatos no pueden ser revocados en cualquier momento. El reclamo por una mayor participación popular podría orientarse, por ejemplo, hacia el establecimiento de un sistema representativo más flexible que permita un recambio de representantes cuando se quiebre el lazo de confianza establecido.
La situación expuesta con relación a los actuales sistemas de representación aclara por qué el pueblo no se autogobierna en sentido estricto sino que se limita a decidir quienes lo hacen en su lugar. Si no es posible flexibilizar el sistema, al menos se debe educar "al soberano" para que elija coherentemente con sus intereses.
Si hablamos de democracia como medio de participación ciudadana o como forma de vida, debemos estipular sin confusiones el alcance del concepto ciudadanía.
Si la entendemos como la plena inclusión de todas las personas en el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales, solo las sociedades democráticas pueden considerarse legítimamente sociedades de ciudadanos ya que este es el único régimen en el que se establecen las condiciones para que se pueda expresar plenamente la ciudadanía.
Pero la democracia entendida como un conjunto de reglas que hacen referencia a la representación popular, el pluralismo y la competencia electoral garantiza la ciudadanía solamente en su aspecto político. En efecto, el cumplimiento de las reglas de juego no asegura el cumplimiento efectivo de una de una ciudadanía integral.
Algunos autores sostienen la necesidad de superar esta visión formal de la democracia y darle un contenido más profundo. La democracia debe asegurar también la libertad y la igualdad entre las personas y no sólo la ciudadanía de tipo político.
La distancia existente entre una democracia formal y una real. Ahora, bien, ¿cuáles pueden ser los problemas con los que se enfrenta la democracia en la actualidad? Uno de los conflictos más serios, sobre todo en Latinoamérica, lo constituyen la permanencia de elites o grupos de interés en el poder o en sus esferas.
En este sentido estos grupos gobernantes o elites poseen una tendencia a convertirse en verdaderas oligarquías aferradas al poder. Por supuesto que esto no es exclusivo de la política sino que también se da en otros organismos e instituciones como sindicatos, clubes, etc.; pero es en la política donde se tornan más peligroso.
Otro de los obstáculos es la desigualdad social. Si bien el valor del voto es igual en el rico o el pobre, también es cierto que ciertas personas poseen una capacidad de influenciar la opinión publica más que otros.
Los grupos de interés presionan a veces a los gobernantes para la toma de decisiones.
Grupos sectoriales, corporaciones o representantes de empresas importantes suelen intentar ejercer influencias en la toma de decisiones. Esto aleja aún más el verdadero ejercicio político de la democracia del alcance de la ciudadanía. Grupos corporativos de obreros o empresarios convocan huelgas o manifestaciones, fomentan corrientes contrarias de opinión y presionan de muchas formas sobre todo haciendo uso de los medios de difusión.
A esto se suma la acción ilegal de otros grupos que atentan contra el ejercicio pleno de los mandatos representativos buscando sus propios intereses.
Ya habíamos referido en el punto anterior de este parcial sobre la dificultad que se le presenta al ciudadano para sentirse verdaderamente representado por sus fiduciarios, cuando estos se alejan de los verdaderos intereses de los representados.
También cabe agregar ahora, la ausencia de una "ciudadanía informada", instruida cívicamente. En efecto una gran parte de la población ciudadana se encuentra alejada del circuito educativo, y con ello de las posibilidades de conocer los resortes legales de la participación política.
Debemos sumar el carácter de imprevisibilidad que rodea a la política en general y a las decisiones políticas en particular.
El ciudadano en la práctica apoya mediante el voto a un candidato o aun partido político con una plataforma electoral o un programa partidario definidos.
No obstante se observa que luego de asumir el poder los gobernantes se alejan de las promesas electorales realizadas durante sus campañas políticas.
Existe, por otro lado una verdadera crisis de representación que unida a la imprevisibilidad del sistema político se convierte realmente un estado de incertidumbre del ciudadano que no sabe realmente en quién puede confiar para defender sus derechos.
Autor:
Fernando Raúl Morro Cruellas
Profesor en Ciencias Sociales
Profesor en Psicopedagogía
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