1.1 CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
La reducción de la acción del Estado para paliar la miseria, la profundización de la pobreza en las décadas de los ochenta y los noventa, han dejado sin esperanzas a los pobres de la región. El control social se ha relajado no sólo porque el Estado se ha ausentado (porque no está presente o porque carece de legitimidad), sino también porque familia y escuela se han visto desmanteladas en las áreas de pobreza.
La mayoría de los Estados latinoamericanos parecen combinar sus vacíos estatales o “aestatalidades” en la gestión de la seguridad y la justicia social, con sus presencias punitivas a través de policías corruptas y asociadas al crimen organizado. En el lado de la sociedad civil, la creciente marginalidad adopta una forma perversa de rebelión, de tal manera que no resulta extraño que la violencia urbana sea calificada ya como “el devenir siniestro y policiaco de la lucha de clases”.
América Latina se convirtió en los años ochenta y noventa en la segunda región con más violencia delincuencial en el mundo: en 1994 su tasa de homicidios alcanzó a ser de 28.4 por cada 100 mil habitantes, después de la África subsahariana, que en 1990 tenía una tasa superior a 40 por cada 100 mil habitantes.
Las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes subieron en los años ochenta de manera espectacular en Perú y Colombia, en 379 y 337% respectivamente, lo cual puede explicarse por las guerras internas que observaron estos países. En términos absolutos, a fines de los ochenta y principios de los noventa, Colombia tenía una tasa de 89.5 (más del doble que la región más violenta del mundo), seguida de lejos por Brasil (19.7), Perú (11.5) y Ecuador (10.3). Es importante resaltar que a principios de los noventa del siglo XX, en Brasil y Uruguay la tasa de homicidios había subido en alrededor de 70%, en Ecuador el 60%, en Argentina y Venezuela entre 23 y 30%.
En Guatemala, según datos del PNUD, en un lapso bianual la violencia delincuencial aumentó en la capital del país en un 14% (Palma, s/f, p. 4). En este momento sólo podemos señalar la coincidencia en el tiempo entre el comienzo del proceso neoliberal en la región con un aumento significativo de la violencia delincuencial.
Es cierto que la pobreza no necesariamente genera delincuencia y el riesgo de una afirmación en sentido contrario supone la criminalización de la pobreza. En Venezuela y Brasil los índices más bajos de homicidios se encuentran en los estados más pobres. Sin embargo, es importante decir que la pobreza unida a otros factores siempre es un excelente caldo de cultivo para la criminalidad. El crimen organizado recluta a sus infanterías entre los jóvenes que viven en la pobreza.
En el contexto de una sociedad con poco espacio de movilidad social, por las escasas e inestables oportunidades de trabajo, las bandas de narcotraficantes, secuestradores o sicarios, tienen en ex policías a sus cuadros medios y en los jóvenes provenientes de las poblaciones, favelas, limonadas, barrios y pueblos jóvenes a sus agentes operativos.
Por lo demás, la violencia delincuencial tiene en los espacios de pobreza uno de sus escenarios privilegiados. En la Venezuela del fin de siglo XX, la precaria presencia del Estado en los barrios, el trazo irregular de las calles, la densidad poblacional, favorecían la acción delincuencial, dificultaban la de la policía y el 80% de las víctimas de los homicidios vivía allí (Briceño, 1997, pp. 55 y 59).[1] En Río de Janeiro las tasas de homicidios de las zonas pobres eran tres o cuatro veces superiores a las de clase media o media alta. A mediados de los noventa del siglo XX, el 41% de las víctimas de homicidios en la ciudad de México eran obreros y trabajadores.
Se desprende de lo dicho antes que las ciudades son el otro ámbito privilegiado de la violencia delincuencial. Con excepción de Brasil, donde el porcentaje de victimas de actos delincuenciales es prácticamente el mismo en las ciudades pequeñas que en las grandes (aproximadamente el 40%), en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela las diferencias entre ciudades pequeñas y grandes oscila entre 10 y 20 puntos. En el último lustro del siglo XX, en Guatemala, el 35% de los delitos violentos se cometían en la capital del país, que tenía el 10% de la población total (Palma, s/f, p.6). A fines del siglo XX, la mitad de los homicidios cometidos en Venezuela ocurrían en Caracas, mientras que en Brasil, tal modalidad de crimen se concentraba en las grandes ciudades del sur (Sao Paulo, Río de Janeiro). En 1995, 79 de cada 10 mil habitantes de Río de Janeiro murieron de forma violenta. En Medellín, Colombia, entre 1987 y 1996, la violencia mató a 14 hombres por una mujer, alrededor del 60% de las muertes masculinas fueron por causas violentas y esta cifra representaba una pérdida de la esperanza de vida de hasta 12 años de los hombres respecto de las mujeres.
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