- El Sistema de Salud en Argentina
- El subsector público
- La Autogestión hospitalaria
- Los elementos que intervienen en el proceso administrativo de un hospital
- El Director
- Juicio de valores
- La Administración Hospitalaria
- Estructura de un hospital
- Descripción y esquematización de los procedimientos básicos
- Conclusiones
El gasto en salud en Argentina es menor al 10% del PBI, una cifra baja con respecto a lo que gastan los países desarrollados. El sector público contribuye con 22 % al gasto total, el de seguridad social con 36% y el privado con 42%. Dentro del sector público, 75% del gasto directo proviene de los gobiernos provinciales; 16%, de los municipales, y sólo 9% del gasto público corresponde al gobierno federal. Más allá de la cantidad de recursos involucrados, existen muchos cuestionamientos acerca de la eficiencia del gasto en salud de los diferentes subsectores.
Desde el punto de vista de la provisión de los servicios de salud existen tres tipos de prestadores: el sector público (dentro de éste están la nación, las provincias y los municipios, con participaciones variables según la provincia); los prestadores privados, y un tercer grupo de menor importancia relativa, que corresponde a algunos organismos sociales que prestan servicios por su propia cuenta.
El financiamiento, por su parte, se origina en tres fuentes: los impuestos nacionales, provinciales y municipales (en el caso del sector público); las contribuciones a la seguridad social (en el caso de las obras sociales), y los pagos directos del sector privado. El sistema de obras sociales opera con bastante polémica acerca de la calidad de las prestaciones y de los costos que demanda a la sociedad. En los hechos, la ineficacia en su funcionamiento ha obligado a la población beneficiaria de bajos ingresos a recurrir al hospital público (generando presiones sobre el sector), y a la población con mayor nivel adquisitivo, a atenderse en el sistema privado para garantizarse una cobertura de salud razonable.
El subsector público
El subsistema público -por medio de la nación, las provincias y los municipios- se encarga de las funciones de promoción y prevención, además de prestar servicios mediante hospitales y unidades asistenciales. En los últimos años, el subsistema ha tendido a una progresiva descentralización (que corresponde a una concepción de política de salud) que se aceleró en la última década; por este motivo, si bien las leyes que marcan la política de salud provienen del nivel federal, las políticas son crecientemente aplicadas en el ámbito provincial. En la práctica, la atención primaria se realiza tanto en establecimientos con esa finalidad (dispensarios, hospitales de baja complejidad) como en hospitales de alta complejidad, lo que genera una gran ineficiencia desde el punto de vista de la asignación de los recursos.
Dado que cada provincia tiene la facultad de autodeterminar su política en el ámbito de salud, existen importantes diferencias en el ámbito regional. La mayoría de las provincias dividen su territorio en zonas sanitarias, pero la gestión y la participación en el manejo del sistema de salud es absolutamente diferente.
Existen en el país alrededor de 1300 hospitales públicos con internación distribuidos en todo el territorio nacional. El modelo de organización reposa en grandes estructuras, donde se integran desde el cuidado primario hasta las tareas de alta complejidad. No existe un sistema de derivación explícito, sino que los médicos que atienden en el hospital son los que deciden qué pacientes se internan, cuánto tiempo y qué prácticas complementarias deben ser realizadas.
La asignación del gasto provincial en salud entre los diferentes hospitales se realiza, en la mayoría de las provincias, de acuerdo con el comportamiento histórico. En realidad no se transfiere un presupuesto para que sea manejado por el hospital, sino que desde el gobierno central se pagan los sueldos y salarios y se compran los insumos, esto otorga a los hospitales bastante poco margen de acción para administrar sus recursos y competir en el mercado; no existen incentivos para conseguir pacientes y competir, puesto que los fondos que transfiere el Estado no guardan relación con la cantidad de pacientes atendidos.
La Autogestión hospitalaria
Las reformas introducidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional al REGIMEN DE HOSPITALES PUBLICOS DE GESTION DESCENTRALIZADA (2000) en reemplazo del Hospital Público de Autogestión (1993) operan en la dirección de facturar aquellos servicios para los cuales existe la posibilidad de cobro, ya sea al paciente o a un tercero pagador. La vigencia del Decreto introdujo cambios importantes en el funcionamiento de los hospitales públicos, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad. Estos se refieren básicamente a:
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