Introducción
Para comentar el informe es necesario reconocer los motivos de los autores y de la institución que lo demanda, es decir del propio Banco Mundial y su vinculación con el tema de la Pobreza. Vínculo más allá de la perspectiva de análisis, sino desde la propia responsabilidad que le asiste en las definiciones de políticas económicas que han inducido a los países a establecer políticas económicas hoy denominadas neoliberales. Las mismas que han generado un costo social que condena a millones de personas a la Pobreza.
¿Cómo compatibilizar un manual con sugerencias para resolver el funcionamiento de los servicios públicos para los pobres, con una concepción general que favorece la iniciativa privada, el achicamiento del gasto público y la apertura de los mercados, hegemonizados además por un inusual y gigantesco movimiento internacional de capitales especulativos?
¿Cómo pueden sugerirse políticas contra la pobreza al mismo tiempo que el BM sostiene políticas de créditos que profundizan el cuadro estructural regresivo de las políticas hegemónicas? Aludo a la condicionalidad que establece el BM con relación a los acuerdos de los países con el FMI. Veamos un ejemplo reciente con la Argentina: en enero pasado se otorgó un préstamo por 600 millones de dólares para otorgar subsidios en el marco del Plan Jefes y Jefas de hogar desempleados con asignaciones de $ 150 mensuales (47 dólares a comienzos de Febrero de 2003) y canalizadas por 1100 municipios.
La operación tiene previsto la compra parcial de materiales para la "reparación, ampliación y construcción de escuelas, dispensarios, instalaciones básicas de saneamiento, caminos y puentes, alcantarillas y canales pequeños, cocinas comunitarias, centros de turismo, viviendas de bajo costo".
Son tareas que hoy están a cargo de los trabajadores municipales y que por lo tanto se descentralizan hacia otros trabajadores, con la posibilidad de afectar el empleo de los actuales trabajadores de los estados locales. Vale considerar que la línea de indigencia en Argentina es más del doble que el monto indicado para el subsidio y que la línea de pobreza es cuatro veces superior. Se trata entonces de un subsidio focalizado, accesoriamente dirigido a resolver el funcionamiento de algunos de los servicios para pobres a que alude el reporte que comentamos y que puede agravar los problemas que dice atender. No resuelve la pobreza por ingresos y podría incidir en el incremento del desempleo.
Aún así, eso no es todo. Entre las cláusulas previstas destaco dos: por un lado el BM desembolsa sólo 594 millones, ya que de entrada descuenta el 1% en comisiones equivalentes a 127.000 subsidios en un mes; la otra remite a la contratación de servicios de consultoría por 14,5 millones de dólares, que son equivalentes a 310.000 subsidios en un mes, en un país que tiene el 57% de su población bajo la línea de pobreza. Sin contar que se trata de un préstamo que acrecienta la deuda pública externa, hoy estimada en por lo menos 150% del PBI. Si queda alguna duda con relación a la vinculación deuda externa y pobreza, debe considerarse que durante el 2002, el gobierno argentino canceló deuda con los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID) por 4.300 millones de dólares contra menos de 1.000 millones de dólares en políticas sociales contra la pobreza.
Una lectura simple del informe lleva a pensar en el carácter compensatorio de las sugerencias. Sin embargo, el carácter de las recomendaciones fortalecen las líneas centrales de las políticas de BM. ¿Porqué? Toda la lógica del informe apunta a sostener las políticas que favorecen a la INICIATIVA PRIVADA, la DESCENTRALIZACIÓN y la ORIENTACIÓN AL MERCADO. Para que se entienda con un ejemplo, veamos como trata el caso de la lucha por el agua en Cochabamba, Bolivia.
Es conocido por todos que esa resistencia popular no sólo revirtió la privatización sino que colocó a la población en la gestión directa de la provisión de agua y bajo formas democráticas de elección de sus representantes. Un logro de participación popular en la administración de un servicio público esencial y de carácter alternativo a la solución hegemónica determinada por la privatización.
El informe sin embargo alude a los "disturbios" que hicieron fracasar la privatización. Parece que vale más el fracaso de la privatización por los disturbios que el logro del movimiento popular en el ejercicio soberano de la administración de servicios públicos. Es que el enfoque que preside el informe se subordina a un enfoque que tiene sentido en las políticas de ajuste estructural que predominan en nuestros países.
En la primera lectura del Informe, uno tiene la tentación de destacar el múltiple enfoque sobre la pobreza, más allá del ingreso. Pero en realidad, el problema es que se trata de justificar el escamoteo de los temas que se vinculan con la distribución del ingreso y de la riqueza. Toda la argumentación elude temas causales de la pobreza, tales como la concentración de la riqueza y la propiedad. El eufemismo es que con el crecimiento no alcanza y entonces se debe enfatizar en el funcionamiento de los servicios para los pobres.
Está bien, así puede considerarse, sin embargo, debe insistirse que si el crecimiento no alcanza menos lo será si se trata de un crecimiento socialmente regresivo tal como ha ocurrido en la región en los últimos años. El crecimiento del PBI en la Argentina de los 90, mimada por el FMI y el BM MIDIÓ SIEMPRE EN ASCENSO EL ÍNDICE DE POBREZA, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.
La lógica que preside el Informe es la transferencia de gasto público desde los sectores medios a los más vulnerables por pobreza. La política de focalización de los programas afecta a los sectores medios. Por ejemplo ocurre cuando se insiste en el tema de transferir recursos desde la Universidad pública a la escuela primaria. En América Latina, con fuerte tradición y estructura instalada en la Educación superior eso es letal. La desinversión en la Universidad Pública en la región afecta todo proyecto de superación de la pobreza y promoción del desarrollo autónomo e independiente.
Otro límite del informe es que se eluden los temas del empleo. La concepción de capital humano vinculado al acceso a la educación y la salud, como precondiciones para el mejoramiento de las aptitudes para el empleo, no considera que además, para acceder a ingresos hoy se requiere acceso a créditos, a tierra, a tecnología, etc. Además, ser profesional no garantiza hoy un lugar en el mercado laboral. No alcanza con atacar la pobreza por ingresos dice el informe y nosotros debemos agregar que tampoco alcanza con la focalización en los servicios si no se modifica sustancialmente la política económica. Al utilizar la categoría Servicios Básicos, el BM deja el carácter universal que se requiere para avanzar en los derechos de ciudadanía. De ese modo, se abandona lo universal en la prestación de servicios públicos y se focaliza en los pobres.
Quienes pierden son los sectores medios y nada se afecta de los sectores de mayor concentración de ingresos y riquezas. Por eso en las recomendaciones nada se dice sobre la generación de recursos para combatir la pobreza, tal como una reforma tributaria y que a modo de ejemplo se puede mencionar algún tributo al estilo Tax Tobin, que se estima podría recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales, cuando organismos de Naciones Unidas desatacan campañas que con menos fondos que esos se podrían atender necesidades básicas en el planeta. Claro, aplicar ese impuesto implica afectar una parte de los negocios de los capitales trasnacionales más concentrados.
Además del problema derivado de la focalización, el informe razona en los marcos de la mercantilización de la vida cotidiana a que nos condenan las políticas hegemónicas. Así, los pobres pasan a ser clientes que tienen una relación con sus proveedores de servicios o con los formuladores de políticas. Ello supone una relación de intercambio equivalente entre pobres y empresas privatizadas de servicios públicos, la mayoría de ellas poderosas empresas CTN.
No sólo es un error en términos económicos el pensar en igualar la capacidad negociadora de unos y otros, sino que deben incorporarse aspectos culturales en esta desigual relación. Alguien dijo que el neoliberalismo destruyó instituciones y ahora podríamos agregar que también destruyó sujetos para la transformación. No es cierto que a más pobreza más resistencia, más bien lo contrario, la pobreza puede generar subordinación.
El aludido Plan Jefes en Argentina es un proyecto de contención del conflicto social, más que un programa para superar la pobreza. La política de compensación a los pobres, es de contención del conflicto para hacer avanzar la ofensiva del capital. Podríamos agregar que el intercambio de equivalentes en el capitalismo es la base de la explotación y por lo tanto la causa de los problemas de época, es decir, de la globalización y el desarrollo tal como plantea este Encuentro.
El informe pretende naturalizar la mercantilización de la vida cotidiana e incluso al referirse a la relación entre el cliente y el proveedor, éste resulta ser un maestro de aula o un médico en el consultorio. Así, el problema de la educación remite al aula y el de la salud al consultorio, culpabilizando en el reporte a éstos por el ausentismo p.e., obviando la complejidad derivada de la pauperización creciente de los trabajadores estatales prestadores de servicios públicos. Contrariamente, debe insistirse en la educación y la salud como un derecho y no como una mercancía.
Otra faceta del informe alude a la relación de los pobres con los políticos y especialmente con los parlamentarios y gobernantes. En América Latina ello supone remitir a la crisis de credibilidad en la democracia realmente existente. En la Argentina hoy, el movimiento piquetero (trabajadores desocupados) permanece en la protesta callejera para asegurar míseros subsidios. No se trata de un diálogo amable entre dos actores, sino de una confrontación entre pobres y un estado cuya función es sostener el ciclo de negocios de los capitales más concentrados y en todo caso, contener hasta donde pueda el conflicto social. Es más, si hablamos de América Latina, podemos interrogarnos sobre la prestación de servicios a la población con estrategias de lock out como en Venezuela que impiden la producción de un insumo estratégico y clave para el financiamiento del Estado e incluso la prestación de servicios esenciales a la población. ¿Qué posibilidades de éxito tendrá el nuevo gobierno del Brasil en su campaña para combatir el hambre con las condicionalidades impuestas por el FMI? El acuerdo FMI y Brasil es un marco poco amigable para resolver cualquier política de resolución de la pobreza.
La democracia que supimos conseguir los pueblos de la región no es funcional para hacer avanzar las recomendaciones del informe. No alcanza con mencionar el caso de la experiencia del Presupuesto participativo en Porto Alegre, ya que una cosa son las estrategias de acumulación de poder popular e institucional adoptada por la izquierda en ciertas condiciones y otras creer que la democracia existente avalará propuestas de participación popular en la toma de decisiones y que enfrentan la lógica capitalista imperante en nuestros países.
La lógica de la competitividad no es compatible con el combate contra la pobreza. Si existiera un planteo consecuente con favor de la participación en la toma de decisiones se debería inducir a la organización de otras formas de prestación de servicios públicos, tal como derivó la lucha por el agua en Cochabamba, o el aliento a formas no lucrativas de organización económica en la prestación de los servicios. Eso llevaría a contradecir el aliento principal a las políticas de privatización y apertura de la cuenta de capitales para el endeudamiento, la circulación de capitales, dividendos y fuga de divisas.
Finalmente, si bien el informe alude a características especiales de cada servicio y a las diferencias por países, el informe resulta un planteo homogéneo de propuestas para cualquier circunstancia. Además, por tratarse de un banco no debe olvidarse que las propuestas terminan adquiriendo la forma de préstamos y ello nos lleva a un tema eludido en el informe que es el fuerte condicionante del endeudamiento externo sobre nuestros países. Es más,
¿Cuál es la evaluación del BM al momento de otorgar préstamos a gobiernos desesperados por el ingreso de divisas? ¿Acaso existen los suficientes controles para verificar el destino final de esos fondos? El FMI acaba de anunciar una auditoría interna sobre la relación del organismo con la Argentina, para determinar la responsabilidad del fondo en las políticas aplicadas y el desencadenamiento de la crisis.
¿Porqué se puede confiar que los Estados podrán ejecutar en forma transparente estos préstamos y éstos programas con políticas de promoción de la participación popular en la prestación de servicios a los pobres? Si así fuera, se podrían inducir políticas de reformas profundas, en la propiedad y distribución de la tierra, en la asignación del crédito y la promoción de progresivas reformas tributarias, en la restructuración de los regímenes políticos con aliento en formas directas y semidirectas de participación popular. Pero eso sería otra realidad.
Es que el BM tiene un lugar en la conducción del proceso de acumulación capitalista actual y ello está más allá de la voluntad y honestidad intelectual de los autores del informe. El BM se está transformando en uno de los focos de investigación sobre la pobreza y sin duda es el principal responsable intelectual en materia de fijación de políticas al respecto. En ese camino no propone ideas sueltas, sino un paquete integrado y convergente con las políticas sustanciales que sostiene articuladamente con el FMI para promover en definitiva, el actual estado regresivo en la distribución del ingreso y la riqueza. El BM aparece preocupado por la pobreza y es el responsable intelectual de su expansión.
Julio C. Gambina (*)
Julio C. Gambina es Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA (adherido a la CTA). Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.