Lizt define Política Criminal como: "el contenido sistemático de principios -garantidos por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena- según los cuales el Estado dirige la lucha contra el delito, por medio de la pena y de sus formas de ejecución".-
Teniendo un claro y firme propósito nuclear, la lucha contra el crimen, atendiendo "a la posibilidad y a la necesidad de formular a nivel comunitario una propuesta jurídico criminológica de tipo pragmático tendiente al estudio y evaluación de las medidas instrumentalmente útiles a la prevención y tratamiento de la fenomenología criminal;
Raffo de la Reta, expreso: "el delito y el delincuente son complementarios, lo mismo que la enfermedad y el paciente".
Como se comprenderá, la acción del Estado es primordial en la eficaz lucha contra el flagelo delictivo.-
Romagnosi consideraba cuatro causales concurrentes en los delitos:
* No alcanzar las necesidades básicas para la subsistencia.-
* Carencia de educación.-
* Deficiencia de vigilancia.-
* La Injusticia…-
Lo que transcribo a continuación lo tome de un análisis presentado en Internet de la Univ. Kennedy:
¿Qué es una Política Criminal Integral? Un conjunto muy amplio, complejo y diversificado de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del estado pero con amplia participación comunitaria, tendiente a reducir, limitar y atenuar el delito en general, y la violencia que suele ser su acompañante tradicional y todo ello promoviendo el ascenso social de la población y el desarrollo económico del país.
¿Cómo se elabora una Política Criminal?
Primero hay que efectuar un amplio diagnóstico por áreas de problemáticas y de instituciones y organizaciones sociales, no limitadas sólo al delito, aunque las cifras de éste serán fundamentales.
El diagnóstico nos permitirá comparar la situación existente con una situación razonablemente satisfactoria, que en este caso sería la ideal. De allí surgirán los pasos a seguir en la planificación y posterior ejecución de un plan, por ejemplo, un Plan Director de Política Criminal.
La Política Criminal Integral procurará que el delincuente no pueda delinquir, pero fundamentalmente procurará que el niño o joven, especialmente el marginal, aquél abandonado por su familia, por el Estado y por la sociedad, no se convierta en delincuente; que otros no se hagan adictos a las drogas o al alcohol; que se reduzca la circulación ilegítima de armas de fuego, que se refuercen los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud, con énfasis en la formación en valores; que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada zona se creen esquicios de prevención en coordinación con la policía y que se involucren todos en recuperar el espacio urbano muchas veces "desertizado" por haber sido abandonado por los vecinos y cedido a los delincuentes, quienes rápidamente se instalan en él.
Deben también ser objeto de análisis las instituciones vinculadas a la minoridad, frecuente "semillero" del delito adulto. Reestructurados integralmente los servicios penitenciarios (legislación, reglamentación, infraestructura, capacitación y selección del personal, metodología de tratamiento, etc.) y puestos en funcionamiento real los postpenitenciarios para asegurar una adecuada reinserción social de la prisión y las medidas y sanciones penales no privativas de libertad para los autores de delitos menores mediante un tratamiento educativo y correctivo; modernizada y agilizada la justicia, frecuentemente morosa e ineficiente, etc.
La elaboración de un Plan Director de la Política Criminal debe buscar, además, el consenso con todos los sectores políticos y sociales, comprometiéndolos en los mismos objetivos, para así conformar una Política de Estado duradera y estable y no una ocasional política del gobierno de turno.
El Plan debe contar con un presupuesto e identificar las fuentes de financiamiento y además contar con un organismo de conducción del más alto nivel (científico y funcional) y con instrumentos de evaluación para analizar los resultados y corregir las desviaciones.
Un estudio promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y desarrollado por Juan Luís Londoño y Rodrigo Guerrero (Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos, Documento de Trabajo BID. R 375, agosto de 1999), se estableció, luego de estudiar seis países de Centro y Sudamérica, que la violencia llegaba a consumir hasta el 24,9% del Producto Bruto Interno en alguno de ellos, con un promedio, considerando los seis en conjunto, del 14,2%.
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