El crecimiento económico y la distribución de los ingresos para la economía chilena desde antaño, se ha comportado desigualmente y convertido en una cultura capitalista inequitativa, con referencias económicas desiguales de larga data desarrollados en el proceso de distribución tanto en los sectores primarios como pequeñas empresas y grupos obrero-agricultores, como secundarios y terciarios este ultimo compuesto por grandes empresas capitalistas.
Las ganancias obtenidas por estos sectores se contraponen entre si desarrollando grandes brechas de crecimiento económico y desigualdad vigentes hasta hoy, obteniendo como resultado una exclusión siocio-económica de los sectores más desmejorados, por lo cual la tendencia prioritaria dentro de las acciones estratégicas de contingencia social, se encuentra en ser un país más equitativo, preocupado por superar la extrema pobreza y mejorar la inequidad en la distribución del ingresos, generando estrategias que impliquen reformas en una multiplicidad de factores socio-económicos.
Sin embargo los porcentajes de ingresos per capita siguen siendo uno de los principales factores inequitativos, permitiendo el asentamiento de la pobreza total.
Si bien a aumentado el acceso de los sectores pobres a la economía capitalista el ingreso sigue siendo insuficiente, y las variables de empleo, salud, educación, etc. siguen en contraste con la desigualdad.
En Chile se presenta una tendencia a mejorar la mala distribución del ingreso, sin embargo los escasos aveces en materia de distribución son explicados por la desigualdad en el acceso al empleo y en la calidad de estos. En cuanto a la educación el mejoramiento educacional no significa necesariamente una regulación de ingreso debido principalmente a que el ingreso se genera pero a menor costo económico, presentando barreras a corto plazo que se relacionan con una distribución inequitativa.
Asimismo la distribución del ingreso presenta gran incidencia en relación al genero y presentando como un factor descriminador, la mujer percibe menor ingreso que el hombre, pero su discriminación se acentúa aun mas en aquellas que no presentan un nivel educacional profesional y que es en este grupo donde se encuentra la mayor población.
Pobreza y distribución del ingreso
La superación de la pobreza se ha convertido desde hace varios decenios en uno de los objetivos fundamentales de los países en desarrollo y de Chile en particular. Sin embargo, no existe pleno cuerdo sobre la definición de pobreza; además, ésta va cambiando a través del tiempo.
En América Latina, por razones operativas, se ha generalizado la definición de los pobres como aquellas personas cuyo ingreso per capita es inferior al valor de dos canastas básicas de alimentos. Se supone que con el valor de la segunda canasta se pueden cubrir las necesidades básicas no-alimentarias. Además, se considera extremadamente pobres, o indigentes, a las personas cuyo ingreso per capita es inferior al valor de una canasta alimentaria básica. En todos los casos se entiende que se trata del ingreso familiar per capita.
En Chile, la fuente de información más confiable y utilizada es la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional), elaborada por MIDEPLAN. Ella permite determinar qué proporción de la población está por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. Pero no da cuenta de cuál es el nivel de superación de la pobreza, ni de quiénes y por qué vuelven a caer por debajo de las líneas.
A lo largo de la historia, la pobreza ha sido un tema que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en Chile. Los altos índices de población que se encuentran en esta situación, han sido factores de preocupación para el Gobierno, por lo cual, ha sido necesario diseñar instrumentos de medición que permitan obtener una fotografía de la realidad que presenta el país, y lo que además, posibilite, posteriormente establecer políticas sociales que apunten a mejorar las falencias que se detecten.
Es a partir de esto, que MIDEPLAN crea una fuente de información confiable denominada Encuesta CASEN, la que a partir del año 1985, se ha aplicando con una periodicidad de 2 años, y la que ha permitido medir la Distribución del Ingreso en Chile y, para lo cual ha se han establecido 2 tipos de distribución: la que considera solo la distribución del ingreso autónomo, que incluye solo los ingresos generados por las familias, es decir, se excluye todo impacto de subsidios; y los ingreso con impacto distributivo, la cual considera tanto los subsidios monetarios como no monetarios del Estado. Esto permite tener una visión más cercana de la calidad de vida que presentan los hogares chilenos.
Los datos obtenidos desde 1985, muestran las desigualdades existentes en la Distribución del Ingreso en Chile, el 10 por ciento (decil) más rico de la población se lleva más del 40 por ciento de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre recibe un monto que alcanza el 1 por ciento.
Pese a esto, las estadísticas arrojan resultados que informan que Chile ha vivido un período de crecimiento alto y sostenido en los últimos años. Como consecuencia, la pobreza se ha reducido significativamente, pero, ¿este crecimiento está realmente acorde con los niveles de crecimiento del país?, ¿es acaso justo que esos niveles de pobreza sigan existiendo?
La justificación de parte del gobierno, que si bien nos parece válida no nos parece justa, compara que el hecho de que en 1987 el 44% de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el 2003 esa cifra alcanzaba a 18.8% (Mideplan, 2003). Si la pobreza se midiese corrigiendo la canasta básica con precios regionales y se incorporara el factor composición demográfica de los hogares, la reducción de la pobreza sería aún mayor que lo que indican las cifras oficiales. Ahora bien, también nos compete cuestionar el hecho de sí ¿Para los índices de crecimiento económico de nuestro país es o no pertinente que una persona deje de ser pobre o indigente por la cantidad de dinero que se calcula en una canasta familiar? (entendiéndose que una canasta familiar en zona urbana es de $43.712.- y $29473.- en zona rural) con la cual se espera satisfaga sus necesidades básicas.
Hay que tener claro que si bien han existido importantes logros en materia de reducción de la pobreza estos no han sido acompañados o no han ido al mismo ritmo que los avances esperados en la distribución del ingreso. En los últimos años ésta se ha mantenido inalterada, o mejor dicho "intachable", sin modificaciones positivas; es más, se indica que ha sido relativamente estable (si se utilizan estudios con metodologías comparables) en los últimos 30 ó 40 años. Algo que, por lo demás, parece ser una característica de distintos países y regiones en el mundo. La carencia de progresos en esta materia ha generado una preocupación en distintos ámbitos de la vida nacional. Y esta preocupación se explica no tanto por la ausencia de avances sino principalmente porque la distribución del ingreso en Chile se caracteriza por ser relativamente desigual.
No se puede dejar de mencionar que durante los últimos trece años en Chile no sólo se ha experimentado un crecimiento económico considerablemente más elevado que el del resto de los países de la región, sino que también se ha preocupado de poner en pie un conjunto de programas y políticas sociales tendientes a subsanar la desigualdad de "oportunidades" (¿o de derechos?), y ha efectuado ya bastantes reformas laborales y tributarias impensables en los años 80. Pero sin embargo aquí nos encontramos con el contraste que presentan estos logros con una distribución del ingreso que se sitúa entre las peores de América Latina, y del mundo, lo cual incrementa la desazón y desconcierto. ¿Cómo es posible que si en 1990 el Índice de gini alcanzaba un valor de 55,9 puntos, el año 2000 se haya incrementado a 57,1 puntos? ¿Cómo explicar que el 20% más rico de la población chilena concentre un 62,2% de todos los ingresos, y que represente más de 18 veces el ingreso del 20% más pobre?. A esto nos referíamos cuando nos preguntamos si los niveles de pobreza son adecuados o no para el nivel de crecimiento económico de nuestro país.
Los antecedentes que se entregan haciendo referencia a la inequidad en la distribución de ingresos en nuestro país pone en el tapete una serie de discusiones frente a este tema a todo los sectores políticos, en donde unos reclaman que el modelo económico del país es completamente refutable, que no ha dado los resultados esperados, por otra parte están quienes dicen que esto es vergonzoso, pero que para superar la pobreza no es necesario redistribuir, sino más bien superar la pobreza teniendo como base la mejora en la educación, pero es el gobierno el que justifica sus logros dando a conocer la mejora en los niveles del gasto social, el cual ha intentado incesantemente de superar la desigualdad.
Es preciso señalar que durante mucho tiempo imperó la idea –avanzada inicialmente por Kutnetz a partir de la experiencia de Estados Unidos, Inglaterra y Francia– de que el crecimiento económico iba acompañado persé por un periodo inicial donde se visualizaría una mayor desigualdad, para luego de un cierto momento iniciar un proceso de reducción.
El problema aquí es que hay diversos estudios que no han encontrado esa regularidad, y, más importante aún, la experiencia a partir de los años 80 es de una creciente desigualdad en prácticamente todas las naciones del planeta. Esto sin duda ha provocado un cierto grado de desesperanza que nos permite pensar, hasta cuándo tendremos que esperar para que termine esta desigualdad inicial, la transición llegará algún día a su fin… el tema de la desigualdad ni siquiera debe ser un tema de discusión, lo importante es terminar con la con las diferencias discriminadoras entre los polos sectoriales sociales, no hace falta seguir discutiendo, sino de una vez regular estás diferencias.
Decir que el remedio apropiado para mejorar la mala distribución del ingreso en Chile es mejorar la calidad de la educación se ha convertido en un "cliche". Es la respuesta más fácil y menos conflictiva, y tiene la virtud de remitir a un futuro incierto. Desde la derecha y de importantes grupos empresariales se esgrime como una defensa frente a otras posibles acciones que pudieran plantearse, y de paso permite criticar al gobierno por no ser capaz de dar con una fórmula más efectiva para abordar este tema.
Obviamente el nivel de la calidad de la educación es importante en la mejora de la distribución de ingreso, los más instruidos tendrán mejores posibilidades de ingresar a un buen empleo y así incrementar su poder adquisitivo, pero esta no es la solución, así como mejoren los niveles de la educación pública, va a mejorar la calidad de la educación de los grupos que conforman los deciles de más altos ingresos y esto será un circulo vicioso que no hará más que… sí, mejorar la calidad de vida, pero no disminuir la brecha existente entre los "más ricos" y los "más pobres".
Este tema puede adquirir nuevas complejidades al momento que incorporamos a la variable educación, la variable género. Es claro que la situación económica de una familia mejora si existen dos perceptores de ingreso. La incorporación de la mujer al mercado del trabajo contribuye en ese sentido a mejorar el nivel de vida de la población. Pero, ¿qué ocurre si la participación de las mujeres no es homogénea a lo largo del espectro de las familias? Eso es precisamente lo que ocurre actualmente en Chile: las mujeres de mayor nivel educacional son las que se están incorporando de manera más activa al mercado del trabajo de acuerdo al último Censo. Este movimiento sin duda ha contribuido a incrementar los diferenciales de ingreso. Adicionalmente, ocurre que similares niveles de formación, las mujeres son peor remuneradas que los hombres, de modo que un hogar que depende económicamente de una mujer (los cuáles ha aumentado en Chile, también de acuerdo al Censo) estarán en peor situación que aquellos en que el jefe de hogar es hombre. Obviamente, eso tiene poco que ver con el tema educacional.
Considerando los resultados obtenidos de la ultima Encuesta realizada, el impacto distributivo del Gasto Social (principales programas de educación, salud, subsidios monetarios entre los hogares según decil del ingreso autónomo per capita del hogar, el ingreso mensual promedio que representan estos programas para los hogares, así como el impacto de este en la distribución del ingreso) ha sido la creación de una Reforma Constitucional que garantiza 12 años de escolaridad, por lo que desde el 2003 el 92,6% de la población asiste a establecimientos con financiamiento publico. En el campo de la salud también se produjeron algunos avances como el incremento de atenciones primarias, al igual que las atenciones dentales y otros. Durante el mismo año (2003) el Estado transfirió presupuestos a los hogares del país, a través de subsidios monetarios: Pensiones Asistenciales, Subsidio Único Familiar, Subsidio al Consumo de Agua Potable y Subsidio de Cesantía. Esto esta dirigido a familias de menores ingresos y su distribución se realiza a través de un conjunto de criterios de focalización.
Ruth Railén
Rodrigo Toro
Jaime Urrutia
UST Concepción, Chile.