Una mirada sobre la evolución socioeconómica argentina en la segunda mitad del siglo XX (página 2)

            Según lo publicado, hubo varios intentos por parte del gobierno municipal de mejorar la calidad de vida en este lugar, tales como provisión de elementos para construir cloacas y desagües, así como la puesta en marcha de un plan de reurbanización y otorgamiento de viviendas.

  La deuda externa argentina es uno de los grandes problemas económicos que afectan a nuestro país. Se debate si hay que pagarla o no, pero para ello es necesario conocer el origen de la deuda y los acreedores de la misma.

Como es sabido, Raúl Alfonsín asumió el cargo de presidente electo de la Nación el 10 de Diciembre de 1983 y se encontró con un país endeudado con los organismos financieros internacionales y con una industria desarticulada. El rumbo económico del gobierno radical estuvo marcado por la presencia del Estado en la economía y la sociedad del país, creando un Plan Alimentario Nacional, aumentando las retenciones a las exportaciones y devaluando el peso, por ejemplo.

Con la llegada del ministro de Economía Sorrouille, se implementó el Plan Austral: el austral nueva moneda, reemplazaría al peso estableciéndose un tipo de cambio de 1 austral = 1000 pesos. Además, se congelarían los precios, las tarifas y los salarios y el Estado se comprometía a no sanear el déficit fiscal con emisión de moneda. Los aparentes éxitos del plan, como la reducción de la inflación dejaron entrever que el país esquivaría la crisis económica dejada por los militares. Sin embargo, el trasfondo de este plan era crear un clima de tranquilidad en la sociedad para luego aplicar medidas de ajuste. El Estado no emitía moneda para frenar la inflación pero el sostenimiento del Plan Austral exigía mucho dinero por lo tanto el gobierno se endeudaba más y más: entre 1985 y 1988 la deuda aumentó 9400 millones de dólares.

El fracaso del Plan Austral provocaría que el gobierno de turno implementara un recorte salarial y, la hiperinflación, sumada a la pérdida de valor del austral, generaron deudas en el Estado que buscaba sanear de cualquier modo la economía. El esfuerzo no dio sus frutos y el gobierno de Alfonsín dejó en manos del poder financiero el control político del país. Con el arribo de Menem al poder, la convertibilidad impuesta por el ministro Cavallo requería que el Estado gastara divisas para mantener la paridad puramente nominal de 1 peso = 1 dólar. Como no se fomentaron las actividades productivas el Estado no generaba ingresos por lo tanto las reservas gastadas en la política monetaria no se recomponían. Eso, sumado a la privatización de las empresas estatales, cuyos compradores aprovecharon el 1 a 1 para obtener más divisas y depositarlas en el exterior, generó una mayor dependencia con el capital extranjero. La deuda externa, durante el período 1990-1999, aumentó su cifra sideralmente: de 61.000 millones a 146.000 millones de dólares.

Para solventar la convertibilidad, que a su vez destruía la industria nacional y promovía el endeudamiento del Estado con acreedores extranjeros, era necesario pedir créditos a los organismos multilaterales, el FMI, el BID, el Banco Mundial, quienes accedieron a la petición de los créditos a cambio de tasas de interés altísimas y la aplicación cada vez más profunda de medidas de ajuste social. El país contrajo deudas con los organismos de crédito internacionales ya mencionados y con acreedores privados, tenedores de bonos de la deuda.

El gobierno de la Alianza asumió con la promesa, nefasta, por cierto, de no tocar la convertibilidad. El Estado se hallaba endeudado pero aún quedaban reservas que podrían haber solventado una devaluación tranquila. Sin embargo, el consenso del gobierno con los sectores financieros provocó el endeudamiento a través del mantenimiento de la convertibilidad, con dinero obtenido de créditos del FMI. El blindaje y el megacanje de bonos no hicieron más que aumentar la deuda externa del país y su consiguiente dependencia con el poder financiero y especulativo internacional.

Más allá de la dependencia del país, la deuda externa sumergió al Estado en un proceso de profunda quiebra económica que hace difícil la reconstrucción del país. Tal vez una de las más graves consecuencias fue que el Estado no sólo le debía al Fondo, al BID y al Banco Mundial. También le debía a 700.000 acreedores privados, con quien era más difícil negociar, 76.700 millones de dólares.

            En materia social, el desempleo se hallaba por encima del 20%. Luego de la renuncia de José Luis Machinea, fue nombrado como ministro de economía a Ricardo López Murphy, quien por presentar proyectos que representaban un giro a la derecha incluso más extremo que los presentados por el gobierno de la alianza, duró apenas dos semanas en su cargo. Dentro de ellas, realizar un importante ajuste del gasto público disminuyendo los fondos a áreas de gran importancia social tales como salud o educación.

            A continuación, el ex funcionario menemista Domingo Caballo fue nombrado en reemplazo. Sus medidas conllevaban la cesación de pagos a la deuda externa, lo que generó gran desconfianza en el sector financiero nacional y resultó en un importante retiro de fondos bancarios. Para evitar la continuación de estas acciones que provocarían la quiebra de numerosos bancos, el estado intervino a favor de aquellos congelando los depósitos, lo que más tarde sería conocido como el corralito.

Esta situación de crisis que afectaba a la grandes mayorías del país generó una importante reacción popular, incluyendo marchas pacíficas, cacerolazos, huelgas y saqueos, que presionó contundentemente al gobierno de turno y determinó la renuncia del presidente y el final de su partido.

Autor:

Berta Sanchez