Unidad territorial de norte de Santander
La Red de Solidaridad Social (RSS), fue creada por iniciativa presidencial Mediante la ley 387 de 1997 aprobada por el Senado de la Republica de Colombia. Esta ley define los lineamientos generales para la atención humanitaria de la población desplazada a causa del conflicto armado interno.
La RSS es la entidad encargada de coordinar la atención brindada por los entes del ministerio público como la Defensoria del Pueblo y la Procuraduría además de la gobernación y las alcaldías de los municipios expulsores y receptores de dicha población. Otras funciones definidas por la Ley 387 es la administración del Sistema Único de Registro de la población desplazada SUR, La atención de urgencia y de emergencia de los desplazamientos masivos e individuales además del restablecimiento económico y la atención psicosocial de las personas afectadas por el fenómeno del desplazamiento.
Es entendido por el nivel central de la RSS que el fenómeno del desplazamiento, Colapso a la entidad por lo tanto se hizo necesario un replanteamiento de la misión de la organización. En este sentido el gobierno del actual Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez, ha basado su accionar en la prevención del desplazamiento brindando seguridad a los actuales residentes en las zonas de conflicto, además de garantizarles el retorno a aquellas personas que deseen volver a sus lugares de origen.
El objetivo en el actual cuatrienio de gobierno es el retorno de por lo menos 30.000 familias desplazadas, corrido un tercio del gobierno han retornado 12.000 familias por lo que se espera superar esta meta. Otra de las funciones de la RSS es la atención de las victimas de la violencia y el terrorismo, para ello la ley 418/97 establece socorrer en dinero a las familias de las personas fallecidas por motivo del conflicto interno además de los damnificados por el accionar del terrorismo. Desafortunadamente la RSS no cuenta con recursos para atender a esta población. En la actualidad hace curso en el Congreso de la Republica un proyecto de Ley que permitirá incautar los bienes del narcotráfico para utilizarlos en el pago de las victimas de la violencia y el terrorismo.
Debido a que los desplazados se han convertido en personas que vemos cada día en mayor numero en las calles de las ciudades colombianas, el papel de la RSS ha cobrado relevancia ya que es la entidad que mas directa injerencia tiene en el restablecimiento de los grupos de población vulnerable, en especial los desplazados. Por ello la entidad debe demostrar eficiencia en sus procesos, los lineamientos generales del nivel central están encaminados ha optimizar los recursos disponibles además de mejorar la cobertura en los servicios prestados por la entidad. En este sentido la RSS ha entrado en la política impuesta por el gobierno nacional de hacer eficientes a las entidades públicas llevándolas a mostrar resultados a mediano y largo plazo.
El fenómeno del desplazamiento en Colombia es tan antiguo como el conflicto interno surgido a mediados del siglo pasado, aunque antes los desplazamientos eran de menor escala y originados por motivos políticos, en la actualidad los móviles son intereses económicos de los grupos armados, los cuales pueden generar desplazamientos masivos de hasta 5.000 personas, lo cual origina un caos en las instituciones encargadas de atender la emergencia, además el numero de familias desplazadas individualmente es igual o superior a los generados por los desplazamientos masivos.
En Colombia se encuentran registradas en el SUR (Sistema Único de Registro de la población desplazada) aproximadamente 1’222.671 desplazados sin contar aquellas personas que por temor a las retaliaciones de los grupos armados no declaran el desplazamiento (fuentes extraoficiales argumentan que el total de desplazados esta por alrededor de los 3’000.000 de personas).
En el Norte de Santander la disputa de los grupos armados de las FARC, el ELN y las AUC por los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo ha provocado desplazamientos masivos a las cabeceras de los municipios circunvecinos a la zona de conflicto y al área metropolitana de Cúcuta. De estos unas 42.960 personas están registradas en la Unidad Territorial Norte de Santander en su mayoría de la zona del Catatumbo. Aunque hay que hacer una salvedad que algunos desplazados son los denominados "raspachines" los cuales vienen de otras zonas del departamento o de fuera de este, para trabajar en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Es política de la RSS no considerar como desplazados a las personas que laboran en los cultivos ilícitos. Otro factor que ha potenciado la disputa de los grupos armados por la zona, son las fumigaciones aéreas que perjudican indiferentemente a uno u otro grupo, lo cual genera intereses en los cultivos no fumigados y en los raspachines vacantes.
Los desplazados son en su mayoría campesinos que viven en las veredas donde se cultiva la coca o en áreas circunvecinas a los cultivos. En promedio son 5 personas por familia aunque en algunas residencias vivan dos familias encabezadas por padre e hijo cuyo número de personas puede llegar hasta 14. Las pertenencias que estas familias abandonan en el desplazamiento son su residencia, herramientas agrícolas, muebles y enseres, semovientes, cultivos de pancoger entre otros. En muchos casos a las personas no se les permite recoger sus bienes y tienen que huir e internarse en el monte, hasta que los grupos armados abandonan la zona, luego estas personas llegan a la cabecera de los municipios más cercanos donde permanecen en albergues improvisados a la espera que las fuerzas del orden les garanticen la seguridad para regresar a sus hogares, aunque la mayoría son amenazados de muerte si regresan.
Permanecen en los municipios, hasta que la alimentación y las oportunidades de trabajo escasean, luego migran a la ciudad buscando nuevas oportunidades y a familiares que los acojan mientras se restablecen emocional y económicamente. Es allí donde el calvario comienza por que la ciudad no es lo que ellos se imaginaban, las oportunidades son pocas y la dinámica social es muy compleja en comparación con su anterior estilo de vida. El papel de la RSS es registrarlos como desplazados y procurar por su restablecimiento, hasta que puedan retornar a sus lugares de origen.
Según la Ley 387/97 el estatus de desplazado es por el termino de 3 meses en los que la RSS o en su caso una ONG-operadora se encargan de pagarles el arriendo, brindarles mercado, kit de cocina, vajilla y hábitat, auxilio funerario y atención psicosocial, estas ayudas pueden prolongarse por otros 3 meses. En la actualidad la Red no cuenta con los recursos suficientes para brindarles la atención humanitaria a todos los desplazados, es por ello que pareciera que el estado no estuviera haciendo nada por esta población, pero lo cierto es que la cobertura puede estar en el mejor de los casos en un 75%. Además la atención no es completa aunque todos tienen derecho a recibirla cuando sus necesidades lo ameritan.
Una de las razones por las que los recursos de la RSS son escasos es que la Ley 387/97 prevee una atención integral al desplazado, lo cual es imposible con el presupuesto actual de la entidad, en esta labor es esencial que los Municipios y las Gobernaciones tanto expulsores como receptores destinen mayores recursos para la atención. Por otra parte el Gobierno Nacional es conciente de lo limitado de la cobertura, por ello esta buscando el apoyo de organismos internacionales de ayuda humanitaria de los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón entre otros, que mitiguen las consecuencias del conflicto armado interno, producto en parte del tráfico de drogas destinado a estos países.
Muestra de ello es la reciente visita del Presidente Álvaro Uribe a la Unión Europea en la que hizo serios cuestionamientos a las guerrillas de las FARC y el ELN en su accionar terrorista, la existencia de campos de concentración de prisioneros, la devastación del ecosistema debido a los cultivos ilícitos y por ser los principales causantes del desplazamiento. En esta gira estuvo el director de la RSS Luis Alfonso Hoyos quien tuvo como misión exponer ante las ONG’s europeas el fenómeno del desplazamiento en Colombia y la urgente consecución de ayudas para detener en parte este flagelo de la sociedad colombiana. Por otra parte varias organizaciones hicieron cuestionamientos a las autoridades colombianas por presuntas violaciones a los derechos humanos, amparados en el nuevo estatuto antiterrorista y la política de seguridad democrática impulsada por el actual Gobierno. En parte la consecución de estas ayudas para la población desplazada estará supeditada al respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Publica.
Los recursos adicionales que la entidad gestione a nivel internacional no contribuirían al mejoramiento de la situación de los desplazados en el país, si el funcionamiento administrativo de la RSS no es idóneo. Por ello es que por sentencia de la Corte Suprema de Justicia originada en tutelas interpuestas por los beneficiarios de la Ley 387/97 se exige a la RSS cumplir con dicha Ley para lo cual se da plazo hasta el 31 de marzo de 2004. En su defecto exigirá la reforma de la Ley con el fin de crear nuevos mecanismos que mejoren el accionar de la entidad y por ende la condición de la población desplazada. Esto obliga a la RSS a reformar en parte su esquema organizacional y administrativo al cual se hacen algunos aportes a continuación:
Hasta hace muy pocos años los conceptos modernos de la administración no se aplicaban en la mayoría de las entidades públicas. Fenómenos como el déficit fiscal, la globalización, la privatización de entidades del estado, las altas cargas prestacional y pensional, entre otras, ha llevado a la liquidación de algunas organizaciones y en el mejor de los casos a la fusión de varias entidades. Una de las premisas del actual gobierno es la disminución de gastos y la eficiencia en la gestión publica. La RSS no ha sido ajena a esta política, es mas la RSS es una de las entidades estatales con mayor responsabilidad social ya que el desplazamiento es uno de los mayores desastres de la sociedad colombiana. Para enfrentar un problema como el desplazamiento deben implementarse políticas acertadas, además de la conjunción de varias instancias nacionales e internacionales direccionadas y ejecutadas por la RSS, pero para que este esfuerzo redunde en un verdadero bienestar para la población afectada, la gestión administrativa al interior de la RSS debe optimizarse en lo posible.
La mayoría de beneficiarios se quejan por la demora en la atención, esto se debe en parte a que la RSS debe registrar al desplazado quien previamente declara al ministerio público su desplazamiento y las circunstancias que lo provocaron, luego esta declaración pasa a estudio de los coordinadores de la delegación de la Red, quienes emiten un concepto a favor o en contra del declarante, posteriormente esta persona junto con su grupo familiar es registrado en el SUR, solo después de este proceso que en el mejor de los casos demora 3 semanas, el estado le recose estatus de desplazado. Hay que imaginarse las peripecias que estas familias deben pasar en este tiempo, luego todo depende de si la entidad cuenta con las ayudas en el momento. Muchas personas deben arreglárselas durante algunos meses por su cuenta, mientras se registran y los recursos son desembolsados del nivel central.
Unas de los falencias que la entidad debe solventar, es que el esquema actual de las Delegaciones es muy rígido y no se ajusta muchas veces a emergencias de gran escala como un desplazamiento masivo de hasta 5.000 individuos. Las Delegaciones dividen el área de los departamentos entre los coordinadores disponibles, en el caso del Norte de Santander existen 3 Coordinaciones de los municipios. Este esquema es desequilibrado, ya que existen regiones como el Catatumbo y la Provincia de Ocaña de donde provienen hasta el 80% de los desplazados y es tarea de este coordinador evaluar las declaraciones además de gestionar la atención humanitaria. En este aspecto sugiero dividir a la entidad en dos grandes dependencias; una de registro donde se ejecutarían solo labores documentales, procurando eliminar los cuellos de botella que demoran el proceso de inclusión del desplazado. La otra se encargaría exclusivamente de la atención humanitaria, entendida esta labor como un sistema logístico en donde convergen las actividades de gestión, aprovisionamiento, almacenamiento, distribución y entrega de ayudas. Se implementarían planes de contingencia donde toda la entidad responda a situaciones de emergencia cuando estas se presenten.
El otro gran inconveniente es la tramitomanía y la dependencia administrativa de la delegación respecto al nivel central. Para la consecución de ayudas se deben realizar varias gestiones y justificaciones para que este apruebe los desembolsos, lo que se traduce en demoras en la atención. La entidad debe contar con la suficiente autonomía administrativa y financiera para desarrollar su misión.
No se entiende como algunas organizaciones internacionales humanitarias, como el CICR, OIM, OEI, entre otras, cumplen una labor silenciosa y eficiente en la atención de la población desplazada, y la RSS quien es una entidad con presencia en todo el territorio nacional y con un presupuesto de $ 40.000’000.000, escasamente atiende a parte de la población desplazada. Esto es debido a que estas organizaciones utilizan esquemas administrativos más flexibles, acordes a la dinámica del fenómeno del desplazamiento, además que tienen gastos de funcionamiento acordes a la cobertura de los servicios que prestan y destinan gran parte de sus recursos (de origen extrangero), a la atención humanitaria. Pero esta labor aunque valiosa es insufiente y amerita una consecución de ayudas acorde a las dimensiones del problema, que lo ataque tanto en sus consecuencias como en sus causas.
William Hernández Galvis,
Ingeniero industrial asesor de la RSS.