Costa Rica. El sindicalismo bananero del Pacífico Sur en la década del 60 (página 2)

La huelga se extendió del 24 de mayo al 11 de junio. Duró 18 días e involucró a 5.000 obreros y trabajadores de fincas, empacadoras y talleres de las divisiones de Golfito y Puerto González Víquez. Al día siguiente de la huelga estalló la represión. Miembros del Comando Sur de Paso Canoas detuvieron a más de 100 obreros y disolvieron con gases lacrimógenos las manifestaciones, mítines y piquetes en fincas 6 y 10. El 26 de mayo, una manifestación de más de 1.500 obreros que presionaban la paralización de los talleres mecánicos, generó un enfrentamiento con la policía con saldo de varios heridos. El Comité de huelga explicó que los trabajadores, cubiertos con pañuelos, recogían las bombas en el aire y las devolvían a los guardias. Después de dos días de violencia, la UTG logró un pacto con la policía. Se liberaría a los obreros encarcelados y los trabajadores no ejercerían represalias contra los rompehuelgas y la policía. El clima de violencia se redujo en los días siguientes.

La solidaridad sindical, estudiantil, comunal, de organizaciones cristianas y partidos políticos tanto de origen nacional como internacional, correspondió en abundancia con el éxito de la protesta y la neutralización de la represión. La expresaron por escrito al menos 18 entidades sindicales y políticas, 10 sindicatos internacionales y agrupaciones religiosas de 35 países de América Latina y Estados Unidos. Los trabajadores de la Chiriquí Land Co. de Panamá y los sindicatos bananeros de Bocas del Toro y de fincas de productores independientes de Dibalá enviaron documentos de apoyo. A pesar de eso, el 1 de junio un desfile obrero y estudiantil organizado por la UTG, la CGT y la FEUCR, infiltrado en apariencia por elementos del Movimiento Costa Rica Libre, generó un disturbio que produjo apedreas en las oficinas de la Compañía Bananera, con saldo de un centenar de heridos leves, lesionados y encarcelados.

La huelga se levantó el 11 de junio tras varias mediaciones del Presidente Figueres y el Ministro de Trabajo, su yerno Danilo Jiménez Veiga. El acuerdo que puso fin a la protesta reconoció a la UTG como sindicato mayoritario de la UFCo en el Pacífico Sur. La frutera adquirió el compromiso de respetar la libertad sindical, no ejercer represalias, reconocer un 15% de aumento salarial, pago de los salarios caídos, y firmar la convención colectiva. El nuevo instrumento legal entró en vigencia a partir del 27 de agosto de 1971.

C.2 UBICACIÓN HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO

El sindicalismo bananero de la década 60-70 se ubica en proceso ascendente de lucha social cuyo rasgo sobresaliente es la consolidación de los nuevos grupos de burguesía nacional vencedores en la Guerra Civil de 1948. Como tales, con capacidad y poder político e institucional para adecuar la estructura del Estado a sus propias necesidades de acumulación y reproducción del capital.

No obstante, en cuanto la burguesía oligárquica mantuvo el control de la propiedad de la tierra, el comercio exterior y el capital usurario (en 1956 el financiamiento de la actividad cafetalera estaba controlado en un 30% por los beneficiadores exportadores) en esencia estrecha alianza con el capital norteamericano; el sector burgués emergente se fortaleció sobre todo con las inversiones de capital extranjero en ofensiva sobre el mercado latinoamericano en el marco de la Alianza para el Progreso (la deuda externa pasó de 4093.504.000 en 1950 a 1.589.0000 en 1981); la captación de dinero capital de otros sectores sociales ahorrantes y de la acumulación de plusvalía derivada de la diversificación agropecuaria especialmente en ganado, granos, azúcar, maderas y productos para el mercado interno.

El proyecto original de ese mismo sector burgués, encaminado a impulsar un proceso de "sustitución de importaciones" tendiente a la expansión del sector manufacturero y fabril, tuvo alguna autonomía en la década del 50. Creció el número de establecimientos industriales, la fuerza de trabajo obrera y su aporte a la producción de consumo interno. No obstante, el proceso fue incorporado al proyecto mayor de dominación imperialista por la vía del Mercado Común Centroamericano, en el cual, las transnacionales del banano serían unas de las principales usufructuarias, entre ellas la UFCo, dado el estancamiento de la producción de fruta desde 1954 y la aparición de la competencia de otras empresas fruteras.

La UFCo participó en el ese proceso a partir de 1965 a través de la concentración horizontal de sus inversiones. Utilizó grandes extensiones de tierra en la producción de materias primas para sus industrias complementarias de productos alimenticios; trasladó gran parte de capital a la producción de alimentos, transporte, plásticos, aceites y maderas, y amplió su control sobre la comercialización terrestre, aérea y marítima de sus productos. En cuanto "empresa integrada al MCCA", se benefició de las nuevas regalías otorgadas al capital imperialista en los tratados de integración y redujo sus obligaciones tributarias, ampliando así la succión y transferencia de ganancias a su casa matriz.

El proceso creó una nueva inserción de los intereses imperiales en la sociedad nacional y centroamericana. Esta vez, por medio de los nuevos grupos burgueses imbricados a las fracciones de las burguesías agrarias tradicionales y a los modernos empresarios de la industria y las finanzas; algunos de ellos como los productores nacionales de banano, íntimamente dependientes de las trasnacionales fruteras. En esa perspectiva, la lucha de los trabajadores de las regiones bananeras, del movimiento precarista campesino, de las comunidades periféricas y en particular de los obreros de la palma, los ferrocarriles y el banano expresan con claridad la esencia antiimperialista de sus reivindicaciones y su carácter de aliados potenciales a los procesos de transformación anticapitalistas.

No obstante, el descenso de las inversiones en el cultivo del banano y la aparición de nuevas formas productivas para las cuales la oferta de asalariados era imprescindible fuera del control de la frutera, como en la agricultura comercial familiar, además de las nuevas tecnologías bananeras, redujo el número de trabajadores del enclave y aumentó la sobre explotación, a tal grado que en 1963 el 42% de la fuerza de trabajo de Osa, Aguirre y Golfito no recibía salarios en efectivo.

En esa perspectiva de proletarización, las luchas por la tierra y por la libertad de organización sindical pasaron a primer plano, en cuanto se trataba de contener la ofensiva antiobrera y reformista de los gobiernos, en particular de Liberación Nacional. Asimismo, esas reivindicaciones quedaron necesariamente ligadas a la lucha por la libertad de organización política, es decir, por la eliminación del Art. 98 de la Constitución de 1949, en cuanto obstáculo para la autonomía del movimiento obrero y popular. El carácter económico y social de la primera convención colectiva a la UFCo. surgió del aumento en la tasa de explotación que acompañó la modernización del enclave, ante el cual, la legalización de las luchas sindicales era la forma más viable de defensa de los intereses de los trabajadores y de la soberanía del Estado sobre el monopolio frutero.

Estas luchas se circunscribieron al nivel antipatronal, pues no podía ser de otra forma, en el marco legal del sindicalismo. La huelga de 1971 tuvo alguna vinculación con el conjunto del movimiento sindical dirigido por la CGTC y por la CTRN; con las luchas electorales del Partido Vanguardia Popular e incluso con el despertar de la solidaridad en algunos diputados y políticos no comunistas. Se hicieron sentir en las solidaridades de las Juntas Progresistas y las Asociaciones de Desarrollo Comunal creadas desde 1967, en el movimiento estudiantil y con los movimientos de liberación anticolonial y antiimperialista, particularmente con la Revolución Cubana. Finalmente, la huelga de 1971 fortaleció la tendencia hacia la unidad sindical auspiciada desde 1968 por el Comité de Unidad Sindical (CUS) con miras a la coordinación de las luchas de los obreros agrícolas, del sector de empleados públicos y en la elaboración de un programa electoral de orientación desarrollista, con participación interventora del Estado en reformas sociales, y con algún aliento nacionalista de clases medias y burguesas.

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Autor:

Lic. Carlos A. Abarca Vásquez

Huetares, Horquetas de Sarapiquí

28 de enero de 2013

Caav/cc.