El Congreso de Michoacán evade el cambio en la Fiscalización

1. La historia de la fiscalización en Michoacán: Una historia de remiendos
2. Modernizar a la Fiscalización es revalorar a la institución públicaen Michoacán

Donde hay una gran criminalidad,

hay una gran corrupción política"

Michelle Taruffo

El asunto de la auditoría pública o fiscalización pareciera, solamente, un asunto de administradores, auditores o contadores, de sumas o restas, de comprobaciones o faltantes; sin embargo, la fiscalización en su aspecto medular se entronca con el desarrollo de la cultura de rendición de cuentas, de transparencia, y de avance en la democracia. Y en consonancia pareciera que cada pueblo tiene la fiscalización que merece, porque los gobernantes, políticos, y legisladores, al menos en México, relegan la modernización de la institución de fiscalización ante el problema grave de inseguridad. Pero, en una visión limitada han dejado de lado que la debilidad de las instituciones públicas en gran medida se debe al deterioro de la institución de fiscalización.

El día 26 de mayo del 2009, un hecho inédito en México. Un operativo policiaco federal del que derivó el arraigo (detención provisional) del ex Procurador General de Justicia, la ex Secretaría de Seguridad Pública y asesora del Gobernador del Estado, de diez Presidentes Municipales, y diversos funcionarios públicos de Michoacán por supuestos nexos con la delincuencia organizada. Las reacciones no se hicieron esperar, desde acusaciones al gobierno federal por manejar el evento con fines electorales y políticos (dado la proximidad de las elecciones federales a 40 días) hasta la denuncia de violación a la soberanía del Estado o ser "gobernadores de segunda" por parte del Gobernador de Michoacán, a la flagrancia de las garantías individuales de los detenidos.

Así devino una crisis política que ha enfrentado al gobierno federal con el gobierno estatal de Michoacán, y con ello a los partidos políticos. La añeja manipulación de las instituciones ha originado incertidumbre y desconfianza, y entre dimes y diretes se acusa que el sistema nacional de seguridad falló, o la deficiente estrategia económica del gobierno federal para superar las graves carencias que orillan a los ciudadanos a delinquir, o la posición de la autoridad federal que ya no habrá fuero partidista para los que infringen la ley. En clara alusión al factor político que predomina sobre el respeto a las instituciones y a la propia ley. Y en momentos de crisis todos los actores políticos aceptan la importancia de la transparencia, y el respeto a la legalidad e institucionalidad; pero en los hechos (del quehacer legislativo, por ejemplo: la iniciativa que se presentará al Pleno de la LXXI Legislatura sobre el nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán), continua desapercibida la manifiesta debilidad de las instituciones, sin estrategia clara y contundente por parte del Congreso del Estado para revalorar el papel de las instituciones, condición sine qua non para disminuir o erradicar las malas prácticas como la corrupción, que aqueja a la administración pública municipal y estatal.

En Michoacán, un día antes al operativo policiaco mencionado, el diario "Provincia" informa, el diputado Iván Madero, integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) declaró "hay corrupción en la ASM" y el diputado Antonio Cruz Lucatero, afirmó que como Alcalde "si percibió que había sesgos políticos en el actuar de los auditores de la Auditoría Superior de Michoacán" (25 de mayo de 2009, p. 6 A). Una nota que no revelaba nada nuevo, puesto que de tiempo en tiempo han surgido denuncias en el mismo sentido, como la información de Baltasar Gaona, Edil de Tarímbaro, al que se le inhabilitó por tres años por la ASM, por desvío de recursos en la cuenta pública del 2004, y que se afirmó "que todo obedece a pleitos entre las tribus del PRD que buscan dejar fuera a Baltasar Gaona de la candidatura a diputado federal" ("La Voz de Michoacán", 9 de febrero de 2009, p. 28 A).

Estos vicios, fuertemente arraigados en la ASM, explicaría el acuerdo de la actual Legislatura de llevar a cabo la reestructuración del Órgano Técnico del Congreso, encargado por mandato constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas en las entidades municipales y estatales de Michoacán.

El problema es de fondo, si el órgano que tiene la atribución de controlar y vigilar el manejo de los fondos públicos carece de mecanismos o procedimientos que conduzcan a la certidumbre, confiabilidad y garantía que las actuaciones de sus auditores se realizan en estricto apego a la legalidad y probidad. O, si la institución de fiscalización que tiene la obligación de llevar a cabo sus actividades con independencia e imparcialidad carece del principio normativo de cumplir con la transparencia. Luego entonces, la Auditoría Superior de Michoacán no cumple con el fortalecimiento de la institución pública en el Estado de Michoacán.