Enriquecimiento ilícito con enfoque de política criminal

(ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

"…la inflación legislativa, en gran parte coincidente con la inflación penal, se encuentra en el origen de una creciente falta de certeza, oscuridad y dificultad de conocimiento del derecho difuso y a veces inevitable en este contexto, resta credibilidad y eficacia a la acción penal y ofrece, en consecuencia, el mejor caldo de cultivo a la corrupción y al arbitrio.

LUIGI FERRAJOLI

Introducción

El delito de enriquecimiento ilícito, se encuentra fundado en el artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1931. Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus funciones para seguir detentando el poder, causando daños y perjuicios a la administración del Estado. Es de interés para la sociedad, que se implementen mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento ilícito; debido a que es un delito que impacta de forma negativa en el desarrollo económico de los Estados Unidos Mexicanos.

Es la intención de realizar un estudio profundo acerca de este tipo penal, como mecanismo de control gobierno; con un enfoque de Política Criminal, en el ámbito federal de los Estados Unidos Mexicanos; con la finalidad de promover la cooperación de los órganos de gobierno y sociedad, en la implementación de una Política Criminal, tendiente a construir una cultura de legalidad y fomentar la participación jurídico-política, en un contexto de democracia y Estado de Derecho.

DESARROLLO

Antecedentes históricos del enriquecimiento ilícito

El delito de enriquecimiento ilícito, aunque de forma endeble tiene su antecedente en el derecho romano; considerando que las normas en tal ordenamiento jurídico no fueron claras, en algunas veces llegaban a tener contradicción y hasta complementarse los preceptos del derecho penal con el derecho civil; en este derecho la materia de delitos públicos se regulaba lo siguiente: a) el orden público, b) la organización política, y c) seguridad del Estado; estos delitos públicos eran reprimidos con penas severas, se perseguían de oficio o a petición de los ofendidos.

Eugene Petit, señala que en el derecho romano los delitos públicos eran los que atacaban al orden público, organización política o seguridad del Estado; todo ciudadano tenía la facultad de perseguir al criminal, aplicando las reglas de jurisdicción especial; sin embargo, únicamente las personas importantes acusaban a los criminales, en los procesos denominados crimina o judicia publica.[1] El delito de enriquecimiento ilícito, en el ámbito federal de México actual, es cometido por servidores públicos y se persigue de oficio.

En México Colonial se aplicaron las Leyes de Indias, del 18 de mayo de 1680, que estaban constituidas por tres: Leyes de Burgos, Leyes Nuevas y Ordenanzas de Alfaro; que formaban nueve Libros con 6,400 disposiciones; sin embargo, no encontramos el tipo penal de enriquecimiento ilícito en el ordenamiento jurídica aplicado durante la época de México colonial; a mayor abundamiento, se encuentran informes sobre la venta de puestos públicos, en materia jurisdiccional y administración pública, actividades que favorecían la corrupción de los servidores públicos.

En el derecho penal en época de México Colonial, no se identifica el delito de enriquecimiento ilícito; por el contrario, las normas jurídicas estaban elaboradas en el sentido, de que posibilitaban a las personas privilegiadas de comprar cargos públicos y enriquecerse en menoscabo de: la justicia, orden y paz social; así como la discriminación en los cargos públicos. Lo cual generó una problemática para la Corona española al debilitarse su autoridad, ante grupos de personas con poder regional, que buscaban la forma de recobrar el dinero que habían pagado por ocupar un puesto público y los impuestos, ejercían un enriquecimiento ilegitimo en perjuicio de las clases homogéneamente más desvalidas; lo cual estaba alejado del sentido teleológico del derecho, como es el bien común.

En México independiente, el decreto del 31 de diciembre de 1936; que expide la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos; en que se menciona por primera vez el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos.