La problemática sobre el Derecho de Propiedad de los pueblos indígenas

La problemática sobre el Derecho de Propiedad de los pueblos indígenas

La centralidad de la propiedad en los sistemas jurídicos de orientación occidental es demasiado obvia y no es de extrañar que los pueblos indígenas hayan puesto sus ojos en ella si bien no tanto con el propósito de describir su territorialidad sino para proteger sus derechos territoriales, entre ellas es la características de la propiedad occidental, los pueblos indígenas se han centrado en aquellas referidas al ejercicio del poder que otorga ese derecho sobre la cosa: su carácter absoluto (erga omnes), exclusivo y permanente; es en ese punto la protección total de la propiedad es lo que interesó a los pueblos indígenas, más no así su capacidad de describir o de facilitar las relaciones sociales que se producen en torno a la territorialidad, mientras no existan otras posibilidades jurídicas de dar una protección absoluta a los derechos territoriales indígenas, esa opción es la más prudente. No obstante, los inconvenientes de la adaptación son muchos ya que la propiedad tiene un régimen legal propio, muy desarrollado históricamente y muy expresivo de unos valores culturales determinados, poco coincidentes con los valores y las formas de uso que los indígenas dan a su hábitat natural, muchas veces ese régimen va a causar problemas a ambos lados de la relación intercultural. Ahora bien, un problema crítico que se presenta con respecto a los territorios de los pueblos indígenas han sido fragmentados o parcelados en porciones jurídicas diminutas con frecuencia a través de propiedad comunal parcelada y que para la obtención de la legalización de sus territorios existen limitaciones de orden legal, de orden administrativo, económico y político[1]

a) De orden administrativo:

• Lentitud en los trabajos de inscripción de las comunidades nativas en los registros oficiales.

• Otorgamiento de certificados de posesión de tierras indígenas a personas erróneas.

• Ausencia de criterios claros y técnicos para la determinación de la superficie del territorio que debe ser asignado a las comunidades.

• Identificación de la comunidad nativa con el asentamiento o localidad indígena, limitando la perspectiva indígena para su identificación étnica y para la apropiación y manejo de su territorio.

• Desatención o lentitud en la atención de las solicitudes y reclamos de los indígenas.

• Otorgamiento de contratos o licencias de extracción de recursos naturales, a personas no indígenas, en territorio adjudicados a comunidades nativas.

b) De orden económico:

• Ocupación irregular de territorios de indígenas por el flujo de colonos.

• Falta de un control gubernamental del mercado especulativo que se forma y practica por los invasores sobre las tierras indígenas que acaparan.

• Afluencia de gentes foráneas a la Amazonía peruana, que llegan a vincularse a las actividades del cultivo y procesamiento de la coca.

c) De orden político:

• Escasa presencia gubernamental en las regiones selváticas amazónicas con agentes que, de manera eficiente, hicieran cumplir las normas que garantizaran los derechos de los pueblos indígenas eficientemente.

• Presencia de grupos armados insurgentes y delincuentes narcotraficantes que perturban la tranquilidad de las comunidades.

• Ausencia de un apoyo estatal activo a las poblaciones indígenas en su proceso organizativo y en la dotación de recursos legales, administrativos y técnicos más eficaces, para asegurar la protección de sus tierras.

• Ausencia de coordinación entre las políticas de reconocimiento territorial de las Comunidades Nativas y las de definición y creación de áreas protegidas con fines de defensa ambiental y protección de los recursos.