Resumen:
La finalidad de una sociedad democrática es alcanzar el bien común y no sólo lograr el bien individual o el conjunto de bienes individuales de cada una de las personas que la forman, ya que la defensa de la democracia posibilita que el ciudadano disfrute plenamente de los desarrollos del país. Pero, por otra parte, también la sociedad tiene el derecho de definir que tipo de democracia prefiere. En nuestro caso, la participación directa en los asuntos del Estado será el único medio para superar las grandes dificultades que afligen a la nación colombiana. Se pretende entonces en estas líneas esbozar los alcances de la Constitución Política de 1991, después de transcurridos 17 años de vigencia.
Palabras Claves: Participación, ciudadanía, democracia, representación, partidos políticos, constitución, constituyente, mecanismos de participación, neoliberalismo, globalización, seguridad democrática, sujeto ético, civilidad.
Introducción
La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben "interpretar" la voluntad de un pueblo, es lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon el inmenso poder que este sistema les confiere y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos.
La democracia participativa es otro modelo. Su pretensión, superar la simple representación directa de la soberanía partidista y construir un nuevo Estado, fundamentado en la Participación Ciudadana como fundamento de la democracia directa. Fue a través de la Constitución de 1991 que, se crearon mecanismos más directos. Se buscaba entonces una democracia, en la que ser ciudadano signifique, más que un agente sufragante, más que votar cada cuatro años, más que "estar enterado" de lo que pasa en el país, se pretendía que, el ciudadano fuera el protagonista de la Construcción de la Nueva Sociedad cuyo fundamento fuera la participación democrática.
Esos fueron los presupuestos teóricos de los constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano.
El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades "históricas" liberales y conservadores. Era desde luego fundamental superar la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos desde mediados del siglo XX. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.
La democracia participativa
De acuerdo con Camilo González Posso ese compromiso político nació mucho antes de la creación del histórico movimiento que llevó a millones de colombianos a depositar en las elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para alcanzar la paz y el progreso del país. Si bien es cierto, fueron los jóvenes los impulsadores de la propuesta, y fue en el seno de las centrales obreras y movimientos comprometidos con la izquierda democrática donde surgió la semilla generadora de la propuesta.
De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venía hablando, señala el autor citado, por parte de los partidos tradicionales sólo desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza durante los diálogos con un sector de la guerrilla (Movimiento M-19) durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt. Pero la idea se concretó en diciembre de 1989, cuando aún el país sentía el duelo por los asesinatos de Luís Carlos Galán, Guillermo Cano y Jaime Pardo Leal.
El nuevo escenario de la democracia participativa le da un nuevo sentido ético al ejercicio de la política; a la aplicación de la justicia, al bienestar social y busca el pleno bienestar económico para las mayorías nacionales. Por eso, garantizar la paz, a través de comprometer a cada uno de los ciudadanos con un destino público cobra un nuevo significado. De ahí que, se proclama un nuevo Estado: el Estado Social de Derecho. Cuya misión es dar plenas garantías jurídicas a todos los colombianos, ampliando el espacio público para el debate razonado, en la búsqueda de la concertación o acuerdo en la solución de los grandes conflictos que afligen a la sociedad colombiana.
El gran propósito del Estado Social de Derecho, garantizar los derechos económicos de los colombianos y sobre todo, los derechos fundamentales, vapuleados en los sectores más pobres. Han transcurrido ya diez y siete años de vigencia de la carta Constitucional aún no se ven sus frutos, porque el ajuste neoliberal y la inserción forzosa de la economía colombiana a la globalización por parte de los mandatarios del Estado sólo les ha preocupado cumplir los designios del gran capital.
| Página siguiente |